La historia de las guerras y conflictos armados en Colombia se ha venido contando a retazos. En cada periodo del largo ciclo iniciado en los años cuarenta, le ha llegado el momento a informes, relatos y novelas, que hacen ya una larga lista en las bibliotecas que casi nadie lee. Por estos días, de nuevo hay una efervescencia de conversaciones y estudios que quieren aportar a la comprensión de lo que ha sucedido en setenta años de violencias, con investigaciones o informes de casos, de momentos especiales o de procesos de larga duración. Parece que le ha llegado otro turno a la memoria y a la verdad histórica.
Un capítulo especial de ese ejercicio de reconstrucción histórica, o de inventario de desastres, lo han ocupado los informes de comisiones de estudio convocadas por los gobiernos, junto con esfuerzos sobresalientes de documentación, realizados desde centros no estatales de pensamiento y distintas ONG.
La revisión de esos informes trae muchas sorpresas sobre el lugar marginal que en las políticas oficiales ha tenido la memoria histórica en todas estas décadas de violencias y conflictos armados. De este recorrido se ocupa esta publicación, recogiendo algunas reflexiones y documentos aportados en eventos realizados en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en su proceso de construcción. El repaso se realizó con fines pedagógicos y en la búsqueda de un norte para la acción del Centro en su fase inaugural. En esta compilación, se llega hasta la efervescencia de las memorias en la última década, que contrasta con lo ocurrido en los cincuenta años anteriores.
Primero fue la omisión oficial. Después de las dictaduras de mitad del siglo XX, se impuso el silencio del Frente Nacional: el pacto bipartidista, orientado 6 Rompecabezas de la memoria ¿Aportes a una comisión de la verdad? Por el documento elaborado por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, incluyó la idea de dejar en el olvido lo sucedido entre 1948 y 1958. De manera tímida le cargan culpas al gobierno “tiránico” del General Gustavo Rojas Pinilla, y el resto de la historia queda cubierto por la tesis del “enfrentamiento fratricida” o la “violencia sectaria”. La Comisión para el estudio de las Causas de la Violencia, creada por la Junta Militar en 1958, se disolvió después de haber recorrido varias regiones, haciendo entrevistas, promoviendo pactos de cese de hostilidades y acumulando documentos. La tarea de esclarecimiento fue asumida, en 1962, por la Universidad Nacional, desde la Facultad de Sociología, creada por Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo. El grupo conformado fue apoyado por la empresa privada, y con el aporte fundamental de Monseñor Germán Guzmán, publicó los libros titulados La violencia en Colombia. El primer tomo, en 1962, y el segundo, en 1964.
El primer informe de origen oficial se produjo en 1987 a pedido del gobierno. Se trata del documento Colombia: Violencia y Democracia, de la Comisión de Estudios sobre la Violencia, publicado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Convocados por Gonzalo Sánchez, un destacado grupo de académicos proyectó el estado de ánimo de la sociedad y del gobierno, luego del fracaso de las negociaciones de paz y del holocausto del Palacio de Justicia, durante el gobierno de Belisario Betancur. La llamada “violentología” ocupó el primer lugar en atención y fue criticada por haber minimizado la dimensión de la crisis de Estado, del autoritarismo que había sucedido al Frente Nacional y de las guerras que se imponían sobre las lógicas de la violencia ordinaria. Lo que se destacó fue una tipología de muchas violencias y la tesis de que lo importante para el Estado era afrontar “la violencia de la calle”. Este enfoque debilitó las recomendaciones de la Comisión, que incluían puntos importantes hacia la reestructuración democrática del país y en nombre de una convocatoria a conjurar la violencia, dejó de lado la definición de políticas de paz.
El enfoque de la academia y de las políticas públicas hacia las dimensiones de la violencia, le cedió el campo de la memoria a las acciones de resistencia en defensa de los derechos humanos, en el periodo más crítico de guerra y terror de la historia de Colombia, entre 1985 y 2005. La síntesis de esas memorias de resistencia es el informe Colombia Nunca Más, que responsabiliza al Estado por el paramilitarismo, las graves violaciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Al lado de ese informe, elaborado en una alianza de 17 organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy avanzan procesos de “memoria viva”, como los encabezados por Reiniciar y las víctimas del genocidio en contra de la Unión Patriótica, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y sus comunidades eclesiales de base; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Asociación Minga, Ruta Pacífica de las Mujeres, Casa de la Mujer y colectivos de diversas partes del país.
Los acuerdos de paz entre el gobierno y algunas guerrillas, entre 1989 y 1993, no le dieron importancia a la memoria, ni a la verdad histórica. La excepción fue el informe Pacificar la Paz, que siguió a la desmovilización del EPL y el Quintín Lame, el cual ha pasado desapercibido, no obstante la documentación y recomendaciones que hacen sus autores bajo la coordinación de Alejandro Reyes Posada.
Hasta 2012, la política oficial fue la desmemoria sobre el conflicto armado, sus determinantes y consecuencias. Durante la primera década del siglo XXI, se estableció como verdad oficial la negación de la existencia del conflicto armado interno y de crisis humanitaria o violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por ley, se definió que en Colombia solo se podía hablar de violencia de grupos armados ilegales y, en ningún caso, de responsabilidades del Estado. A pesar de esta política pública, se abrieron paso iniciativas como el Grupo de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
En el recorrido por los informes sobre la violencia y los conflictos armados en Colombia, tal como se ilustra en esta compilación, se constata que la apertura a la memoria y a la verdad histórica ocurre en el país desde las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos. En los últimos años, y en medio del conflicto, se registra un movimiento de conciencia a todos los niveles, con centenares de iniciativas locales, en las cuales se destaca el papel de las mujeres, de los jóvenes y de los centros académicos. Esa emergencia de la memoria y la verdad históricas, como fuerza transformadora, está impactando también las políticas públicas, iniciativas institucionales y las leyes de reconocimiento de los derechos de las víctimas. Así se muestra en el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, presentado en 2010, y de manera 8 Rompecabezas de la memoria ¿Aportes a una comisión de la verdad? especial en los documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tienen su primera gran síntesis en el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, publicado en julio de 2013.
En todas estas décadas, los silencios y olvidos de la memoria se han explicado por las condiciones que impone la guerra y los conflictos armados en el ámbito de la verdad; por la guerra de memorias como otra forma de la misma guerra. Pero también, la emergencia de las memorias de resistencia y del reto de hacer memoria histórica como instrumento de paz, son leídos como signos de un nuevo tiempo y oportunidad de otro futuro.
