memoria – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

febrero 8, 2023mayo 14, 2023

Exposición Gráfica para descolonizar la memoria

El arte urbano se ha convertido en una poderosa herramienta de transformación social y fortalecimiento comunitario en Colombia. Y el colectivo Palabreras & Callejeras es uno de los mejores ejemplos de ello. Este grupo, conformado por mujeres jóvenes, ha creado una exposición que lleva por nombre “Gráfica para descolonizar la memoria: pedagogías creativas entre la calle, la vereda y la academia.”

La exposición es el resultado de diversas obras realizadas en diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, con enfoques metodológicos de educación popular, feminismos y decolonialidad. A través de la gráfica popular y el cartelismo, el colectivo busca enseñar y aprender a narrar la injusticia y la memoria del pasado violento en Colombia.

La exposición de Palabreras & Callejeras es una herramienta pedagógica contrahegemónica, creativa y decolonial para trabajar con poblaciones rurales y urbanas en Colombia. Su objetivo es transmitir la importancia de la memoria y la narrativa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Esta exposición es una oportunidad única para conocer el trabajo de un colectivo que ha logrado marcar una diferencia en su comunidad a través del arte urbano y la pedagogía creativa. Visitarla es una invitación a reflexionar sobre la memoria del pasado y el papel que juega en la construcción del futuro.

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noviembre 2, 2022mayo 14, 2023

Ausentes, estrellas presentes: un pódcast para visibilizar la desaparición forzada

Esta serie de 14 capítulos con organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia visibilizará cuáles han sido sus acciones y ejercicios de memoria sobre cada uno de los casos, y cuáles son los desafíos en tema de la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia. Cada martes, a partir del 4 de noviembre, encontrará un capítulo nuevo en Spotify o en su plataforma de audio favorita.

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; el Planetario de Bogotá y El Espectador, presentan Ausentes, estrellas presentes, un pódcast que utiliza la ciencia como vehículo simbólico para la visibilización y sensibilización de los procesos de memoria de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. La serie se compone de catorce capítulos, en los que escucharemos en igual número de voces por qué son importantes las acciones y ejercicios de memoria sobre los casos de desaparición forzada y cuáles son los desafíos en tema de la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia.

Esta apuesta sonora busca visibilizar el crimen de la desaparición forzada en Colombia, convirtiéndose en una herramienta de construcción colectiva de memoria y de denuncia para que se conozca lo que históricamente ha pasado en el país y lo que aún sigue ocurriendo. El pódcast hace parte del proyecto Ausentes, estrellas presentes, que busca visibilizar y sensibilizar a las personas sobre las implicaciones de la desaparición forzada en el país, a través de diversas acciones simbólicas en las que se asocia la lectura del cielo y la interpretación de los cuerpos celestes en los procesos de memoria y permanencia de las víctimas.

Este viernes 4 de noviembre se realizará una transmisión a través de las redes sociales de El Espectador a las 9:00 a. m. con José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y Sandra Beltrán, familiar de víctima de desaparición de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Además, se llevará a cabo una acción pública de memoria en el Planetario de Bogotá y en el Parque El Bicentenario, invitando a toda la ciudadanía a mirar al cielo como un acto simbólico por las personas desaparecidas en Colombia. Esta apuesta surge de un proceso de creación colectiva con las organizaciones y que tiene como resultado unos asterismos –o un conjunto de estrellas– que representan a las más de cien mil personas desaparecidas en el país. Los participantes de las organizaciones asistieron a diversos talleres y reuniones en las que se confeccionaron los asterismos sobre telas que vestirán este día.

El encuentro iniciará en el domo del Planetario a las 5:00 p.m., donde se presentará una línea de tiempo que recoge las luchas y resistencias de las organizaciones sociales frente a la desaparición forzada, que va desde la Masacre de las Bananeras hasta el Paro Nacional de 2021. Posteriormente, en el Parque Bicentenario habrá una puesta en escena donde las luces y la música –a cargo de El Trip – Jazz del trópico– alimentarán este ejercicio simbólico.

El proceso de memoria constó de la construcción simbólica de un monumento en el cielo compuesto de estrellas y asterismos que dan cuenta de cada persona desaparecida y de las organizaciones sociales y de víctimas que luchan por la verdad, la justicia y el reconocimiento de un crimen de lesa humanidad para que no vuelva a ocurrir.

