LÍNEA DE TIEMPO MESA DE DIÁLOGOS GOBIERNO – ELN

MESA DE DIÁLOGOS GOBIERNO - ELN

Se desarrolla el primer ciclo 12 de noviembre - 12 de diciembre de 2022

El 21 de noviembre de 2022, el gobierno y el ELN iniciaron el primer ciclo de los diálogos de paz en Caracas, Venezuela, país que acogió la mesa gracias al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El acto público contó con el acompañamiento de representantes de los países garantes: Noruega, Venezuela y Cuba; el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz de la Fuerzas Militares de Colombia e invitados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica.  

Durante este primer ciclo, las partes llegaron a tres acuerdos sobre el funcionamiento de la mesa.  

En relación con el equipo de garantes y acompañantes, acordaron invitar a Brasil, México, Chile, Alemania, Suecia, Suiza, España y Estados Unidos a participar en los diálogos bajo distintas figuras. Además, otorgaron el estatus de acompañantes permanentes al Secretario General de Naciones Unidas, a través de su Representante Especial en Colombia, y a la Conferencia Episcopal de Colombia. En el transcurso del ciclo, Chile y México se sumaron en calidad de garantes.  

En el anuncio de la reanudación de las relaciones con la comunidad internacional para el desarrollo de los diálogos, la mesa reiteró “el compromiso de respetar el papel de los países garantes”. Ello, teniendo en cuenta que, posterior a la suspensión unilateral de la mesa por parte del gobierno, el entonces presidente Iván Duque ignoró el Protocolo de Ruptura de los diálogos y le solicitó a Cuba la extradición de la Delegación de Paz del ELN.  

La insistencia del gobierno cubano de respetar el protocolo previamente pactado incrementó la presión política sobre la isla, al punto de que en enero de 2021 Estados Unidos anunció la designación de Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”, argumentando, entre otros temas, que Cuba se negaba a extraditar a los negociadores del ELN. La designación tuvo como consecuencia el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, debido a que como consecuencia de ella el gobierno de Estados Unidos penaliza “a las personas y países que entablen cierto tipo de trato comercial con Cuba, limita la asistencia exterior de EE.UU., prohíbe exportaciones y ventas en el área de defensa y establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso”. 

El anuncio de la mesa de conversaciones busca reiterar el compromiso del gobierno de “respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado gobierno, cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba”.  

El segundo acuerdo tiene que ver con la definición de principios, procedimientos y protocolos que orientan y reglamentan el funcionamiento de la mesa de diálogos.  Como parte de ello se conformó un equipo de comunicaciones para dar a conocer el desarrollo del proceso y se avanzó en el diseño de una estrategia de comunicaciones y pedagogía, cuyo objetivo es “fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso”.  

El tercer acuerdo consistió en avanzar en el subpunto de Dinámicas y Acciones Humanitarias del punto sobre el Fin del Conflicto de la agenda pactada con el gobierno del presidente Santos, en particular en “procesos de alivios humanitarios” en las subregiones del Bajo Calima (Valle del Cauca) y Medio San Juan (Chocó), así como en beneficio de los prisioneros políticos del ELN. Las partes, además, realizaron las primeras propuestas de modificaciones a la agenda, que las delegaciones acordaron consultar al Comando Central del ELN y al Presidente de la República.  

El ELN anuncia paro armado

13 de diciembre de 2022

El Frente de Guerra Occidental del ELN decretó un paro armado a partir del 15 de diciembre a las 6 de la tarde en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, zonas donde la mesa de diálogos había anunciado el inicio de alivios humanitarios para la población. Esa estructura guerrillera informó que el paro buscaba llamar la atención sobre la situación humanitaria de la región, derivada de una alegada connivencia del Ejército con “paramilitares”, producto de la cual había sido recientemente asesinado un joven y otro había desaparecido forzadamente.  

En su anuncio, el Frente de Guerra Occidental lanzó varias preguntas al gobierno nacional: “¿De esta manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalar el conflicto? ¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de poblaciones desplazadas de sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”.  

Varios días antes, el mismo frente del ELN había emitido un comunicado denunciando una alianza entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en varios municipios del Chocó y en el municipio de Ituango (Antioquia). En dicho documento, esa estructura también interpeló al gobierno: “(…) con los gobiernos anteriores no era raro dicha convivencia, igual los paramilitares han sido una fuerza funcional al Estado, pero del gobierno actual sí se espera el deslinde del paramilitarismo, de lo contrario, de no verse hechos reales, ¿de qué paz total nos habla? ¿O solo buscan el desarme del ELN para que después nos acribillen, como viene sucediendo con los excombatientes de la exfarc?”.  

El ELN levantó el paro armado el 20 de diciembre, hecho que el ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció como un gesto de paz.  

Las partes discuten por el cese al fuego

31 de diciembre de 2022 - 21 de enero de 2023

El 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un cese al fuego bilateral temporal con cinco organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN. El mismo día, el Ministerio de Defensa decretó el cese, que estaría vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 y sería reglamentado por protocolos que acordaran las partes. La decisión implicaba la suspensión de operaciones militares y operativos policiales contra el ELN y la creación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese, compuesto por el Gobierno, el ELN, la Iglesia católica y organizaciones sociales de carácter territorial que deberían acreditarse ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  

Un día después, el Comando Central del ELN informó que no estaba comprometido con el cese bilateral temporal, debido a que se trataba de un anuncio unilateral, no acordado en la mesa de conversaciones. El 4 de enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció la suspensión del decreto e instó al ELN a “declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”. 

El ELN declaró que, “como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa”, era necesario tomar “correctivos” que garantizaran la no repetición de acciones similares.  

La mesa se reúne de manera extraordinaria

17 al 21 de enero 2023

Con el objetivo de resolver el incidente suscitado por la declaratoria unilateral de cese al fuego, las partes se reunieron en Caracas (Venezuela). Allí acordaron mantener abiertos los canales de comunicación en los periodos entre ciclos y reafirmaron públicamente los principios de “bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe” que rigen la mesa.  Tras la finalización de la reunión extraordinaria, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, declaró que el incidente estaba relacionado con la propuesta de paz total del Gobierno, que incluía un cese multilateral no pactado con esa guerrilla.  

Se realiza caravana humanitaria en Bajo Calima y Medio San Juan

17 al 21 de enero de 2023

En cumplimiento del acuerdo sobre alivios humanitarios alcanzados durante el primer ciclo de diálogos, cuatro miembros de la delegación de paz del Gobierno y dos gestores de paz del ELN encabezaron una caravana humanitaria a las subregiones del Bajo Calima y Medio San Juan, en los municipios de Buenaventura, Dagua (Valle del Cauca), Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan (Chocó). Durante cinco días, los delegados y gestores recopilaron información de los habitantes y comunidades desplazadas con el objetivo de elaborar un diagnóstico que permitiera diseñar e implementar “los alivios humanitarios que necesitan las poblaciones de manera inmediata para garantizar sus derechos fundamentales, especialmente para proteger su vida, integridad y seguridad”. Esos alivios estarían relacionados con la atención a la población desplazada, el ofrecimiento de garantías para el retorno y el fin de los confinamientos.   

