articulos - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

marzo 20, 2021octubre 5, 2023

Bernardo Jaramillo Ossa

«No se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil».

Tres días después del asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo sobre el caso bajo el título “Se le fue la mano, país”. La frase estaba inspirada en el eslogan de la campaña de Jaramillo: “Venga esa mano, país”, el segundo intento de la UP por participar en una elección presidencial luego del asesinato del también candidato Jaime Pardo Leal, en 1987.

Esta exposición retoma el título de ese artículo de marzo de 1990. Se trata de un recorrido por la vida de Jaramillo, construido a partir del archivo fotográfico y de prensa resguardado durante años por Mariella Barragán, quien era su compañera en la época en que fue asesinado.

Esta es una de las múltiples iniciativas de memoria que durante las últimas tres décadas ha emprendido Mariella para combatir el olvido y la impunidad.

MEMO · Bernardo Jaramillo Ossa

diciembre 18, 2020abril 3, 2023

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…

noviembre 18, 2020abril 17, 2023

Javier Molina: una vida por la defensa de los habitantes de calle

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En el Parque del Renacimiento, parte del Eje de la Paz y la Memoria de Bogotá, se reunieron familiares, amigos y vecinos el pasado 30 de octubre para hacer memoria de tres javieres: Óscar Javier Molina, funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social asesinado por las mafias del Bronx en 2013; Javier Leonardo Franco, un joven trabajador ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por integrantes del Ejército, en 2008; Javier Ordónez, estudiante de derecho asesinado por integrantes de la Policía en Bogotá, en septiembre pasado.

La conmemoración, titulada “En memoria de los javieres y todos nuestros quereres”, fue convocada por el Costurero Kilómetros de Vida y Memoria, del que hace parte Andrea Vaca, quien era la compañera de Óscar Javier Molina al momento de su asesinato. Andrea cuenta que, tras el homicidio de Javier Ordoñez, en el Costurero tuvieron la idea de hacer un homenaje en memoria de los tres javieres, así como también de los líderes sociales asesinados y de las personas que han muerto por cuenta de la pandemia de Covid-19.

Homenaje a los tres javieres. Fotos: Mónica Mesa – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Durante el encuentro, familiares y vecinas hicieron memoria de los javieres, de los sueños que truncaron los victimarios, de sus luchas colectivas por la memoria y la justicia. Las y los asistentes encendieron velas; ofrendaron flores a las víctimas; escucharon una breve presentación del rapero bogotano Oculto y de un grupo de música andina; y realizaron un ejercicio colectivo sobre el significado de la memoria. También extendieron telas bordadas por personas exiliadas, además de la tela que Andrea bordó en homenaje a Óscar Javier y su pasión por el rock.

El caso de Óscar Javier

Óscar Javier Molina fue asesinado el 28 de septiembre de 2013, cuando cumplía 14 años de trabajar en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el programa de atención a habitantes de calle. Su lugar de trabajo era el Bronx, un conocido sector de la ciudad en el hacían su vida muchas de esas personas en medio del control social que ejercían organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El trabajo de Javier consistía en invitar a los habitantes de calle a los programas de atención que ofrecía el Distrito.

Por su experiencia personal en el desaparecido sector de El Cartucho, Javier tenía una profunda sensibilidad y respeto por las personas que habitaban la calle. En 2008, en una entrevista para el programa Amor por Bogotá, declaró: “Yo le aporto a Bogotá la construcción de nuevas ciudadanías y la posibilidad de que personas muy valiosas que no han sido reconocidas y que son invisibles tengan la posibilidad de brillar con luz propia y de mostrarse tan especiales como ellos son”. Con esa convicción, como él mismo contó en ese programa, Javier y sus compañeros trabajaban “todos los días del año, día y noche, desde los caños, desde las zonas perimetrales, desde las casas abandonadas, desde las zonas de alto deterioro urbano”.

El febrero de 2013, pocos meses antes del asesinato de Javier, la Alcaldía de Bogotá intentó desalojar el Bronx, lo que dispersó momentáneamente a los habitantes de calle y a las organizaciones delincuenciales. Por cuenta de esa intervención, así como de otras decisiones de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro que buscaban implementar un plan de renovación urbana en el Bronx, las mafias empezaron a hostigar y amenazar a los funcionarios del Distrito que atendían a los habitantes de calle.

Sobre esa época, Andrea recuerda: “Desde la primera intervención, a los funcionarios los cogen en la mira, no podían acercarse ahí por lo que había hecho el Distrito, porque los agredían con materia fecal o con malas palabras. Se había puesto muy pesado, no podían ir”. El día en que Javier fue asesinado, recibió amenazas de muerte en frente de sus compañeros de trabajo.

Javier había alcanzado un grado importante de exposición. Frecuentemente, era entrevistado para televisión sobre su trayectoria de vida, los programas del Distrito y la manera como operaban las mafias del Bronx. El 16 de septiembre de 2013, pocos días antes de su asesinato, el programa Primer Impacto, de Univisión Noticias, emitió una nota en la que Javier denunció que esas mafias obtenían enormes ganancias por el consumo de drogas en el sector: “El dinero lo sacan en tulas, todos los días. Se da uno cuenta que estas personas habitantes de la calle están sometidas a la esclavitud del consumo de las sustancias y que estos expendedores tienen en ellos unos trabajadores incansables”.

Andrea lamenta que la administración de entonces no hubiera tomado medidas urgentes para proteger a Javier: “Fue negligencia de Integración, porque ellos sabían que no solamente Javier, sino otros funcionarios estaban siendo agredidos, y ellos hicieron caso omiso. Debieron sacarlo de la ciudad. Él fue asesinado porque sabía mucho del tema, porque era un ejemplo a seguir, porque era el de mostrar que quienes tenían problemas de consumo sí se podían rehabilitar, podían tener un trabajo y una familia”.

Además de trabajar con habitantes de calle, Javier se había hecho conocido en Usme, la localidad donde vivía, por el bar de rock que había montado junto a Andrea: Heaven and Hell, como la canción de la banda británica Black Sabbath. Con la idea de tener a futuro una casa cultural, Javier tenía una sala de ensayo que les alquilaba a bajo costo a las bandas de rock de la localidad, muchas de ellas conformadas por jóvenes estudiantes de bachillerato. También tenía un estudio de grabación y una banda de death metal: Sádico, en la que él tocaba la guitarra. Antes había integrado otra banda del mismo género, también nacida en Usme: Lucturian.

A Javier, además, le gustaba la producción audiovisual. Se estaba formando en ese campo, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Andrea cuenta que él acompañó al director de cine Rubén Mendoza en algunas jornadas del rodaje de la película La Sociedad del Semáforo y que colaboró en la grabación del documental El Cartucho, dirigido por Andrés Chaves.

Pese a que el asesinato de Javier alcanzó notoriedad en medios de comunicación y motivó pronunciamientos de la administración distrital, el caso se encuentra en la impunidad. Durante estos años, Andrea, el Costurero, los amigos y las amigas de Javier han impulsado varias conmemoraciones para recordarlo, para exigir que se haga justicia. Entre ellas, la realización de un concierto y una olla comunitaria con los habitantes de calle del barrio Santa Fe.

El Bronx como un lugar de memoria

“Queremos que se nos reconozca como víctimas del narcotráfico” dijo un habitante de calle, quien tenía formación universitaria en derecho, en una reunión con funcionarios del Distrito en abril de 2012 en la Plaza de los Mártires, donde quedaban las calles conocidas como el Bronx.

La Plaza de los Mártires es denominada así en homenaje a los próceres de la independencia, específicamente a José María Carbonell, Mercedes Ábrego y Jorge Tadeo Lozano, quienes allí murieron. El Barrio Santa Inés, donde se encuentra la Plaza de los Mártires, se consolidó a finales del siglo XIX, como un barrio residencial, de habitación de la clase alta y media de Bogotá, de casonas republicanas. Allí se construyó la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Voto Nacional, desde 1902, y la Escuela de Medicina, un edificio neoclásico erigido en 1916 (actualmente el Batallón de Reclutamiento del Ejército). Progresivamente, a lo largo del siglo XX, se convirtió en una zona que albergó a gran cantidad de familias que llegaron desplazadas por La Violencia, y también fue conocido por ser el lugar de residencia de familias recicladoras.

Algunas calles de este barrio, otrora un barrio de lujo, se convirtieron en el sector de El Cartucho y luego con unas cuadras de diferencia en la denominada zona del Bronx o “La Ele”. Esta llegó a ser la principal zona de venta y consumo de drogas de la ciudad en pleno centro, donde habitantes de la calle convivían bajo el control de las redes del narcotráfico. En el Bronx, además, se cometían graves crímenes como explotación sexual de menores, tráfico ilegal de armas, torturas, descuartizamientos, secuestros, e incluso llegó a denunciarse la existencia de una casa de pique y tortura.

Suele pensarse que era una tierra de nadie, pero por el contrario era el lugar de control de poderosas bandas delincuenciales. Por un lado, estaban los grupos paramilitares y, por otro , las bandas del narcotráfico consolidadas desde el Cartucho, que se disputaban el control del Bronx. La presencia de grupos paramilitares en la zona aumentó tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Óscar Javier denunció en una entrevista en 2013 que quienes estaban detrás de los “ganchos” (estructuras de microtráfico) eran exparamilitares: “Se habla de un grupo armado que ha tomado el control posterior a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Gran parte de estas personas encontraron un negocio muy bueno”.

