Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
En el Parque del Renacimiento, parte del Eje de la Paz y la Memoria de Bogotá, se reunieron familiares, amigos y vecinos el pasado 30 de octubre para hacer memoria de tres javieres: Óscar Javier Molina, funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social asesinado por las mafias del Bronx en 2013; Javier Leonardo Franco, un joven trabajador ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por integrantes del Ejército, en 2008; Javier Ordónez, estudiante de derecho asesinado por integrantes de la Policía en Bogotá, en septiembre pasado.
La conmemoración, titulada “En memoria de los javieres y todos nuestros quereres”, fue convocada por el Costurero Kilómetros de Vida y Memoria, del que hace parte Andrea Vaca, quien era la compañera de Óscar Javier Molina al momento de su asesinato. Andrea cuenta que, tras el homicidio de Javier Ordoñez, en el Costurero tuvieron la idea de hacer un homenaje en memoria de los tres javieres, así como también de los líderes sociales asesinados y de las personas que han muerto por cuenta de la pandemia de Covid-19.
Durante el encuentro, familiares y vecinas hicieron memoria de los javieres, de los sueños que truncaron los victimarios, de sus luchas colectivas por la memoria y la justicia. Las y los asistentes encendieron velas; ofrendaron flores a las víctimas; escucharon una breve presentación del rapero bogotano Oculto y de un grupo de música andina; y realizaron un ejercicio colectivo sobre el significado de la memoria. También extendieron telas bordadas por personas exiliadas, además de la tela que Andrea bordó en homenaje a Óscar Javier y su pasión por el rock.
El caso de Óscar Javier
Óscar Javier Molina fue asesinado el 28 de septiembre de 2013, cuando cumplía 14 años de trabajar en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el programa de atención a habitantes de calle. Su lugar de trabajo era el Bronx, un conocido sector de la ciudad en el hacían su vida muchas de esas personas en medio del control social que ejercían organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El trabajo de Javier consistía en invitar a los habitantes de calle a los programas de atención que ofrecía el Distrito.
Por su experiencia personal en el desaparecido sector de El Cartucho, Javier tenía una profunda sensibilidad y respeto por las personas que habitaban la calle. En 2008, en una entrevista para el programa Amor por Bogotá, declaró: “Yo le aporto a Bogotá la construcción de nuevas ciudadanías y la posibilidad de que personas muy valiosas que no han sido reconocidas y que son invisibles tengan la posibilidad de brillar con luz propia y de mostrarse tan especiales como ellos son”. Con esa convicción, como él mismo contó en ese programa, Javier y sus compañeros trabajaban “todos los días del año, día y noche, desde los caños, desde las zonas perimetrales, desde las casas abandonadas, desde las zonas de alto deterioro urbano”.
El febrero de 2013, pocos meses antes del asesinato de Javier, la Alcaldía de Bogotá intentó desalojar el Bronx, lo que dispersó momentáneamente a los habitantes de calle y a las organizaciones delincuenciales. Por cuenta de esa intervención, así como de otras decisiones de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro que buscaban implementar un plan de renovación urbana en el Bronx, las mafias empezaron a hostigar y amenazar a los funcionarios del Distrito que atendían a los habitantes de calle.
Sobre esa época, Andrea recuerda: “Desde la primera intervención, a los funcionarios los cogen en la mira, no podían acercarse ahí por lo que había hecho el Distrito, porque los agredían con materia fecal o con malas palabras. Se había puesto muy pesado, no podían ir”. El día en que Javier fue asesinado, recibió amenazas de muerte en frente de sus compañeros de trabajo.
Javier había alcanzado un grado importante de exposición. Frecuentemente, era entrevistado para televisión sobre su trayectoria de vida, los programas del Distrito y la manera como operaban las mafias del Bronx. El 16 de septiembre de 2013, pocos días antes de su asesinato, el programa Primer Impacto, de Univisión Noticias, emitió una nota en la que Javier denunció que esas mafias obtenían enormes ganancias por el consumo de drogas en el sector: “El dinero lo sacan en tulas, todos los días. Se da uno cuenta que estas personas habitantes de la calle están sometidas a la esclavitud del consumo de las sustancias y que estos expendedores tienen en ellos unos trabajadores incansables”.
Andrea lamenta que la administración de entonces no hubiera tomado medidas urgentes para proteger a Javier: “Fue negligencia de Integración, porque ellos sabían que no solamente Javier, sino otros funcionarios estaban siendo agredidos, y ellos hicieron caso omiso. Debieron sacarlo de la ciudad. Él fue asesinado porque sabía mucho del tema, porque era un ejemplo a seguir, porque era el de mostrar que quienes tenían problemas de consumo sí se podían rehabilitar, podían tener un trabajo y una familia”.
Además de trabajar con habitantes de calle, Javier se había hecho conocido en Usme, la localidad donde vivía, por el bar de rock que había montado junto a Andrea: Heaven and Hell, como la canción de la banda británica Black Sabbath. Con la idea de tener a futuro una casa cultural, Javier tenía una sala de ensayo que les alquilaba a bajo costo a las bandas de rock de la localidad, muchas de ellas conformadas por jóvenes estudiantes de bachillerato. También tenía un estudio de grabación y una banda de death metal: Sádico, en la que él tocaba la guitarra. Antes había integrado otra banda del mismo género, también nacida en Usme: Lucturian.
A Javier, además, le gustaba la producción audiovisual. Se estaba formando en ese campo, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Andrea cuenta que él acompañó al director de cine Rubén Mendoza en algunas jornadas del rodaje de la película La Sociedad del Semáforo y que colaboró en la grabación del documental El Cartucho, dirigido por Andrés Chaves.
Pese a que el asesinato de Javier alcanzó notoriedad en medios de comunicación y motivó pronunciamientos de la administración distrital, el caso se encuentra en la impunidad. Durante estos años, Andrea, el Costurero, los amigos y las amigas de Javier han impulsado varias conmemoraciones para recordarlo, para exigir que se haga justicia. Entre ellas, la realización de un concierto y una olla comunitaria con los habitantes de calle del barrio Santa Fe.
El Bronx como un lugar de memoria
“Queremos que se nos reconozca como víctimas del narcotráfico” dijo un habitante de calle, quien tenía formación universitaria en derecho, en una reunión con funcionarios del Distrito en abril de 2012 en la Plaza de los Mártires, donde quedaban las calles conocidas como el Bronx.
La Plaza de los Mártires es denominada así en homenaje a los próceres de la independencia, específicamente a José María Carbonell, Mercedes Ábrego y Jorge Tadeo Lozano, quienes allí murieron. El Barrio Santa Inés, donde se encuentra la Plaza de los Mártires, se consolidó a finales del siglo XIX, como un barrio residencial, de habitación de la clase alta y media de Bogotá, de casonas republicanas. Allí se construyó la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Voto Nacional, desde 1902, y la Escuela de Medicina, un edificio neoclásico erigido en 1916 (actualmente el Batallón de Reclutamiento del Ejército). Progresivamente, a lo largo del siglo XX, se convirtió en una zona que albergó a gran cantidad de familias que llegaron desplazadas por La Violencia, y también fue conocido por ser el lugar de residencia de familias recicladoras.
Algunas calles de este barrio, otrora un barrio de lujo, se convirtieron en el sector de El Cartucho y luego con unas cuadras de diferencia en la denominada zona del Bronx o “La Ele”. Esta llegó a ser la principal zona de venta y consumo de drogas de la ciudad en pleno centro, donde habitantes de la calle convivían bajo el control de las redes del narcotráfico. En el Bronx, además, se cometían graves crímenes como explotación sexual de menores, tráfico ilegal de armas, torturas, descuartizamientos, secuestros, e incluso llegó a denunciarse la existencia de una casa de pique y tortura.
Suele pensarse que era una tierra de nadie, pero por el contrario era el lugar de control de poderosas bandas delincuenciales. Por un lado, estaban los grupos paramilitares y, por otro , las bandas del narcotráfico consolidadas desde el Cartucho, que se disputaban el control del Bronx. La presencia de grupos paramilitares en la zona aumentó tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Óscar Javier denunció en una entrevista en 2013 que quienes estaban detrás de los “ganchos” (estructuras de microtráfico) eran exparamilitares: “Se habla de un grupo armado que ha tomado el control posterior a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Gran parte de estas personas encontraron un negocio muy bueno”.
El control del tráfico y la “seguridad” de los capos del Bronx se mantenía con los “Sayayines”, que eran delincuentes con amplio prontuario y experiencia criminal, expertos en manejo de armas, que se dedicaban al control de la “olla”. Los “Sayayines”, incluso, tenían francotiradores en los techos y puestos de control, con armas automáticas y subametralladoras. Detrás de esa figura de estaban excomandantes paramilitares. El Bronx es otra evidencia de cómo graves violaciones a los derechos humanos también han ocurrido en Bogotá y en pleno centro, incluso a pocas cuadras de la Presidencia de la República.
La paz en Colombia requiere discusión sobre el problema de las drogas
Para nadie es un secreto que el negocio de las drogas ha sido un motor fundamental del conflicto armado y la violencia en el país, y Bogotá no está exenta de ello. Precisamente, el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz se titula «Solución al problema de las drogas ilícitas».
Un gran tema para la paz es el del narcotráfico. El fenómeno tiene al menos tres caras en el país: los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas y las redes del narcotráfico. Muchas veces, las comunidades rurales recurren al cultivo de drogas ante la baja o nula ganancia con otros productos agropecuarios. En el Acuerdo se pactó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PNIS) y el fin de la fumigación con glifosato.
Sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en el retorno de la aspersión con glifosato. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró el 24 agosto de 2020: “Hay que decir con claridad, cumpliendo claro está todos los requisitos de la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos. Se trata de un asunto de seguridad nacional”.
El gobierno regresaría a la aspersión con glifosato el próximo año, aunque internacionalmente se reconocen las graves afectaciones que esto tiene para la salud y el medio ambiente. Igualmente, continúa la criminalización del consumo de drogas y el no reconocimiento del consumo como un problema de salud pública. El Estado tiene una deuda pendiente con la reparación de las víctimas del narcotráfico.