Por: Adriana Serrano Murcia, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Por estas fechas, la discusión en redes sociales y medios de comunicación recuerda que desde 2014, cada 25 de mayo, Colombia conmemora el Día de la Dignificación de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, gracias al valor, la insistencia y lucha de cientos de mujeres que han decidido romper el silencio, silencio que en ningún momento les significó el olvido de lo que les pasó. También por estas fechas, el aislamiento social ha puesto en evidencia una de las violencias más naturalizadas socialmente: la violencia contra las mujeres. Tan sólo en Bogotá la línea púrpura para la atención de violencias de género y violencias sexuales se encuentra desbordada, el ICBF reportaba 1250 niños y niñas en restablecimiento de derechos por distintas violaciones a nivel nacional, y Naciones Unidas hace una advertencia mundial ante el inminente incremento de la violencia sexual ante la cuarentena que impone el riesgo del COVID 19.
Como sociedad parece que nos hemos acostumbrado a aquellas relaciones de poder desiguales manifestadas en control, discriminación, explotación y violencia sobre la vida y cuerpo de las mujeres. Desafortunadamente, y como correlato de la violencia sexual, muy pocos de esos casos lograrán tener una conclusión efectiva en el sistema de justicia colombiano. Ante esta realidad colectivos de mujeres han buscado estrategias sociales y públicas de sanción a sus perpetradores: el famoso movimiento internacional Me too, la protesta ante los abusos de la policía en la contingencia, las denuncias públicas en redes sociales que por estos días acusan a líderes espirituales de abuso sexual y explotación laboral en distintas regiones de Colombia y América Latina, y las acciones de hecho de colectivos feministas en universidades de todo el país frente a la inoperancia de los protocolos de tratamiento del acoso en la ciudad.
Si este es el panorama de la cotidianidad, el panorama del conflicto armado colombiano es aún más devastador: aun con el sabido subregistro motivado por el miedo, la culpa, la desinformación y la coerción, la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas reporta más de 30.000 víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, más del 90% de ellas son mujeres y cerca del 10% de ellas viven en Bogotá. De acuerdo con el informe “La Guerra inscrita en el cuerpo”, publicado en 2017, la violencia sexual es un acto de dominación, de apropiación de la vida y cuerpo de las mujeres, de objetivación y, como lo plantea Rita Segato, de extensión del domino territorial de los armados. No sobra decir que el avance de los procesos de justicia en estos casos son también mínimos y ningún perpetrador quiere hablar con franqueza de la violencia sexual. Así se completa el ciclo de la violencia: el silenciamiento de las víctimas por la estigmatización que las ronda, las instituciones que no son garantes y los victimarios que saben que no pasará nada.
Ante tal situación, la memoria emerge como antónimo de la impunidad. La guatemalteca Aura Cumes, investigadora y docente feminista ha planteado que el valiente ejercicio de hacer memoria sobre la violencia sexual remueve las poderosas estructuras de la memoria oficial dominante, que niegan su verdad, y nos recuerda que la memoria oficial tiene límites. Hacer memoria histórica de la violencia sexual implica también reconocer como posicionamiento político fundamental que lo personal es político, que es necesario ponerlo en la esfera de lo público, para despojar al victimario de su poder y su voz, dignificar a las víctimas y exigir a viva voz que nunca más se repita.
Las víctimas recuerdan en lo público para interpretar lo que les pasó, situar su historia en el contexto de país, para dignificar, cuestionar, denunciar y exigir, para recordar que en la paz —y en situaciones extraordinarias como una pandemia— no deberían incrementarse los riesgos de las mujeres, ni desbordarse las líneas telefónicas para su apoyo, ni que los niños y niñas no estén protegidos en sus hogares y comunidades. Ante este esfuerzo, valiente, difícil y necesario, a la sociedad le corresponde una única responsabilidad, la de resonar. El inmenso esfuerzo de hablar de las víctimas, de dejar de callar, no nos exige otra cosa que la disposición a la escucha y la transformación.
