Guía metodológica: Guardianes de la memoria

Esta guía metodológica es el resultado de la articulación interinstitucional entre la Estrategia Atrapasueños- de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, Víctimas, y Reconciliación -ACPVR y la Fundación PLAN. Es un ejercicio pedagógico que pretende llegar a Niños, Niñas y Adolescentes víctimas y/o afectados por el conflicto armado y por procesos migratorios de diversas nacionalidades, dicho ejercicio se realizará en diferentes localidades del distrito, con acciones simbólicas que fortalezcan el tejido social y la construcción de memorias individuales y colectivas. Esta es una herramienta pedagógica que se le entrega a la ciudad y puede ser ejecutada con diversas poblaciones, en tanto plantea actividades alrededor de la construcción de memoria y paz. 

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, como parte de la ACPVR es un instrumento para promover una cultura de paz, reconciliación y respeto por los derechos humanos a partir de la memoria y la verdad histórica y la profundización de la democracia. Así mismo, pretende aportar a la consolidación de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación, por medio de la construcción e implementación de una política de memoria distrital. 

La Estrategia Atrapasueños, como parte de la SDIS, aporta a la construcción de paz territorial y es garante de derechos de Niñas, Niños, Adolescentes víctimas y/o afectados por el conflicto armado interno, a través de la articulación de acciones y el acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la movilización social con el objetivo de reconocer las necesidades y problemáticas desde el diálogo, la escucha, la construcción y la generación de espacios de resignificación de vivencias y afectaciones que se dan o dieron en el marco del conflicto armado. 

La Fundación PLAN es una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro, miembro de Plan International. La cual trabaja por la promoción de los derechos de la niñez, con el objetivo de mejorar las condiciones de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que viven en situación de extrema vulnerabilidad, generando un fortalecimiento en sus habilidades de liderazgo para la gestión de su propio desarrollo a largo plazo. Para lograr estos objetivos se realiza un acompañamiento pedagógico interdisciplinar y psicosocial integral, enfocado en Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes migrantes promoviendo espacios de expresión a través del reconocimiento de los saberes propios mediante técnicas artísticas en los cuales se reconocen sus memorias y sus experiencias para generar procesos de resiliencia.

Cartografía: Encuentros de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz en la Escuela.

Este documento plantea una forma de ordenamiento de las experiencias pedagógicas compartidas y pone a disposición una ruta metodológica de mapas, preguntas y reflexiones con las cuales incrementar el diálogo de saberes que sobre pedagogías de paz, memorias, reconciliación y derechos humanos existen en Bogotá.

En este espacio virtual encontraran información sobre el proceso de construcción colectiva que se está constituyendo en la ciudad.

  • Encuentro de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz en la escuela.
  • Mapas parlantes.
  • Laboratorios de Co-Creación.
  • Otras acciones que articulen con el movimiento.

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…

Primer documento del movimiento de maestras y maestros por la memoria y la paz.

El primer Encuentro de Experiencias nos permitió mapear e intercambiar múltiples diálogos sobre las acciones y apuestas en pedagogías de la memoria y paz que lideran las maestras y los maestros en Bogotá. Con el fin de continuar la ruta colectiva, se acordó construir un texto que diera cuenta de las memorias y ser un pre-texto para seguir tejiendo juntas y juntos. Por eso, se plantea en el documento seis cartas de navegación:

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 1: Algunos antecedentes de socialización de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 2: La movilización y el movimiento por la memoria y la paz en la escuela bogotana.

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 3: Mapeando-nos desde las prácticas pedagógicas

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 4: Las experiencias pedagógicas en el centro de la construcción colectiva

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 5: Memorias de las conversaciones: apostando a construir juntos y juntas

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 6: Rutas articuladas para continuar en movimiento

 

Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación   

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca. 

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado  “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar. 

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria,  reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.  

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país. 

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.  

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación  de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.  

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242  líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz. 

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.  

