articulos - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

mayo 5, 2021abril 17, 2023

Pizarro: impactos de un crimen contra la democracia

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Colombianos, yo los convoco alrededor del momento excepcional que está viviendo Colombia. Hemos logrado que la inflexión histórica coloque al país en el eje de la paz. El eje de la paz tiene hoy tres nombres: la capacidad de construir una nación fuerte, una economía democrática y una constituyente amable, incluyente, legítima, donde todos nos sintamos representados”.

Esas fueron las palabras que pronunció el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), Carlos Pizarro, seis días antes de que un sicario lo asesinara en un avión comercial que cubriría la ruta Bogotá – Barranquilla. Pizarro se encontraba entonces en plena campaña para las elecciones presidenciales y esas declaraciones sintetizaban los ejes de su propuesta hace 31 años.

El compromiso con la paz, los cambios para el país y la constituyente estaban en el centro de su actividad política, que se encontraba en el campo de la legalidad desde hacía poco más de dos meses. Desde 1986 y hasta marzo de 1990, Pizarro fue ampliamente reconocido como el comandante general del Movimiento 19 de Abril o el “eme”, como se le llamaba popularmente, organización insurgente que él condujo a la paz sorteando importantes obstáculos.

Su asesinato causó impactos significativos en los procesos de reintegración de los antiguos combatientes y de consolidación de la naciente AD-M19, que estaba interesada en participar de manera inmediata en la vida electoral del país. El 11 de marzo de 1990, tan solo dos días después de la dejación de armas, el M-19 participó en las elecciones legislativas y locales en en coalición con otras fuerzas políticas, agrupadas en la Acción Nacionalista por la Paz. En esos comicios, Pizarro obtuvo 80 mil votos como aspirante a la alcaldía de Bogotá.

El respaldo que un sector del país le expresaba a la naciente AD-M19 había sembrado una esperanza de cambios entre la militancia de la organización y otros sectores políticos, que fue duramente golpeada con el asesinato impune de Carlos Pizarro. Tan solo en 2002 fueron condenados en ausencia los excomandantes paramilitares Carlos y Fidel Castaño. Y aunque en 2010 el crimen fue declarado de lesa humanidad, la justicia colombiana todavía no ha procesado a los autores intelectuales ni ha avanzado sustancialmente en la investigación de los agentes del Estado que participaron en él. En 2019, el caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Transcurridos 31 años, las reflexiones sobre esos impactos que causó el asesinato persisten en la memoria de los antiguos integrantes del “eme”.

Los impactos del crimen

“Nuestras estructuras aún olían a monte, nuestros trajes aún tenían el sabor del campo del que veníamos. No habíamos establecido las nuevas rutas de nuestro trabajo. Estábamos empezando a construir esa casa, que escasamente algunos cimientos se estaban dando. Y es allí cuando llega esa tormenta, un acontecimiento que fue muy bien craneado, muy bien concebido, que era apostar a tumbar la casa, tumbando la cabeza”.

Así describe Fabio Mariño, uno de los 12 voceros que el M-19 designó para los diálogos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, el momento que vivía la organización cuando fue asesinado Carlos Pizarro, la “cabeza” del “eme” de la época.

Pizarro, el último comandante del M-19, había conducido a la organización a la paz con propuestas audaces y un trabajo interno que buscaba convencer a la militancia de que esa era una decisión necesaria, como relata una de las fundadoras del Movimiento, Vera Grabe, en este artículo. Su particular forma de ser y su experiencia militar le habían permitido ganar el reconocimiento necesario para ello, tal como recuerda Myriam Rodríguez, entonces integrante del Movimiento y compañera sentimental de Pizarro: “Al interior del “eme”, Carlos tenía toda la credibilidad del mundo, porque era una persona que siempre acompañó a sus combatientes en todas las faenas, hasta en las faenas disciplinarias. No aceptaba ningún privilegio para sí mismo, excepto en las situaciones de seguridad”.