Esta acción relaciona lo físico y lo infinito en el espacio público por medio de un ejercicio performático que se convierte en una herramienta para las víctimas y las organizaciones sociales en sus demandas por la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de estos hechos. Además, a partir del 4 de noviembre hasta el 20 de este mismo mes, en el segundo piso del Planetario de Bogotá se podrá encontrar una exposición de objetos de las organizaciones sociales que han sido representativos en su búsqueda.

Los episodios de “Ausentes, estrellas presentes” saldrán al aire todos los martes y se podrán escuchar en www.elespectador.com, Spotify o en su plataforma de audio favorita.

Artículo original del Espectador

septiembre 11, 2022abril 14, 2023

El Centro de Memoria será una de las sedes del primer Encuentro Regional de América Latina de la Memory Studies Association

El primer encuentro del Grupo Regional de América Latina de la Memory Studies Association (MSA), será un espacio académico internacional para abordar los debates y las tensiones que se producen en torno a los procesos de construcción de memorias y sus estudios en América Latina y el Caribe. La conferencia se realizará del 14 al 17 de septiembre del año 2022 en la ciudad de Bogotá, y tendrá como lugares de encuentro el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Universidad del Rosario.

El encuentro se realizará bajo las modalidades presencial y virtual, en el que se realizarán conferencias plenarias de especialistas en los estudios de memoria en América Latina y el Caribe, y paneles coordinados con mesas de presentación de ponencias individuales. Este espacio busca contribuir al fortalecimiento de una red de estudios sobre memorias en nuestra región, profundizando y rescatando las alianzas que se tejen entre la academia, las instituciones gubernamentales y las organizaciones comunitarias de diferente alcance, activas en los procesos de memoria en los diferentes países.

Desde hoy, y hasta el próximo 31 de marzo de 2022, estarán abiertas las inscripciones para recibir las propuestas de presentación de resúmenes, ponencias individuales, paneles, posters y carteles, presentaciones de libros, y propuestas artísticas y pedagógicas, bajo lo siguientes ejes temáticos:

Por razones de espacio, la asistencia de personas que no se inscribieron en el congreso sólo será posible en los eventos que tendrán lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación o de manera virtual. El ingreso a los eventos en el Centro de Memoria es de entrada libre, y se contará con la posibilidad de seguir vía streaming la programación virtual en una sala del mismo Centro de Memoria. La siguiente es la programación abierta al público que tiene lugar en el CMPR.

Organiza el Grupo Regional de América Latina, Memory Studies Association (MSA) y la Universidad del Rosario de Bogotá, con el apoyo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

julio 11, 2022abril 14, 2023

Un jardín para cuidar la memoria de Dubán

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

La primera semana de cada mes, un grupo de jóvenes y adultos se reúne en un costado del Portal de las Américas, o Portal de la Resistencia, para sembrar, desyerbar, limpiar. Allí, resguardado del tráfico de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio, se encuentra un jardín de plantas florales, suculentas y árboles pequeños que rodean varias placas de madera con los nombres de Dubán Barros, Jaime Fandiño, Juan David Cuervo, Daniel Zapata, Dylan Barbosa… Todos ellos jóvenes habitantes de Bogotá que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021.

Este “patrimonio cultural de autogestión y resistencia territorial”, como anuncia la placa principal del jardín, es una iniciativa de memoria impulsada por la familia de Dubán Barros, el joven de 17 años desaparecido forzadamente durante el Paro, el 5 de junio de 2021.

Esa tarde, Dubán salió de su casa rumbo al Portal y no se tuvieron noticias suyas hasta 36 días después. Durante ese tiempo, su mamá emprendió una búsqueda angustiosa que la llevó a recorrer las calles de los barrios cercanos y a preguntar por él en estaciones de policía, hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de reclusión de menores de la ciudad y Medicina Legal.

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad. Dolores Cecilia Barros, su mamá, cuenta que él era un apasionado del rap y que, aunque ella se enteró después, Dubán participó activamente del Paro.

Entre abril y junio de 2021, el “Portal de la Resistencia” se convirtió en uno de los escenarios más relevantes de la movilización social en la ciudad. Allí se instaló el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla y se realizaron intervenciones artísticas de manera continua, algunas de las cuales derivaron en la apuesta museográfica que inicialmente se conoció como Museo Humanitario del Portal de la Resistencia. Las confrontaciones que allí se desarrollaron, entre la Policía y algunos de los manifestantes, también lo mantuvieron en el centro del cubrimiento periodístico sobre el desarrollo de las movilizaciones en Bogotá.