Masacre de Samaniego

El 15 de agosto de 2020, en el municipio de Samaniego, Nariño, fueron masacrados 8 jóvenes:

  • Laurita Mischell Melo Riascos
  • Brayan Alexis Cuarán Rosero
  • Bairon Danilo Patiño Córdoba
  • Daniel Steven Vargas Jurado Campo
  • Elián Benavides Eraso
  • John Sebastián Quintero Cortés
  • Óscar Andrés Obando Betancourth
  • Rubén Darío Ibarra Andrade

Las víctimas y la comunidad de Samaniego exigen verdad, justicia y memoria. El CMPR les invita a conocer los testimonios de las familias de los 8 jóvenes asesinados en la masacre de Samaniego.

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez. 

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.  

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.  

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”. 

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.  

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.  

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”. 

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.  

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019. 

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.  

Exposición: Objetos y memorias en movimiento

Exposición: objetos y memorias en movimiento

Formatos interactivos y relatos de las personas desplazadas, migrantes y refugiadas.

Esta exposición virtual  plantea un espacio de dialogo entre el proyecto australiano BELONGINGS, que aborda las relatos de  memorias contadas por personas migrantes y refugiadas a través de sus objetos más preciados y tres casos documentados en el contexto Colombiano, cuyas protagonistas narran en primera persona sus historias de desplazamiento forzado, migración y refugio.

Actualmente, problemáticas generadas por falta de oportunidades, violencias estructurales, situaciones de violencia política y de violación a los derechos humanos han impactado a millones de personas a nivel global, las cuales han tenido que migrar de sus países de origen, o desplazarse de sus territorios ancestrales. Finalmente, algunas han huido en búsqueda de refugio, con la única razón de mantener a salvo sus vidas. Todo esto sin distingo de raza, género, edad, credo y nacionalidad, mostrándonos un encuentro con el drama humano que nos golpea a todos y todas. 

¿Sabías que existen 79.5 millones de personas en el mundo desplazadas a la fuerza?
¿Sabías que 26 millones personas en el mundo son refugiadas?
¿Sabías que 45.7 millones de personas en el mundo son desplazados internos?

Belongings, es una experiencia interactiva que busca desestabilizar la mentalidad de «nosotros contra ellos» al resaltar la universalidad de la humanidad a través de un único hilo común: nuestras preciadas pertenencias.  

Belongings da vida a historias de desplazamiento, resiliencia y esperanza de una manera sorprendentemente nueva: el smartphone, que se ha convertido en una de las principales formas de comunicarnos con nuestros seres queridos, se sirve ahora como dispositivo para acercarse a las voces de las personas representadas en la instalación. 

Creado por Digital Creative Labs de SBS y utilizando tecnología desarrollada por Google Creative Lab, Belongings se produjo en asociación con la comunidad de la que se trata, a través de talleres de narración de historias en los que se invitaba a los participantes a traer un objeto con el que habían huido de su tierra natal. 

¿Sabías que 3.6 millones de venezolanos se han desplazado al extranjero?

¿Sabías que 4.2 millones de personas en el mundo estan solicitando asilo?

Damon Amb, 38, originario de Irán. 

«El monedero está lleno de recuerdos de mi abuela. Puedo oler a mi abuela cuando sostengo el monedero cerca de mi cara. Cuando abro el monedero, los recuerdos y se derraman los olores del jardín de toot (morera).  

Es maravilloso, como mi abuela. Mi hermosa abuela «. 

Lizzy Samba, 34 años, originaria de Papúa Nueva Guinea. 

“Este collar tradicional es como mi ángel guardián; es un objeto de protección. Fue un regalo de mi madre. Necesito protección. Mi vida ha sido dura pero ya voy en mi piel y cuando me pongo este collar no solo trae mi madre de mi corazón, me hace sentir femenina y hermosa. 

Ser transgénero es algo de lo que los refugiados no hablan. Es difícil. Mi collar es un signo de fuerza para animarme a contar. 

Me fui con él y es todo lo que necesito a veces para sentirme viva «. 

Parastoo Bahrami, 21, originario de Afganistán, pasó 11 años en un campo de refugiados en Indonesia antes de venir a Australia.  

«Estos son objetos importantes para mí porque me han mantenido ocupado.  

Los abalorios son algo que hacía en  casa. No pude traer ninguna de mis cuentas pero ahora tengo muchas cuentas aquí y me hace feliz. Poner las cuentas juntas para hacer algo me ha permitido cuidar mi bienestar emocional.  