Pizarro lideró la dejación total de armas del M-19, a comienzos de 1990, pese a que el Congreso de la República había hundido en diciembre de 1989 la reforma constitucional que incorporaba el grueso de las reformas pactadas en la mesa de diálogos con la participación de diversos actores sociales. La negativa del Congreso redujo los acuerdos de paz a mecanismos para el desarme, el indulto y la participación política, lo cual no cambió la decisión que el M-19 había tomado en su X Conferencia: abandonar las armas para fundar un movimiento político legal.

Con ese compromiso, Pizarro y los demás excombatientes empezaron a participar en las elecciones y continuaron impulsando la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones locales y legislativas de 1990, la Alianza Nacionalista por la Paz de la que hacía parte el M-19 consiguió elegir al general retirado José Joaquín Matallana como senador; a Vera Grabe como representante a la Cámara por Bogotá; a dos concejales en Bogotá y dos en Suaza (Huila); y a los alcaldes de Yumbo (Valle) y Almaguer (Cauca), tal como consta en esta investigación.

Tras las elecciones legislativas, el 2 de abril de 1990, fue fundada la AD-M19 con la participación de movimientos populares, cívicos y políticos de carácter regional, entre los que se encontraban el Frente Popular y un sector de la Unión Patriótica cercano al recién asesinado candidato presidencial Bernardo Jaramillo. Pizarro fue designado como candidato a la Presidencia por el movimiento, en una coyuntura en la que arreciaba la violencia política y en la que una parte importante de la ciudadanía demandaba cambios sociales.

El investigador Darío Villamizar, antiguo militante de la organización, reflexiona sobre la posibilidad que representaba esa candidatura: “En ese momento, muchos habíamos cifrado las esperanzas en un candidato nuevo, que se mostraba de lejos diferente a los candidatos tradicionales de las élites políticas colombianas, que se mostraba como un hombre reformador, que podía hacer serias transformaciones en el país. Esa era la esperanza de muchos de nosotros y de una parte importante de los colombianos que había expresado de distintas maneras ese reconocimiento a un hombre que fue capaz de conducir su organización a la paz”.

El asesinato de Pizarro fue un “golpe demoledor”, en palabras de Villamizar, para quienes reconocían en él una figura política con capacidad de disputar el poder y de tejer alianzas con sectores amplios.

Además de golpear las esperanzas puestas en su candidatura, el crimen profundizó los temores entre los excombatientes. Mariño reflexiona al respecto: “Nos desbarataron las propuestas orgánicas con las que salimos del monte en cuanto a (crear) estructuras que fuesen regionales, territoriales. El asesinato nos generó un temor de riesgo que nos hizo prevenir y hacer el proceso más lento: los tiempos cambiaron”.

Desde antes de la dejación de armas, la militancia del M-19 preveía que su participación en la vida legal del país enfrentaría grandes riesgos de seguridad. Tras las violentas toma y la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, numerosos integrantes de esa insurgencia fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Antiguos integrantes del “eme” han documentado al menos 18 casos de ejecuciones y desapariciones entre 1985 y 1988, así como seis casos del mismo tipo entre febrero de 1989 y febrero de 1990, cuando se adelantaban las conversaciones de paz.

Los temores que profundizó el crimen se sumaron a las angustias propias del recién iniciado proceso de reincorporación, que requería de los excombatientes nuevas destrezas en un escenario poco garantista, tal como recuerda Rodríguez: “(Después del asesinato), la gente al interior se sintió muy desorientada, muy sola. Los acuerdos de paz fueron muy generosos por parte del M-19, no se pidió prácticamente nada para los militantes. Nunca hubo acompañamiento para proyectos productivos para unas personas que estaban lejos de las actividades económicas y que debían de la noche a la mañana aprender sobre la marcha”.

Pese a todas las dificultades, el proyecto de la AD-M19 continuó bajo el liderazgo de Antonio Navarro, que debió asumir la conducción del movimiento cuando llevaba pocos meses de haber regresado a Colombia, exiliado desde 1985 tras ser víctima de un atentado en medio de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur.