El control del tráfico y la “seguridad” de los capos del Bronx se mantenía con los “Sayayines”, que eran delincuentes con amplio prontuario y experiencia criminal, expertos en manejo de armas, que se dedicaban al control de la “olla”. Los “Sayayines”, incluso, tenían francotiradores en los techos y puestos de control, con armas automáticas y subametralladoras. Detrás de esa figura de estaban excomandantes paramilitares. El Bronx es otra evidencia de cómo graves violaciones a los derechos humanos también han ocurrido en Bogotá y en pleno centro, incluso a pocas cuadras de la Presidencia de la República.

La paz en Colombia requiere discusión sobre el problema de las drogas

Para nadie es un secreto que el negocio de las drogas ha sido un motor fundamental del conflicto armado y la violencia en el país, y Bogotá no está exenta de ello. Precisamente, el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz se titula «Solución al problema de las drogas ilícitas».

Un gran tema para la paz es el del narcotráfico. El fenómeno tiene al menos tres caras en el país: los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas y las redes del narcotráfico. Muchas veces, las comunidades rurales recurren al cultivo de drogas ante la baja o nula ganancia con otros productos agropecuarios. En el Acuerdo se pactó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PNIS) y el fin de la fumigación con glifosato.

Sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en el retorno de la aspersión con glifosato. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró el 24 agosto de 2020: “Hay que decir con claridad, cumpliendo claro está todos los requisitos de la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos. Se trata de un asunto de seguridad nacional”.

El gobierno regresaría a la aspersión con glifosato el próximo año, aunque internacionalmente se reconocen las graves afectaciones que esto tiene para la salud y el medio ambiente. Igualmente, continúa la criminalización del consumo de drogas y el no reconocimiento del consumo como un problema de salud pública. El Estado tiene una deuda pendiente con la reparación de las víctimas del narcotráfico.

noviembre 1, 2020abril 3, 2023

Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

octubre 16, 2020abril 3, 2023

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

octubre 14, 2020abril 17, 2023

La masacre del Suroriente de Bogotá: la memoria sigue viva

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Once jóvenes, de entre 19 y 27 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de la Policía en tres puntos distintos del suroriente de Bogotá, en la mañana del 30 de septiembre de 1985. Diez de ellos hacían parte de un comando urbano de la insurgencia del M-19, que acababa de robar un camión de leche para repartir la carga entre los habitantes del sector.

Era la época en que el M-19 contaba con una presencia significativa en esa zona de Bogotá. Allí, como en otras ciudades del país, esa organización insurgente creó milicias que resolvían conflictos y proveían justicia; promovían la autogestión para la instalación de redes de servicios públicos y el mejoramiento de vivienda; y realizaban tareas de propaganda y organización.

La toma por la fuerza de vehículos transportadores de alimentos o el robo de materiales de construcción, que luego eran distribuidos entre la comunidad, eran una práctica recurrente del M-19 en los barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá. La guerrilla concebía estas acciones como “recuperaciones” con las cuales se podría avanzar en la solución de los problemas del hambre y de la falta de vivienda digna que agobiaban a los pobladores de esas zonas. En 1985, los precios de los alimentos aumentaron drásticamente por cuenta de la devaluación del peso.

Aunque los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo del 30 de septiembre de ese año reportaron todos los homicidios como muertes en combate, los informes de balística y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constataron más tarde que los 11 jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión. Los testimonios de algunas vecinas y vecinos de los barrios donde ocurrieron los hechos así lo confirmaron.

Que integrantes de la Policía hubieran asesinado a plena luz del día a once personas en medio de un operativo para repeler el robo de un camión de leche generó temor en la zona, pero también importantes acciones de denuncia y de recuperación de la memoria que han persistido durante los últimos 35 años en cabeza de familiares de las víctimas, exmilitantes del M-19 y organizaciones culturales y juveniles del suroriente de Bogotá, que encuentran elementos de continuidad entre el caso y sus propias experiencias en el presente.

La Masacre del Suroriente

El informe de fondo que en 1997 emitió la CIDH sobre este caso, conocido como la masacre de la Leche o masacre del Suroriente, narra en detalle lo ocurrido la mañana del 30 de septiembre de 1985. Ese día, en el barrio San Martín de Loba y los sectores cercanos, la Policía; el F-2, la agencia de inteligencia policial de la época; la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín); el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército desplegaron un importante operativo contra el comando del M-19 que robó el camión de leche.

Encontrándose cercados, los jóvenes guerrilleros se separaron en varios grupos y emprendieron la huída. José Alberto Aguirre, Jesús Fernando Fajardo y Francisca Irene Rodríguez fueron asesinados dentro de un bus de servicio público por un agente de la Sijín, en el barrio Diana Turbay. En el informe de la CIDH consta que Jesús y José murieron por disparos realizados a corta distancia. En estos hechos también fue asesinado Javier Bejarano, un joven que se encontraba dentro del bus, pero que no pertenecía a la insurgencia.

