Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación creamos esta herramienta para comprender la Paz total e incentivar la deliberación en torno a ella.
Les compartimos esta infografía sobre la ley de Paz Total, let 2272 del 2022.
El 21 de noviembre de 2022, el gobierno y el ELN iniciaron el primer ciclo de los diálogos de paz en Caracas, Venezuela, país que acogió la mesa gracias al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El acto público contó con el acompañamiento de representantes de los países garantes: Noruega, Venezuela y Cuba; el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz de la Fuerzas Militares de Colombia e invitados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica.
Durante este primer ciclo, las partes llegaron a tres acuerdos sobre el funcionamiento de la mesa.
En relación con el equipo de garantes y acompañantes, acordaron invitar a Brasil, México, Chile, Alemania, Suecia, Suiza, España y Estados Unidos a participar en los diálogos bajo distintas figuras. Además, otorgaron el estatus de acompañantes permanentes al Secretario General de Naciones Unidas, a través de su Representante Especial en Colombia, y a la Conferencia Episcopal de Colombia. En el transcurso del ciclo, Chile y México se sumaron en calidad de garantes.
En el anuncio de la reanudación de las relaciones con la comunidad internacional para el desarrollo de los diálogos, la mesa reiteró “el compromiso de respetar el papel de los países garantes”. Ello, teniendo en cuenta que, posterior a la suspensión unilateral de la mesa por parte del gobierno, el entonces presidente Iván Duque ignoró el Protocolo de Ruptura de los diálogos y le solicitó a Cuba la extradición de la Delegación de Paz del ELN.
La insistencia del gobierno cubano de respetar el protocolo previamente pactado incrementó la presión política sobre la isla, al punto de que en enero de 2021 Estados Unidos anunció la designación de Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”, argumentando, entre otros temas, que Cuba se negaba a extraditar a los negociadores del ELN. La designación tuvo como consecuencia el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, debido a que como consecuencia de ella el gobierno de Estados Unidos penaliza “a las personas y países que entablen cierto tipo de trato comercial con Cuba, limita la asistencia exterior de EE.UU., prohíbe exportaciones y ventas en el área de defensa y establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso”.
El anuncio de la mesa de conversaciones busca reiterar el compromiso del gobierno de “respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado gobierno, cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba”.
El segundo acuerdo tiene que ver con la definición de principios, procedimientos y protocolos que orientan y reglamentan el funcionamiento de la mesa de diálogos. Como parte de ello se conformó un equipo de comunicaciones para dar a conocer el desarrollo del proceso y se avanzó en el diseño de una estrategia de comunicaciones y pedagogía, cuyo objetivo es “fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso”.
El tercer acuerdo consistió en avanzar en el subpunto de Dinámicas y Acciones Humanitarias del punto sobre el Fin del Conflicto de la agenda pactada con el gobierno del presidente Santos, en particular en “procesos de alivios humanitarios” en las subregiones del Bajo Calima (Valle del Cauca) y Medio San Juan (Chocó), así como en beneficio de los prisioneros políticos del ELN. Las partes, además, realizaron las primeras propuestas de modificaciones a la agenda, que las delegaciones acordaron consultar al Comando Central del ELN y al Presidente de la República.
El Frente de Guerra Occidental del ELN decretó un paro armado a partir del 15 de diciembre a las 6 de la tarde en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, zonas donde la mesa de diálogos había anunciado el inicio de alivios humanitarios para la población. Esa estructura guerrillera informó que el paro buscaba llamar la atención sobre la situación humanitaria de la región, derivada de una alegada connivencia del Ejército con “paramilitares”, producto de la cual había sido recientemente asesinado un joven y otro había desaparecido forzadamente.
En su anuncio, el Frente de Guerra Occidental lanzó varias preguntas al gobierno nacional: “¿De esta manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalar el conflicto? ¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de poblaciones desplazadas de sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”.
Varios días antes, el mismo frente del ELN había emitido un comunicado denunciando una alianza entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en varios municipios del Chocó y en el municipio de Ituango (Antioquia). En dicho documento, esa estructura también interpeló al gobierno: “(…) con los gobiernos anteriores no era raro dicha convivencia, igual los paramilitares han sido una fuerza funcional al Estado, pero del gobierno actual sí se espera el deslinde del paramilitarismo, de lo contrario, de no verse hechos reales, ¿de qué paz total nos habla? ¿O solo buscan el desarme del ELN para que después nos acribillen, como viene sucediendo con los excombatientes de la exfarc?”.
El ELN levantó el paro armado el 20 de diciembre, hecho que el ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció como un gesto de paz.