El éxito inicial de la AD-M19

En el corto plazo, la AD-M19 consiguió sobreponerse al asesinato de Pizarro. El mismo año, el movimiento alcanzó dos logros significativos en la historia política del país, que los antiguos militantes del “eme” asocian con el respaldo que un sector de la ciudadanía le brindaba no solo a su proyecto político, sino a su compromiso definitivo con la paz en un contexto de alta conflictividad armada.

En las elecciones presidenciales de mayo, que para entonces ya contaban con tres candidatos asesinados (Pizarro, Jaramillo y Luis Carlos Galán), Antonio Navarro obtuvo más de 754 mil votos como candidato de la Alianza Democrática, quedando en tercer lugar. La votación alcanzada fue considerada como un logro sin precedentes para una fuerza política distinta a los partidos Liberal y Conservador. Estas elecciones marcaron la historia del país como las más violentas, lo cual afectó gravemente la democracia.

Para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, realizadas en diciembre, la AD-M19 obtuvo más de 950 mil votos, posicionándose como la segunda fuerza en la Constituyente. Los aportes que el movimiento le hizo al proceso de redacción de la Constitución Política de 1991 es una de las principales victorias del proceso de paz.

Las altas votaciones se mantuvieron en las elecciones para el Congreso de 1991, en las que la Alianza consiguió elegir nueve senadores y 14 representantes a la Cámara. En los comicios siguientes, el movimiento no tuvo presencia en el legislativo, por razones que expone el investigador Anyelo Cagua en su tesis “¡Palabra que sí”: “Al no haber renovación ni entrada de figuras nacionales a partir de 1992, aunado a los conflictos orgánicos y la dispersión de listas fue imposible para la AD M-19 competir con partidos políticos con dinámicas clientelares, grandes capitales lícitos e ilícitos y cargos públicos”.

Además de la constituyente, para las y los antiguos militantes del “eme” el principal logro del movimiento fue haber cumplido “la palabra empeñada” en 1990. Y en esa decisión tuvo un papel fundamental Carlos Pizarro, a quien Mariño recuerda como un “líder capaz de involucrarse en el sentimiento de todos sus militantes, un líder que al haber estado construyendo con sus combatientes, con el país, con sus aliados, esta última propuesta de la decisión de siempre (la de la paz), se sale de nuestras estructuras y se convierte en un imán que logra convencer a una parte del país”.

Memorias sobre Pizarro

Myriam Rodríguez

“Era una persona muy cálida. Si la gente se acercaba, la abrazaba, la tocaba, le sonreía. No era una persona adusta. Y aunque fue un gran militar, nunca reivindicó lo militar como la esencia de su vida, eso no iba con él. Lo único que quería era que el país saliera adelante y veía que, con las clases tradicionales en el poder, eso no se iba a lograr; se necesitaba un gobierno que cambiara una serie de situaciones”.

Darío Villamizar

“Estábamos convencidos de que Carlos Pizarro era un candidato muy importante para oponerse en ese momento a los candidatos de las élites tradicionales de nuestro país. Pensábamos algunos que no íbamos a ganar las elecciones, pero que esta era una salida a las vías democráticas con paso firme. Entonces, su asesinato fue un golpe demoledor para quienes hacíamos parte de la Alianza Democrática M-19”.

Fabio Mariño

“(Jaime) Bateman nos deja con la bandera de la paz en la mano, se muere con la propuesta del diálogo nacional como la mejor fórmula de alcanzar la paz. Pizarro es el líder del M-19 que vuelve a retomar la línea del Bateman y consolida en el nuevo momento una decisión que desde que se fundó el M-19 estaba viva: que no tenía que ser una guerrilla eterna, que teníamos un tiempo de vida útil. Esa decisión de continuar lo que dejó Bateman es lo que hace la grandeza de Pizarro”.

abril 19, 2021abril 17, 2023

Las residencias y el 16 de mayo, claves para entender el conflicto en la Universidad Nacional

Por Paola Rodríguez, investigadora del proyecto Archivos del Búho y María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a las que ha sido sometida la comunidad de la Universidad Nacional (UN) es una exigencia que estudiantes, directivas y profesores le han venido planteando recientemente a la Comisión de la Verdad. Desde noviembre del año pasado, la Comisión ha recibido dos informes sobre los impactos del conflicto armado y la violencia sociopolítica en la Universidad.

El primero de estos informes, titulado “Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018)”, fue coordinado por los investigadores Martha Nubia Bello y Mauricio Archila. Allí se documentaron 78 desapariciones forzadas, 125 detenciones arbitrarias y 77 amenazas. La investigación incluyó, además, la construcción de una base de datos sobre protestas realizadas por la comunidad universitaria.

El segundo informe busca que se reconozcan y dignifiquen las memorias de las y los estudiantes que atestiguaron los graves crímenes ocurridos el 16 de mayo de 1984, cuando agentes de la Fuerza Pública ingresaron a la sede Bogotá de la UN para reprimir una protesta violenta. El documento, titulado “Reventando silencios. Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria”, fue elaborado por Archivos del Búho, un proyecto de investigación en el que participan estudiantes y egresados de la UN.

Los hechos de 1984, que han sido rememorados por distintos sectores a lo largo de estos años, fueron el resultado —entre otras cosas— de las tensiones que se venían presentando al interior y exterior de la Universidad en la disputa por el reconocimiento de unos puntos mínimos de bienestar para las y los estudiantes, enfocados los temas de vivienda y vida digna. Su desenlace puso final a una conquista que grupos de estudiantes organizados habían alcanzado en los últimos años: la reapertura de las residencias estudiantiles, un programa indispensable para que decenas de jóvenes empobrecidos de distintas regiones del país pudieran adelantar sus estudios universitarios.

Los hechos que pusieron final a las residencias son importantes para comprender la historia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la UN. La represión que se desató contra los y las estudiantes residentes acabó con un proyecto que, aún en medio de múltiples cuestionamientos, ofrecía condiciones de vida favorables, así como espacios para la solidaridad y la organización política.

Para Archivos del Búho, estas reflexiones pretenden encontrar en el pasado elementos explicativos sobre las violencias vigentes. La participación de la voz activa de quienes fueron testigos de las luchas y reivindicaciones del movimiento estudiantil, principalmente entre las décadas de 1970 y 1980, posibilita la circulación de narrativas sobre los hechos ocurridos al interior de la UN a propósito de la lucha por el bienestar.

El cierre de las residencias

En la UN sede Bogotá, las residencias surgieron a mediados de la década de 1940 como parte de un programa de bienestar universitario basado en el proyecto educativo del presidente Alfonso López Pumarejo y la construcción de la Ciudad Blanca bajo la idea del pedagogo Fritz Karsen y el arquitecto Leopoldo Rother. Esa idea se amplió en la década de 1960 con la “Reforma Patiño”, que incluyó dentro del sistema de bienestar los servicios de cafetería, medicina y deportes. Los mayores beneficiarios fueron estudiantes provenientes de otros lugares del país, que en muchas ocasiones no contaban con los medios suficientes para costear su estadía en Bogotá.

La década de 1970 se caracterizó por la desaceleración económica y la fuerte inflación. La llegada a la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978) tras el fin del Frente Nacional vino acompañada de reformas económicas que afectaron gravemente a la población: desmonte de subsidios, aumento de impuestos e incremento en el precio de los alimentos. A raíz de este panorama, diferentes sectores sociales convocaron grandes movilizaciones a nivel nacional, entre ellas, el Paro Cívico de 1977.

En medio de ese contexto, los estudiantes de la Universidad Nacional que se beneficiaban del sistema de bienestar sufrieron otro duro golpe a sus finanzas. En 1976, después de una fuerte confrontación entre algunos estudiantes y la Policía, el Consejo Superior Universitario decidió cerrar las residencias alegando que no se les estaba dando el uso debido. La decisión afectó a quienes dependían de estos espacios, quedando en funcionamiento únicamente las residencias “femeninas” y otras pocas ubicadas en la unidad Camilo Torres, dispuestas para las parejas de casados.