Como muchos otros jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa, Dubán participó de las actividades del Paro. Algunas veces lo hizo acompañado de la familia de su tío, Rafael Salazar, también comprometida con las movilizaciones. Así recuerda don Rafael ese periodo: “Nosotros, como miembros de esta comunidad, veníamos a las marchas. Dubán venía con mis hijas, con mi esposa. Aquí llegaba y hacía cola para la olla comunitaria. Aquí escampaba con la Guardia Indígena, con los muchachos. Era un miembro activo de la protesta, como lo fuimos todos. Creo que, quien no estuvo aquí en el Portal de la Resistencia durante las protestas, no pertenece a esta localidad. Porque aquí nos encontramos todos, nos llenamos de humo, salimos llorando con los gases lacrimógenos, corrimos, comimos, también sufrimos. Y nos mantenemos aquí”.

Ese compromiso, explica don Rafael, está estrechamente ligado con su historia familiar. De ascendencia wayuu, la familia de Dubán fue desplazada forzadamente de los departamentos de La Guajira y el Cesar en la primera década del 2000, luego de que uno de sus miembros fuera asesinado por paramilitares. Tras su llegada a Bogotá, la familia se instaló en un barrio de la localidad de Kennedy y tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. La situación, agravada por la pandemia, los motivó a participar de unas protestas que buscaban enfrentar la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID – 19, que empeoraría la calidad de vida de la población.

En palabras de don Rafael: “Nosotros llegamos a Bogotá y nos encontramos con los mismos problemas que tenemos allá en nuestro territorio: falta de empleo, educación, vivienda. Es imposible desligarnos de eso. Si tú te sientes miembro de la comunidad, tienes que tener sentido de pertenencia. Entonces nosotros también tenemos que enfrentar los problemas que hay, decirle al Estado: ‘Mire, está pasando esto’. Y por eso actuamos y nos metimos a la protesta social”.

La imposibilidad de estudiar era uno de esos problemas, tal vez el más urgente para Dubán, que se había visto obligado a dejar sus estudios de bachillerato porque la familia no tenía recursos para contratar un servicio de internet en su casa. En retrospectiva, doña Cecilia piensa que esa fue una de las tantas situaciones que llevó a su hijo a protestar. “Este (el Portal) era un lugar donde Dubán seguramente quería que se sintiera su voz, expresar esas opiniones que él tenía, que digamos que eran sobre la educación, porque cuando no tienes todos los medios… Entonces era lo que él iba a hablar y también iba a escuchar a los otros muchachos”.

El sentido de pertenencia que tenía Dubán con ese espacio es otra de las razones por las que la familia decidió crear allí un lugar de memoria que siguiera funcionando como punto de encuentro, de diálogo. Un espacio en el que doña Cecilia siente la presencia de su hijo y se rodea de los jóvenes que protestaron con él: “Hacer ese jardín es como si él estuviera ahí. Siento que está en todas esas planticas, en esos árboles. Y es como un sitio de reconciliación, en el que se juntan todos esos muchachos para hablar de muchas cosas. Porque los mismos muchachos que estaban en la manifestación van, limpian, podan. Siempre es con la compañía de ellos, con la ayuda de ellos. Entre todos cuidamos ese jardín”.

Que el lugar sea un jardín también implica que es un espacio vivo que necesita cuidados de manera permanente y que, por tanto, contribuye a mantener los vínculos de trabajo colectivo, comunicación y organización entre la familia de Dubán, sus amigos y otros jóvenes que también participaron del Paro. Algunas de las plantas que han ido llegando al lugar también se han trasladado de a poco al cementerio donde reposa el cuerpo de Dubán, que doña Cecilia visita todos los domingos.

Tatiana Fernández, acompañante de la familia, cuenta que “la gente empezó a llevar unas suculentas y luego Ceci se las llevó para el cementerio. Entonces, en la tumba de Dubán, en la parte de arriba, Ceci está haciendo su propio jardín, su jardín más íntimo. Y eso es lindo, porque la apuesta pública, política, de visibilización, que es lo que pasa en el Portal, se conecta con una apuesta íntima de sanación, de curación”.

La intención de que el lugar de memoria esté vivo también está vinculada a la decisión de disputarle a los victimarios su pretensión de acabar con la vida de las víctimas. Don Rafael reflexiona al respecto: “A esos muchachos los sembraron, prácticamente. La muerte de ellos es como si nos hubiera tocado a todos. ¿Por qué el bosque? Porque ellos fueron semilla, germinaron en cada uno de los muchachos que estaban en la protesta social, en cada uno de esos colectivos que defienden los derechos humanos. Fueron parte de la protesta y, así no estén presentes, nosotros hacemos que sigan vivos, por su lucha, por la forma en que murieron”.