El 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un cese al fuego bilateral temporal con cinco organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN. El mismo día, el Ministerio de Defensa decretó el cese, que estaría vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 y sería reglamentado por protocolos que acordaran las partes. La decisión implicaba la suspensión de operaciones militares y operativos policiales contra el ELN y la creación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese, compuesto por el Gobierno, el ELN, la Iglesia católica y organizaciones sociales de carácter territorial que deberían acreditarse ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Un día después, el Comando Central del ELN informó que no estaba comprometido con el cese bilateral temporal, debido a que se trataba de un anuncio unilateral, no acordado en la mesa de conversaciones. El 4 de enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció la suspensión del decreto e instó al ELN a “declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”.
El ELN declaró que, “como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa”, era necesario tomar “correctivos” que garantizaran la no repetición de acciones similares.
Con el objetivo de resolver el incidente suscitado por la declaratoria unilateral de cese al fuego, las partes se reunieron en Caracas (Venezuela). Allí acordaron mantener abiertos los canales de comunicación en los periodos entre ciclos y reafirmaron públicamente los principios de “bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe” que rigen la mesa. Tras la finalización de la reunión extraordinaria, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, declaró que el incidente estaba relacionado con la propuesta de paz total del Gobierno, que incluía un cese multilateral no pactado con esa guerrilla.
En cumplimiento del acuerdo sobre alivios humanitarios alcanzados durante el primer ciclo de diálogos, cuatro miembros de la delegación de paz del Gobierno y dos gestores de paz del ELN encabezaron una caravana humanitaria a las subregiones del Bajo Calima y Medio San Juan, en los municipios de Buenaventura, Dagua (Valle del Cauca), Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan (Chocó). Durante cinco días, los delegados y gestores recopilaron información de los habitantes y comunidades desplazadas con el objetivo de elaborar un diagnóstico que permitiera diseñar e implementar “los alivios humanitarios que necesitan las poblaciones de manera inmediata para garantizar sus derechos fundamentales, especialmente para proteger su vida, integridad y seguridad”. Esos alivios estarían relacionados con la atención a la población desplazada, el ofrecimiento de garantías para el retorno y el fin de los confinamientos.
En su tercer día de recorrido, la caravana informó sobre sus primeros hallazgos: “Varias comunidades indígenas y afro de los municipios de Buenaventura, Litoral del San Juan y Medio San Juan han tenido que huir de su tierra hasta 4 veces, perdiéndolo todo en cada desplazamiento. Otras han pasado meses y hasta años confinados en sus caseríos, sin poder salir al campo a trabajar, o pescar y mover víveres por el río”.
Además de por los delegados y gestores, la caravana estuvo compuesta por autoridades étnicas, organizaciones sociales, instituciones locales, organismos internacionales e iglesias.
El Comando Central y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN denunciaron públicamente que siete guerrilleros fueron ejecutados extrajudicialmente el 28 de enero por integrantes del Ejército y de la Armada Nacional, en un caserío ubicado sobre el río Raposo, en Buenaventura (Valle del Cauca). De acuerdo con esa organización, los insurgentes fueron capturados y posteriormente ejecutados.
El Frente de Guerra Suroccidental les solicitó al Presidente y al Ministro de Defensa “que se diferencien de los gobiernos anteriores y esta vez procedan con una investigación imparcial, seria y responsable, ojalá con organismos internacionales, que esclarezcan la masacre ejecutada por la infantería de Marina”.
La Armada informó a medios de comunicación que los guerrilleros murieron en combate y que, como consecuencia del mismo, falleció el infante de marina José Cáceres Quintero.
En Ciudad de México (México), el Gobierno y el ELN desarrollaron el segundo ciclo de diálogos, con tres objetivos fundamentales: terminar de acordar la agenda de conversaciones, empezar a diseñar el proceso de participación de la sociedad y avanzar en la elaboración de los protocolos para un futuro cese al fuego bilateral, temporal y nacional. México, Brasil y Chile se sumaron como países garantes, mientras España lo hizo en calidad de observador.
En relación con el proceso de participación, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, esbozó en la apertura del ciclo un proceso no centrado en sectores sociales, sino en territorios y comunidades donde hace presencia el ELN. La participación sectorial, amplia, ha estado en el corazón de la propuesta de diálogo nacional que esa guerrilla ha presentado en todos los anteriores procesos de paz.
Al respecto, señaló Patiño: “Debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Ello implica poner en el centro de la mesa (…) a un actor que debe ser el protagonista y el beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado. Poner a las comunidades como el eje principal de la mesa implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos donde el ELN no solamente tiene una fuerza militar, sino también un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de violencia”.
En cuanto a un eventual fin del conflicto entre las partes, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, insistió durante la apertura del ciclo en que la dejación de armas solo será posible cuando se materialicen las transformaciones que se pacten en la mesa, como consecuencia del proceso de participación: “Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio (…). No va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de la rebeldía, por lo que trabaja por fundar un proceso de transformaciones de corto, mediano y largo plazo, que solo es lograble si está soportado en una gran alianza nacional”.
