Un antimuseo desde el sur por la memoria del Paro

Por María Flórezequipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – 10 de Agosto de 2021

Un museo para hacer pedagogía sobre los derechos humanos y para hacer memoria del último Paro Nacional. Esa es la apuesta que han venido construyendo, desde finales de mayo pasado, un grupo de personas organizadas en distintos colectivos ambientales, feministas y de artistas de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Cuando nació el museo, el Paro se encontraba en su punto más álgido y el Portal Américas de Transmilenio, renombrado como Portal de la Resistencia, se había convertido en uno de los escenarios más importantes de la movilización social en la ciudad.  

Fue en medio del Espacio Humanitario Al Calor de la Olla, instalado en el Portal, donde empezó a construirse el proyecto, pensado inicialmente como un museo al aire libre en el que las piezas artísticas se emplazaban en el mobiliario urbano. Así lo explica Agsharom, integrante del proceso: “En principio se consideraba que la museografía respondía al espacio. Decidimos que la entrada al puente y al Portal era la entrada del museo, que la olla (comunitaria) era una estación y que el monolito de Transmilenio se había vuelto un objeto de apropiación que ya mostraba que este era el portal de la gente, de la lucha contrahegemónica”. 

El proyecto, que recibió inicialmente el nombre de Museo Humanitario del Portal de la Resistencia, empezó a recibir las primeras obras de colectividades y personas que venían produciendo creaciones individuales o comunitarias en el marco del Paro. Tal fue el caso del Tendedero de la Memoria, una pieza compuesta por fotografías de la movilización y co-creada en el Portal por iniciativa de un grupo de estudiantes de Matemáticas de la Universidad Distrital.  

Por esa vía también llegó al Museo la obra “Nos encontramos en los corazones”, creada por Sandra Melo, artesana tejedora e integrante del colectivo Aquelarre Techotiba. El título de la obra es un homenaje a Lucas Villa, el asesinado estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que se convirtió en un símbolo del Paro. En ella están bordados, sobre una tela blanca superpuesta en una bandera de Colombia, los nombres de varias personas que fueron asesinadas por agentes del Estado. La bandera nacional tuvo un lugar central en las movilizaciones, en su forma original durante las marchas y de manera invertida en las redes sociales, para denunciar la represión.  

Parte de la serie de collage que integra el Museo. Foto: Miguel Ariza – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

También se incorporó una serie de 11 collages producida por Camila Lemos, fotógrafa e integrante del Museo y del medio de comunicación La Fémina Direkta. La serie propone una reflexión sobre violaciones a derechos humanos y procesos de resistencia ocurridos en distintos países de América Latina y en Palestina, algunos de ellos en perspectiva de larga duración. Las migraciones, la desaparición forzada, la defensa de la naturaleza y las movilizaciones sociales por la memoria protagonizan la obra.  

Además, se han ido co-creando otras piezas, primero en desarrollo del Paro y luego de otros espacios de encuentro realizados en el suroccidente de la ciudad. Entre ellos, el Segundo Festival del Humedal de la Tingua Azul, realizado a finales de julio en la localidad de Bosa. Estas creaciones colectivas buscan poner en discusión una amplia agenda de derechos, que incluye el derecho a la ciudad desde la perspectiva de los habitantes de “los sures”. Al mismo tiempo, reflexionan sobre la urgencia de hacer memorias en contextos de persistencia de violaciones a los derechos humanos, subvirtiendo la concepción tradicional del museo.  

Las creaciones colectivas 

En la Cartografía de los Sentidos del Museo se entrelazan las memorias sensoriales de las experiencias vividas durante el Paro con reflexiones colectivas sobre dos cuestiones: el derecho a la ciudad y las identidades de los pobladores del sur. La Cartografía, que está en construcción permanente, incorpora las convenciones de “vista”, “escucha”, “emoción” y “tacto”. A partir de ellas, quienes asisten a las jornadas de montaje del Museo interactúan con el mapa y dejan sus propias huellas. 

Sobre la localidad de San Cristóbal, alguien anotó: “Niños apoyando el Paro y cantando cacerolazos”. En Puente Aranda, escribieron: “Helicópteros. Disparos. Gritos. Cantos”; en Teusaquillo: “Barras bravas marchando, resistiendo juntas y en paz”; en el bosque Bavaria: “Aves, tala, deforestación”; y en el Portal de la Resistencia: “Unión del pueblo”.  

Proceso de reflexión e intervención de la Cartografía de los Sentidos en el Segundo Festival del Humedal de la Tingua Azul. Foto: María Flórez – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En Rafael Uribe Uribe, una persona más agregó al mapa la quebrada La Chiguaza, de la que  persiste un mito en la memoria oral de algunos habitantes del suroriente que convoca a la reflexión sobre la protección de los cuerpos de agua. La palabra “Kennedy”, en cambio, está tachada con líneas gruesas en el mapa y fue cambiada por “Techotiba”, un vocablo de origen muisca. Muchos colectivos de la zona han adoptado a Techotiba como nombre de la localidad, en reivindicación del pasado indígena y en abierto rechazo al nombre que fue adoptado del presidente estadounidense John F. Kennedy, que inauguró en 1961 un cuestionado proyecto de vivienda popular en el sector. 

Una de las impulsoras de la Cartografía y del Museo es Katherine Muñoz, integrante del colectivo Ecoaula Ambiental Tingua Azul y estudiante de la maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional. Para ella, los procesos organizativos de los territorios se han alimentado del reciente proceso de descentralización de las movilizaciones en Bogotá, en el que “la gente se ha dado cuenta de que no es necesario hacer la tradicional procesión hacia el centro, que no tiene sentido. Sí vamos a hacer manifestaciones, pero en nuestro territorio, porque aquí es donde nos necesitan”.

Por esa razón, en los talleres de co-creación de la Cartografía se ha discutido sobre la conservación de los humedales y los bosques, el impacto medioambiental de las actividades económicas y la eventual creación de nuevas localidades como consecuencia de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, aprobado por el Congreso de República en la pasada legislatura.  

Como parte de la construcción del Museo también se creó una Whipala, símbolo de los pueblos indígenas de América Latina. La elaboración de esta bandera, de 10 metros, activó una reflexión pública sobre el derecho a la nacionalidad, en la que se decidió no reproducir los símbolos patrios para reconocer el actual proceso de migración de personas venezolanas. Ese proceso ha impactado significativamente al occidente y al sur de la ciudad, desde donde se ha impulsado el Museo; según este informe de la Personería de Bogotá, el 75 por ciento de las personas migrantes habitan las localidades de Kennedy, Suba y Bosa. 

Jornada de tejido de la bandera feminista en el Monumento a las Banderas. Foto: Museo Humanitario

La otra pieza de creación colectiva es una bandera feminista que varias mujeres han ido tejiendo en el Monumento a las Banderas, que por su composición se ha convertido en un punto de encuentro y movilización para organizaciones feministas de la ciudad. El proceso surgió a raíz de un caso de abuso sexual ocurrido el 7 de junio pasado en el Portal de la Resistencia, cuando se realizaba una jornada pedagógica y cultural en desarrollo del Paro.  El Espacio Humanitario reconoció en este comunicado que se cometieron otros casos de acoso sexual durante la jornada.  

El tejido de la bandera ha sido liderado por Sandra Melo, quien explica al respecto: “En el Paro se evidenciaron muchas violencias basadas en género, tanto por parte de la Fuerza Pública, como de otros actores sociales. Como feministas hemos levantado la bandera de que todos los espacios deben ser seguros para nosotras y mucho más esos, que son de incidencia popular y de lucha. Por eso, nació la idea de tejer la bandera feminista y que quede como una pieza para el Museo”. 

El presente del Museo 

La idea de un Museo instalado en el espacio público del Portal se fue modificando como consecuencia de la disminución en la intensidad de las movilizaciones, de las violencias contra las mujeres ocurridas en el lugar y de la necesidad de hacerlo itinerante para llegar a otros barrios y sectores. Para Camila Lemos, esto implica empezar a concebirlo como un “antimuseo”: “Creo que hay un conflicto muy grande con los museos como instituciones, por todo el tema burocrático y jerárquico. No queremos tener un espacio físico y cerrado, porque tampoco la idea es privatizar, sino que sea abierto, libre e itinerante en los barrios populares”. 

Agsharom también considera que el proyecto es, fundamentalmente, un ejercicio de memoria transformadora: “Queríamos que estuviera lejos de la noción de museo tradicional y se acercara más a un ejercicio de recuperación de la memoria, en resistencia contrahegemónica, con un tinte político disidente, para visibilizar a las periferias y hacer una sistematización, una memoria, del tema del Paro. Considerábamos que era muy importante registrar y dar a entender que lo que se está viviendo ahora es un momento histórico que responde, como en otras ocasiones, a los modos en que el Estado colombiano ha violado los derechos humanos”. 

El Museo permaneció en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hasta finales de junio pasado. Foto: Miguel Ariza – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Esa itinerancia inició en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde el Museo estuvo presente durante buena parte de junio, con la idea de llegar a otros públicos. Actualmente, el Museo se mueve por distintos barrios del sur, al tiempo que proyecta un cambio de nombre que se ajuste a las nuevas circunstancias.  

El del Museo o Antimuseo es uno de los valiosos proyectos culturales que nació durante la última movilización nacional. Sus contenidos guardan una parte de las memorias de las y los habitantes de Bogotá que sostuvieron, desde finales de abril, un paro que pasará a la historia por su masividad, su duración, la represión con la que fue tratado, y sus múltiples acciones de resignificación y apropiación del espacio público urbano. El del Museo es también un aporte a la construcción de paz en la ciudad, en tanto ejercicio pedagógico para pensar la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos y transformar los territorios desde la acción colectiva. 

Tras las memorias de Patricio

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y Rodrigo Torrejano Jiménez, investigador de Archivos del Búho y Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria 

Fue en medio de una fiesta familiar de los Silva, cuando Ricker, ya cercano a los 40 años, por fin hizo la pregunta que lo intrigaba desde niño: “¿Por qué ustedes, cuando hablan de sus historias, nunca cuentan anécdotas de Patricio? A mí sí me gustaría conocer a mi tío, y me gustaría grabar”. Ricker sacó su celular y empezó a registrar la primera conversación sobre Patricio Silva Ruales que tenía su familia en más de 40 años. Eran los primeros recuerdos que se contaban públicamente sobre “el tío Pato”. 

La búsqueda de respuestas llevaba muchos años. Empezó en la cocina del apartamento donde Ricker vivía de niño con su familia. Allí, su mamá le contó cómo había conocido a su papá, Raimundo Silva: Se presentaron en la Universidad Libre de Bogotá, sobre el cuerpo sin vida de su tío Patricio, un joven estudiante de la Universidad Nacional (UN) que acababa de ser asesinado por un agente de la policía militar. Ocurrió a finales de mayo de 1978.

En ese entonces, la mamá de Ricker era una estudiante universitaria que llegaba a la Libre para corroborar la noticia del asesinato de su amigo Patricio. Su papá era un joven empleado bancario que hacía gestiones para que la Policía le permitiera enterrar a su hermano. Era un momento de alta tensión, porque grupos de estudiantes se habían atrincherado en la Libre y habían retenido al Rector para impedir que la Policía se llevara el cuerpo sin vida de Patricio, que ellos mismos habían trasladado desde el hospital hasta la Universidad. Las fotos de la prensa de la época muestran las afueras de la Libre como un auténtico campo de batalla. 

Aparte de la historia que le contó su mamá, Ricker no había escuchado a nadie más de su familia hablar sobre el tema, aunque todos seguían recordando silenciosamente a su tío. El dolor había impuesto un pesado silencio sobre la vida y la muerte de Patricio, que continuó alimentando sus preguntas: “Yo sentía una curiosidad por mi tío, como que mi tío tenía que ser alguien muy chévere; estudiaba en la Nacional, se preocupaba por el país, lo terminaron matando. Yo creo que esa necesidad de conocerlo era porque nadie nunca hablaba de mi tío y, además, yo pensaba que era alguien del que todos deberíamos estar hablando: de mi tío Patricio, el que mató la policía militar en la Nacional”. 

Ricker empezó entonces a buscar otras voces que lo ayudaran a conocer a su tío. Buscó su nombre en Google, donde encontró un corto y descarnado texto sobre el asesinato. También encontró un fragmento de un libro en el que el personaje de un estudiante mencionaba en su discurso a “Patricio Silva”. En Twitter, les preguntó a los usuarios que habían mencionado ese nombre si conocían a su tío, el joven estudiante de Química Farmacéutica asesinado en la Nacional en mayo del 78. Pero nadie le daba razón. 

El día del asesinato de Patricio resultó herido el también estudiante Efraín Gutiérrez. Imagen: El Bogotano, 31 de mayo de 1978

Entonces, después de una pausa en la búsqueda, empezó a contactar personas que podrían responder una pregunta importante sobre la vida de Patricio: si él había militado en alguna organización política o estudiantil. En la memoria de su madre habitaba una escena del sepelio que no se ha podido corroborar por otros medios, que apunta a que Patricio era parte de una de las más relevantes organizaciones políticas de la época, algo de lo que el resto de la familia no tiene noticia. 

A finales de 2016, en una de las marchas en respaldo al proceso de paz, Ricker consiguió hablarle a un dirigente de izquierda para preguntarle si conocía a su tío. También contactó, sin resultados, a una reconocida investigadora de la flora y la fauna de la Amazonía, que había sido amiga de su tío y de su mamá. Tiempo después le escribió a un analista del conflicto, que le prometió contactarlo con militantes de esa organización de finales de los 70: “Nos vimos en uno de esos restaurantes típicos, viejísimos, del centro, y hablamos. Quedamos en una cosa que nunca pasó, y es que, si en algún momento se reunía gente de esa época, él me invitaba. Pero me dijo: ‘Sobre todo, tienes que escribir esa historia’”. 

Pero a Ricker no se le da fácil escribir, y la inquietud por su tío le seguía rondando la cabeza. Las preguntas empezaron a resolverse esa noche de la fiesta familiar, cuando se contaron en voz alta algunos recuerdos de la infancia y la adolescencia de Patricio, que tenía solo 19 años cuando fue asesinado. Esas primeras palabras empezaron a alimentar un proyecto que Ricker tenía en mente y que le comunicó esa misma noche a su familia: quería producir un pódcast sobre la historia de su tío, junto a la productora La No Ficción. 

El pódcast, que se titula “El amor después de Patricio” (2020) y que puede escucharse aquí, cuenta en detalle la contienda que libraron estudiantes y policías por el cuerpo de Patricio, los esfuerzos por realizar el entierro, la impunidad en que se encuentra el caso y los impactos que el crimen causó en la familia. Entre ellos, que un sobrino fuera bautizado Patricio Javier y que los papás de Ricker se hubieran conocido en las condiciones en que lo hicieron. 

La producción del pódcast le permitió a Ricker hablar por primera vez con su padre sobre lo que había pasado con su tío y escuchar relatos familiares que habían permanecido en la penumbra, algunos de los cuales no alcanzaron a incorporarse en el pódcast. Entre ellos, este que le contó su tía Geraldine, que era solo una niña cuando mataron a su hermano: “Ella cuenta que hasta que cumplió 15 años estuvo todo el tiempo esperando que él volviera. Porque ella escuchaba en noticias que a los estudiantes los desaparecían y que no se sabía dónde estaban. Y ella no estuvo en el entierro, nunca vio a mi tío muerto… Muchos años después, asimiló que le habían matado a su hermano”. 

El proceso le permitió a Ricker, un sobrino no siempre presente, comprender a su familia paterna y abrir un espacio de conversación: “Fue algo terapéutico, realmente. Yo creo que ellos necesitaban contar la historia, necesitaban decir que les dolió, necesitaban esa oportunidad. Y a mí eso me sirvió para conocerlos, para entender muchas cosas”. 

En el proceso de grabación del pódcast participaron varios integrantes de la familia Silva Ruales. Foto: Cortesía de Ricker Silva

A la par del camino avanzado por Ricker, Geraldine se reencontró con la historia de su hermano en 2019, durante la Semana de la Memoria Universitaria de la UN, convocada por Archivos del Búho. El 9 de mayo de ese año se realizó un homenaje al también estudiante Jesús “Chucho” León mediante un recorrido de memoria que inició en la animita del estudiante Hugo López Barrera, en inmediaciones de la entrada de la calle 26; se dirigió hacia el monumento la Amérika, en el jardín de Freud; y continuó su marcha hacia el edificio de Física, Estadística y Matemáticas, a una placa instalada muchos años atrás en homenaje a Patricio. 

Allí estaba programada una reflexión sobre lo ocurrido el 16 de mayo de 1984 en la Universidad, en voz de una de sus sobrevivientes: Patricia Jiménez. El relato prosiguió a un poema de “Chucho” Peña. Cuando se mencionó el nombre de Patricio, Luis Higuera, que estudió ingeniería en la UN a finales de los 70, relató lo ocurrido en ese lugar el 30 de mayo de 1978: “Yo estuve aquí el día en que mataron al compañero, estaba tomando clases y vi cómo la policía lo asesinó”. La historia continuó su marcha y se convirtió en un texto transcrito de afán y enviado mediante una cadena de WhatsApp por uno de los asistentes, que llegó a manos de Geraldine. 

El 16 de mayo de 2019, el relato de Luis Higuera se repetiría en el auditorio Camilo Torres del edificio de Sociología para ser escuchado en vivo y en directo por Geraldine, quien se acercó ese día a buscar a las personas que seguían recordando a su hermano. Allí inició un proceso de relacionamiento entre Archivos del Búho y la familia de Patricio. El caso fue incluido en la Cartografía de la Memoria del Movimiento Estudiantil. 

Mayo del 78 en contexto 

Los Silva son una familia ipialeña que, entre 1969 y 1977, se fue asentando de a pocos en Bogotá. Detrás de Raimundo, el hermano mayor que llegó a la ciudad para empezar sus estudios universitarios, fueron llegando los demás.  

Noticia sobre el caso publicada por el semanario Voz, en junio de 1978.

Patricio, el tercero de los hijos, fue de los últimos en viajar. Raimundo y Geraldine recuerdan que era guapo, carismático y tierno. Tenía el cabello claro, ondulado, y le gustaba estar a la moda. También era muy unido a su familia, como cuenta Geraldine: “Era todo lindo. Muy especial con nosotros, por lo menos con los menores, nos consentía mucho. Estaba pendiente, nos ayudaba. Él fue el que empezó a hacer las reuniones de la familia, para hablar de lo que nos pasaba durante la semana. Me acuerdo que nos sentábamos en una cama y todos hablábamos de la escuela, del colegio, de la universidad”. 

Geraldine dice que, tal vez por su interés en la gente, Patricio quería estudiar Medicina en la Universidad Nacional. Pero, como era difícil pasar a esa carrera, inició su formación académica en la INCA y luego se presentó a Química Farmacéutica en la UN con la intención de solicitar traslado algún tiempo después. 

Por esos meses, Patricio y Raimundo asistían a marchas, se interesaban en la política nacional y conocían las distintas tendencias políticas que hacían vida en la Universidad. Juntos participaron con curiosidad del Paro Cívico del 77, la movilización más grande de la década. Además de querer ser médico para ayudar a otros, Patricio se inquietaba por la realidad del país e intentaba estar presente en las movilizaciones. 

El 78 fue un año de tensiones para el país. La convocatoria a elecciones en febrero para elegir el legislativo y las presidenciales de junio, acompañadas por la larga lista de decretos de excepcionalidad firmados por el gobierno de Alfonso López Michelsen, habían puesto en el centro de la atención a las acciones de organización y movilización social: las huelgas, los sindicatos, los tumultos o entrabamientos de trabajadores o estudiantes estaban prohibidos por decreto. Además, el gobierno liberal había firmado un decreto de exoneración de responsabilidad penal para los miembros de la Fuerza Pública que cometieran “delitos en desarrollo de operaciones de prevención y represión de los actos de secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes”, como documentó en este libro el jurista Gustavo Gallón. 

En ese contexto, el movimiento estudiantil convocó jornadas de movilización anti-electoral en todo el país para mayo de 1978, previas a las elecciones presidenciales en las que finalmente resultó electo Julio Cesar Turbay. En varias ciudades se reportaron personas heridas y asesinadas. 

Un contingente de la Policía camina por el corredor peatonal que conecta la entrada de la calle 26 con la Plaza Che, en la Universidad Nacional. Foto: El Bogotano, 31 de mayo de 1978

El campus de la UN en Bogotá no fue la excepción. Para el 30 de mayo, un grupo de estudiantes organizó un foro abstencionista, que terminó en enfrentamientos con la Policía en inmediaciones de la calle 26, según reseñó Voz Proletaria. Tras la pedrea, la policía militar ingresó al campus, se dirigió hacia la Plaza Che y, desde allí, a la intersección de los edificios de Artes y Arquitectura. 

En medio de la avanzada militar fue asesinado Patricio, que salía de un examen de matemáticas en el edificio 404. Además, resultó herido, en la plazoleta del viejo edificio de ingeniería, el también estudiante Efraín Gutiérrez. El periódico El Bogotano informó que otros cuatro estudiantes resultaron heridos, pero no hay registro de sus nombres. Lo que siguió después está contado detalladamente en el pódcast que realizaron Ricker y La No Ficción. 

La ausencia de alternativas políticas en el escenario electoral se tradujo en un abstencionismo de cerca del 70 por ciento para las jornadas de febrero y del 60 por ciento para las presidenciales de junio, de acuerdo con Gallón. Este abstencionismo estuvo impulsado por un fuerte escenario de rechazo generalizado a la “farsa electoral” promovido por sectores estudiantiles, principalmente. El carácter de la represión y el aumento de la beligerancia estudiantil conllevó a que el rector Emilio Aljure decidiera cerrar el campus de la UN a través de la instalación de la malla perimetral, como consta en esta tesis. Los estudiantes realizaron acciones permanentes de boicot a la obra. 

El adiós y las memorias 

El 31 de mayo de 1978, el ataúd de Patricio fue llevado en marcha por estudiantes y familiares desde la Universidad Libre hasta el Cementerio Central. Acompañaron la procesión el recién liberado Rector de la Libre, policías de civil y periodistas conminados a asistir por solicitud de los estudiantes como “garantía” ante eventuales ataques de la Fuerza Pública. 

Bajo una “pertinaz lluvia”, la marcha inició por la calle octava hacia la carrera séptima, se dirigió a la Avenida Jiménez con calle décima y continuó hacia el norte de la ciudad. Raimundo recuerda ese momento con profunda nostalgia: “Tengo una imagen caminando por la décima, llegamos hasta la calle 24, caminando de La Libre en dirección norte. Y al dar la vuelta en la 24, para coger para el cementerio, miro para atrás y hasta donde mis ojos alcanzaban había gente. Yo alcanzaba a ver hasta la Jiménez y eso me dio mucha… fuerza. En el momento del entierro, a cada uno nos dan unas flores, que se las ponemos a él, y suena de fondo La Internacional… la tengo aquí… Muy lindo”. 

Al sepelio de Patricio asistieron cientos de estudiantes de Bogotá. Imagen: El Bogotano, 1 de junio de 1978

Una vez terminado el sepelio, grupos de estudiantes se organizaron en los alrededores del cementerio Central y se enfrentaron a la Fuerza Pública. En la noche se reportaron más de 30 detenidos, según el semanario Voz. 

El asesinato de Patricio tuvo efectos en todo el país. Se convocaron movilizaciones y se hicieron comunicados rechazando el crimen, como registró la prensa. Voz Proletaria informó: “La mayoría de las organizaciones estudiantiles del país, prácticamente la totalidad de los sindicatos que agrupan a profesores de secundaria y universitarios, lo mismo que numerosas organizaciones sindicales y populares, entre quienes se destacan la Juventud y el Partido Comunista, la coalición UNO-ANAPO-MIL-URS y otras, han condenado el asesinato a manos de unidades de la policía, del joven estudiante Patricio Silva, en predios de la Universidad Nacional”. 

El primero de junio de 1978, el periódico El Tiempo reportó marchas y enfrentamientos de estudiantes con la Policía en Cali, Barranquilla, Tunja y Palmira, todos ellos motivados por el asesinato de Patricio Silva Ruales, Alejandro Moreno Pamplona y Horacio Díaz. Más de cuatro décadas después, luego de que Ricker publicará el pódcast, un antiguo estudiante de la Nacional le contó que también se había creado el Grupo de Estudios Políticos Patricio Javier Silva. 

Actualmente, en la Nacional existen dos placas en el lugar donde Patricio fue asesinado. La primera de ellas fue instalada el 20 de agosto de 1978 por la colonia de estudiantes ipialeños residentes de la UN. La segunda, que se presume que fue instalada poco tiempo después, incluye el siguiente texto: “Caído combatiendo la farza electoral (sic). Por tu muerte, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”. Según Raimundo, esta consigna acompañó la marcha hacia el cementerio. Estos lugares hacen parte de un proyecto en curso para elaborar una cartografía de la memoria del campus de la UN.   

Aunque con estas y otras acciones, el movimiento estudiantil siguió recordando a Patricio, en la familia Silva se instaló durante décadas un silencio protector. Así lo explica Geraldine: “Nunca lo hicimos (recordarlo en familia). No porque no lo tuviéramos en la mente, sino simplemente nos dolía. Cada uno vivía su dolor, cada uno a su manera, y hasta ahí. De pronto ninguno hablaba para no herir o no lastimar más, para no volver a revivir el dolor. Hasta que mi sobrino quiso saber de él…” 

Actualmente, en la Universidad Nacional existen dos placas en homenaje a Patricio Silva Ruales. Foto: Archivos del Búho, 30 de mayo de 2021

En el proceso de conocer a su tío, Ricker terminó contribuyendo a que las memorias individuales se hicieran colectivas. Pero aún le falta mucho por saber de Patricio: “A lo mejor, esas cosas que todavía no se saben de mi tío sea mejor tenerlas así; eso evitará que se olvide, porque todavía es una persona que podemos seguir descubriendo. Debe haber alguien por ahí que escuche todas estas cosas, que lea estos artículos, y diga: ‘Yo lo conocí’”. 

Ricker señala con frecuencia que él está en este mundo por su tío Patricio, porque a partir de su muerte se conocieron sus papás. Pero hay que señalar también que la memoria de Patricio está en este mundo, en parte, por los esfuerzos de Ricker, que se atrevió a preguntar y a proponer que se hicieran públicos los recuerdos que los integrantes de la familia guardaban para sí mismos. Geraldine también ha impulsado la reconstrucción de esta historia, que se ha ido tejiendo colectivamente en los últimos años, dentro y fuera de la familia. 

*Agradecemos especialmente a la familia de Patricio Silva Ruales por permitirnos conocer su historia para la realización de este artículo. Igualmente, a Paola Rodríguez, por su contribución en la preparación de este artículo. 

Pizarro: impactos de un crimen contra la democracia

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Colombianos, yo los convoco alrededor del momento excepcional que está viviendo Colombia. Hemos logrado que la inflexión histórica coloque al país en el eje de la paz. El eje de la paz tiene hoy tres nombres: la capacidad de construir una nación fuerte, una economía democrática y una constituyente amable, incluyente, legítima, donde todos nos sintamos representados”.  

Esas fueron las palabras que pronunció el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), Carlos Pizarro, seis días antes de que un sicario lo asesinara en un avión comercial que cubriría la ruta Bogotá – Barranquilla. Pizarro se encontraba entonces en plena campaña para las elecciones presidenciales y esas declaraciones sintetizaban los ejes de su propuesta hace 31 años. 

El compromiso con la paz, los cambios para el país y la constituyente estaban en el centro de su actividad política, que se encontraba en el campo de la legalidad desde hacía poco más de dos meses. Desde 1986 y hasta marzo de 1990, Pizarro fue ampliamente reconocido como el comandante general del Movimiento 19 de Abril o el “eme”, como se le llamaba popularmente, organización insurgente que él condujo a la paz sorteando importantes obstáculos. 

Su asesinato causó impactos significativos en los procesos de reintegración de los antiguos combatientes y de consolidación de la naciente AD-M19, que estaba interesada en participar de manera inmediata en la vida electoral del país. El 11 de marzo de 1990, tan solo dos días después de la dejación de armas, el M-19 participó en las elecciones legislativas y locales en en coalición con otras fuerzas políticas, agrupadas en la Acción Nacionalista por la Paz. En esos comicios, Pizarro obtuvo 80 mil votos como aspirante a la alcaldía de Bogotá.  

Foto: Cortesía Fundación Carlos Pizarro Leongómez
De izquierda a derecha: José Noé Ríos, Carlos Pizarro, Carlos Lemos y Antonio Navarro durante la firma de la Ley de Indulto para las y los excombatientes del M-19. Foto: Cortesía Fundación Carlos Pizarro Leongómez

El respaldo que un sector del país le expresaba a la naciente AD-M19 había sembrado una esperanza de cambios entre la militancia de la organización y otros sectores políticos, que fue duramente golpeada con el asesinato impune de Carlos Pizarro. Tan solo en 2002 fueron condenados en ausencia los excomandantes paramilitares Carlos y Fidel Castaño. Y aunque en 2010 el crimen fue declarado de lesa humanidad, la justicia colombiana todavía no ha procesado a los autores intelectuales ni ha avanzado sustancialmente en la investigación de los agentes del Estado que participaron en él. En 2019, el caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Transcurridos 31 años, las reflexiones sobre esos impactos que causó el asesinato persisten en la memoria de los antiguos integrantes del “eme”. 

Los impactos del crimen  

“Nuestras estructuras aún olían a monte, nuestros trajes aún tenían el sabor del campo del que veníamos. No habíamos establecido las nuevas rutas de nuestro trabajo. Estábamos empezando a construir esa casa, que escasamente algunos cimientos se estaban dando. Y es allí cuando llega esa tormenta, un acontecimiento que fue muy bien craneado, muy bien concebido, que era apostar a tumbar la casa, tumbando la cabeza”.  

Así describe Fabio Mariño, uno de los 12 voceros que el M-19 designó para los diálogos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, el momento que vivía la organización cuando fue asesinado Carlos Pizarro, la “cabeza” del “eme” de la época.  

Pizarro, el último comandante del M-19, había conducido a la organización a la paz con propuestas audaces y un trabajo interno que buscaba convencer a la militancia de que esa era una decisión necesaria, como relata una de las  fundadoras del Movimiento, Vera Grabe, en este artículo. Su particular forma de ser y  su experiencia militar le habían permitido ganar el reconocimiento necesario para ello, tal como recuerda Myriam Rodríguez, entonces integrante del Movimiento y compañera sentimental de Pizarro: “Al interior del “eme”, Carlos tenía toda la credibilidad del mundo, porque era una persona que siempre acompañó a sus combatientes en todas las faenas, hasta en las faenas disciplinarias. No aceptaba ningún privilegio para sí mismo, excepto en las situaciones de seguridad”.   

 

Dejación de armas del M-19 en Santo Domingo, Cauca, en marzo de 1990. Foto: Cortesía Fundación Carlos Pizarro Leongómez

Pizarro lideró la dejación total de armas del M-19, a comienzos de 1990, pese a que el Congreso de la República había hundido en diciembre de 1989 la reforma constitucional que incorporaba el grueso de las reformas pactadas en la mesa de diálogos con la participación de diversos actores sociales. La negativa del Congreso redujo los acuerdos de paz a mecanismos para el desarme, el indulto y la participación política, lo cual no cambió la decisión que el M-19 había tomado en su X Conferencia: abandonar las armas para fundar un movimiento político legal.  

Con ese compromiso, Pizarro y los demás excombatientes empezaron a participar en las elecciones y continuaron impulsando la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones locales y legislativas de 1990, la Alianza Nacionalista por la Paz de la que hacía parte el M-19 consiguió elegir al general retirado José Joaquín Matallana como senador; a Vera Grabe como representante a la Cámara por Bogotá; a dos concejales en Bogotá y dos en Suaza (Huila); y a los alcaldes de Yumbo (Valle) y Almaguer (Cauca), tal como consta en esta investigación

Tras las elecciones legislativas, el 2 de abril de 1990, fue fundada la AD-M19 con la participación de movimientos populares, cívicos y políticos de carácter regional, entre los que se encontraban el Frente Popular y un sector de la Unión Patriótica cercano al recién asesinado candidato presidencial Bernardo Jaramillo. Pizarro fue designado como candidato a la Presidencia por el movimiento, en una coyuntura en la que arreciaba la violencia política y en la que una parte importante de la ciudadanía demandaba cambios sociales.

El investigador Darío Villamizar, antiguo militante de la organización, reflexiona sobre la posibilidad que representaba esa candidatura: “En ese momento, muchos habíamos cifrado las esperanzas en un candidato nuevo, que se mostraba de lejos diferente a los candidatos tradicionales de las élites políticas colombianas, que se mostraba como un hombre reformador, que podía hacer serias transformaciones en el país. Esa era la esperanza de muchos de nosotros y de una parte importante de los colombianos que había expresado de distintas maneras ese reconocimiento a un hombre que fue capaz de conducir su organización a la paz”.  

Intervención de Carlos Pizarro durante el acto oficial de dejación de armas del M-19 en el Cauca, el 9 de marzo de 1990. Foto: Cortesía Fundación Carlos Pizarro Leongómez

El asesinato de Pizarro fue un “golpe demoledor”, en palabras de Villamizar, para quienes reconocían en él una figura política con capacidad de disputar el poder y de tejer alianzas con sectores amplios.  

Además de golpear las esperanzas puestas en su candidatura, el crimen profundizó los temores entre los excombatientes. Mariño reflexiona al respecto: “Nos desbarataron las propuestas orgánicas con las que salimos del monte en cuanto a (crear) estructuras que fuesen regionales, territoriales. El asesinato nos generó un temor de riesgo que nos hizo prevenir y hacer el proceso más lento: los tiempos cambiaron”.  

Desde antes de la dejación de armas, la militancia del M-19 preveía que su participación en la vida legal del país enfrentaría grandes riesgos de seguridad. Tras las violentas toma y la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, numerosos integrantes de esa insurgencia fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Antiguos integrantes del “eme” han documentado al menos 18 casos de ejecuciones y desapariciones entre 1985 y 1988, así como seis casos del mismo tipo entre febrero de 1989 y febrero de 1990, cuando se adelantaban las conversaciones de paz. 

Los temores que profundizó el crimen se sumaron a las angustias propias del recién iniciado proceso de reincorporación, que requería de los excombatientes nuevas destrezas en un escenario poco garantista, tal como recuerda Rodríguez: “(Después del asesinato), la gente al interior se sintió muy desorientada, muy sola. Los acuerdos de paz fueron muy generosos por parte del M-19, no se pidió prácticamente nada para los militantes. Nunca hubo acompañamiento para proyectos productivos para unas personas que estaban lejos de las actividades económicas y que debían de la noche a la mañana aprender sobre la marcha”.  

Pizarro en un discurso ante militantes del M-19 en la "Ciudadela de la Paz" en Santo Domingo, Cauca, en 1989. Foto: Cortesía Fundación Carlos Pizarro Leongómez

Pese a todas las dificultades, el proyecto de la AD-M19 continuó bajo el liderazgo de Antonio Navarro, que debió asumir la conducción del movimiento cuando llevaba pocos meses de haber regresado a Colombia, exiliado desde 1985 tras ser víctima de un atentado en medio de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur.  

El éxito inicial de la AD-M19 

En el corto plazo, la AD-M19 consiguió sobreponerse al asesinato de Pizarro. El mismo año, el movimiento alcanzó dos logros significativos en la historia política del país, que los antiguos militantes del “eme” asocian con el respaldo que un sector de la ciudadanía le brindaba no solo a su proyecto político, sino a su compromiso definitivo con la paz en un contexto de alta conflictividad armada.  

En las elecciones presidenciales de mayo, que para entonces ya contaban con tres candidatos asesinados (Pizarro, Jaramillo y Luis Carlos Galán), Antonio Navarro obtuvo más de 754 mil votos como candidato de la Alianza Democrática, quedando en tercer lugar. La votación alcanzada fue considerada como un logro sin precedentes para una fuerza política distinta a los partidos Liberal y Conservador. Estas elecciones marcaron la historia del país como las más violentas, lo cual afectó gravemente la democracia. 

Para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, realizadas en diciembre, la AD-M19 obtuvo más de 950 mil votos, posicionándose como la segunda fuerza en la Constituyente. Los aportes que el movimiento le hizo al proceso de redacción de la Constitución Política de 1991 es una de las principales victorias del proceso de paz.  

Portada la Gaceta Constitucional de julio de 1991, en la que se anuncia que la Asamblea Nacional Constituyente ha concluido su trabajo. Imagen: Biblioteca virtual del Banco de la República

Las altas votaciones se mantuvieron en las elecciones para el Congreso de 1991, en las que la Alianza consiguió elegir nueve senadores y 14 representantes a la Cámara. En los comicios siguientes, el movimiento no tuvo presencia en el legislativo, por razones que expone el investigador Anyelo Cagua en su tesis “¡Palabra que sí”: “Al no haber renovación ni entrada de figuras nacionales a partir de 1992, aunado a los conflictos orgánicos y la dispersión de listas fue imposible para la AD M-19 competir con partidos políticos con dinámicas clientelares, grandes capitales lícitos e ilícitos y cargos públicos”. 

Además de la constituyente, para las y los antiguos militantes del “eme” el principal logro del movimiento fue haber cumplido “la palabra empeñada” en 1990. Y en esa decisión tuvo un papel fundamental Carlos Pizarro, a quien Mariño recuerda como un “líder capaz de involucrarse en el sentimiento de todos sus militantes, un líder que al haber estado construyendo con sus combatientes, con el país, con sus aliados, esta última propuesta de la decisión de siempre (la de la paz), se sale de nuestras estructuras y se convierte en un imán que logra convencer a una parte del país”. 

Memorias sobre Pizarro

Myriam Rodríguez

“Era una persona muy cálida. Si la gente se acercaba, la abrazaba, la tocaba, le sonreía. No era una persona adusta. Y aunque fue un gran militar, nunca reivindicó lo militar como la esencia de su vida, eso no iba con él. Lo único que quería era que el país saliera adelante y veía que, con las clases tradicionales en el poder, eso no se iba a lograr; se necesitaba un gobierno que cambiara una serie de situaciones”. 

Darío Villamizar

“Estábamos convencidos de que Carlos Pizarro era un candidato muy importante para oponerse en ese momento a los candidatos de las élites tradicionales de nuestro país. Pensábamos algunos que no íbamos a ganar las elecciones, pero que esta era una salida a las vías democráticas con paso firme. Entonces, su asesinato fue un golpe demoledor para quienes hacíamos parte de la Alianza Democrática M-19”. 

Fabio Mariño

“(Jaime) Bateman nos deja con la bandera de la paz en la mano, se muere con la propuesta del diálogo nacional como la mejor fórmula de alcanzar la paz. Pizarro es el líder del M-19 que vuelve a retomar la línea del Bateman y consolida en el nuevo momento una decisión que desde que se fundó el M-19 estaba viva: que no tenía que ser una guerrilla eterna, que teníamos un tiempo de vida útil. Esa decisión de continuar lo que dejó Bateman es lo que hace la grandeza de Pizarro”.  

Las residencias y el 16 de mayo, claves para entender el conflicto en la Universidad Nacional

Por Paola Rodríguez, investigadora del proyecto Archivos del Búho y María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
En 2014, colectivos estudiantiles de la Universidad Nacional conmemoraron los 30 años del 16 de mayo con poesía, grafiti y música. Foto: Colectivo Desatando- Memorias UN

El esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a las que ha sido sometida la comunidad de la Universidad Nacional (UN) es una exigencia que estudiantes, directivas y profesores le han venido planteando recientemente a la Comisión de la Verdad. Desde noviembre del año pasado, la Comisión ha recibido dos informes sobre los impactos del conflicto armado y la violencia sociopolítica en la Universidad.

El primero de estos informes, titulado “Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018)”, fue coordinado por los investigadores Martha Nubia Bello y Mauricio Archila. Allí se documentaron 78 desapariciones forzadas, 125 detenciones arbitrarias y 77 amenazas. La investigación incluyó, además, la construcción de una base de datos sobre protestas realizadas por la comunidad universitaria. 

El segundo informe busca que se reconozcan y dignifiquen las memorias de las y los estudiantes que atestiguaron los graves crímenes ocurridos el 16 de mayo de 1984, cuando agentes de la Fuerza Pública ingresaron a la sede Bogotá de la UN para reprimir una protesta violenta. El documento, titulado “Reventando silencios. Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria”, fue elaborado por Archivos del Búho, un proyecto de investigación en el que participan estudiantes y egresados de la UN 

Los hechos de 1984, que han sido rememorados por distintos sectores a lo largo de estos años, fueron el resultado entre otras cosas de las tensiones que se venían presentando al interior y exterior de la Universidad en la disputa por el reconocimiento de unos puntos mínimos de bienestar para las y los estudiantes, enfocados los temas de vivienda y vida digna. Su desenlace puso final a una conquista que grupos de estudiantes organizados habían alcanzado en los últimos años: la reapertura de las residencias estudiantiles, un programa indispensable para que decenas de jóvenes empobrecidos de distintas regiones del país pudieran adelantar sus estudios universitarios. 

La puesta en funcionamiento de la Cafetería Central hizo parte del mejoramiento del sistema de bienestar universitario impulsado en la década de 1960. Foto: Universidad Nacional

Los hechos que pusieron final a las residencias son importantes para comprender la historia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la UN. La represión que se desató contra los y las estudiantes residentes acabó con un proyecto que, aún en medio de múltiples cuestionamientos, ofrecía condiciones de vida favorables, así como espacios para la solidaridad y la organización política.  

Para Archivos del Búho, estas reflexiones pretenden encontrar en el pasado elementos explicativos sobre las violencias vigentes. La participación de la voz activa de quienes fueron testigos de las luchas y reivindicaciones del movimiento estudiantil, principalmente entre las décadas de 1970 y 1980, posibilita la circulación de narrativas sobre los hechos ocurridos al interior de la UN a propósito de la lucha por el bienestar. 