En su tercer día de recorrido, la caravana informó sobre sus primeros hallazgos: “Varias comunidades indígenas y afro de los municipios de Buenaventura, Litoral del San Juan y Medio San Juan han tenido que huir de su tierra hasta 4 veces, perdiéndolo todo en cada desplazamiento. Otras han pasado meses y hasta años confinados en sus caseríos, sin poder salir al campo a trabajar, o pescar y mover víveres por el río”. 

Además de por los delegados y gestores, la caravana estuvo compuesta por autoridades étnicas, organizaciones sociales, instituciones locales, organismos internacionales e iglesias. 

El ELN denuncia ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros

13 de febrero de 2023

El Comando Central y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN denunciaron públicamente que siete guerrilleros fueron ejecutados extrajudicialmente el 28 de enero por integrantes del Ejército y de la Armada Nacional, en un caserío ubicado sobre el río Raposo, en Buenaventura (Valle del Cauca). De acuerdo con esa organización, los insurgentes fueron capturados y posteriormente ejecutados.  

El Frente de Guerra Suroccidental les solicitó al Presidente y al Ministro de Defensa “que se diferencien de los gobiernos anteriores y esta vez procedan con una investigación imparcial, seria y responsable, ojalá con organismos internacionales, que esclarezcan la masacre ejecutada por la infantería de Marina”.  

La Armada informó a medios de comunicación que los guerrilleros murieron en combate y que, como consecuencia del mismo, falleció el infante de marina José Cáceres Quintero.  

Se desarrolla el segundo ciclo

13 de febrero al 10 de marzo de 2023

En Ciudad de México (México), el Gobierno y el ELN desarrollaron el segundo ciclo de diálogos, con tres objetivos fundamentales: terminar de acordar la agenda de conversaciones, empezar a diseñar el proceso de participación de la sociedad y avanzar en la elaboración de los protocolos para un futuro cese al fuego bilateral, temporal y nacional. México, Brasil y Chile se sumaron como países garantes, mientras España lo hizo en calidad de observador.  

En relación con el proceso de participación, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, esbozó en la apertura del ciclo un proceso no centrado en sectores sociales, sino en territorios y comunidades donde hace presencia el ELN. La participación sectorial, amplia, ha estado en el corazón de la propuesta de diálogo nacional que esa guerrilla ha presentado en todos los anteriores procesos de paz. 

Al respecto, señaló Patiño: “Debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Ello implica poner en el centro de la mesa (…) a un actor que debe ser el protagonista y el beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado. Poner a las comunidades como el eje principal de la mesa implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos donde el ELN no solamente tiene una fuerza militar, sino también un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de violencia”.  

En cuanto a un eventual fin del conflicto entre las partes, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, insistió durante la apertura del ciclo en que la dejación de armas solo será posible cuando se materialicen las transformaciones que se pacten en la mesa, como consecuencia del proceso de participación: “Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio (…). No va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de la rebeldía, por lo que trabaja por fundar un proceso de transformaciones de corto, mediano y largo plazo, que solo es lograble si está soportado en una gran alianza nacional”.  

Al término del ciclo, el Gobierno y el ELN anunciaron la una nueva agenda, que mantuvo todos los puntos de la previamente acordada entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque fueron ampliados en contenido y dimensión política. 

En el punto uno, “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, se acordó trabajar en el diseño de un proceso participativo con tres objetivos concretos: pactar un gran acuerdo nacional por la paz; identificar “las causas de los problemas fundamentales del país”, con sus consecuentes soluciones; y planear e implementar colectivamente los acuerdos a los que se llegue, en el nivel regional y nacional.  

La agenda deja pendiente por definir los actores que serán convocados a participar de dicho proceso, pero señala que se priorizará a “las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas”. A diferencia de la agenda anterior, esta incorpora el interés de larga data del ELN por la realización del diálogo nacional.  

En el punto dos, “democracia para la paz”, se acordó materializar el proceso de participación antes enunciado. La nueva agenda especifica que durante el desarrollo del mismo se examinarán “el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”, lo cual da apertura a discusiones sobre cuestiones de Estado que el gobierno del presidente Santos no estuvo dispuesto a abordar, ni con el ELN, ni con las FARC-EP: el modelo económico y las políticas de seguridad nacional.  

Este punto de la agenda también contempla la discusión sobre el tratamiento que el Estado le ha dado a la movilización social, en particular a los “conflictos políticos, sociales y ambientales”. Al igual que en el pasado proceso de diálogos con las FARC-EP, este contemplará la discusión sobre la situación de personas sindicadas y condenadas por delitos relacionados con acciones desarrolladas en el marco de movilizaciones sociales.  

El punto tres, “transformaciones para la paz”, tiene por objetivo pactar un “plan integral de transformaciones”, que debería articularse con los futuros planes nacionales de desarrollo e incorporar los resultados del proceso de participación. Dicho plan integral estará conformado por cuatro tipos de instrumentos, dos de ellos heredados de la agenda pasada: políticas públicas para la superación de la pobreza, la corrupción, la “exclusión social” y la “degradación ambiental”; planes de desarrollo alternativos para el campo y la ciudad; políticas relacionadas con el ordenamiento territorial y ambiental; y “pactos sociales que consoliden los acuerdos”.  

El punto cuatro, “víctimas”, mantuvo la generalidad de la primera agenda, aunque incorporó dos elementos: el reconocimiento de las víctimas a partir de la “memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto”, así como la “asunción del ambiente como víctima”.  

El punto cinco, “fin del conflicto armado”, permaneció sin modificaciones sustanciales. En él se abordarán el cese al fuego bilateral, la situación jurídica de las y los integrantes del ELN, las garantías para su seguridad y el ejercicio de la política, el destino de las armas de esa insurgencia y la “erradicación de toda forma de paramilitarismo”.  

Finalmente, el punto seis, ahora llamado “Plan General de Ejecución de los acuerdos”, también mantuvo el grueso de lo consignado en la anterior agenda, aunque incorporó una importante modificación. Mientras en 2016, el entonces gobierno y el ELN acordaron que la implementación de todo lo acordado iniciaría una vez se pactara un acuerdo final de paz, esta nueva agenda dispone que habrá acuerdos parciales que deberán implementarse en “el corto, mediano o largo plazo”.  