Al término del ciclo, el Gobierno y el ELN anunciaron la una nueva agenda, que mantuvo todos los puntos de la previamente acordada entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque fueron ampliados en contenido y dimensión política.
En el punto uno, “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, se acordó trabajar en el diseño de un proceso participativo con tres objetivos concretos: pactar un gran acuerdo nacional por la paz; identificar “las causas de los problemas fundamentales del país”, con sus consecuentes soluciones; y planear e implementar colectivamente los acuerdos a los que se llegue, en el nivel regional y nacional.
La agenda deja pendiente por definir los actores que serán convocados a participar de dicho proceso, pero señala que se priorizará a “las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas”. A diferencia de la agenda anterior, esta incorpora el interés de larga data del ELN por la realización del diálogo nacional.
En el punto dos, “democracia para la paz”, se acordó materializar el proceso de participación antes enunciado. La nueva agenda especifica que durante el desarrollo del mismo se examinarán “el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”, lo cual da apertura a discusiones sobre cuestiones de Estado que el gobierno del presidente Santos no estuvo dispuesto a abordar, ni con el ELN, ni con las FARC-EP: el modelo económico y las políticas de seguridad nacional.
Este punto de la agenda también contempla la discusión sobre el tratamiento que el Estado le ha dado a la movilización social, en particular a los “conflictos políticos, sociales y ambientales”. Al igual que en el pasado proceso de diálogos con las FARC-EP, este contemplará la discusión sobre la situación de personas sindicadas y condenadas por delitos relacionados con acciones desarrolladas en el marco de movilizaciones sociales.
El punto tres, “transformaciones para la paz”, tiene por objetivo pactar un “plan integral de transformaciones”, que debería articularse con los futuros planes nacionales de desarrollo e incorporar los resultados del proceso de participación. Dicho plan integral estará conformado por cuatro tipos de instrumentos, dos de ellos heredados de la agenda pasada: políticas públicas para la superación de la pobreza, la corrupción, la “exclusión social” y la “degradación ambiental”; planes de desarrollo alternativos para el campo y la ciudad; políticas relacionadas con el ordenamiento territorial y ambiental; y “pactos sociales que consoliden los acuerdos”.
El punto cuatro, “víctimas”, mantuvo la generalidad de la primera agenda, aunque incorporó dos elementos: el reconocimiento de las víctimas a partir de la “memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto”, así como la “asunción del ambiente como víctima”.
El punto cinco, “fin del conflicto armado”, permaneció sin modificaciones sustanciales. En él se abordarán el cese al fuego bilateral, la situación jurídica de las y los integrantes del ELN, las garantías para su seguridad y el ejercicio de la política, el destino de las armas de esa insurgencia y la “erradicación de toda forma de paramilitarismo”.
Finalmente, el punto seis, ahora llamado “Plan General de Ejecución de los acuerdos”, también mantuvo el grueso de lo consignado en la anterior agenda, aunque incorporó una importante modificación. Mientras en 2016, el entonces gobierno y el ELN acordaron que la implementación de todo lo acordado iniciaría una vez se pactara un acuerdo final de paz, esta nueva agenda dispone que habrá acuerdos parciales que deberán implementarse en “el corto, mediano o largo plazo”.
El 9 de abril se recuerda el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, ocurrido en 1948, y se conmemora el legado de su trayectoria política, el papel social que desempeñó y lo que representó como figura pública para la sociedad colombiana antes de su deceso. Este acontecimiento ha sido estudiado y es considerado como un hito que desbordó la violencia política y profundizó los conflictos sociales del país. Estas razones llevaron a los integrantes del Congreso de la República a designar el 9 de Abril como el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en el año 2011¹. Se espera que en esta fecha se lleven a cabo distintas acciones simbólicas de carácter cultural y sociopolítico que propicien la reflexión sobre las consecuencias que ha dejado la violencia del conflicto armado y, sobre todo, que se conviertan en manifestaciones de reconocimiento a las víctimas que éste ha dejado. Es por ello que este día se reconoce como una oportunidad para recordar cómo nos afectaron décadas de violencia y cómo los sobrevivientes de estos hechos victimizantes siguen luchando y resistiendo como sujetos políticos activos que continúan con sus proyectos de vida.
Cuatro guías pedagógicas con actividades que permiten conmemorar el día de solidaridad con las víctimas a partir de promover distintas capacidades socioemocionales y ciudadanas desde las cuales se busca reflexionar sobre lo que nos han enseñado el conflicto armado y no quisiéramos repetir. Así mismo, estas actividades buscan conmemorar el papel y el lugar de las víctimas en la construcción de un país que le apuesta a la paz, a la inclusión y al reconocimiento de la vida digna en medio de la diversidad. Todas estas actividades están sustentadas en estrategias y herramientas pedagógicas pensadas para que la comunidad educativa participe activamente según sus condiciones y contexto. Teniendo en cuenta las necesidades y contextos diferenciados, se presenta entonces una guía para educación inicial, otra para primaria, otra para secundaria y otra para desarrollar con familias y cuidadores.