El cierre de las residencias 

En la UN sede Bogotá, las residencias surgieron a mediados de la década de 1940 como parte de un programa de bienestar universitario basado en el proyecto educativo del presidente Alfonso López Pumarejo y la construcción de la Ciudad Blanca bajo la idea del pedagogo Fritz Karsen y el arquitecto Leopoldo Rother. Esa idea se amplió en la década de 1960 con la “Reforma Patiño”, que incluyó dentro del sistema de bienestar los servicios de cafetería, medicina y deportes. Los mayores beneficiarios fueron estudiantes provenientes de otros lugares del país, que en muchas ocasiones no contaban con los medios suficientes para costear su estadía en Bogotá.  

La década de 1970 se caracterizó por la desaceleración económica y la fuerte inflación. La llegada a la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978) tras el fin del Frente Nacional vino acompañada de reformas económicas que afectaron gravemente a la población: desmonte de subsidios, aumento de impuestos e incremento en el precio de los alimentos. A raíz de este panorama, diferentes sectores sociales convocaron grandes movilizaciones a nivel nacional,  entre ellas, el Paro Cívico de 1977. 

Los planos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional incluían "casas" para estudiantes y profesores, "clubs estudiantiles" y jardín infantil. Imagen: Anuario de la Universidad Nacional, 1938.

En medio de ese contexto, los estudiantes de la Universidad Nacional que se beneficiaban del sistema de bienestar sufrieron otro duro golpe a sus finanzas. En 1976, después de una fuerte confrontación entre algunos estudiantes y la Policía, el Consejo Superior Universitario decidió cerrar las residencias alegando que no se les estaba dando el uso debido. La decisión afectó a quienes dependían de estos espacios, quedando en funcionamiento únicamente las residencias “femeninas” y otras pocas ubicadas en la unidad Camilo Torres, dispuestas para las parejas de casados. 

Las y los estudiantes que salieron de las residencias se vieron obligados a buscar viviendas que, en su mayoría, no eran dignas. Otros tuvieron que buscar alojamiento en barrios  distantes de la Universidad e incluso muchos de ellos no pudieron seguir estudiando. Los boletines de estadística de la Universidad registraron una caída en la cantidad de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 1976.  

La lucha para reabrir las residencias 

A comienzos de la década de 1980 y tras seis años de estar abandonadas las residencias, los estudiantes decidieron “recuperar” los edificios para garantizar la reapertura por sus propios medios. El 21 de septiembre de 1982, cinco días después de haberse posesionado como rector Fernando Sánchez Torres, hacia las 6:15 de la mañana sonaron algunos estallidos de pólvora, señal para que los 13 grupos de estudiantes que participaban de la acción empezaran a dirigirse a los edificios y, como lo habían planeado meses atrás, rompieran los candados oxidados que impedían el ingreso. Son “recuperadas” inicialmente las residencias masculinas conocidas como Gorgona y, meses después, las que se encontraban dentro del campus.  

Residencias estudiantiles durante el cierre. Fotografía tomada del libro "Universidad Nacional de Colombia Planta Física 1867-1982", de Luz Amorocho.

El año de la toma había sido particularmente grave en materia de derechos humanos para los estudiantes de las universidades públicas bogotanas, que enfrentaban las prácticas represivas propias de la figura del Estado de Sitio y de la política del Estatuto de Seguridad. Entre marzo y septiembre, organismos de seguridad del Estado e integrantes del grupo armado ilegal Muerte a Secuestradores (MAS) detuvieron, torturaron y desaparecieron a 13 personas, la mayor parte de las cuales eran estudiantes, a quienes señalaron sin pruebas de ser responsables de un secuestro.  

Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Pablo Silva, Samuel Sanjuán, Édgar García, Guillermo Prado y Edilbrando Joya fueron víctimas de estos hechos, de acuerdo con esta investigación de los profesores Molano y Forero. El proceso de exigencia de justicia emprendido por los familiares de las víctimas, que más adelante se conocieron como Colectivo 82, desembocó en la creación de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) a comienzos de 1983.  

Los crímenes también movilizaron a las organizaciones estudiantiles. El Frente Estudiantil Revolucionario Sinpermiso convocó en la Plaza Che una “Jornada Nacional en Homenaje a los Compañeros Estudiantes Desaparecidos y Asesinados”. 

En las memorias de algunos estudiantes de la época, el contexto de permanentes violaciones a los derechos humanos también influyó en la “recuperación” de las residencias. De ello da cuenta este testimonio que hace parte del informe “Reventando silencios”: “En el año 77 ocurre la primera desaparición forzada en Colombia (…) Luego en el año 82 se da la desaparición de los 13 estudiantes. Como consecuencia real y verdadera de la desaparición política de esos estudiantes es que se organiza al interior de la Universidad la toma de las residencias para garantizar la seguridad de los estudiantes”.  

Bono de Solidaridad emitido por el Frente Estudiantil Revolucionario Sin permiso a propósito de la desaparición de tres estudiantes en 1982. Imagen: Fondo documental Archivos del Búho.

En 1983, como propuesta del entonces rector Sánchez Torres, se entabló una mesa de negociación entre estudiantes y las directivas de la universidad con el fin de reabrir y organizar las residencias. Los principales promotores de estas negociaciones fueron los miembros de Cooperación Estudiantil, junto con otras organizaciones de estudiantes.  

Como resultado de las negociaciones, se acordó que los estudiantes saldrían de las residencias mientras la Universidad se encargaba de adecuarlas para posteriormente entregarlas con un certificado, las llaves de cada habitación y el carnet. La decisión se puso en marcha con el Acuerdo 46 del 1 de junio de 1983, en el que se creó una administración temporal compuesta por estudiantes y directivas de la universidad. La negociación continuó hasta abril de 1984, cuando se consolidó un acuerdo mediante una decisión formal del Consejo Superior Universitario.  

Mientras se adecuaron las residencias, muchos estudiantes tuvieron que vivir dificultades económicas, al tiempo que abrigaban la esperanza de que la Universidad cumpliera su palabra. Algunos tuvieron que buscar posada con compañeros y compañeras que vivían cerca del campus, otros recurrieron a campamentos improvisados en el barrio Policarpa, y algunos otros vivieron gracias a las ayudas de los vecinos. 

Finalmente, a mediados de abril de 1984, las directivas de la Universidad reabrieron las residencias, que no solo habilitaron espacios para la vivienda, sino también para el estudio, la acción política y la realización de actividades culturales. Allí se tejieron relaciones de solidaridad y formas organizativas que mejoraron la calidad de vida de quienes habitaban las edificaciones, aun en medio de la falta de inversión estatal para su mantenimiento.  

Plaza Central de la Universidad Nacional en 1983. Imagen tomada del libro "UN álbum fotográfico. Memoria, identidad y territorio".

Félix Zabala, quien se desempeñó como coordinador de piso en una de las residencias, opinó al respecto en una entrevista realizada por Archivos del Búho: “Como decíamos muchos, este era el mejor lugar del mundo, porque podíamos integrar la parte cultural, la parte política, el bienestar. Pero en contra de eso estaba que (…) la Universidad pues si no tenía presupuesto para funcionamiento, menos para bienestar, entonces se fue agotando, se fue agotando, y muchos edificios estaban en deplorable estado”.  

El asesinato de dos negociadores y el 16 de mayo 

En entrevistas del acervo documental de Archivos del Búho, antiguos habitantes de las residencias narraron hechos de intimidación y hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado durante el tiempo que duró el proceso de “recuperación” de los edificios. La presión ejercida por estas acciones hizo que los estudiantes vivieran con miedo constante, que muchos hicieran guardia en las residencias, que tuvieran que salir en grupos e incluso que no quisieran salir.  

Aunque la Universidad regularizó los espacios, la persecución continuó. Dos de las personas que participaron del proceso de negociación durante la toma fueron asesinadas el mismo año de la reapertura de las edificaciones. El primero de ellos fue Jesús Humberto León Patiño, “Chucho”, dirigente estudiantil oriundo de Pasto que cursaba sexto semestre de Odontología en la UN. “Chucho” participó de las negociaciones en las que se acordó la regularización de residencias en calidad de presidente de Cooperación Estudiantil. Fue secuestrado, torturado, y finalmente su cuerpo fue abandonado cerca de la Universidad del Valle el 9 de mayo de 1984. 

Posteriormente, el 14 de mayo, fue secuestrado y asesinado el médico y profesor de la Universidad Luis Armando Muñoz, director de la carrera de Medicina. Muñoz fue raptado saliendo de su consultorio ubicado en la carrera séptima con calle 82, según registró la revista Cromos tras la ejecución del crimen. El profesor había hecho parte de las negociaciones para la regularización de las residencias y se cree que este sería el motivo de su asesinato.  

En 1984, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) denunció el asesinato del profesor Muñoz, junto a otros crímenes contra sindicalistas, dirigentes comunales, estudiantes y campesinos. Imagen extraída del "Itinerario de la Represión" del CPDH, 1984.

Estos crímenes, y en particular el cometido contra “Chucho”, motivaron la convocatoria a un homenaje político en la Plaza Che para la mañana 16 de mayo de 1984. Su activa participación en el movimiento estudiantil y el reconocimiento de sus compañeros le dieron una especial relevancia a la convocatoria.  

Ese día, en la entrada de la calle 26, podía leerse un grafiti que rezaba: “Jesús León. Tendrán que matarnos a todos para callar nuestra voz”. La imagen se puede ver en este documental, donde dos estudiantes de la época narran cómo ese 16 de mayo integrantes de la Fuerza Pública dispararon contra la comunidad universitaria como respuesta a una protesta violenta que se desató en medio del homenaje. 

Los agentes ingresaron a la Universidad y atacaron a los habitantes de las residencias, como relata Elizabeth Díaz, una de las testimoniantes del documental: “El 16 de mayo entraron a las residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos”. Además de capturas ilegales, algunas fuentes de la época dejaron constancia de la comisión de  asesinatos y desapariciones forzadas, que aún no han sido esclarecidos y cuyas víctimas permanecen en el anonimato. Como consecuencia de esos hechos, las directivas de la Universidad clausuraron el comedor central y las residencias, estigmatizadas como focos de insurgencia armada y tráfico de drogas.  

El 10 de junio de ese año, la administración de la Universidad realizó el desalojo de los últimos residentes, quienes realizaron un campamento en inmediaciones de la calle 26 junto a otros estudiantes. 

Estudiantes detenidos el 16 de mayo de 1984. Fotografía tomada del periódico El Bogotano, 18de mayo de 1984.