Leonardo, el hermano de Javier, sobrevivió al crimen. Así describió los hechos, según consta en el mismo informe de la CIDH: “Yo agaché la cabeza y me quedé ahí agachado, luego fue cuando yo no sé quién subió, yo miré y fue cuando me dieron el primer tiro. Me escurrí y quedé con la cabeza apoyada en los pies de mi hermano, botando sangre por la boca. Luego ya subieron más señores del F-2 que portaban radios y decían: ‘Mi capitán están todos muertos, no hay ningún herido’. Luego se acercaron otra vez adonde nosotros y, como a mi hermano no lo habían herido, le pegaron un tiro. Entonces fue cuando me vieron que yo estaba con vida y me dijo: ‘Este hijo de puta no se muere’, y sacó y me pegó otro tiro».

En el barrio Bochica ocurrieron otras cinco ejecuciones extrajudiciales, en tres episodios distintos. Isabel Cristina Muñoz fue asesinada por agentes de la Policía a las afueras de una casa donde se escondía, luego de que ella saliera con las manos en alto; Arturo Ribón Avilán y Yolanda Guzmán Ortiz fueron asesinados en las calles del barrio, cuando huían de la persecución de la Fuerza Pública. Aunque un teniente declaró que ambos murieron en combate, los dictámenes periciales mostraron que varios de los disparos les fueron propinados a corta distancia; Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas fueron asesinados por un agente del F-2 cuando se encontraban indefensos.

La monografía de Carlos Eduardo Parra titulada “Masacre en el Suroriente de Bogotá, un crimen de Estado. Documentación de caso” (2010) retoma importantes testimonios que fueron incluidos en las investigaciones de la Procuraduría de la época. Dos de ellos se refieren al caso de Martín y Luis Antonio. Los testigos narraron cómo agentes del F-2 los golpearon y les dispararon hasta matarlos cuando ellos se encontraban tendidos en el suelo. Uno de los testigos contó sobre las víctimas: “Los muchachos no dijeron nada, ni levantaron una mano, ni una uña. Esos muchachos venían tranquilos por la calle, como si nada pasara”.

Finalmente, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera fueron asesinados en zona rural, en lo que entonces era la vereda Los Soches, del municipio de Usme. En el sector, hoy barrio La Aurora, no se encontraron testigos de los hechos. Sin embargo, los informes de balística probaron que ambas víctimas recibieron disparos a menos de un metro de distancia, contrario a la versión de la Policía, que dijo haberlos “dado de baja” en un enfrentamiento.

La monografía de Parra también documenta cómo un militante del M-19 que participó en el robo del camión de leche fue detenido cuando intentaba escapar del cerco de la Fuerza Pública. Esta persona describió las torturas a las que fue sometida: “Hay como mucha violencia (en la detención), muchos golpes (…) en el carro, en la estación de policía de San Agustín, en el F-2; se me paran unos tipos en las coyunturas del cuerpo, en los tobillos. Ya en el carro, por ejemplo, con una ametralladora me han estado aterrorizando, claro, de meterle a uno la ametralladora en la boca y empezar a tratar de dispararla”.

Por las 11 ejecuciones extrajudiciales, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había violado los derechos de las víctimas a la vida, la integridad física, las garantías judiciales y la protección judicial. La Comisión determinó que los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo “estaban obligados a tratar en toda circunstancia humanamente a todas las personas que se encontraban bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que hubieran participado o no en las hostilidades».

En 2014, pasados 17 años de las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano para que avanzara en las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto varias decisiones de la Justicia Penal Militar que habían exonerado de toda responsabilidad a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo y le remitió el proceso a la Fiscalía. Seis años después de esa decisión, el caso continúa en la impunidad.

Resistiendo al olvido

Este 30 de septiembre, organizaciones juveniles y culturales de la localidad de Rafael Uribe Uribe decidieron articular la conmemoración de los 35 años de la Masacre del Suroriente con la Noche Sin Miedo, una jornada de actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias organizada para combatir el miedo generado por los hechos ocurridos en Bogotá durante y después del 9 y 10 de septiembre de este año, cuando al menos 14 jóvenes fueron asesinados durante las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía.

A la estigmatización que se produjo después contra los manifestantes y las organizaciones sociales, se suma el temor por la persistencia de amenazas en el suroriente y el suroccidente de la ciudad. En 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió en una alerta temprana que, en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, “los líderes y lideresas sociales, comunales y barriales son objeto de intimidaciones por parte de sujetos armados que, mediante la coacción y amenaza, buscan condicionar sus labores de liderazgo o de defensa de los derechos humanos, entorpecer procesos sociales, o impedir actividades que incrementen el bienestar social, el acceso a la justicia, la capacidad de organización y de participación ciudadana”.

Para esta Noche Sin Miedo, los jóvenes eligieron como punto central el sector del barrio Diana Turbay conocido como el Rincón del Valle. Allí, desde las primeras horas de la tarde del 30 de septiembre, el colectivo Épsilon y otras personas de la comunidad prepararon los espacios, la comida y las bebidas calientes con las que recibieron a los asistentes de las varias actividades que se realizaron en la noche y hasta las seis de la mañana del día siguiente: campamento, trueque, concierto, proyección audiovisual, estampado de camisetas, juegos, documentación de hechos de violencia y de necesidades básicas insatisfechas.

Marghen Blanco, del colectivo Valkirikaz del Sur, estuvo a cargo de la proyección audiovisual. Ella encuentra relación entre la Masacre del Suroriente y los crímenes recientemente cometidos contra los jóvenes de la ciudad: “Es como si se repitiera el ciclo histórico. La conmemoración de la masacre del 85 y la Noche Sin Miedo son una defensa de la vida. Nos masacraron, nos mataron, nos siguen amenazando, nos siguen hostigando, persiguiendo. Pero nosotros seguimos resistiendo, con esa idea de defender la vida; una vida digna, con todas las condiciones”.

El colectivo Épsilon, junto a Valkirikaz del Sur y otras organizaciones del territorio, le han apostado durante los últimos años a mantener viva la memoria de la Masacre del Suroriente. A partir de la investigación de Parra, han reflexionado sobre el caso; han realizado cartillas, stencil, murales, líneas del tiempo, conversatorios; y han montado una obra de teatro que narra el caso. Este año, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación produjo junto al colectivo este video conmemorativo sobre la masacre:

Para Felipe Gamboa, integrante de Épsilon, “la masacre del Suroriente es un hecho relevante para el territorio por lo que significó en cuanto al asesinato de 11 jóvenes. Empezamos a indagar un poco alrededor de esas vidas y encontramos una profunda necesidad por transformar el país: una juventud demasiado inquieta, crítica y consciente en ese 85. Encontramos elementos de lo que es la juventud organizada hoy en día en el territorio”.

Durante los últimos años, otras personas y colectivos también han mantenido viva la memoria de la masacre, así como de las apuestas de los jóvenes asesinados. En 2017, por ejemplo, la Corporación Nuevo Abril y otras organizaciones sociales conmemoraron los hechos en una jornada que incluyó la siembra de plantas, la elaboración de murales, un recorrido por la memoria, una jornada artística, un compartir de arroz con leche y un foro sobre la protesta y el derecho a la alimentación. En 2019, la Escuela Ambiental Kimy, en asocio con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, realizó varias actividades en conmemoración de la masacre, en las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme.

Este año, la editorial El Búho publicó un libro sobre el caso, titulado “Tomad y Bebed. Crónicas de Militancia”, de Alejandro Cabezas. También este año, Armando Ribón Avilán, hermano de Arturo, elaboró una multimedia conmemorativa, en cuya presentación escribió: “Año a año, mes a mes, día a día, seguiremos persistiendo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Mientras, no habrá silencio ni cobardías, no habrá cansancio, no habrá perdón ni olvido”.

septiembre 28, 2020abril 17, 2023

Rostros que transforman ciudad

El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. En este espacio virtual pueden cercarse a las historias de cuatro líderes y lideresas que ahora viven en la ciudad de Bogotá.

CARLOS SANTHOS

Cofundador de CARABANTU y del Festival de Cine Afrocolombiano FICCAK. Su cámara es su herramienta para visibilizar y narrar el mundo y su manilla lo presenta como embajador de Chocó.

ELIECER MANUEL ÁRIAS

El Parque Nacional es lugar de encuentro de la comunidad Kankuamo en Bogotá. La mochila atanquera es un emblema ancestral, tejida con simbolismos que contribuyen a la preservación intergeneracional de la cultura.

ABUELA MUIDOKURI

En el interior de la Maloka se encuentra el corazón, el fuego. El fuego es el símbolo de la mujer Uitoto. La caguana, que se extrae de la palma Canangucho, es una bebida
tradicional que representa fuerza y alimento.

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ MURILLO

Lideresa juvenil de la localidad de Usme e integrante de la fundación FUCISPAC.
Solía ir al mirador con una amiga que falleció. El marañón tiene usos medicinales.

ABUELO BUIDAMA

La Maloka es un lugar sagrado en el que la comunidad realiza ceremonias ancestrales. El ambil y mambe son medicinas tradicionales que han acompañado al abuelo en círculos de la palabra sirviendo como puente con sus ancestros.

ANYELA GUANGA

Integrante de ASOETNIC. San Victorino fue su lugar de llegada a Bogotá y donde se empleó en un puesto de venta de galletas tradicionales. El cacao es símbolo de resistencia y pervivencia.

SOPHIA RIVAS

Sabedora de medicina ancestral. En el quilombo realiza sus prácticas y ofrece sus servicios medicinales.

ARALIATU WOULIYU ELIEL CASTILLO

Consejero Nacional de la Juventud Indígena en la ONIC. El Parque Nacional evoca a la Sierra Nevada, sus montañas representan la conexión con el lugar sagrado. Allí se reúnen integrantes de la comunidad Kankuamo para realizar actos ceremoniales.

ELIZABETH ANDRADE

Representante de Afroindígenas mi Colombia. Vive y coordina su fundación desde el sector Los Puentes. El rayo es una herramienta de madera utilizada para lavar ropa en el río.

PAULINA MAJIN

Lideresa Cabildo YANACONA. SUu lugar es la Casa de Pensamiento Indígena. Bastón de mando de la Guardia Indígena.

JUAN DAVID JAMIOY

Juan David trabaja en la Casa de Pensamiento. La casa acoge a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos con el propósito de mantener la cultura ancestral a través del fomento de prácticas pedagógicas.

YOLVANA ROMERO PUSHAINA

En noviembre de 2018 cumplió dos años viviendo en Bogotá y estudiaba enfermería. El woüma (sombrero), es utilizado principalmente por los hombres, y el kötoii (mochila), es donde se plasma el pensamiento, las ideas y el camino a seguir.

MARTHA LUCÍA RENTERÍA BARREIRO

Consejera de planeación local y médica ancestral. En el quilombo ofrece sus servicios y comparte su sabiduría como médica ancestral. El premio es un reconocimiento al fortalecimiento de
la participación e incidencia de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

OLADYS JUDITH ROMO HERNÁNDEZ

Integrante de la organización ACODES. Suba es la localidad donde ha vivido y desarrollado sus acciones comunitarias.

LUZ AIDA ÁNGULO ÁNGULO

Defensora de derechos humanos e integrante de la fundación Black Sombra.

MARÍA CARMENZA USSA TUNUBALA

El parque del barrio Las Villas es el lugar en el que ha vivido desde que llegó a Bogotá. El Tambal Kuary representa el ser Misak, la circularidad en la espiral que simboliza el ciclo de la vida.

septiembre 23, 2020abril 14, 2023

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio “Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez.

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”.

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”.

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019.

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.

septiembre 14, 2020abril 17, 2023

Bogotá se moviliza: pasado y presente del Paro Cívico del 77

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En la Bogotá de 1977, cientos de personas llevaron a cabo una de las acciones de protesta más importantes en la historia del país: El Paro Cívico Nacional, realizado el 14 de septiembre por convocatoria del movimiento sindical. Los habitantes de la ciudad, agobiados por los bajos ingresos y la inflación, salieron a las calles para exigirle al gobierno que aumentara los salarios, congelara los precios, otorgara derechos sindicales a los trabajadores estatales y levantara el Estado de Sitio.

Pasadas cuatro décadas, esa movilización se ha comparado con las multitudinarias marchas del pasado 21 de noviembre. El Paro de 1977 no solo fue significativo por sus dimensiones, sino también por las consecuencias que trajo para la vida política del país.

Tras su desarrollo, el Estado afianzó aún más la concepción de que la protesta social era una amenaza que debía ser conjurada; las insurgencias avanzaron en la decisión de fortalecer su presencia en las ciudades; y la sociedad civil tejió redes de organizaciones en los barrios para continuar exigiendo la garantía de sus derechos.

Transcurridos 43 años desde ese estallido popular, resulta interesante reflexionar sobre los hechos de entonces para aportar a los debates actuales sobre la movilización social y el derecho a la ciudad.

La antesala del Paro

Los habitantes de los barrios empobrecidos de Bogotá, en la segunda mitad de la década de 1970, atravesaban una difícil situación económica. Las familias tenían que vivir con bajos salarios o de trabajos informales, al tiempo que el Estado desmontaba los subsidios al transporte público, se devaluaba el peso y se disparaban los precios de los alimentos. El gobierno, además, creó en esa época el impuesto de valorización, con el que los ciudadanos debían financiar la construcción de avenidas y la modernización del alumbrado público.

El docente, investigador y doctor en Historia Frank Molano explica la situación que atravesaban los y las bogotanas de entonces: “Había una condición de modernización urbana de carácter neoliberal. A los sectores medios y populares que se habían hecho a sus viviendas les caía la obligación de contribuir a la ciudad, sin que eso hubiera significado un incremento salarial. Esos cambios obedecían a un cambio en el modelo de acumulación del capital y a una forma en que la ciudad pensaba ampliarse con una retirada de la inversión estatal”.

Molano también argumenta que la modernización de Bogotá no traía consigo la construcción de mejores espacios públicos para sus habitantes: “Los barrios eran dormitorios de trabajadores, sin terminal de transportes, hospitales, parques públicos, plazas de mercado. Era una ciudad llena de vías, claro, para la movilidad de los trabajadores, pero no era una ciudad para habitar”.

A lo largo de la década, el transporte público se había convertido en un serio problema para los habitantes del sur y el noroccidente de la ciudad, que protestaban para pedir la mejora en la prestación del servicio luego de que las autoridades o los políticos locales se negaran a atender sus demandas. Entre las movilizaciones más significativas por el acceso al transporte se registra el Paro Cívico del Suroriente, ocurrido el 27 de noviembre de 1974, cuando habitantes de al menos 30 barrios de ese sector de la ciudad bloquearon la vía a Villavicencio, cansados de que la Alcaldía y las empresas de transporte ignoraran sus reiteradas peticiones al respecto.

El bloqueo de vías era una modalidad de protesta que recién tomaba fuerza en la ciudad, donde buena parte de las necesidades de servicios públicos o equipamiento urbano se habían resuelto por la vía de la autogestión o de la negociación en cabeza de las juntas de acción comunal, tal como concluyó en el libro La ciudad en la Sombra el profesor, investigador y doctor en Estudios Latinoamericanos Alfonso Torres.

Al tiempo que los habitantes de los barrios del suroriente, el suroccidente y el noroccidente incursionaban en nuevas formas de protesta, en los mismos sectores tenían lugar dos procesos que promovían el pensamiento crítico entre los jóvenes: la ampliación de la cobertura de la educación pública mediante la construcción de grandes colegios y la presencia permanente de organizaciones sociales y políticas de izquierda. Entre ellas, la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el Partido Comunista, la Unión Nacional de Oposición (UNO), los sindicatos de las fábricas, y los sacerdotes y las monjas vinculados al movimiento de la Teología de la Liberación.

Así explica el profesor Torres la influencia que estos procesos tuvieron en el desarrollo del Paro Cívico Nacional: “La gente que se va a movilizar no es el migrante (del campo). Somos los hijos, los nietos, la generación que es más urbana, que tiene otra mirada. Donde hubo mayor movilización fue en estos barrios donde había una generación urbana, escolarizada, con una previa familiarización con esas formas de movilización”.

Esos y otros factores permitieron que el 14 de septiembre de 1977 protestaran no solo los trabajadores sindicalizados, sino también los habitantes de los barrios en general. De acuerdo con Torres, “se movilizó gente que habitualmente no se movilizaba, que no era de un núcleo o partido. Se movilizaron no solamente los trabajadores, sino el desempleado, el habitante de barrio. Es decir, apareció esa identidad de lo barrial, de lo popular urbano”.

Los impactos del Paro

Con varias semanas de anticipación, en diferentes barrios de la ciudad empezaron a prepararse las tareas necesarias para la realización del Paro Cívico. En su libro “Un día de septiembre” (1980), Arturo Alape incluyó importantes testimonios sobre la planeación del Paro en Atahualpa, Policarpa, República de Canadá, Santa Lucía, Kennedy, La Granja, Tabora, Bosa y el cercano municipio de Soacha.

A la par, el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen hizo grandes esfuerzos por impedir la movilización. Desde finales de agosto, el gobierno decretó el arresto de las personas que participaran en la organización de manifestaciones y a comienzos de septiembre prohibió las concentraciones públicas. El Ejecutivo también ignoró el pliego de peticiones de las centrales sindicales, caracterizando la protesta como una acción organizada para influir en las elecciones presidenciales que se avecinaban y, más tarde, como una acción “subversiva”.

La prohibición gubernamental no impidió que obreros, docentes, empleados públicos, estudiantes, trabajadores informales e integrantes de juntas de acción comunal, comités de valorización y comités provivienda paralizaran Bogotá.

Durante la jornada se vivió una inusual beligerancia, que además de bloqueos en las principales vías incluyó enfrentamientos con la Policía en barrios como Ciudad Kennedy, Quirigua, San Fernando, La Estrada, Las Ferias y Fontibón, según documentó Alape. Algunos manifestantes también atacaron buses y bancos, y saquearon grandes almacenes de ropa, alimentos, zapatos, muebles e insumos para la construcción.

Estas acciones violentas son usualmente rememoradas cuando se habla del Paro Cívico. El profesor Molano propone una lectura para comprender este tipo de acciones: “Generalmente se trata de plantear que la lucha popular es irracional, que la gente es manipulada o que simplemente va a su paso arrasando con todo. Pero diferentes estudios, tanto del Bogotazo, como del Paro del 77, muestran que aquello que se saquea, se bloquea o se incendia está asociado a lo que para la gente representa blancos muy concretos que afectan su calidad de vida o que le plantean ventajas para la lucha callejera”.

Para el caso concreto del Paro Cívico, Molano argumenta que hubo “una racionalidad popular, en donde no se atacó, por ejemplo, colegios, hospitales, viviendas. Cuando se trata de levantamientos contra el hambre, la carestía, la escasez, obviamente lo que la gente busca es abastecerse de ropa, alimentos o de ferretería, porque necesitaba herramientas para estar en la calle. Los episodios de levantamiento popular son estallidos de descontento que se expresan de esta manera”.

Habiéndola estigmatizado desde antes de que ocurriera, el gobierno de López reprimió duramente la manifestación. Fueron asesinadas al menos 25 personas en Bogotá, en su mayoría jóvenes estudiantes que habitaban barrios como La Estrada, Atahualpa y Marco Fidel Suárez, según documentó el propio profesor Molano en este artículo. Durante la jornada, más de tres mil personas fueron detenidas y recluidas en el estadio El Campín y la Plaza de Toros.

De acuerdo con estos y otros investigadores, las élites y la Fuerza Pública percibieron el Paro Cívico como una importante amenaza que, junto a otras expresiones de descontento, debían ser reprimidas o neutralizadas. Un año después del Paro, el recién posesionado presidente Julio César Turbay expidió el Estatuto de Seguridad Nacional, con el que se recrudeció la persecución a la izquierda mediante la aplicación de estrategias legales e ilegales que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos. Desde hacía varios años, el país vivía un Estado de Sitio casi permanente.

Entre las organizaciones insurgentes de la época, algunas de las cuales contaban con incipientes estructuras urbanas, el Paro promovió la idea de que era necesario prepararse para desarrollar el conflicto en las ciudades.

Para los y las jóvenes de los barrios de Bogotá con experiencias en la movilización, el Paro se convirtió en un referente. Durante la década de 1980 se creó y fortaleció un importante movimiento cívico en la ciudad, aun en medio de la represión estatal y la persecución de organizaciones ilegales de justicia privada.

El profesor Torres explica que a partir del Paro Cívico se generaron “muchos trabajos de organización que serían novedosos respecto a las juntas de acción comunal, porque ya lo que los nucleaba no era conseguir el agua o la luz, sino que estaban inspirados incluso en una idea de izquierda más amplia y los temas eran otros: el comité, la biblioteca comunitaria, el centro de educación popular, demandas en torno a lo deportivo, lo cultural”.

La movilización de 1977 también inspiró la realización de varios paros cívicos regionales. Durante los años siguientes se convirtió en un hito de la movilización social en el país, estudiado con entusiasmo hasta el día de hoy.

Memoria y presente

El 21 de noviembre de 2019, en Bogotá y otras ciudades del país se desarrolló, con multitudinarias marchas, el Paro Nacional. A la movilización se vincularon sindicatos, barristas, estudiantes de universidades públicas; organizaciones feministas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y culturales; personas sin militancia política, entre muchas otras, que salieron a las calles para protestar por un amplio repertorio de problemas. Algunos de ellos fueron la anunciada reforma laboral y pensional, la corrupción, el asesinato de líderes sociales, la represión y la falta de implementación del Acuerdo de Paz.

Ese día y el siguiente se presentaron, además, protestas violentas en algunos barrios de Bogotá. Colectivos artísticos fueron allanados y se registraron múltiples hechos de brutalidad policial contra manifestantes e incluso contra trabajadores de los medios de comunicación.

Algunos analistas no vacilaron en leer lo que había ocurrido a luz del Paro Cívico de 1977. La cantidad de protestas ocurridas en los meses anteriores, su carácter urbano, la creatividad de los manifestantes, los estallidos de violencia y la represión que se desató en Bogotá fueron algunos elementos que trataron de ponerse en común.

Desde la academia también se continúa investigando el Paro Cívico. En la Universidad Pedagógica Nacional, la estudiante Cindy Reyes investiga para su trabajo de grado las huellas de la memoria que dejó el Paro en el barrio Kennedy, particularmente en el colegio INEM, uno de cuyos estudiantes fue asesinado en las jornadas de 1977.

Para ella, es importante “reconocer lo que sucedió en ese momento, porque si eso se trae del pasado vemos que hay similitudes y, si entendemos que hay similitudes, podemos pensar en qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Es mirar hacia al pasado pensando en el futuro, en plantear un futuro distinto, con justicia social”.

septiembre 6, 2020noviembre 4, 2023

2° Carrera de observación virtual: Los colegios como lugares de la memoria

Los colegios de Bogotá tienen nombres con la huella de hombres y mujeres víctimas de la violencia socio – política y el conflicto armado. Ellos y ellas desde sus proyectos de vida fueron constructores de apuestas para tener un país en paz y profundamente democrático. En este marco, la idea es recorrer virtualmente los lugares de la memoria que se encuentran en la ciudad, relacionándolos con los colegios y reflexionando sobre el impacto de estos en la vida escolar.

Bienvenido/bienvenida a este viaje por los colegios con memoria.