El arte urbano se ha convertido en una poderosa herramienta de transformación social y fortalecimiento comunitario en Colombia. Y el colectivo Palabreras & Callejeras es uno de los mejores ejemplos de ello. Este grupo, conformado por mujeres jóvenes, ha creado una exposición que lleva por nombre “Gráfica para descolonizar la memoria: pedagogías creativas entre la calle, la vereda y la academia.”
La exposición es el resultado de diversas obras realizadas en diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, con enfoques metodológicos de educación popular, feminismos y decolonialidad. A través de la gráfica popular y el cartelismo, el colectivo busca enseñar y aprender a narrar la injusticia y la memoria del pasado violento en Colombia.
La exposición de Palabreras & Callejeras es una herramienta pedagógica contrahegemónica, creativa y decolonial para trabajar con poblaciones rurales y urbanas en Colombia. Su objetivo es transmitir la importancia de la memoria y la narrativa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Esta exposición es una oportunidad única para conocer el trabajo de un colectivo que ha logrado marcar una diferencia en su comunidad a través del arte urbano y la pedagogía creativa. Visitarla es una invitación a reflexionar sobre la memoria del pasado y el papel que juega en la construcción del futuro.
El libro que presentamos a continuación podría considerarse una caja de herramientas. En este hemos recogido experiencias ejemplares de ejercicios de memoria, por la paz y la reconciliación, que sirven para ser replicadas, debatidas o recreadas; experiencias inspiradoras que compartimos de manera sintética, también como una muestra de la gestión del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) entre 2020 y 2022.
El período de referencia es, sin ninguna duda, un periodo
crítico. Por un lado, estuvo marcado por los procesos de
movilización desbordada que empezaron a darse con mayor
intensidad en Bogotá y el país a partir de la firma del Acuerdo
Final de Paz. Desde 2016, con la promesa de que sin guerra habría
tiempo, espacio y voluntad para que pudiéramos concentrarnos
en los problemas estructurales de Colombia, las exigencias
sociales por el cambio se expresaron con votaciones inéditas en
las elecciones presidenciales y la consulta anticorrupción de 2018.
Correlativamente, las marchas que empezaron el 21N de 2019
determinaron un prolongado “estallido social” sin precedentes.
Este periodo corresponde a los primeros años del post-acuerdo de Paz, que la mayoría de expertas y expertos internacionales consideran determinantes para el futuro del país, con un balance contradictorio entre avances importantes, sobre todo en materia de justicia transicional, y una gran falta de voluntad para su implementación efectiva, cientos de asesinatos de firmantes de paz, líderes y lideresas sociales y masacres.
Más allá, entre 2020 y 2022, vivimos una verdadera distopía
con la etapa más difícil de la pandemia de la COVID-19, que
significó muertes, confinamiento generalizado, afectaciones
inmensas al sistema productivo, exacerbación del abuso policial
y graves daños a la vida en relación y la salud mental, que solo ahora han empezado a medirse en su magnitud. La pandemia fue el telón de fondo que determinó lo crítico de este periodo crítico.
En la convocatoria al uso público del espacio, en la realización
de productos de pedagogía para la ciudad, en el fortalecimiento
y expresión de iniciativas de víctimas y ciudadanas, tomamos en
serio las exigencias del nuevo momento de movilización social
y el reclamo por la ampliación de lo memorable para dar lugar
también a las violaciones a los derechos humanos en las protestas
sociales, las resistencias que son parte de la experiencia de las
víctimas del conflicto armado y las luchas por la democracia en el
país. Las convocatorias a eventos, talleres y otros espacios no solo
debieron adaptarse a la llamada virtualidad, sino que tuvieron
que elaborarse para que fueran útiles también a la urgencia de
enfrentar la soledad, encierro y “distanciamiento social”.
En ese sentido, las experiencias que recogemos aquí tienen
el valor de haberse producido tomando en cuenta cuestiones
que se suelen mencionar como retos en foros y seminarios sobre
memoria para la paz y la reconciliación, pero sobre las que han
existido pocas respuestas: la construcción de comunidad; el protagonismo de la ciudadanía; la imaginación ante la falta de
Memorable I apropiación social de experiencias vinculadas con la violencia; la realización de herramientas con perspectivas emancipatorias como el feminismo, ecologismo o antirracismo, etc.
Nos referimos a experiencias de memoria pública democrática porque hablamos de procesos que no pretenden la transmisión de un relato cerrado y estático, sino la promoción del diálogo y el debate públicos, sobre el posicionamiento de verdades factuales a partir de investigaciones rigurosas, sentencias judiciales; informes como los del Centro Nacional de Memoria Histórica o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este concepto también hace referencia a la consideración de las experiencias de resistencia, transgresión contra las injusticias y construcción de democracia, como parte fundamental de lo memorable en el siglo XXI en el que tenemos que confluir en la defensa de causas comunes, más allá de constatar nuestras innegables diferencias.
Así, aquí encontrarán experiencias como cursos y ciclos
de formación para público general; proyectos de investigación
difundidos en formato de series documentales y podcast; ejercicios
de escritura creativa con firmantes de paz; procesos de creación y
puesta en escena con rap y teatro; curaduría de cine documental;
exposiciones; proyectos para niños y niñas; laboratorios para
estudiantes; proyectos de memorias territoriales en barrios de
Bogotá; y performance sobre desaparición forzada. Son muchas las organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, movimientos, individuos e instituciones que han hecho posible el trabajo del CMPR en este periodo crítico. A todas ellas y ellos les expresamos el agradecimiento que corresponde a compañeras y compañeros de lucha y les ofrecemos este recuento que esperamos siga alimentando la fuerza por la memoria, la paz y la reconciliación en Bogotá, Colombia y el mundo.
Esta serie de 14 capítulos con organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia visibilizará cuáles han sido sus acciones y ejercicios de memoria sobre cada uno de los casos, y cuáles son los desafíos en tema de la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia. Cada martes, a partir del 4 de noviembre, encontrará un capítulo nuevo en Spotify o en su plataforma de audio favorita.
El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; el Planetario de Bogotá y El Espectador, presentan Ausentes, estrellas presentes, un pódcast que utiliza la ciencia como vehículo simbólico para la visibilización y sensibilización de los procesos de memoria de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. La serie se compone de catorce capítulos, en los que escucharemos en igual número de voces por qué son importantes las acciones y ejercicios de memoria sobre los casos de desaparición forzada y cuáles son los desafíos en tema de la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia.
Esta apuesta sonora busca visibilizar el crimen de la desaparición forzada en Colombia, convirtiéndose en una herramienta de construcción colectiva de memoria y de denuncia para que se conozca lo que históricamente ha pasado en el país y lo que aún sigue ocurriendo. El pódcast hace parte del proyecto Ausentes, estrellas presentes, que busca visibilizar y sensibilizar a las personas sobre las implicaciones de la desaparición forzada en el país, a través de diversas acciones simbólicas en las que se asocia la lectura del cielo y la interpretación de los cuerpos celestes en los procesos de memoria y permanencia de las víctimas.
Este viernes 4 de noviembre se realizará una transmisión a través de las redes sociales de El Espectador a las 9:00 a. m. con José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y Sandra Beltrán, familiar de víctima de desaparición de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Además, se llevará a cabo una acción pública de memoria en el Planetario de Bogotá y en el Parque El Bicentenario, invitando a toda la ciudadanía a mirar al cielo como un acto simbólico por las personas desaparecidas en Colombia. Esta apuesta surge de un proceso de creación colectiva con las organizaciones y que tiene como resultado unos asterismos –o un conjunto de estrellas– que representan a las más de cien mil personas desaparecidas en el país. Los participantes de las organizaciones asistieron a diversos talleres y reuniones en las que se confeccionaron los asterismos sobre telas que vestirán este día.
El encuentro iniciará en el domo del Planetario a las 5:00 p.m., donde se presentará una línea de tiempo que recoge las luchas y resistencias de las organizaciones sociales frente a la desaparición forzada, que va desde la Masacre de las Bananeras hasta el Paro Nacional de 2021. Posteriormente, en el Parque Bicentenario habrá una puesta en escena donde las luces y la música –a cargo de El Trip – Jazz del trópico– alimentarán este ejercicio simbólico.
El proceso de memoria constó de la construcción simbólica de un monumento en el cielo compuesto de estrellas y asterismos que dan cuenta de cada persona desaparecida y de las organizaciones sociales y de víctimas que luchan por la verdad, la justicia y el reconocimiento de un crimen de lesa humanidad para que no vuelva a ocurrir.
Esta acción relaciona lo físico y lo infinito en el espacio público por medio de un ejercicio performático que se convierte en una herramienta para las víctimas y las organizaciones sociales en sus demandas por la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de estos hechos. Además, a partir del 4 de noviembre hasta el 20 de este mismo mes, en el segundo piso del Planetario de Bogotá se podrá encontrar una exposición de objetos de las organizaciones sociales que han sido representativos en su búsqueda.
Los episodios de “Ausentes, estrellas presentes” saldrán al aire todos los martes y se podrán escuchar en www.elespectador.com, Spotify o en su plataforma de audio favorita.
Artículo original del Espectador
El primer encuentro del Grupo Regional de América Latina de la Memory Studies Association (MSA), será un espacio académico internacional para abordar los debates y las tensiones que se producen en torno a los procesos de construcción de memorias y sus estudios en América Latina y el Caribe. La conferencia se realizará del 14 al 17 de septiembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá, y tendrá como lugares de encuentro el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Universidad del Rosario.
El encuentro se realizará bajo las modalidades presencial y virtual, en el que se realizarán conferencias plenarias de especialistas en los estudios de memoria en América Latina y el Caribe, y paneles coordinados con mesas de presentación de ponencias individuales. Este espacio busca contribuir al fortalecimiento de una red de estudios sobre memorias en nuestra región, profundizando y rescatando las alianzas que se tejen entre la academia, las instituciones gubernamentales y las organizaciones comunitarias de diferente alcance, activas en los procesos de memoria en los diferentes países.
Desde hoy, y hasta el próximo 31 de marzo de 2022, estarán abiertas las inscripciones para recibir las propuestas de presentación de resúmenes, ponencias individuales, paneles, posters y carteles, presentaciones de libros, y propuestas artísticas y pedagógicas, bajo lo siguientes ejes temáticos:
Por razones de espacio, la asistencia de personas que no se inscribieron en el congreso sólo será posible en los eventos que tendrán lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación o de manera virtual. El ingreso a los eventos en el Centro de Memoria es de entrada libre, y se contará con la posibilidad de seguir vía streaming la programación virtual en una sala del mismo Centro de Memoria. La siguiente es la programación abierta al público que tiene lugar en el CMPR.
Organiza el Grupo Regional de América Latina, Memory Studies Association (MSA) y la Universidad del Rosario de Bogotá, con el apoyo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.
El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad.
La primera semana de cada mes, un grupo de jóvenes y adultos se reúne en un costado del Portal de las Américas, o Portal de la Resistencia, para sembrar, desyerbar, limpiar. Allí, resguardado del tráfico de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio, se encuentra un jardín de plantas florales, suculentas y árboles pequeños que rodean varias placas de madera con los nombres de Dubán Barros, Jaime Fandiño, Juan David Cuervo, Daniel Zapata, Dylan Barbosa… Todos ellos jóvenes habitantes de Bogotá que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021.
Este “patrimonio cultural de autogestión y resistencia territorial”, como anuncia la placa principal del jardín, es una iniciativa de memoria impulsada por la familia de Dubán Barros, el joven de 17 años desaparecido forzadamente durante el Paro, el 5 de junio de 2021.
Esa tarde, Dubán salió de su casa rumbo al Portal y no se tuvieron noticias suyas hasta 36 días después. Durante ese tiempo, su mamá emprendió una búsqueda angustiosa que la llevó a recorrer las calles de los barrios cercanos y a preguntar por él en estaciones de policía, hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de reclusión de menores de la ciudad y Medicina Legal.
El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad. Dolores Cecilia Barros, su mamá, cuenta que él era un apasionado del rap y que, aunque ella se enteró después, Dubán participó activamente del Paro.
Entre abril y junio de 2021, el “Portal de la Resistencia” se convirtió en uno de los escenarios más relevantes de la movilización social en la ciudad. Allí se instaló el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla y se realizaron intervenciones artísticas de manera continua, algunas de las cuales derivaron en la apuesta museográfica que inicialmente se conoció como Museo Humanitario del Portal de la Resistencia. Las confrontaciones que allí se desarrollaron, entre la Policía y algunos de los manifestantes, también lo mantuvieron en el centro del cubrimiento periodístico sobre el desarrollo de las movilizaciones en Bogotá.
Como muchos otros jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa, Dubán participó de las actividades del Paro. Algunas veces lo hizo acompañado de la familia de su tío, Rafael Salazar, también comprometida con las movilizaciones. Así recuerda don Rafael ese periodo: “Nosotros, como miembros de esta comunidad, veníamos a las marchas. Dubán venía con mis hijas, con mi esposa. Aquí llegaba y hacía cola para la olla comunitaria. Aquí escampaba con la Guardia Indígena, con los muchachos. Era un miembro activo de la protesta, como lo fuimos todos. Creo que, quien no estuvo aquí en el Portal de la Resistencia durante las protestas, no pertenece a esta localidad. Porque aquí nos encontramos todos, nos llenamos de humo, salimos llorando con los gases lacrimógenos, corrimos, comimos, también sufrimos. Y nos mantenemos aquí”.
Ese compromiso, explica don Rafael, está estrechamente ligado con su historia familiar. De ascendencia wayuu, la familia de Dubán fue desplazada forzadamente de los departamentos de La Guajira y el Cesar en la primera década del 2000, luego de que uno de sus miembros fuera asesinado por paramilitares. Tras su llegada a Bogotá, la familia se instaló en un barrio de la localidad de Kennedy y tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. La situación, agravada por la pandemia, los motivó a participar de unas protestas que buscaban enfrentar la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID – 19, que empeoraría la calidad de vida de la población.