Al hacer estos objetos me siento feliz y me ayuda a evitar la depresión y los problemas de salud mental. Cuando estoy haciendo estos objetos, siempre pienso que tendré un brillante futuro y me olvido un poco de mi difícil pasado en Afganistán. 

Yo siempre llevo mis cuentas conmigo. Siempre.» 

Sabina Krusevljanin, 55 años, originaria de Bosnia Herzegovina.

“Esta pequeña mochila es un tesoro. Fue la  bolsa de viaje mas práctica para llevar «mi posesión» a la espalda mientras escapaba de Sarajevo a través del túnel bajo el Aeropuerto de Sarajevo 

Amou Job, originario de Sudán del Sur.

Ella no trajo nada porque mientras se desplazaba desde un campo de refugiados a otro, lo perdió todo. Ella tiene sus recuerdos y sus historias, ¡eso es todo! 

R.H. (no quiere ser identificado), 48, originario de 

Bangladesh. 

 “Traje el bordado de mi madre porque no pude traerla a ella. Ella es lo mas importante que tengo  en el mundo pero tuve que dejarla sola en mi país.  

El bordado es una pequeña parte de su presencia que puedo sentir todos los días. Me conecta con ella cada vez que lo veo y lo toco. Es lo más valioso para mí ahora y lo guardo conmigo en todo momento. 

Extraño mucho a mi madre y la amo más que a la propia vida.» 

¿Sabías que en Colombia hay 8´056.993 víctimas de desplazamiento forzado registradas?

EL CASO COLOMBIANO

En este espacio virtual, los relatos recogidos en lugares lejanos y contextos diversos mediante el uso de herramientas tecnológicas, nos permiten conocer las memorias de personas a través de sus objetos preciados. Aquellos objetos que les enlazan afectivamente a sus familias, territorios, a la espiritualidad y a su propia raiz identitaria. 

Sus relatos nos hablan de la añoranza de tiempos y espacios que ya no volveran, pero tambien de resistencia, fortaleza y lucha por construir un futuro mejor a pesar de la adversidad. 

Todas las personas contamos con ese objeto especial que nos recuerda una experiencia, un lugar, una persona o un momento particular y que nos invita a ver la universalidad de la humanidad a través de un único hilo comun: nuestras preciadas pertenencias. 

Estos objetos desde la exposición, se proponen como un puente de intermediación, para vincularnos empaticamente con quienes han sufrido las afectaciones propias del refugio, la migración y el desplazamiento 

¿Sabías que hay 1´764.883 migrantes originarios de Venezuela en Colombia?

FAMILIA

TERRITORIO

IDENTIDAD

De acuerdo con ACNUR, Colombia es el país con mayor número de personas en condición de desplazamiento interno del mundo, por cuenta del conflicto armado y de la actual reactivación de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. Por años, el país ha tenido que hacerle frente a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado. 

Así mismo Colombia es el mayor receptor de personas migrantes y refugiadas venezolanas. Esta población además de su dramática situación, debe enfrentar la estigmatización y la normalización por parte de la sociedad, lo cual ha contribuido a invisibilizar y minimizar las profundas afectaciones que estas representan y a diluir las responsabilidades del Estado en la construcción de políticas públicas eficaces para la contención, atención y prevención. 

¿Sabías que Colombia acumula 17.000 solicitudes de asilo de personas venezolanas?
¿Sabías que los fenómenos de desplazamiento forzado, migración y asilo político tienen una profunda marca de género? Además del rastro numérico (49,3% de quienes han migrado a Colombia desde Venezuela son mujeres, y más de la mitad de las personas que han sido víctimas de desplazamiento en el país son mujeres), estos fenómenos generan un impacto desproporcionado en las mujeres que lo viven: las barreras económicas y sociales se profundizan, y se aumenten alrededor de ellas los niveles de vulnerabilidad y violencia.

AGRADECIMIENTOS:

Martha Lucía Rentería
Víctima de desplazamiento forzado a Bogotá

Vanessa Cristal Ferreira
Ciudadana venezolana refugiada en Colombia

Yaimira Graterol Hernández
Inmigrante venezolana en Colombia

Raúl Fernández San Miguel
Agente de Belongings para Europa y Latinoamérica

John-Paul Marin
Co-Creator y Productor Ejecutivo de Belongings

Special Broadcasting Service (SBS), Australia

Equipo de trabajo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación