Por Fernanda Espinosa y María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – 30 agosto de 2020
En las calles y barrios de Bogotá, a veces a plena luz del día, han sido desaparecidas forzadamente decenas de personas desde la década de 1960. En los hechos que guardan relación con el conflicto armado y la violencia política, estas personas han sido desaparecidas por distintas razones: acallar sus voces, fracturar proyectos sociales y políticos de izquierda, engrosar las filas de grupos armados ilegales mediante reclutamientos forzados, conseguir beneficios para militares mediante ejecuciones extrajudiciales, cometer actos criminales de venganza o justicia privada contra ellas, entre muchas otras.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que trae graves consecuencias para las familias de las víctimas, las colectividades a las que aquellas pertenecían y la sociedad en general. Aunque en la lucha por encontrar a los desaparecidos y combatir la impunidad los familiares de las víctimas han conseguido importantes avances en materia jurídica e institucional, el país está lejos de repararlas integralmente.
Este 30 de agosto, como todos los años desde 2011, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En ese marco, resulta fundamental reconocer las dimensiones de este crimen, las historias de las víctimas y la impunidad en la que se encuentran la mayor parte de los casos. La capital del país no ha sido ajena a estos graves hechos.
La desaparición forzada en Bogotá
En Bogotá se han documentado casos de desaparición forzada desde 1959. Si bien estos hechos empezaron a convivir con la realidad cotidiana y constante de la ciudad, podemos identificar algunos periodos y unos años de mayor impacto, así:
1960-1980: Inicios de la desaparición forzada en la ciudad: Se presentan las primeras denuncias de casos aislados en la década de 1960, que se hacen más comunes a finales de 1970.
1981-1990: Aumento de casos de desaparición forzada: Este periodo está marcado por la desaparición forzada de personas de sectores estudiantiles y sindicales. Como el caso de la desaparición de 13 personas conocida como “colectivo 82”. Encontramos algunos años con picos importantes, por ejemplo, en 1985, ocurren 49 casos, incluidos las desapariciones forzadas cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia a manos del Ejército.
1991-1999: Continuidad de la desaparición forzada: a nivel nacional se evidencia una disminución de la ocurrencia de este crimen de lesa humanidad. Si bien en Bogotá también evidenciamos cierta disminución, la ciudad tuvo picos importantes en 1994, con 47 casos, y en 1998, con 39 casos.
2000-2007: Nuevo incremento de la desaparición forzada: El mayor número de casos en el área metropolitana se presenta entre 2001 y 2003, con más de 60 al año.
2007-2015: Decrece el número de casos, pero no desaparece: De 2007 a 2011 se evidencia una disminución constante de los casos en general. Ahora bien, al referirnos a toda el área metropolitana de Bogotá, resalta el municipio de Soacha, donde en toda la década de 2000 se percibe un aumento, teniendo un pico en 2008, con 17 víctimas. Esto se explica por la ocurrencia de la desaparición bajo la modalidad de “falsos positivos”. En Soacha ya se habían reportado algunos casos en las décadas de 1980 y 1990.
Al menos desde 2006 las ejecuciones extrajudiciales golpean fuertemente el área metropolitana de Bogotá. Se trata de una modalidad de desaparición forzada que afecta a los habitantes de la ciudad, con diferencias notables a las desapariciones anteriores. Si bien hay una retención o desaparición inicial con intención de ocultamiento, el objetivo final era la “reaparición” de las víctimas bajo la acusación de “guerrilleros” muertos en combate por el Ejército Nacional. Según el Observatorio de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido documentados 20 casos en el área, en su mayoría ocurridos en Soacha durante 2008.
Otra característica del delito de desaparición forzada en el área metropolitana de Bogotá es la de los presuntos responsables. Si bien en la mayoría de los casos documentados el presunto responsable de la desaparición es desconocido (43%), resalta la responsabilidad de grupos paramilitares en el 21% de los casos, particularmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); de agentes del Estado, con el 17% de las víctimas (en su mayoría integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional), y de las guerrillas (7%).
El Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) ha documentado cinco casos de desaparición forzada de sindicalistas en Bogotá, de los cuales tres aparecieron posteriormente asesinados. Los hechos ocurrieron en 1999, 2000, 2006 (2 casos) y 2008. El movimiento sindical ha sido uno de los más afectados por este delito.
Algunos casos ocurridos en Bogotá
Cristóbal Triana Bergaño
Cristóbal Triana era un joven estudiante de economía de la Universidad Autónoma de Colombia, donde se desempeñaba como representante estudiantil. Vivía en el barrio Tabora, de Bogotá, y era militante del Movimiento 19 de Abril (M-19). El 22 de agosto de 1987, cuando tenía 26 años, fue detenido y desaparecido en una cafetería a las afueras de la Universidad Autónoma, de acuerdo con la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos.
Posteriormente, sus familiares fueron hostigados por agentes del Estado. El 30 de mayo de 1988, el Ejército allanó la casa de su familia y detuvo a su padre y a uno de sus hermanos, a quienes trasladó hasta el Cantón Norte para interrogarlos y obligarlos a aceptar señalamientos de pertenecer a la insurgencia.
La pareja de Cristóbal Triana era Yanette Bautista Montañez, hermana de Nydia Erika Bautista, socióloga y también estudiante de economía de la Universidad Autónoma. Tan solo ocho días después de la desaparición forzada de Triana, Nydia fue detenida, torturada, asesinada y desaparecida por la Brigada XX del Ejército Nacional. A diferencia del de Triana, el cuerpo de Bautista fue hallado e identificado, en 1990.
Ambos hechos ocurrieron en medio de la intensa persecución que a partir de 1986 emprendió el Ejército contra el M-19 en varias ciudades del país, que incluyó detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas de militantes urbanos.
En el artículo académico “Recuperando los recuerdos de Cristóbal Triana: un acercamiento crítico a la desaparición forzada desde la posmemoria”, Tatiana Triana reflexiona sobre su propio trabajo de reconstrucción de la memoria de su tío, realizado a partir de testimonios, archivos familiares y ejercicios de creación. Allí, concluyó que, aunque los trabajos de la memoria emprendidos por ella y su familia frenaron “la aniquilación simbólica” de Cristóbal Triana, “solo la entrega del cuerpo concederá una reparación integral a sus parientes”. El caso se encuentra en la impunidad.
Pedro Julio Movilla Galarcio
Pedro Julio Movilla fue visto por última vez a las 8 de la mañana del 13 de mayo de 1993, en la escuela John F. Kennedy, de Bogotá, hasta donde había llevado a estudiar a su pequeña hija. Esa mañana, cerca de la escuela, “padres de otros alumnos y profesores habrían notado la presencia de tres motos cuyos conductores estarían armados con ametralladoras”, según consta en el informe de admisibilidad del caso que profirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014.
Movilla era un dirigente del sindicato del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y militante del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista, que se había desplazado desde Córdoba hasta Bogotá debido a la constante persecución de la que era víctima a causa de su actividad política. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le informó a la CIDH que Movilla había recibido “diversas amenazas y hostigamientos por parte del Ejército, la Policía Nacional y la Dirección de Policía Judicial e Investigación”.
En Bogotá, sin embargo, la persecución continuó. El Cajar documentó seguimientos en la ciudad por parte de la Brigada XIII del Ejército, que consideraba a Movilla un integrante de la insurgencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). En los 27 años que han transcurrido desde la desaparición, la justicia colombiana no ha identificado ni sancionado a los responsables.
En 2008, cuando se cumplieron 15 años del crimen, integrantes de las agrupaciones musicales Ganyarikies, Skartel, Furibundo y Desarme produjeron colectivamente una canción en su homenaje.
Cuatro años después, la familia y varias organizaciones sociales se reunieron en Bogotá para recordar a Pedro Movilla. En este video del colectivo Kinorama quedó registrado el proceso de creación de un mural y la lectura de varios textos, escritos por sus hijos. En ese entonces, uno de ellos escribió: “Mi padre era un hombre que no descansaba, ni se cansaba de luchar por su proyecto de país. Y, por ende, dedicó cada minuto de su vida a la lucha por un proyecto socialista de nación, y eso le tomaba mucho tiempo. Porque siendo sinceros, para mi padre, antes que su familia nuclear, estaba su familia entera: es decir, su pueblo”.
Eyder Andrés Galindo Caicedo
En la casa donde vivía con su madre, tía y hermanos, en el barrio Libertadores, sur de Bogotá, fue visto por última vez por su familia el niño de 14 años Eyder Andrés Galindo Caicedo, el 6 de junio de 2004. Hasta allí fue a buscarlo un paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), que con falsas promesas de trabajo lo llevó al municipio de Monterrey (Casanare) y posteriormente a una zona rural, donde fue ingresado forzadamente a una escuela de instrucción militar de las ACC.
Según documentó la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), los primeros indicios del paradero de Eyder se conocieron en septiembre de 2004, cuando tras un combate con las ACC el Ejército Nacional encontró en una vereda de Monterrey a varios niños que habían sido reclutados en Girardot y en barrios empobrecidos de Bogotá.
Entre ellos se encontraba un amigo de Eyder, quien años después le contó a la Fiscalía que, durante su estancia en la escuela, ellos y otros niños habían sido obligados a presenciar y practicar graves violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo con la CCEEU. El ahora adulto también contó que Eyder había sido asesinado y enterrado en la misma vereda.
Pese a ese testimonio, y a otros entregados por exparamilitares, la Fiscalía no realizó las tareas de búsqueda del cuerpo, ni investigó a los responsables. Durante los años posteriores a la desaparición, la madre de Eyder fue amenazada para que no denunciara los hechos y continuamente extorsionada por paramilitares, que falsamente le prometieron regresar a su hijo con vida a cambio de dinero.
Para la época del reclutamiento forzado y la desaparición de Eyder, las ACC libraban una confrontación militar con el bloque Centauros y otras estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia por el control militar del departamento del Casanare.
Patricia Rivera e hijas
Patricia Rivera y sus hijas Eliana y Katherine Bernal, de nueve y cuatro años de edad, fueron desaparecidas forzadamente en Bogotá el 10 de diciembre de 1982 por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En la tarde de ese día, en cercanías a la carrera 9a con calle 5 sur, los agentes abordaron a Patricia y sus hijas y las obligaron a abordar un taxi. Junto a ellas fue desaparecido Marco Antonio Crespo, un adulto mayor que intentaba ayudarlas.
Testigos de los hechos, cuyos testimonios fueron incluidos en el informe de admisibilidad del caso que profirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1993, relataron que Patricia buscó ayuda en la cigarrería de un conocido suyo para impedir que se la llevaran, mientras los captores insistían en que tenían una orden de captura en su contra y se identificaban vagamente como integrantes del F2, la agencia de inteligencia de la Policía Nacional de la época.
El informe de admisibilidad de la CIDH señala que los organismos de seguridad del Estado acusaban falsamente a Patricia Rivera de haber participado en el secuestro y asesinato de Gloria Lara, directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas. Investigaciones posteriores demostraron que el mismo vehículo en el que fueron desaparecidas Patricia y sus hijas fue usado una semana después para detener a una de las personas posteriormente torturadas por el Ejército e injustamente condenadas por el homicidio de Lara. Los sentenciados por ese crimen, que se encuentra en la impunidad, fueron liberados en 1983, como consta en este artículo de la revista Semana.
Los testigos de la desaparición forzada de Patricia, de sus hijas y de Marco Antonio Crespo identificaron como uno de los responsables del hecho a Jorge Luis Barrera, un detective del DAS que fue condenado en 1986 por su participación en la desaparición forzada de Miguel Ángel Díaz Martínez y Faustino López Guerrero, militantes del Partido Comunista vistos por última vez en Puerto Boyacá. El caso se encuentra en la impunidad.
Víctimas de desaparición forzada que habitan Bogotá
Bogotá es una de las principales ciudades de destino de la población víctima de desaparición forzada. El área metropolitana ha sido centro receptor de población de todo el país. De acuerdo con el Observatorio Distrital de Víctimas de la Alta Consejería, en Bogotá habitan 358.408 personas victimizadas entre 1985 y 2020, 7.289 de las cuales fueron víctimas de desaparición forzada. De estas últimas, 3.799 son mujeres, 2.646 hombres y nueve son personas LGBTI. Algunas de estas personas fueron víctimas de más de un delito.
Podemos encontrar una relación entre hechos de desaparición forzada y desplazamiento forzado: tras graves violaciones a Derechos Humanos, los familiares sobrevivientes tuvieron que trasladarse a Bogotá. De acuerdo con el Observatorio Distrital, las víctimas que viven en la ciudad son en su mayoría de Antioquia, Meta, Cundinamarca, Tolima, Caquetá y Cesar.
Aunque en toda la ciudad habitan víctimas del conflicto armado, las víctimas de desaparición forzada actualmente se concentran en algunas localidades: Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y Usme, según el Observatorio Distrital de Víctimas. Frente a su pertenencia étnica, 278 se identifican como afrocolombianas, 162 como indígenas, 11 como raizales, 12 como gitanas y una como palenquera.
Más allá de las cifras, que son significativas, es importante reconocer las huellas de la desaparición forzada que se encuentran en toda la ciudad. Bogotá también está marcada por el conflicto armado y particularmente por este crimen de lesa humanidad.
Continuidad del delito
En los casos de desaparición forzada resaltan los altos niveles de impunidad. Solo 15 de los casos de desaparición forzada ocurridos en Bogotá están en etapa de ejecución de penas, de acuerdo con los casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación. Esto quiere decir que más del 98% de los casos se encuentran en la impunidad. En las familias continúan las dificultades del duelo y la frustración, ante la ausencia de justicia y del hallazgo de las personas desaparecidas.
La búsqueda ha sido lenta y muchas veces sin apoyo estatal, cuando deberían ser prioritarias las medidas que se puedan tomar inmediatamente a la desaparición para el hallazgo con vida. Los familiares se encuentran con una institucionalidad torpe que desconoce los hechos. Por ello, los familiares continúan solicitando que el gobierno nacional acepte la competencia en Colombia del Comité de las Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas para que este órgano internacional pueda aportar en la búsqueda.
Bogotá y el área metropolitana no son ajenas a la desaparición forzada. En sus calles permanecen las huellas de la ausencia. Los habitantes de la ciudad debemos reconocer estos hechos y aportar para que no vuelvan a ocurrir.