Aun con los impactos que los hechos del 16 de mayo causaron, durante los años siguientes los estudiantes de la UN continuaron movilizándose para exigir el mejoramiento del programa de bienestar universitario. En octubre de 1987 se dio un intento de retoma del edificio Antonio Nariño, bautizado por el movimiento estudiantil como “Alberto Alava”, para exigir la reapertura de las residencias. La Administración utilizó distintos medios de presión para dar por terminada la toma.  

En agosto de 1989, según reseñó el periódico Voz, los estudiantes se tomaron la Rectoría y el Edificio de Enfermería para exigir el congelamiento de los precios del formulario de admisión y el aumento de subsidios. En 1993, el Colectivo Pro Rescate de Residencias Universitarias y Bienestar Social Universitario se tomó los edificios donde antes funcionaban las residencias para exigir su restitución a “los estudiantes de escasos recursos y/o de provincia”, según informó el mismo periódico.  

Los ejercicios de memoria que se han venido realizando sobre estos hechos buscan mantener viva la reflexión sobre las luchas estudiantiles, la necesidad de dignificar las memorias de sus protagonistas y la deuda social que existe frente al esclarecimiento y la sanción de crímenes graves que truncaron procesos significativos como el de la “recuperación” de las residencias de la Universidad Nacional. 

*Rodrigo Torrejano Jiménez y Laura Félix, investigadores de Archivos del Búho, contribuyeron en la preparación de este artículo.  

La masacre del Suroriente de Bogotá: la memoria sigue viva

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Once jóvenes, de entre 19 y 27 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de la Policía en tres puntos distintos del suroriente de Bogotá, en la mañana del 30 de septiembre de 1985. Diez de ellos hacían parte de un comando urbano de la insurgencia del M-19, que acababa de robar un camión de leche para repartir la carga entre los habitantes del sector.  

Era la época en que el M-19 contaba con una presencia significativa en esa zona de Bogotá. Allí, como en otras ciudades del país, esa organización insurgente creó milicias que resolvían conflictos y proveían justicia; promovían la autogestión para la instalación de redes de servicios públicos y el mejoramiento de vivienda; y realizaban tareas de propaganda y organización.  

La toma por la fuerza de vehículos transportadores de alimentos o el robo de materiales de construcción, que luego eran distribuidos entre la comunidad, eran una práctica recurrente del M-19 en los barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá. La guerrilla concebía estas acciones como “recuperaciones” con las cuales se podría avanzar en la solución de los problemas del hambre y de la falta de vivienda digna que agobiaban a los pobladores de esas zonas. En 1985, los precios de los alimentos aumentaron drásticamente por cuenta de la devaluación del peso.   

Aunque los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo del 30 de septiembre de ese año reportaron todos los homicidios como muertes en combate, los informes de balística y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constataron más tarde que los 11 jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión. Los testimonios de algunas vecinas y vecinos de los barrios donde ocurrieron los hechos así lo confirmaron. 

Convocatoria para la Noche Sin Miedo del pasado 30 de septiembre, en el sector conocido como el Rincón del Valle, del barrio Diana Turbay. Foto: Ana María Cuesta - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Que integrantes de la Policía hubieran asesinado a plena luz del día a once personas en medio de un operativo para repeler el robo de un camión de leche generó temor en la zona, pero también importantes acciones de denuncia y de recuperación de la memoria que han persistido durante los últimos 35 años en cabeza de familiares de las víctimas, exmilitantes del M-19 y organizaciones culturales y juveniles del suroriente de Bogotá, que encuentran elementos de continuidad entre el caso y sus propias experiencias en el presente.  

La Masacre del Suroriente 

El informe de fondo que en 1997 emitió la CIDH sobre este caso, conocido como la masacre de la Leche o masacre del Suroriente, narra en detalle lo ocurrido la mañana del 30 de septiembre de 1985. Ese día, en el barrio San Martín de Loba y los sectores cercanos, la Policía; el F-2, la agencia de inteligencia policial de la época; la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín); el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército desplegaron un importante operativo contra el comando del M-19 que robó el camión de leche. 

Ocho de las once víctimas de la masacre del suroriente. Imagen tomada de la monografía de Carlos Parra titulada “Masacre en el Suroriente de Bogotá, un crimen de Estado".

Encontrándose cercados, los jóvenes guerrilleros se separaron en varios grupos y emprendieron la huída. José Alberto Aguirre, Jesús Fernando Fajardo y Francisca Irene Rodríguez fueron asesinados dentro de un bus de servicio público por un agente de la Sijín, en el barrio Diana Turbay. En el informe de la CIDH consta que Jesús y José murieron por disparos realizados a corta distancia. En estos hechos también fue asesinado Javier Bejarano, un joven que se encontraba dentro del bus, pero que no pertenecía a la insurgencia. 

Leonardo, el hermano de Javier, sobrevivió al crimen. Así describió los hechos, según consta en el mismo informe de la CIDH: “Yo agaché la cabeza y me quedé ahí agachado, luego fue cuando yo no sé quién subió, yo miré y fue cuando me dieron el primer tiro. Me escurrí y quedé con la cabeza apoyada en los pies de mi hermano, botando sangre por la boca. Luego ya subieron más señores del F-2 que portaban radios y decían: ‘Mi capitán están todos muertos, no hay ningún herido’. Luego se acercaron otra vez adonde nosotros y, como a mi hermano no lo habían herido, le pegaron un tiro. Entonces fue cuando me vieron que yo estaba con vida y me dijo: ‘Este hijo de puta no se muere’, y sacó y me pegó otro tiro”. 

En el barrio Bochica ocurrieron otras cinco ejecuciones extrajudiciales, en tres episodios distintos.  Isabel Cristina Muñoz fue asesinada por agentes de la Policía a las afueras de una casa donde se escondía, luego de que ella saliera con las manos en alto; Arturo Ribón Avilán y Yolanda Guzmán Ortiz fueron asesinados en las calles del barrio, cuando huían de la persecución de la Fuerza Pública. Aunque un teniente declaró que ambos murieron en combate, los dictámenes periciales mostraron que varios de los disparos les fueron propinados a corta distancia; Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas fueron asesinados por un agente del F-2 cuando se encontraban indefensos. 

La monografía de Carlos Eduardo Parra titulada “Masacre en el Suroriente de Bogotá, un crimen de Estado. Documentación de caso” (2010) retoma importantes testimonios que fueron incluidos en las investigaciones de la Procuraduría de la época. Dos de ellos se refieren al caso de Martín y Luis Antonio. Los testigos narraron cómo agentes del F-2 los golpearon y les dispararon hasta matarlos cuando ellos se encontraban tendidos en el suelo. Uno de los testigos contó sobre las víctimas: “Los muchachos no dijeron nada, ni levantaron una mano, ni una uña. Esos muchachos venían tranquilos por la calle, como si nada pasara”.  

Finalmente, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera fueron asesinados en zona rural, en lo que entonces era la vereda Los Soches, del municipio de Usme. En el sector, hoy barrio La Aurora, no se encontraron testigos de los hechos. Sin embargo, los informes de balística probaron que ambas víctimas recibieron disparos a menos de un metro de distancia, contrario a la versión de la Policía, que dijo haberlos “dado de baja” en un enfrentamiento. 

En el barrio Diana Turbay se perpetraron cuatro de las once ejecuciones extrajudiciales. Foto: Ana María Cuesta - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

La monografía de Parra también documenta cómo un militante del M-19 que participó en el robo del camión de leche fue detenido cuando intentaba escapar del cerco de la Fuerza Pública. Esta persona describió las torturas a las que fue sometida: “Hay como mucha violencia (en la detención), muchos golpes (…) en el carro, en la estación de policía de San Agustín, en el F-2; se me paran unos tipos en las coyunturas del cuerpo, en los tobillos. Ya en el carro, por ejemplo, con una ametralladora me han estado aterrorizando, claro, de meterle a uno la ametralladora en la boca y empezar a tratar de dispararla”. 

Por las 11 ejecuciones extrajudiciales, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había violado los derechos de las víctimas a la vida, la integridad física, las garantías judiciales y la protección judicial. La Comisión determinó que los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo “estaban obligados a tratar en toda circunstancia humanamente a todas las personas que se encontraban bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que hubieran participado o no en las hostilidades”.  

En 2014, pasados 17 años de las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano para que avanzara en las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto varias decisiones de la Justicia Penal Militar que habían exonerado de toda responsabilidad a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo y le remitió el proceso a la Fiscalía. Seis años después de esa decisión, el caso continúa en la impunidad.  

Resistiendo al olvido 

Este 30 de septiembre, organizaciones juveniles y culturales de la localidad de Rafael Uribe Uribe decidieron articular la conmemoración de los 35 años de la Masacre del Suroriente con la Noche Sin Miedo, una jornada de actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias organizada para combatir el miedo generado por los hechos ocurridos en Bogotá durante y después del 9 y 10 de septiembre de este año, cuando al menos 14 jóvenes fueron asesinados durante las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía.  

A la estigmatización que se produjo después contra los manifestantes y las organizaciones sociales, se suma el temor por la persistencia de amenazas en el suroriente y el suroccidente de la ciudad. En 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió en una alerta temprana que, en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, “los líderes y lideresas sociales, comunales y barriales son objeto de intimidaciones por parte de sujetos armados que, mediante la coacción y amenaza, buscan condicionar sus labores de liderazgo o de defensa de los derechos humanos, entorpecer procesos sociales, o impedir actividades que incrementen el bienestar social, el acceso a la justicia, la capacidad de organización y de participación ciudadana”. 

En la tarde del 30 de septiembre empezaron los preparativos para la Noche Sin Miedo en el barrio Diana Turbay. Foto: Ana María Cuesta - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Para esta Noche Sin Miedo, los jóvenes eligieron como punto central el sector del barrio Diana Turbay conocido como el Rincón del Valle. Allí, desde las primeras horas de la tarde del 30 de septiembre, el colectivo Épsilon y otras personas de la comunidad prepararon los espacios, la comida y las bebidas calientes con las que recibieron a los asistentes de las varias actividades que se realizaron en la noche y hasta las seis de la mañana del día siguiente: campamento, trueque, concierto, proyección audiovisual, estampado de camisetas, juegos, documentación de hechos de violencia y de necesidades básicas insatisfechas.  

Marghen Blanco, del colectivo Valkirikaz del Sur, estuvo a cargo de la proyección audiovisual. Ella encuentra relación entre la Masacre del Suroriente y los crímenes recientemente cometidos contra los jóvenes de la ciudad: “Es como si se repitiera el ciclo histórico. La conmemoración de la masacre del 85 y la Noche Sin Miedo son una defensa de la vida. Nos masacraron, nos mataron, nos siguen amenazando, nos siguen hostigando, persiguiendo. Pero nosotros seguimos resistiendo, con esa idea de defender la vida; una vida digna, con todas las condiciones”. 