Por eso, todos los días 5 o 6 de cada mes, la familia y los amigos de Dubán, junto con los jóvenes organizados en colectivos ambientales, de comunicaciones, defensa de los derechos humanos y Primeras Líneas, se reúnen para conmemorar la vida de Dubán. Alrededor del jardín se han realizado eucaristías, velatones, presentaciones artísticas, jornadas de pintura, galerías de la memoria y conversatorios.

El jardín es también un espacio para exigir justicia y verdad por la muerte de Dubán, por la que la Fiscalía todavía no ha presentado avances significativos en el proceso de investigación. La entidad sostiene la hipótesis de que Dubán se ahogó en el canal de agua donde fue encontrado su cuerpo, canal que estaba ubicado justo al lado del Portal y que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de adecuación del Metro.

Andrea Torres, abogada de la familia e integrante de la Fundación Nidya Erika Bautista, rebate esa posición: “Ninguna información obtenida durante la investigación ha podido desvirtuar ni probar la hipótesis que nosotros mantenemos: que a Dubán lo cogieron protestando y que, por alguna razón, se ahogó en el río, lo cual no podía ocurrir naturalmente porque era un nadador experto. Tampoco puede pasar desapercibida la situación de contexto, es decir, que la desaparición se da en el marco de las protestas y que ese día hubo una situación grave de intervención violenta de la Fuerza Pública”. El 6 de junio de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Dubán, en el Portal se realizó una “Jornada de 24 horas sin Esmad”.

Las denuncias por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos fueron permanentes durante el Paro Nacional. La situación motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo en Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, durante la cual escuchó el testimonio de algunas de las víctimas, entre ellas doña Cecilia Barros. En su informe de observaciones y recomendaciones, la CIDH señaló como una de sus “principales preocupaciones” las denuncias que recibió por casos de desaparición forzada. Recibió con “extrema preocupación” el hecho de que personas reportadas como desaparecidas hubieran sido encontradas sin vida y recomendó crear una “comisión especial” para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Mientras transcurren las investigaciones de la Fiscalía por la desaparición de Dubán, la abogada Torres también le solicitó a la Procuraduría que investigara a los funcionarios de Medicina Legal que trabajaron en la identificación. Desde que fue encontrado, el cuerpo sin vida de Dubán permaneció en custodia de Medicina Legal sin que lo identificara adecuadamente. Más aún, doña Cecilia acudió a las instalaciones de la institución para solicitar que le permitieran identificar un cuerpo que había visto en un video de redes sociales y que intuía pertenecía a su hijo, lo cual le fue negado. Más tarde se comprobó que ese cuerpo era el de Dubán.

Tatiana Fernández, que ha acompañado a doña Cecilia desde el momento en que desapareció su hijo, cuestiona la actuación de las instituciones en este caso. “Pudieron haber ahorrado el dolor de la búsqueda y no lo hicieron. Es una acción con daño. Las instituciones dicen que no se pudo haber evitado la muerte, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber evitado el dolor de la familia y la tuvieron en agonía durante 35 días”. Para Tatiana, la tardía respuesta institucional “es una cosa muy cruel con Ceci, con su dolor, con su búsqueda”.

Este 11 de julio se conmemora un año desde que el cuerpo de Dubán fue identificado. Al tiempo que espera los resultados de las investigaciones, la familia insiste en que seguirá, mes a mes, cuidando el jardín para mantenerlo vivo a él y a otros jóvenes que fueron asesinados durante las jornadas de movilización.

octubre 14, 2021mayo 14, 2023

El mito de Sísifo, un pódcast para reflexionar sobre cárceles, memorias y pandemia

Es un pódcast del Centro de Memoria en alianza con El Espectador que buscaba conversar, desde la memoria, sobre la experiencia de la cárcel y su relación con la pandemia.

junio 12, 2021mayo 14, 2023

Pódcast: Barrios con Memorias

El pódcast Barrios con Memorias es un proceso del Centro de Memoria en diferentes barrios de Bogotá que comenzó con una exploración inicial a través de testimonios vinculados con la violencia, el conflicto, luchas sociales y esfuerzos por la paz

diciembre 18, 2020abril 3, 2023

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…

noviembre 1, 2020abril 3, 2023

Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

octubre 16, 2020abril 3, 2023

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

septiembre 23, 2020abril 14, 2023

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio “Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez.

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”.

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”.

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019.

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.