En palabras de don Rafael: “Nosotros llegamos a Bogotá y nos encontramos con los mismos problemas que tenemos allá en nuestro territorio: falta de empleo, educación, vivienda. Es imposible desligarnos de eso. Si tú te sientes miembro de la comunidad, tienes que tener sentido de pertenencia. Entonces nosotros también tenemos que enfrentar los problemas que hay, decirle al Estado: ‘Mire, está pasando esto’. Y por eso actuamos y nos metimos a la protesta social”.
La imposibilidad de estudiar era uno de esos problemas, tal vez el más urgente para Dubán, que se había visto obligado a dejar sus estudios de bachillerato porque la familia no tenía recursos para contratar un servicio de internet en su casa. En retrospectiva, doña Cecilia piensa que esa fue una de las tantas situaciones que llevó a su hijo a protestar. “Este (el Portal) era un lugar donde Dubán seguramente quería que se sintiera su voz, expresar esas opiniones que él tenía, que digamos que eran sobre la educación, porque cuando no tienes todos los medios… Entonces era lo que él iba a hablar y también iba a escuchar a los otros muchachos”.
El sentido de pertenencia que tenía Dubán con ese espacio es otra de las razones por las que la familia decidió crear allí un lugar de memoria que siguiera funcionando como punto de encuentro, de diálogo. Un espacio en el que doña Cecilia siente la presencia de su hijo y se rodea de los jóvenes que protestaron con él: “Hacer ese jardín es como si él estuviera ahí. Siento que está en todas esas planticas, en esos árboles. Y es como un sitio de reconciliación, en el que se juntan todos esos muchachos para hablar de muchas cosas. Porque los mismos muchachos que estaban en la manifestación van, limpian, podan. Siempre es con la compañía de ellos, con la ayuda de ellos. Entre todos cuidamos ese jardín”.
Que el lugar sea un jardín también implica que es un espacio vivo que necesita cuidados de manera permanente y que, por tanto, contribuye a mantener los vínculos de trabajo colectivo, comunicación y organización entre la familia de Dubán, sus amigos y otros jóvenes que también participaron del Paro. Algunas de las plantas que han ido llegando al lugar también se han trasladado de a poco al cementerio donde reposa el cuerpo de Dubán, que doña Cecilia visita todos los domingos.
Tatiana Fernández, acompañante de la familia, cuenta que “la gente empezó a llevar unas suculentas y luego Ceci se las llevó para el cementerio. Entonces, en la tumba de Dubán, en la parte de arriba, Ceci está haciendo su propio jardín, su jardín más íntimo. Y eso es lindo, porque la apuesta pública, política, de visibilización, que es lo que pasa en el Portal, se conecta con una apuesta íntima de sanación, de curación”.
La intención de que el lugar de memoria esté vivo también está vinculada a la decisión de disputarle a los victimarios su pretensión de acabar con la vida de las víctimas. Don Rafael reflexiona al respecto: “A esos muchachos los sembraron, prácticamente. La muerte de ellos es como si nos hubiera tocado a todos. ¿Por qué el bosque? Porque ellos fueron semilla, germinaron en cada uno de los muchachos que estaban en la protesta social, en cada uno de esos colectivos que defienden los derechos humanos. Fueron parte de la protesta y, así no estén presentes, nosotros hacemos que sigan vivos, por su lucha, por la forma en que murieron”.
Por eso, todos los días 5 o 6 de cada mes, la familia y los amigos de Dubán, junto con los jóvenes organizados en colectivos ambientales, de comunicaciones, defensa de los derechos humanos y Primeras Líneas, se reúnen para conmemorar la vida de Dubán. Alrededor del jardín se han realizado eucaristías, velatones, presentaciones artísticas, jornadas de pintura, galerías de la memoria y conversatorios.
El jardín es también un espacio para exigir justicia y verdad por la muerte de Dubán, por la que la Fiscalía todavía no ha presentado avances significativos en el proceso de investigación. La entidad sostiene la hipótesis de que Dubán se ahogó en el canal de agua donde fue encontrado su cuerpo, canal que estaba ubicado justo al lado del Portal y que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de adecuación del Metro.
Andrea Torres, abogada de la familia e integrante de la Fundación Nidya Erika Bautista, rebate esa posición: “Ninguna información obtenida durante la investigación ha podido desvirtuar ni probar la hipótesis que nosotros mantenemos: que a Dubán lo cogieron protestando y que, por alguna razón, se ahogó en el río, lo cual no podía ocurrir naturalmente porque era un nadador experto. Tampoco puede pasar desapercibida la situación de contexto, es decir, que la desaparición se da en el marco de las protestas y que ese día hubo una situación grave de intervención violenta de la Fuerza Pública”. El 6 de junio de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Dubán, en el Portal se realizó una “Jornada de 24 horas sin Esmad”.
Las denuncias por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos fueron permanentes durante el Paro Nacional. La situación motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo en Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, durante la cual escuchó el testimonio de algunas de las víctimas, entre ellas doña Cecilia Barros. En su informe de observaciones y recomendaciones, la CIDH señaló como una de sus “principales preocupaciones” las denuncias que recibió por casos de desaparición forzada. Recibió con “extrema preocupación” el hecho de que personas reportadas como desaparecidas hubieran sido encontradas sin vida y recomendó crear una “comisión especial” para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Mientras transcurren las investigaciones de la Fiscalía por la desaparición de Dubán, la abogada Torres también le solicitó a la Procuraduría que investigara a los funcionarios de Medicina Legal que trabajaron en la identificación. Desde que fue encontrado, el cuerpo sin vida de Dubán permaneció en custodia de Medicina Legal sin que lo identificara adecuadamente. Más aún, doña Cecilia acudió a las instalaciones de la institución para solicitar que le permitieran identificar un cuerpo que había visto en un video de redes sociales y que intuía pertenecía a su hijo, lo cual le fue negado. Más tarde se comprobó que ese cuerpo era el de Dubán.
Tatiana Fernández, que ha acompañado a doña Cecilia desde el momento en que desapareció su hijo, cuestiona la actuación de las instituciones en este caso. “Pudieron haber ahorrado el dolor de la búsqueda y no lo hicieron. Es una acción con daño. Las instituciones dicen que no se pudo haber evitado la muerte, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber evitado el dolor de la familia y la tuvieron en agonía durante 35 días”. Para Tatiana, la tardía respuesta institucional “es una cosa muy cruel con Ceci, con su dolor, con su búsqueda”.
Este 11 de julio se conmemora un año desde que el cuerpo de Dubán fue identificado. Al tiempo que espera los resultados de las investigaciones, la familia insiste en que seguirá, mes a mes, cuidando el jardín para mantenerlo vivo a él y a otros jóvenes que fueron asesinados durante las jornadas de movilización.
Entre julio y octubre de 2021 se realizó de manera presencial y virtual el curso “¡Hacer Memorias! Razones y Acciones”, en el que participaron 60 personas jóvenes de entre 18 y 25 años. El proceso de formación estuvo compuesto por dos tipos de sesiones: las de “razones” y las de “acciones”, que fueron intercaladas para generar un diálogo permanente entre elementos conceptuales y herramientas prácticas.
En las sesiones de “razones” se abordaron reflexiones que han sido producidas por distintos actores sociales como fundamento de sus propios procesos de construcción de memoria. En este grupo, además, se exploraron algunos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que han impulsado o fortalecido el campo de la memoria en Colombia.
En las sesiones de “acciones”, en cambio, exploramos repertorios, técnicas y herramientas. Profesionales de distintas áreas compartieron con las personas participantes sus conocimientos y sus particulares maneras de hacer en campos tan diversos como el performance, la escritura, la fotografía, el video y el muralismo.
En el transcurso del proceso, las personas participantes elaboraron anteproyectos de construcción de memoria que abordan distintos temas con variados repertorios.
Cinco mujeres y cinco hombres que estuvieron presos o tuvieron familiares detenidos en cárceles colombianas son los protagonistas de nuestro pódcast “El mito de Sísifo”. Ellos y ellas hacen memoria de su experiencia en la prisión desde su sensibilidad como artistas, líderes sociales, profesores, activistas contra los falsos positivos judiciales y firmantes de paz. Nos cuentan cómo y por qué fueron hechos prisioneros, pero también cómo resistieron al encierro, la monotonía y la represión.
Buena parte de ellos y ellas son exprisioneros políticos, que fueron capturados en momentos de alta conflictividad social, política y armada. Aunque la mayoría no han sido condenados, reconocen que las memorias de las vivencias carcelarias han sido silenciadas por la estigmatización y la persecución que enfrentan las personas privadas de la libertad. En este pódcast buscamos amplificar esas voces.
Este proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en alianza con El Espectador, surgió en el contexto particular de la pandemia, en el que nos preguntábamos por los impactos del confinamiento sobre la sociedad. En este periodo, además, fueron asesinadas 24 personas privadas de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá durante una protesta motivada por el empeoramiento de la calidad de vida de los internos.
Puede escuchar “El mito de Sísifo” en Spotify o en su plataforma de audio favorita. Es un pódcast del Centro de Memoria en alianza con El Espectador que buscaba conversar, desde la memoria, sobre la experiencia de la cárcel y su relación con la pandemia.