El colectivo Épsilon, junto a Valkirikaz del Sur y otras organizaciones del territorio, le han apostado durante los últimos años a mantener viva la memoria de la Masacre del Suroriente. A partir de la investigación de Parra, han reflexionado sobre el caso; han realizado cartillas, stencil, murales, líneas del tiempo, conversatorios; y han montado una obra de teatro que narra el caso. Este año, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación produjo junto al colectivo este video conmemorativo sobre la masacre:

Para Felipe Gamboa, integrante de Épsilon, “la masacre del Suroriente es un hecho relevante para el territorio por lo que significó en cuanto al asesinato de 11 jóvenes. Empezamos a indagar un poco alrededor de esas vidas y encontramos una profunda necesidad por transformar el país: una juventud demasiado inquieta, crítica y consciente en ese 85. Encontramos elementos de lo que es la juventud organizada hoy en día en el territorio”.  

Durante los últimos años, otras personas y colectivos también han mantenido viva la memoria de la masacre, así como de las apuestas de los jóvenes asesinados. En 2017, por ejemplo, la Corporación Nuevo Abril y otras organizaciones sociales conmemoraron los hechos en una jornada que incluyó la siembra de plantas, la elaboración de murales, un recorrido por la memoria, una jornada artística, un compartir de arroz con leche y un foro sobre la protesta y el derecho a la alimentación. En 2019, la Escuela Ambiental Kimy, en asocio con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, realizó varias actividades en conmemoración de la masacre, en las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme. 

Esta línea de tiempo hace parte de los procesos de memoria que impulsan los colectivos juveniles del suroriente de Bogotá. Foto: Ana María Cuesta - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Este año, la editorial El Búho publicó un libro sobre el caso, titulado “Tomad y Bebed. Crónicas de Militancia”, de Alejandro Cabezas. También este año, Armando Ribón Avilán, hermano de Arturo, elaboró una multimedia conmemorativa, en cuya presentación escribió: “Año a año, mes a mes, día a día, seguiremos persistiendo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Mientras, no habrá silencio ni cobardías, no habrá cansancio, no habrá perdón ni olvido”.  

Rostros que transforman ciudad

El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. En este espacio virtual pueden cercarse a las historias de cuatro líderes y lideresas que ahora viven en la ciudad de Bogotá.

CARLOS SANTHOS

Cofundador de CARABANTU y del Festival de Cine Afrocolombiano FICCAK. Su cámara es su herramienta para visibilizar y narrar el mundo y su manilla lo presenta como embajador de Chocó.

ELIECER MANUEL ÁRIAS

El Parque Nacional es lugar de encuentro de la comunidad Kankuamo en Bogotá. La mochila atanquera es un emblema ancestral, tejida con simbolismos que contribuyen a la preservación intergeneracional de la cultura.

ABUELA MUIDOKURI

En el interior de la Maloka se encuentra el corazón, el fuego. El fuego es el símbolo de la mujer Uitoto. La caguana, que se extrae de la palma Canangucho, es una bebida
tradicional que representa fuerza y alimento.

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ MURILLO

Lideresa juvenil de la localidad de Usme e integrante de la fundación FUCISPAC.
Solía ir al mirador con una amiga que falleció. El marañón tiene usos medicinales.

ABUELO BUIDAMA

La Maloka es un lugar sagrado en el que la comunidad realiza ceremonias ancestrales. El ambil y mambe son medicinas tradicionales que han acompañado al abuelo en círculos de la palabra sirviendo como puente con sus ancestros.

ANYELA GUANGA

Integrante de ASOETNIC. San Victorino fue su lugar de llegada a Bogotá y donde se empleó en un puesto de venta de galletas tradicionales. El cacao es símbolo de resistencia y pervivencia.

SOPHIA RIVAS

Sabedora de medicina ancestral. En el quilombo realiza sus prácticas y ofrece sus servicios medicinales.

ARALIATU WOULIYU ELIEL CASTILLO

Consejero Nacional de la Juventud Indígena en la ONIC. El Parque Nacional evoca a la Sierra Nevada, sus montañas representan la conexión con el lugar sagrado. Allí se reúnen integrantes de la comunidad Kankuamo para realizar actos ceremoniales.

ELIZABETH ANDRADE

Representante de Afroindígenas mi Colombia. Vive y coordina su fundación desde el sector Los Puentes. El rayo es una herramienta de madera utilizada para lavar ropa en el río.

PAULINA MAJIN

Lideresa Cabildo YANACONA. SUu lugar es la Casa de Pensamiento Indígena. Bastón de mando de la Guardia Indígena.

JUAN DAVID JAMIOY

Juan David trabaja en la Casa de Pensamiento. La casa acoge a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos con el propósito de mantener la cultura ancestral a través del fomento de prácticas pedagógicas.

YOLVANA ROMERO PUSHAINA

En noviembre de 2018 cumplió dos años viviendo en Bogotá y estudiaba enfermería. El woüma (sombrero), es utilizado principalmente por los hombres, y el kötoii (mochila), es donde se plasma el pensamiento, las ideas y el camino a seguir.

MARTHA LUCÍA RENTERÍA BARREIRO

Consejera de planeación local y médica ancestral. En el quilombo ofrece sus servicios y comparte su sabiduría como médica ancestral. El premio es un reconocimiento al fortalecimiento de
la participación e incidencia de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

OLADYS JUDITH ROMO HERNÁNDEZ

Integrante de la organización ACODES. Suba es la localidad donde ha vivido y desarrollado sus acciones comunitarias.

LUZ AIDA ÁNGULO ÁNGULO

 Defensora de derechos humanos e integrante de la fundación Black Sombra.

MARÍA CARMENZA USSA TUNUBALA

El parque del barrio Las Villas es el lugar en el que ha vivido desde que llegó a Bogotá. El Tambal Kuary representa el ser Misak, la circularidad en la espiral que simboliza el ciclo de la vida.

Resistiendo al olvido en la universidad pública: el caso de Alberto Alava

Por  Carolina Gómez Pulido, investigadora del proyecto Archivos del Búho y María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Hace 38 años, el 20 de agosto de 1982, fue asesinado el profesor y abogado Alberto Alava Montenegro mientras llegaba a su casa, un apartamento en el primer piso de un edificio cercano a la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional sede Bogotá. El crimen afectó profundamente a la comunidad universitaria, que lo veló en el Auditorio Central de la Universidad. Al día siguiente, miles de personas marcharon llevando el cuerpo hasta el Cementerio Central, en un gigantesco cortejo fúnebre en el que participaron profesores y estudiantes de varias universidades de Bogotá, intelectuales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de izquierda. 

Alberto Alava era un reconocido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es recordado por algunos de sus métodos de enseñanza, como el uso del cine en los procesos de formación, y por su compromiso con el fomento del pensamiento crítico. En un boletín publicado el año de su asesinato, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) escribió que Alava “dedicó su vida a la formación de la juventud trabajando como profesor de las universidades Libre y Nacional, convencido de que no debía hacerlo en forma distinta a colocar a sus alumnos de cara a la realidad del país”.  

Alava también era abogado defensor de presos políticos, en una época en que se permitía que la situación jurídica de civiles quedara a disposición de la justicia penal militar, donde las garantías para los procesados eran escasas y se aplicaba el derecho penal del enemigo. Por su trabajo en la defensa jurídica de los presos, Alava fue detenido en varias ocasiones por autoridades militares, una de estas, ocurrida en mayo de 1979, fue documentada en el primer informe que Amnistía Internacional hizo sobre Colombia, donde también especifican que fue víctima de torturas. Además, “durante un largo periodo de tiempo recibió constantes amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar MAS”, tal como denunció ante el Congreso en noviembre de 1982 el representante a la Cámara Gilberto Viera.  

El MAS (Muerte a Secuestradores) fue una organización paramilitar creada a finales de 1981 en Medellín, financiada por narcotraficantes y entre cuyos miembros se encontraban integrantes de la Fuerza Pública. Aunque desde el momento mismo del asesinato del profesor el crimen se le atribuyó a esa organización ilegal, en las casi cuatro décadas que han transcurrido desde entonces no se han identificado sus autores materiales e intelectuales. La pertenencia de agentes del Estado al MAS fue reconocida por la propia Procuraduría General de la Nación un año después del asesinato del profesor, cuando la entidad informó que existían pruebas suficientes para procesar a 59 militares y policías. 

Dos meses antes de su asesinato, el profesor Alava había sido víctima de un intento de homicidio del que salió ileso, pero en el que resultó herido un estudiante que lo acompañaba. Por cuenta de este atentado salió del país y viajó a Perú. Una vez en Colombia, empezó a escribir “un libro a partir de las impresiones de su viaje”, según registró el periódico Voz Proletaria días después del asesinato. Sin embargo, la insistente persecución de la que era víctima lo había obligado a tomar una decisión definitiva: exiliarse en Canadá con su esposa, María Eugenia, y sus tres hijos, viaje para el que estaba haciendo los últimos trámites cuando fue asesinado.  

Violaciones a los derechos humanos en los 80

El asesinato del profesor ocurrió en una época de persistentes violaciones a los derechos humanos contra docentes y estudiantes de universidades públicas, muchos de ellos vinculados a procesos sociales y políticos de izquierda. Archivos del Búho, un proyecto de investigación sobre las memorias del movimiento estudiantil impulsado por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, ha documentado 27 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas vinculadas a las universidades públicas en 1982, el año en el que asesinaron a Alava. La grave situación que atravesaban los docentes llevó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a declarar un paro nacional para el 14 de septiembre de ese año.

Boletín N°24 del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Fondo documental Archivos del Búho. 

Los hechos registrados en esa época también incluyen victimizaciones en contra de líderes sindicales y defensores de derechos humanos, sumadas a las cometidas en contra de quienes, como Alava, eran abogados defensores de presos políticos. En su informe “Justicia para la justicia. Violencia contra jueces y abogados en Colombia: 1979-1991”, la Comisión Internacional de Juristas denunció que entre 1979 y 1983 se cometieron 62 crímenes contra abogados en el país, incluyendo homicidios, torturas y desapariciones forzadas. La Comisión señaló que tras los homicidios de Alava y del también abogado Cipagauta Galvis, asesinado por el MAS en Bogotá ese mismo año, se conocieron amenazas de muerte contra abogados de Bucaramanga, Cali y Bogotá. Los principales responsables, según denunció la Comisión, eran paramilitares y agentes del Estado.  