Exposición Gráfica para descolonizar la memoria

El arte urbano se ha convertido en una poderosa herramienta de transformación social y fortalecimiento comunitario en Colombia. Y el colectivo Palabreras & Callejeras es uno de los mejores ejemplos de ello. Este grupo, conformado por mujeres jóvenes, ha creado una exposición que lleva por nombre “Gráfica para descolonizar la memoria: pedagogías creativas entre la calle, la vereda y la academia.”

La exposición es el resultado de diversas obras realizadas en diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, con enfoques metodológicos de educación popular, feminismos y decolonialidad. A través de la gráfica popular y el cartelismo, el colectivo busca enseñar y aprender a narrar la injusticia y la memoria del pasado violento en Colombia.

La exposición de Palabreras & Callejeras es una herramienta pedagógica contrahegemónica, creativa y decolonial para trabajar con poblaciones rurales y urbanas en Colombia. Su objetivo es transmitir la importancia de la memoria y la narrativa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Esta exposición es una oportunidad única para conocer el trabajo de un colectivo que ha logrado marcar una diferencia en su comunidad a través del arte urbano y la pedagogía creativa. Visitarla es una invitación a reflexionar sobre la memoria del pasado y el papel que juega en la construcción del futuro.

Un monumento en el cielo en memoria de las personas desaparecidas

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Por segundo año consecutivo se realizó en Bogotá “Ausentes, estrellas presentes”, una acción pública en la que organizaciones sociales y de víctimas que luchan contra la desaparición forzada interpelan a la ciudadanía mediante la representación de los desaparecidos en las estrellas.

Los claveles blancos de la marcha de 1983. Un colibrí que encarna los tiempos de la memoria. El Palacio de Justicia abrasado por las llamas simbolizando la injusticia de la ausencia forzada. Un corazón que contiene la tristeza de la pérdida. El Monumento a la Resistencia de Cali, emblema de la acción colectiva. Una flor de loto que representa la vida digna. La mujer de los ojos vendados significando solidaridad e impunidad. Una cometa que eleva las exigencias de las víctimas. Una mariposa que personifica la separación y la búsqueda.

Todas esas imágenes están formadas por estrellas. Son asterismos o constelaciones creados por organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada o de defensores de derechos humanos que acompañan las labores de documentación y búsqueda. Proyectadas en el domo del Planetario de Bogotá, conforman un “monumento a la memoria” de las personas desaparecidas forzadamente en Colombia, pero también de la ardua lucha de quienes se han organizado para buscarlas aun en medio de un clima de persecución, poca capacidad institucional e indiferencia social.

Este monumento efímero fue presentado al público el pasado viernes 4 de noviembre, como parte de la segunda versión de “Ausentes, estrellas presentes”, una acción pública de memoria resultado de un proceso de co creación en el que participaron el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), el Planetario de Bogotá, la Línea Arte y Memoria Sin Fronteras de IDARTES y 12 organizaciones sociales y de víctimas. El proyecto busca asignarles un lugar en el cielo a las miles de personas que han sido desaparecidas en el país durante el conflicto armado.

Foto 1: Asterismos creados por las organizaciones. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La relación entre la búsqueda de los desaparecidos y la observación del cielo está condensada en un documental de Patricio Guzmán, pero también en la contemplación íntima que han hecho los familiares en las largas noches de espera. Durante la ausencia de su hermano Bernardo, desaparecido durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, Sandra Beltrán observó muchas veces el firmamento: “Es un ejercicio que vengo haciendo desde que tenía 20 años, solo que lo hacía en la terraza de la casa paterna nuestra. Me daba la madrugada parada mirando el cielo, parada mirando y esperando que apareciera algo o pasara algo. Cuando murió mamá me daban horas enteras mirándolo, por una ventana o desde la terraza, buscando respuestas”.

Esta apreciación, y la elaboración de representaciones a partir de ella, ha estado presente durante toda la historia humana, según explica Carlos Molina, coordinador del Planetario de Bogotá: “El cielo ha sido un escenario de memoria para la humanidad desde que tenemos conciencia. Allí están plasmados en muchas culturas los héroes, los sueños, los miedos. En 2021, cuando comenzamos con este ejercicio, nos dimos cuenta de que construir nuestro propio cielo como una escultura de memoria fortalecería los relatos de lo que somos y lo que nos ha pasado, pero que sobre todo se constituiría para los familiares de las víctimas en un referente de estar mirando el mismo cielo que miraron nuestros ancestros y que, como la esperanza se mantiene, tal vez estén viendo los desaparecidos”.

En el mismo sentido, Jose Antequera, director del CMPR, explica que “en esta acción de memoria poética se pudieron cartografiar los casos de desaparición forzada en el cielo de acuerdo a un ejercicio participativo, por medio de constelaciones que fueron elaboradas por las propias organizaciones y que corresponden a los símbolos que reivindican por su experiencia y por sus luchas”.

Foto 2: El domo del Planetario de Bogotá fue uno de los epicentros de la acción pública de memoria. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En el domo del Planetario también se proyectó una línea de tiempo elaborada por las y los familiares, que comprende el periodo 1928 – 2022. Esta línea incorpora las fechas de creación de las organizaciones, algunos casos de desaparición forzada; acciones colectivas de búsqueda, construcción de memoria y creación o transformación de la legislación sobre la materia; y las tipologías de la desaparición, enmarcadas en los contextos políticos en que se produjeron. Allí pueden reconocerse la desaparición de Omaira Montoya, en 1977, así como el reciente fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la desaparición forzada de Pedro Movilla, dirigente del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista.

Ya afuera del Planetario, en la Plazoleta del Parque de la Independencia, las y los familiares se arroparon con las estrellas. Cada una vistió una capa azul, en la que se iluminaron asterismos, nombres de los desaparecidos y frases proclamadas en marchas, plantones, conmemoraciones.

La organización Familiares del Palacio de Justicia, de la que hace parte Sandra Beltrán, portó la frase “Sus huellas, nuestras huellas, no se borrarán jamás”. Sandra explica su pertinencia: “Cada palabra que compone esa frase es real, porque nosotros hemos seguido las huellas de los desaparecidos del Palacio desde el momento en que salen tomados por la Fuerza Pública. Hemos seguido las huellas que nos han ido dejando estos 37 años por la Casa del Florero, el Cantón Norte, la Escuela de Artillería, las Cuevas de Sacromonte en Facatativá. Al hacer este recorrido, las hemos pisado y reafirmado”.

Foto 3: Las capas fueron elaboradas manualmente en sesiones de trabajo colectivo. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La elaboración de estas capas fue realizada en El Olimpo, un laboratorio de moda ubicado en el barrio Santa Fe, en el que trabajan mujeres trans. Fue la Madre Cindy, una experimentada lideresa y antigua habitante del barrio, quien guió a las familiares durante el proceso de bordado de luces y aplicación de pedrería. Para las participantes fue un escenario de aprendizaje, encuentro y catarsis.

Vestidas todavía con las capas, las familiares declamaron un poema creado colectivamente. En medio del ruido incesante del centro de Bogotá, las y los transeúntes escucharon: “No descansaremos hasta encontrarlos. Cada estrella es uno de los nuestros iluminando el destino. Nuestros ausentes habitan nuestras mentes […] Y a ustedes, señoras y señores, ¿quién les hace falta en el país del olvido?”.

La vinculación de la ciudadanía en la búsqueda y la exigencia de justicia ha sido una prioridad para los familiares en este y muchos otros procesos de memoria. Pablo Cala, de la Fundación Hasta Encontrarlos, señala que “hay tres mensajes clave en esta acción pública. Primero, que nada justifica las desapariciones forzadas. Segundo, que la búsqueda no puede ser solamente una tarea de los familiares o de algunas instituciones, sino que debe ser una apuesta social, para que se puedan erradicar las desapariciones como una práctica contra quien siente y piensa diferente. Y tercero, que la memoria no es algo del pasado, sino algo presente que de manera directa nos está interpelando”.

Foto 4: "Ausentes, estrellas presentes" posibilitó el trabajo articulado entre las organizaciones. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La interpelación a la sociedad y al Estado para encontrar a los desaparecidos y poner fin a este crimen de lesa humanidad ha sido un trabajo permanente de las organizaciones sociales y de víctimas desde hace casi 40 años, cuando se fundó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Como resultado de ella, el Congreso tipificó en 2000 el delito de desaparición forzada y los dos procesos de justicia transicional desarrollados en el país han creado mecanismos, equipos e instituciones para la búsqueda, que es todavía insuficiente teniendo en cuenta la dimensión de lo ocurrido. En su Informe Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad determinó que entre 1985 y 2016 fueron desaparecidas 121.768 personas en el país.

Esta labor desarrollada durante décadas ha empezado a ser recientemente reconocida. En su sentencia sobre el caso de Pedro Movilla, la Corte Interamericana le ordenó al Estado que, en un acto público de reconocimiento de responsabilidad, hiciera mención al “impacto particular sufrido” por Candelaria Vergara, esposa de Movilla, y otras mujeres que han buscado a los desaparecidos. Además, en octubre pasado, varios congresistas radicaron el Proyecto de Ley para la Protección Integral de los Derechos de Mujeres y Personas Buscadoras, impulsado por la Fundación Nidya Erika Bautista.

Consciente de la necesidad de reconocer la valiosa trayectoria de las organizaciones, esta versión de Ausentes, estrellas presentes incorpora una exposición en el segundo piso del Planetario, en la que se exhiben objetos que son vehículos de la memoria de sus luchas. Allí se encuentran desde las primeras cartillas circuladas por los familiares en la década de 1980, hasta las más recientes cartografías que han elaborado para señalar los lugares de donde se llevaron a los desaparecidos. También se han dispuesto pendones, camisetas y los rostros de las personas desaparecidas plasmadas en múltiples soportes, que podrán apreciarse hasta el próximo 20 de noviembre.

Foto 5: La exposición que hace parte de la acción pública busca reconocer el trabajo de las organizaciones sociales y de víctimas que luchan contra la desaparición forzada. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Rosalba Campos, integrante del Colectivo 82, destaca al respecto: “Estos objetos son muy valiosos, son un tesoro para nosotros y los guardamos con mucho cuidado. Ahí hay parte de la historia de lo que son los comienzos de Asfaddes, cuando nos unimos para luchar contra las desapariciones, las familias fueron llegando y fuimos viendo que no éramos solamente nosotros los que teníamos desaparecidos”.

El montaje de la exposición en el Planetario es también una apuesta por llegar a otros públicos, ocupando el espacio de una institución que la ciudadanía no vincula necesariamente con la memoria del conflicto o la violencia política. Cesar Santoyo, director del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organización participante del proyecto, reflexiona en ese sentido: “Esto es disruptivo y hermoso, porque nos permite abrir estos diálogos en los lugares menos usados para ello. Así mismo tengo para recordar el Diálogo Internacional de Saberes sobre Desaparición Forzada, que lo hicimos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas, igual que hemos hecho performance y montajes en lugares disruptivos, en la calle, diciéndole a la sociedad que no puede estar de espaldas a la lucha contra la desaparición forzada”.

Al cierre de la acción pública, el CMPR y el Planetario les entregaron a las organizaciones 44 cartas celestes, en las que se evidencia el cielo que era posible ver en los lugares, fechas y horas aproximadas en las que fueron desaparecidas igual número de personas. La representación de las y los desaparecidos en el cielo, y la creación de un monumento celeste en su memoria, es, como señala Luz Marina Bernal, de la Fundación Fair Leonardo Porras, “permitir que, aunque estén ausentes, estén presentes cada noche para nosotros. Y también es darles una postura mucho más alta de la que hemos podido venir dándoles. Ya les tenemos un lugar en cada una de las estrellas, desde allá nos están alumbrando”.

Jorge Enrique Useche: memoria y verdad de la comunidad universitaria

Por Fernanda Espinosa, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Hace 57 años fue asesinado en el centro de Bogotá el joven Jorge Enrique Useche, en el marco de las movilizaciones estudiantiles de mayo de 1965. En primera instancia, la década de 1960 puede verse como una época alejada de nuestro presente. Sin embargo, desde la memoria de lo ocurrido podemos pensar el presente que vivimos y las búsquedas de esclarecimiento y verdad que hoy se adelantan en el país.

Las movilizaciones de 1965

1965 fue un año agitado. Las centrales obreras lanzan una convocatoria a un paro laboral en enero, que hacía eco a la marcha de estudiantes realizada en julio de 1964, en el ambiente había una fuerte agitación estudiantil y demandas del movimiento obrero. Ante el llamado a paro y percibiendo el descontento social, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto 2351 de 1965 que implicó una mejoría en las condiciones laborales, con la prohibición de despidos sin causa justa, así como con la ampliación de la convocatoria de los tribunales de arbitramiento a solicitud de los trabajadores. A pesar de estos decretos, el descontento social continuaba.

Era un año de crisis económica, y el gobierno intentaba negociar un paquete crediticio con la banca multilateral. En tres ocasiones en el mismo año fue remplazado el ministro de

Hacienda, que logró finalmente un acuerdo parcial con el Banco Mundial. Algunos de los titulares de la época eran precisamente sobre el aumento del desempleo en el país. Fue también un año de fuerte represión militar, con la continuidad de la operación contra las autodefensas campesinas en Marquetalia en febrero y la ocupación militar de la región de El Pato en marzo. Parte de los factores que dieron origen a la guerrilla de las FARC un año después.

En el marco de esta agitación social, se veía el preludio de las elecciones presidenciales de 1966. Se auguraba el debilitamiento del Frente Nacional y la posibilidad de crecer de otras fuerzas políticas distintas al bipartidismo. Aunque sí hubo una votación importante por el candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), José Jaramillo Giraldo, que obtuvo el 28% de la votación, fue electo el candidato frentenacionalista Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal.

Como se señala en el libro Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia de Mauricio Archila Neira, “en el segundo semestre (de 1965) hubo de nuevo presencia cívica y laboral. En septiembre y octubre se vivió una oleada de paros nacionales de jueces, maestros, empleados de Telecom, portuarios, Ministerio de Hacienda, Avianca y Croydon. En noviembre se daría la primera huelga en Acerías Paz del Río. A fines de octubre había ocurrido un confuso paro de transportes”.

En este ambiente de inconformidad social, los estudiantes convocan también a jornadas de movilización. La movilización estudiantil venía en ascenso, marcada por la marcha de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) desde Bucaramanga a Bogotá, realizada en julio de 1964. En mayo de 1965 los estudiantes convocan una movilización rechazando la intervención de Estados Unidos en República Dominicana y en pro de la autonomía universitaria. La Federación Universitaria Nacional (FUN) convoca a un paro nacional estudiantil, que tuvo especial repercusión en la Universidad de Antioquia.

En memoria de Jorge Enrique Useche

Jorge Enrique Useche era un joven estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de tan solo 21 años, proveniente de Cúcuta, había llegado a Bogotá a vivir a las residencias universitarias 10 de mayo de la Universidad Nacional. El 20 de mayo una de las marchas estudiantiles se concentró precisamente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la calle 23 con carrera quinta. Los y las jóvenes se dirigieron hacia la carrera séptima. A pocas cuadras, sobre la séptima, inició la confrontación entre estudiantes y policías, varios estudiantes resultaron heridos, algunos de gravedad. Useche fue llevado al hospital San Juan de Dios. En la prensa de la época también aparece la noticia de la hospitalización del estudiante de derecho de la Universidad Libre Mario Flórez Moreno. La noche del 21 de mayo a las 10:40 de la noche en el hospital San Juan de Dios falleció Jorge Useche por la contundencia de los golpes recibidos. La noticia de El Tiempo del 22 de mayo de 1965 señaló: ”Useche estuvo permanentemente atendido por especialistas, que realizaron desesperados esfuerzos para conservarle la vida. El estudiante no presentaba fracturas, y se considera que un fuerte golpe pudo haberle ocasionado un derrame interno que a la postre le causó la muerte”.

La noticia se conoció rápidamente entre los estudiantes  y “como medida de precaución” el gobierno nacional encomendó la vigilancia del hospital a la policía militar. El ministro de educación, Pedro Gómez Valderrama, hizo la siguiente declaración a la prensa después de conocer la noticia de la muerte del estudiante:

“Quiero expresar, en nombre del gobierno nacional, el profundo sentimiento que nos embarga por la muerte del estudiante Jorge Enrique Useche, como resultado de los graves incidentes ocurridos el pasado jueves. El gobierno comparte el dolor que embarga a sus familiares, y a los miembros de la universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Deseo igualmente manifestar que la necesaria investigación ha sido iniciada, y que en ella se agotarán todos los recursos para establecer las sanciones y responsabilidades correspondientes , así como las que se deriven de los hechos ocurridos en los pasados días que tienen considerable gravedad, ya que ellos han resultado heridos y lesionados, estudiantes y miembros de las fuerzas de policía, que actuaban para restablecer el orden.” Sin embargo dicha investigación muy poco avanzó. 

El informe emitido por el director general de la policía, el coronel Bernardo Camacho Leyva, sobre los hechos ocurridos ese 20 de mayo, lamentaba “los excesos” en que pudieron incurrir “algunas” de las unidades bajo su mando, y resaltaba que también fueron heridos agentes de la fuerza pública: “Resultaron con heridas contundentes tres oficiales, tres suboficiales y sesenta y un agentes, de los cuales el agente Nova Jinete Remberto resultó con fractura completa del húmero derecho con cuatro meses de incapacidad y se encuentra hospitalizado en la Clínica de la Policía Nacional”. Además, reportaba tres estudiantes heridos en los hechos. 

El padre del joven Useche pidió al rector de la universidad y al gobierno nacional que el cadáver de su hijo fuera enviado a Cúcuta. Fue trasladado desde Bogotá en las primeras horas de la mañana del 22 de mayo a bordo de un avión militar. En la residencia de sus padres fue velado hasta las 4 de la tarde. El sepelio de Jorge Useche en Cúcuta fue solemne y concurrido. Las honras fúnebres tuvieron lugar en el templo del Perpetuo Socorro y a ellas invitaron el gobernador del departamento, las directivas universitarias, los estudiantes, la Confederación Obrera de Cúcuta y varios familiares y amigos de la familia Useche. Al anochecer Useche recibió sepultura en el cementerio católico de Cúcuta. (El Tiempo, 23 de mayo 1965, p 23)

En Bogotá hubo importantes actos en su memoria ese mismo 22 de mayo de 1965. Una gran peregrinación en silencio encabezada por el rector de la Universidad Nacional, José Félix Patiño y el rector de la Jorge Tadeo Lozano, Fabio Lozano y Lozano. Participaron delegaciones de todas las universidades de la ciudad, de la Asociación Colombiana de Universidades, los rectores, decanos y comisiones especiales de la Nacional, Externado, Libre, Distrital, América, Los Andes y El Rosario. La peregrinación fue hacia el Cementerio Central, donde los estudiantes de la Tadeo levantaron frente a la puerta de la capilla interior un catafalco, con un ataúd de cedro.

Además, ese mismo día hubo un homenaje encabezado por el sacerdote Camilo Torres en la Ciudad Universitaria, que al culminar inició una gran marcha del silencio que cubrió siete cuadras. Esta silenciosa marcha también se dirigió al Cementerio Central donde hizo uso de la palabra en un sentido homenaje Eduardo Umaña Luna, destacado abogado y sociólogo. Posteriormente, los estudiantes se dirigieron al interior del Cementerio, donde depositaron una ofrenda floral y, dirigidos por el sacerdote Camilo Torres, rezaron por el alma del estudiante fallecido.  Por otro lado, un grupo de más de 50 estudiantes marcharon de la Ciudad Universitaria al aeropuerto con el fin de rendirle un homenaje. En estas movilizaciones fueron detenidos varios de ellos .El Consejo Superior Universitario, la Rectoría y el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, que se reunieron extraordinariamente, dejaron “constancia de profundo pesar por el deceso del estudiante. Al registrar la dolorosa noticia, los organismos superiores de la Universidad Nacional han acordado hacer una convocatoria a la conciencia universitaria de Colombia”. También la Universidad Javeriana se pronunció: “como muestra de la solidaridad que debe existir entre las universidades colombianas”, entregó una donación económica a la familia Useche. 

El mismo 21 de mayo de 1965 el gabinete ministerial fue convocado por el Presidente para examinar la situación del país por las huelgas estudiantiles. De esta reunión extraordinaria se emitió la declaratoria de estado de sitio, aduciendo precisamente la agitación estudiantil que se vivía y razones económicas. La medida incluyó el toque de queda en algunas ciudades, el cierre de algunas de las universidades públicas y llevó incluso a consejo verbal de guerra a dirigentes estudiantiles.

Sin embargo, la movilización estudiantil continuó y se unieron nuevas universidades tras la indignación por la muerte de Useche. Las exigencias de la FUN el 24 de mayo de 1965 eran: inmediato retiro del rector de la Universidad de Antioquia, Ignacio Vélez Escobar; castigo a los asesinos de Useche, respeto a la autonomía universitaria, sanción por el allanamiento a la Universidad de Antioquia, aplicación de la tarifa diferencial del transporte para los estudiantes, no envío de tropas militares colombianas a Santo Domingo y lucha contra el estado de sitio. ( Voz Proletaria, 3 de junio de 1965, p 1

Fotografía de Castro Gaitán del archivo del periódico El Tiempo, 23 de mayo de 1965, primera plana.
Fotografía: placa en el hall principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Archivo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

En la actualidad, una placa en el hall principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano marca este lugar de memoria dedicado a Jorge Enrique Useche, en la cual se lee: “Como símbolo doloroso y antema inextinguible contra la violencia desatentada y ciega”. En la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria desarrollada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aparece marcado el lugar de memoria de los hechos ocurridos en pleno centro de la ciudad. Su presencia en la cartografía nos permite hacer la conexión con otros hechos que marcan la memoria de las resistencias y luchas por la memoria del movimiento estudiantil, como la masacre del 8 y 9 de junio de 1954 o los hechos del 16 de mayo de 1984, que también se conmemoran en la Semana de la Memoria Universitaria.

Conflicto en el campus, la búsqueda de verdad

Recientemente, se han producido distintos informes entregados a la Comisión de la Verdad, que han destacado el alto impacto que tuvo el conflicto armado en las universidades del país. El informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”, coordinado por Mauricio Archila, presenta los acontecimientos del asesinato de Jorge Useche como uno de los casos emblemáticos, que fueron seleccionados “con el fin de elaborar patrones de victimización y así tratar de entender las dinámicas y lógicas del conflicto armado en Colombia, especialmente para el mundo universitario.”

Además del informe escrito, la Universidad Nacional ha consolidado y puesto a disposición una línea del tiempo, una cartografía de la memoria del campus y unas bases de datos, consultables acá. Este es un esfuerzo por consolidar un relato histórico sobre cómo el conflicto armado impactó a estudiantes, profesores y administrativos y a toda la vida universitaria entre 1958-2018. Como se puede leer en su portal, “se alimenta de la convicción de que es importante aportar a la reconstrucción conjunta de lo ocurrido a partir de las reflexiones sobre nuestros propios espacios de vida para no repetir en el país episodios como los aquí abordados”.

Sobre las universidades del Caribe se presentó el informe “Conflicto en el campus: una generación que no aprendió a rendirse”, realizado por los comités de investigación de las universidades de Cartagena, Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba, Popular del Cesar y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). En él se destaca el asesinato de 20 estudiantes y trabajadores en la Universidad del Atlántico y el control e impacto paramilitar en la Universidad de Córdoba, dando cuenta de las afectaciones al movimiento estudiantil y al proyecto de vida de los líderes estudiantiles.

Asimismo, la Mesa por la Paz de la Universidad Pontificia Bolivariana presentó el informe “Universidad, verdad y conflicto armado” ante la Comisión de la Verdad, donde se identifican los hechos del conflicto en el departamento de Santander y sus impactos en las universidades de la región.

Sobre la Universidad de Antioquia la Comisión de la Verdad recibió dos informes: “La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de Antioquia 1958-2016: Aportes a la memoria y esclarecimiento de sus impactos y relaciones”, por la Unidad Especial de Paz, y la línea de tiempo “50 años de Violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia” del proyecto Hacemos Memoria, que aportan a la comprensión sobre las dinámicas y afectaciones del conflicto armado colombiano en su interior entre 1958 y 2018.

En los últimos años se produjeron al menos 18 informes entregados por 11 instituciones educativas a la Comisión de la Verdad. Con estos informes se espera el esclarecimiento de los impactos del conflicto sobre las universidades y comunidad universitaria para que no vuelvan a ocurrir. Recordar casi sesenta años después a Jorge Useche nos permite pensar el presente de la movilización por la memoria y la búsqueda de verdad sobre los impactos del conflicto en los proyectos de vida de líderes estudiantiles y en la comunidad universitaria.

RESISTO LUEGO EXISTO 010

Nombre: Diálogos Improbables

Tema: Medio ambiente

Lugar: Nacional

Actores involucrados:

– Organizaciones campesinas

– Organizaciones de mujeres

– Empresa privada

– Movimientos políticos

– Academia

 

Diálogos Improbables es una iniciativa creada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y la sociedad civil, que busca promover acercamientos entre sectores con intereses políticos, económicos y sociales diversos y opuestos alrededor de temas en común: la convivencia social y democrática, actividades de desarrollo económico y social, y asuntos sectoriales, territoriales y rurales.

Conoce más:

9 años de la inauguración de la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En 2008 comenzó la construcción física y social del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este proceso hizo parte del largo recorrido de los esfuerzos por la paz en Colombia y ocurrió en un momento de gran movilización por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. 
 
Durante cuatro años se realizaron intercambios con organizaciones sociales y de víctimas, académicos, artistas, gestores culturales, funcionarios, activistas, docentes, representantes de ONGs y de la comunidad internacional, entre otros, y se estructuró un proyecto pionero en el país e innovador a nivel mundial que finalmente se inauguró en el Parque de la Reconciliación de Bogotá el 6 de diciembre de 2012. 
 
El CMPR está ubicado en el antiguo Globo B del Cementerio Central. Su estructura física constituye un Memorial por la Vida, que tiene por corazón un monolito con 2012 tubos de tierra que han sido entregados por víctimas y ciudadanía de toda Colombia, traídos desde territorios de conflicto, violencias, resistencias e iniciativas de paz. 
 
Es un lugar emblemático de Bogotá dedicado a múltiples acciones alrededor de la construcción de memoria, paz y reconciliación. Por ello, ha sido un lugar de incontables actividades de organizaciones sociales y de víctimas. Entre ellas, actividades artísticas, conmemoraciones, procesos de formación y encuentros académicos. 
 
Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se han apoyado y construido dispositivos pedagógicos y de apropiación social de la memoria fundamentales para la ciudad, que han contribuido al acercamiento de la escuela a los temas de memoria, paz y reconciliación; a la reflexión y valoración de los lugares de memoria en Bogotá, y a promover espacios de sensibilización y debate. 

Los Guardianes de la Memoria en Bogotá

Por: Andrea Mora y Germán Moreno / Equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Guardianes de la Memoria es una herramienta pedagógica para que los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado o por procesos migratorios fortalezcan el tejido social y la construcción de memoria y paz en la ciudad a través de diversas narrativas.

Camilo y Alejandra* vivían en el estado de Sucre, Venezuela. Su padre salió huyendo hacia Colombia en 2019 por haberse negado a participar en un hurto de enseres para ser entregados a las fuerzas militares venezolanas. En Sucre, Camilo y Alejandra tenían vivienda, comida, acceso a salud y educación, pero el asesinato de su tío en frente de su casa los hizo salir hacia Colombia bajo amenazas.   

Carmen*, junto con sus hijos Camilo y Alejandra, de 9 y 10 años, viajaron hasta la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira y desde allí caminaron durante siete días para llegar hasta Bucaramanga. Después, lograron conseguir un pasaje en bus hasta Barranquilla, sentados todos en el mismo puesto. “Mis hijos tuvieron que cambiar sus juguetes, sus risas y sus amigos por caminatas largas acompañadas de hambre, frío y cansancio”, relata Carmen.  

En Barranquilla su estadía fue corta al no encontrar oportunidades laborales y al enfrentarse con expresiones xenófobas, así que decidieron continuar su ruta hacia la capital del país en trayectos cortos. En Bogotá, Camilo y Alejandra se reencontraron con su padre y actualmente viven en un paga diario de la localidad de Kennedy. Muchas veces tienen una sola comida al día, no cuentan con Permiso Especial de Permanencia, ni acceso al sistema de educación, pero poco a poco se han vinculado a los espacios que hay para los niños y niñas en la ciudad.  

Al otro lado de donde residen Camilo y Alejandra, en el oriente de la capital, vive Martín* con sus tres hermanas y su madre. Llegaron a Bogotá en 2007 provenientes del municipio de Chaparral, Tolima, a causa de un desplazamiento forzado por amenazas y persecuciones que llegaron después del asesinato de su padre a manos de integrantes del Ejército. Él era líder social y presidente de una junta de acción comunal de la región. 

Martín y su familia tuvieron que iniciar de cero en Bogotá y pudieron establecerse en un paga diario de la localidad de San Cristóbal Sur.  A través de trabajos domésticos, la madre de Martín ha podido sustentar a su familia e iniciar una nueva vida mientras continúa asistiendo a las audiencias del proceso judicial que está en curso por asesinato de su esposo y denuncia las amenazas que hay contra su familia.  

Las historias de desplazamiento forzado y de migración de Camilo, Alejandra y Martín, son tan solo una muestra de las múltiples violencias que han impactado a las personas que habitan Bogotá, las cuales dan cuenta de la necesidad de continuar implementando en la ciudad estrategias integrales de reparación e inclusión. 

Uno de los escenarios donde Camilo, Alejandra y Martín han podido encontrar causas comunes es en los espacios protectores de la Fundación PLAN y de la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría Distrital de Integración Social. En estos lugares conocieron la herramienta Guardianes de la Memoria que diseñaron el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Fundación PLAN. Esta estrategia ha generado un espacio para jugar, experimentar, hablar y reflexionar sobre las memorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y de la población migrante. 

Para Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Guardianes de la Memoria es una estrategia para que los niños y niñas puedan entender que la memoria es algo más que conocer las tragedias que han ocurrido en nuestra historia. “Es poder construir una memoria comprometida con el presente y una memoria que sea cultivada como parte de la cultura que también en los niños y las niñas es fundamental para que al final nuestro país pueda tener la paz que merecemos”, aseguró Antequera.   

En este espacio han podido compartir sus historias de vida, sus tradiciones y aquello que más anhelan, pero también han conocido a muchos niños y niñas que, como ellos, desean vivir una infancia con derechos, feliz y protegida. “Esta es una apuesta muy importante de la pedagogía y de poder trabajar con niños y niñas en el entendimiento de una ciudad vibrante en donde las migraciones han jugado un papel esencial y en la que cada una de las personas que llegan a la ciudad en diversos momentos y por diversas razones tienen un espacio, un lugar, unos derechos por los cuales luchar y desde los cuales pueden construir un futuro”, afirmó Gustavo Quintero, vicepresidente de la Fundación PLAN.  

Camilo, Alejandra y Martín hoy son Guardianes de la Memoria. Hacen parte de los 180 niños, niñas y adolescentes en Bogotá que participan de una aventura que les permitió narrar sus memorias y, a partir de ellas, entender que la construcción de paz y de causas comunes es de todos y todas sin importar el color de piel, el acento, el lugar de procedencia. La memoria es un ejercicio que se construye con los otros y las otras para hablar de aquello que nos hace humanos y nos une. 

Es así como Guardianes de la Memoria se convierte en una herramienta que hoy se implementa en nueve localidades del distrito, con acciones simbólicas que fortalecen el tejido social y la construcción de memoria y paz. “Creemos en la importancia de construir escenarios que permitan la participación de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado y afectados por el mismo, que se conviertan en espacios de reconocimiento de su historia de vida. A través de la pedagogía, el arte, el juego, ellos expresan emociones, sentimientos, y se apropian de sus propios derechos”, aseguró Luis Parra, subdirector para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

*Todos los nombres fueron cambiados por protección. 

La memoria de las personas desaparecidas tiene ahora un lugar en las estrellas

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Noviembre 6 de 2021

Decenas de mujeres y hombres entraron silenciosos en la noche de este 4 de noviembre a la arena de la Plaza Cultural la Santamaría de Bogotá. Lentamente fueron tomando sus posiciones, cada una de ellas en representación de una estrella. De a cinco, cada grupo formaba una constelación. Una voz que decía “nunca dejaré de pensar en ti” se escuchaba solemne en las graderías de la Plaza, mientras los hombres y las mujeres de la arena apuntaban con luces a la posición exacta del cielo en la que se encontraban las estrellas que representaban sus cuerpos.

Esas estrellas son un nombre, un periodo de tiempo, un hito. Todas contienen la historia de una persona desaparecida forzadamente o de las luchas de las organizaciones sociales y de víctimas que durante años han construido memoria y exigido justicia por ese crimen atroz que es la desaparición forzada. Las personas que apuntan al cielo son integrantes de 14 de esas organizaciones, muchas de ellas con décadas de trayectoria, que se unieron para renombrar las estrellas por la memoria de las y los desaparecidos.

Las constelaciones encarnadas por ellas en la arena fueron imaginadas colectivamente, en un proceso de memoria convocado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y el Planetario de Bogotá, que recibió el nombre de “Ausentes, estrellas presentes”. Como parte de ese proceso, los científicos del Planetario elaboraron mapas celestes que permiten apreciar las mismas estrellas que podían verse en los lugares y las fechas exactas del nacimiento y la desaparición forzada de las víctimas.

Estas son algunas de las constelaciones o asterismos creados por las organizaciones de víctimas. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Estos mapas, que reposan ahora en los archivos de las organizaciones, son también una evidencia de cómo las estrellas nos vinculan a pesar del paso del tiempo. Muy poco ha cambiado el cielo que vemos ahora respecto del cielo vieron los desaparecidos hace varias décadas, e incluso, nuestros antepasados hace cientos de años. Nuestro tiempo es efímero en relación con el de los cuerpos celestes.

Ver a las personas desaparecidas en las estrellas “implica que están presentes, que siguen siendo luz para quienes se toman el tiempo de mirarles”, explica Sofía de la Hoz, de la colectiva Vuelve Pronto, una de las organizaciones participantes del proceso. Sofía dice que esta conexión poética es también una forma de “construir belleza del horror”. Porque, para ella, “a pesar de este horror de la desaparición, nosotras y nosotros seguimos siendo practicantes de la vida”.

María del Pilar Murad Martínez, miembro de la Escuela de Liderazgo de la Fundación Nidya Erika Bautista y familiar de víctimas de desaparición forzada, también piensa que este vínculo es una manera de seguir teniendo presentes a los desaparecidos: “Creo que es una forma de rehacer el nombre de esas personas ausentes, que igual siempre están con nosotros en espíritu. Es darles importancia a esas personas que, finalmente en vida y en tierra, eran parte de un núcleo que destruyó el conflicto”. En el cielo, además, pueden representarse todas las personas desaparecidas, que en Colombia son miles.

Vista desde el cielo de la acción pública de memoria del proyecto "Ausentes, estrellas presentes". Cortesía: Diego Llorente - Idartes

La relación con las estrellas tiene una enorme ventaja: una memoria contenida en el cielo es intocable e inmodificable. Así lo refiere Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación: “Esa circunstancia que se pretende eliminar con la desaparición forzada, que es el derecho a enterrar, a reivindicar a los muertos en un espacio físico, tiene a partir de la acción de las organizaciones, de la resistencia, la imposibilidad de realizarse. Y en ese sentido es también un acto de trasgresión desde las víctimas frente a esa pretensión de hacer de la desaparición la imposibilidad de tener un lugar de memoria: las estrellas son el último lugar de memoria que nos podrían quitar”.

Un patrimonio común

El sitio más privilegiado de la tierra para observar el cielo está en Chile. En el desierto de Atacama están ubicados los complejos astronómicos más importantes del planeta. En ese mismo lugar, la dictadura de Agusto Pinochet construyó el campo de concentración de Cachabuco, donde fueron recluidos más de mil prisioneros políticos. Algunos de ellos fueron asesinados y desaparecidos entre la inmensa arena del desierto. En las últimas décadas, mientras los astrónomos rastreaban los cuerpos celestes en el limpio cielo que cubre el Atacama, las familiares de los detenidos desaparecidos buscaban los cuerpos de sus seres amados entre las planicies eternas.

Este es el argumento central del documental Nostalgia de la Luz (2010), del chileno Patricio Guzmán. El símil entre el trabajo de los astrónomos, las familiares y los antropólogos, todos ellos buscadores, se sitúa en una pregunta por las huellas que deja el pasado: en la arena, en el espacio, en la memoria.

Intervención de las organizaciones durante la acción pública de memoria. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Los científicos entrevistados en la película reflexionan acerca de una relación material entre nosotros y los cuerpos celestes: que los seres humanos estamos compuestos de elementos químicos que también componen las estrellas. El astrofísico colombiano Camilo Delgado, líder de Astronomía del Planetario de Bogotá, explica que “los elementos químicos de nuestro cuerpo fueron originados en procesos estelares. En la sangre tenemos hierro, y ese hierro se produjo en las explosiones de estrellas… el calcio que tenemos en los dientes, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Ahí hay una conexión muy fuerte con lo que somos. Somos polvo de estrellas que pensamos en las estrellas”.

La película de Guzmán es la inspiración central de “Ausentes, estrellas presentes”. Con ese referente, este proyecto buscó establecer una relación simbólica en la que las estrellas son el contenedor de la memoria de las personas desaparecidas. El mensaje de fondo es que los desaparecidos y las luchas de las víctimas nos pertenecen a todos y todas, tanto como las estrellas con las que compartimos orígenes.

Antequera reflexiona al respecto: “Las estrellas, en el fondo, son el más común de los patrimonios. También hacen parte de la naturaleza, pero de una naturaleza intocable, a diferencia del agua, de los ríos, que consideramos como un patrimonio común, pero que son explotables. Las estrellas están lo suficientemente lejos como para que sean patrimonio todavía inalterado, fuera de todo riesgo. De tal forma que cuando uno ve las estrellas, que son infinitas, y las vincula con las personas desaparecidas, su memoria puede hacer parte del patrimonio común”.

Galerías de la memoria de las organizaciones de víctimas, expuestas en el Planetario de Bogotá. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Para las organizaciones de víctimas, esta es otra oportunidad para continuar manteniendo viva la memoria de sus familiares. Patricia Jiménez, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Bogotá, así lo expresa: “Nosotras las víctimas lo que tenemos muy claro es que ellos están vivos, a través de nuestra memoria y de muchas maneras. Para nosotros, lo que ellos hicieron fue dar su vida para sembrar más vida. Lo que quisieron fue desaparecerlos, pero no lo van a lograr jamás; esa es nuestra tarea”. La acción pública en la Santamaría tuvo una especial importancia para Patricia, porque este 4 de noviembre se conmemoraron 29 años de la desaparición forzada de su esposo, Gustavo Salgado Ramírez.

Como parte de este proceso, las organizaciones también instalaron colectivamente una galería de la memoria en el segundo piso del Planetario, que estará abierta al público hasta el próximo 7 de noviembre. Es la primera vez que estas organizaciones unen sus galerías en un mismo espacio de la ciudad, exponiendo los rostros de las víctimas de distintos periodos y formas de este crimen, incluyendo los detenidos desaparecidos de la década de 1980 y los más recientes casos de ejecuciones extrajudiciales.

Hecha la conexión con las estrellas, en la arena de la Plaza se volvieron a escuchar las exigencias contra el olvido y la impunidad que las víctimas han expuesto públicamente durante las últimas décadas, con la pretensión de vincularnos a todas y todos en la búsqueda de los desaparecidos. En palabras de Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes): “Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes en la memoria de los familiares. Pero los familiares queremos que estén siempre presentes en la memoria de la sociedad”. Ahora están siempre presentes en el cielo.