La violencia política en todo el país tuvo un acelerado crecimiento durante la década de 1980 que inició en medio del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). En un artículo académico publicado este año en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, los investigadores Frank Molano y Jymy Forero señalaron que durante ese periodo “el Gobierno abrió espacio a la ‘ocupación militar del Estado’ que permitió la aplicación del Estatuto de Seguridad, con detenciones y torturas a sindicalistas, estudiantes universitarios e intelectuales de izquierda, con la expectativa de que en medio de la multitud afectada caerían los subversivos”. Esta política estatal se desarrolló en medio de un alarmante clima de violaciones a los derechos humanos, en el cual la insurgencia estaba adquiriendo fuerza política y militar, por lo que, con la excusa de combatirla , se persiguió a la izquierda en su conjunto.   

Dentro de las victimizaciones ocurridas entre 1983 y 1990, Archivos del Búho ha identificado homicidios, desapariciones, detenciones, torturas y amenazas en varios departamentos del país. Entre los casos se encuentran el asesinato en 1984 de Luis Armando Muñoz, profesor de medicina de la Universidad Nacional sede Bogotá; las amenazas de muerte contra Eduardo Umaña Luna en 1988, cuando era profesor de derecho de la misma universidad; y la desaparición de Alirio de Jesús Pedraza, defensor de Derechos Humanos que pertenecía al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en 1990. 

Los estudiantes también fueron una de las principales víctimas. En septiembre de 1982 el periódico estudiantil Sinpermiso reseñaba el asesinato del profesor Alava junto al del estudiante de la Universidad Nacional sede Bogotá Hugo López Barrero y al del estudiante de la Universidad del Cauca Floresmiro Chagüendo. En 1986, el mismo periódico denunció la desaparición forzada de William Camacho, activista y estudiante de la Universidad Industrial de Santander; y de José Mejía, estudiante de la Universidad de Antioquia y “dirigente nacional del movimiento popular”.  

Pero tal vez uno de los casos más graves ocurridos en esta década es el que hoy se conoce como Colectivo 82. Se trata de la detención, tortura y desaparición forzada de 13 personas en Bogotá, en su mayoría jóvenes estudiantes de las universidades Nacional y Distrital. Los crímenes, que se cometieron entre marzo y septiembre de 1982, fueron ejecutados por la Policía, el Ejército y el MAS, que se habían aliado para perseguir a los presuntos responsables del secuestro y posterior asesinato de los tres hijos menores de edad del narcotraficante Jáder Álvarez.  

En su artículo “El caso del Colectivo 82. Una historia entre la memoria y el olvido, la rebelión y la represión”, los investigadores Molano y Forero señalan que estos crímenes se planearon con la participación de altos funcionarios del Estado. En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado colombiano no había cumplido con su obligación de respetar el derecho a la vida de 11 de las víctimas y le recomendó al gobierno “reabrir un exhaustiva e imparcial investigación sobre los hechos”, que aún hoy se encuentran en la impunidad. Para ambos investigadores, estos hechos se situaron “históricamente en el cambio de modelo de represión, del accionar violento estatal al accionar encubierto mediante paramilitares”.  

Bono de solidaridad, Jornada Nacional de Homenaje a los Compañeros Estudiantes Desaparecidos y Asesinados y Contra la Política Educativa del Régimen. Frente Estudiantil Revolucionario Sinpermiso. Fondo documental Archivos del Búho.

Todos estos crímenes, incluyendo el del profesor Alava, fueron denunciados en esa época por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), creado en 1979. En el CPDH confluyeron intelectuales, profesores, políticos y abogados, que también fueron perseguidos. Por estas y otras denuncias, Alfredo Vásquez Carrizosa, uno de sus fundadores, político y profesor, recibió amenazas por parte del MAS.  

A finales de la década de 1980, entre 1987 y 1989, fueron asesinados en Medellín varios miembros del CPDH: Héctor Abad Gómez, presidente del Comité y profesor de la Universidad de Antioquia; Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Leonardo Betancur, docente de medicina, sindicalista y militante de la Unión Patriótica; y Luis Fernando Vélez, quien había reemplazado a Abad como presidente del CPDH en Antioquia y además era profesor de derecho. También fueron asesinados en esa ciudad Pedro Luis Valencia y Carlos López Bedoya, ambos profesores de la Universidad de Antioquia y dirigentes sociales y políticos.  

Todos estos casos dan cuenta de la persecución que vivieron quienes desde los distintos estamentos de las universidades mantenían estrechas relaciones con movimientos políticos de izquierda, sindicatos y organizaciones que denunciaban las violaciones a los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.  

Una historia que parece no tener fin

Para finales de la década de 1980, junto al MAS operaban varias organizaciones paramilitares, algunas de las cuales se agruparon en la década siguiente en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC, en alianza con agentes del Estado, continuaron la persecución contra el movimiento estudiantil, los profesores y trabajadores de las universidades públicas, además de los defensores de derechos humanos, durante las décadas de 1990 y 2000.  

En 1998 fue asesinado Eduardo Umaña Mendoza, profesor de la Universidad Externado y abogado defensor de Derechos Humanos, que había recibido numerosas amenazas por las denuncias que había realizado y por asumir la defensa de presos políticos y dirigentes sindicales. La situación fue especialmente dramática en el Caribe, donde resultaron duramente victimizadas las universidades del Atlántico, Córdoba y Popular del Cesar, que hoy son sujetos de reparación colectiva ante la Unidad de Víctimas. 

En universidades como la de Antioquia se siguen presentando hechos de violencia contra el movimiento estudiantil y profesoral. El 2 de marzo de este año se conoció un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se amenazaba de muerte a líderes estudiantiles, oficinas de estudiantes, cooperativas, asociaciones y sindicatos de profesores y pensionados de esa institución. En la madrugada del 4 de marzo fue atacada con arma blanca y en su propia casa la profesora Sara Fernández, integrante de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), organización mencionada en el panfleto de ese grupo armado ilegal.   

Resistencia y memoria en la Universidad Nacional

La Universidad Nacional ha sido uno de los escenarios donde profesores como Alava asumen su papel con un profundo compromiso con la realidad del país. Su paso por la Universidad Nacional dejó huella, y su ausencia provocó una profunda desazón en una época en que los estudiantes se sentían desprotegidos, amenazados y perseguidos. Sin embargo, los estudiantes no permitieron que se perdiera su legado, sus enseñanzas ni su postura ética frente a la realidad. “¿Cuánto valor hace falta para asesinar a un profesor honrado? ¿Cómo recordar a Alberto Alava, nuestro profesor, muerto de dos disparos por empeñarse en ser un hombre libre?”, se preguntaron los estudiantes de Economía de la Nacional en la editorial de la revista Isítome tras su muerte.  

Periódico El Rebelde N°2, agosto de 1986. Fondo documental Archivos del Búho.

En septiembre de 1982, cuando varios grupos de estudiantes recuperaron las residencias universitarias que llevaban varios años cerradas, bautizaron una de ellas como Residencias Alberto Alava; se trataba del edificio 214, oficialmente llamado Antonio Nariño. Al año siguiente, el 29 de abril de 1983, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas fundó el Cineclub Alberto Alava, que ayudó a mantener vivo de generación en generación el espíritu de aquella herramienta que utilizaba el profesor en sus clases y con la que inspiró a muchos de sus estudiantes. Este Cineclub produjo en el 2000 el corto 17 en 7, en el que se hace memoria del profesor, y dio a conocer un poema escrito en su homenaje.  

Además, la plazoleta de la Facultad de Economía lleva actualmente su nombre, que también figura en la cartografía de la memoria de Bogotá que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ha venido elaborando en los últimos años. Alberto Alava permanece en los lugares que se han construido en su memoria desde las universidades públicas y para la ciudad.   

Estas acciones colectivas les han permitido a los estudiantes exigirles, tanto a la administración de la universidad como a las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que la Universidad Nacional sea reconocida como el escenario y el sujeto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos provenientes de diversos actores. En ese sentido, el trabajo que realiza Archivos del Búho busca la recuperación de la memoria con la perspectiva de generar un espacio de verdad y esclarecimiento de múltiples hechos violentos con miras a la no repetición, y se suma a los múltiples esfuerzos colectivos, tanto al interior como por fuera de la Universidad Nacional, que se han empeñado en mantener viva la memoria de Alberto Alava.  

*Los archivos producidos por estudiantes de la Universidad Nacional utilizados en este artículo hacen parte del fondo documental de este proyecto y están catalogados en la base de datos Violaciones a los Derechos Humanos Registradas por el Movimiento Estudiantil, entregada a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad este año. 

Exposición: La comadre, afectaciones, resistencias y resiliencias

“La Comadre: afectaciones, resistencias y resiliencias” es la apuesta contra el olvido y la impunidad del colectivo de mujeres que lleva el mismo nombre, y que integra la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES. 

La exposición hace parte de un proceso de investigación colectiva realizado en 2019 en Guapi (Cauca), Arboretes (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Quibdó y Riosucio (Chocó), Riohacha (La Guajira), Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Bogotá D.C y Soacha (Cundinamarca) donde se documentaron los daños, afectaciones, resistencias y resiliencias colectivas de las mujeres afrodescendientes en estas regiones, con el fin de entregar un informe desde la sociedad civil a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición.

En el siguiente link, podrán descargar el folleto de la exposición: FOLLETO EXPOSICIÓN VIRTUAL LA COMADRE

Proceso Creativo

Ritual de sanación

Cartografía

Obras

Renders Exposición

LA COMADRE, afectaciones, resistencias y resiliencias

Un 𝑹𝒊𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑺𝒂𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒚 𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒂 de La Comadre Afrodes

Vive esta experiencia para reencontrarte con la esperanza, de la mano de mujeres afrocolombianas que persisten en conservar la memoria de sus territorios para construir paz.

“La Comadre: afectaciones, resistencias y resiliencias” es la apuesta contra el olvido y la impunidad del colectivo de mujeres que lleva el mismo nombre, y que integra la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES. 

La exposición hace parte de un proceso de investigación colectiva realizado en 2019 en Guapi (Cauca), Arboretes (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Quibdó y Riosucio (Chocó), Riohacha (La Guajira), Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Bogotá D.C y Soacha (Cundinamarca) donde se documentaron los daños, afectaciones, resistencias y resiliencias colectivas de las mujeres afrodescendientes en estas regiones, con el fin de entregar un informe desde la sociedad civil a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición.

En el siguiente link, podrán descargar el folleto de la exposición: FOLLETO EXPOSICIÓN VIRTUAL LA COMADRE

Proceso Creativo

Ritual de sanación

Cartografía

Obras

Renders Exposición