Las y los estudiantes que salieron de las residencias se vieron obligados a buscar viviendas que, en su mayoría, no eran dignas. Otros tuvieron que buscar alojamiento en barrios distantes de la Universidad e incluso muchos de ellos no pudieron seguir estudiando. Los boletines de estadística de la Universidad registraron una caída en la cantidad de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 1976.

La lucha para reabrir las residencias

A comienzos de la década de 1980 y tras seis años de estar abandonadas las residencias, los estudiantes decidieron “recuperar” los edificios para garantizar la reapertura por sus propios medios. El 21 de septiembre de 1982, cinco días después de haberse posesionado como rector Fernando Sánchez Torres, hacia las 6:15 de la mañana sonaron algunos estallidos de pólvora, señal para que los 13 grupos de estudiantes que participaban de la acción empezaran a dirigirse a los edificios y, como lo habían planeado meses atrás, rompieran los candados oxidados que impedían el ingreso. Son “recuperadas” inicialmente las residencias masculinas conocidas como Gorgona y, meses después, las que se encontraban dentro del campus.

El año de la toma había sido particularmente grave en materia de derechos humanos para los estudiantes de las universidades públicas bogotanas, que enfrentaban las prácticas represivas propias de la figura del Estado de Sitio y de la política del Estatuto de Seguridad. Entre marzo y septiembre, organismos de se guridad del Estado e integrantes del grupo armado ilegal Muerte a Secuestradores (MAS) detuvieron, torturaron y desaparecieron a 13 personas, la mayor parte de las cuales eran estudiantes, a quienes señalaron sin pruebas de ser responsables de un secuestro.

Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Pablo Silva, Samuel Sanjuán, Édgar García, Guillermo Prado y Edilbrando Joya fueron víctimas de estos hechos, de acuerdo con esta investigación de los profesores Molano y Forero. El proceso de exigencia de justicia emprendido por los familiares de las víctimas, que más adelante se conocieron como Colectivo 82, desembocó en la creación de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) a comienzos de 1983.

Los crímenes también movilizaron a las organizaciones estudiantiles. El Frente Estudiantil Revolucionario Sinpermiso convocó en la Plaza Che una “Jornada Nacional en Homenaje a los Compañeros Estudiantes Desaparecidos y Asesinados”.

En las memorias de algunos estudiantes de la época, el contexto de permanentes violaciones a los derechos humanos también influyó en la “recuperación” de las residencias. De ello da cuenta este testimonio que hace parte del informe “Reventando silencios”: “En el año 77 ocurre la primera desaparición forzada en Colombia (…) Luego en el año 82 se da la desaparición de los 13 estudiantes. Como consecuencia real y verdadera de la desaparición política de esos estudiantes es que se organiza al interior de la Universidad la toma de las residencias para garantizar la seguridad de los estudiantes”.

En 1983, como propuesta del entonces rector Sánchez Torres, se entabló una mesa de negociación entre estudiantes y las directivas de la universidad con el fin de reabrir y organizar las residencias. Los principales promotores de estas negociaciones fueron los miembros de Cooperación Estudiantil, junto con otras organizaciones de estudiantes.

Como resultado de las negociaciones, se acordó que los estudiantes saldrían de las residencias mientras la Universidad se encargaba de adecuarlas para posteriormente entregarlas con un certificado, las llaves de cada habitación y el carnet. La decisión se puso en marcha con el Acuerdo 46 del 1 de junio de 1983, en el que se creó una administración temporal compuesta por estudiantes y directivas de la universidad. La negociación continuó hasta abril de 1984, cuando se consolidó un acuerdo mediante una decisión formal del Consejo Superior Universitario.

Mientras se adecuaron las residencias, muchos estudiantes tuvieron que vivir dificultades económicas, al tiempo que abrigaban la esperanza de que la Universidad cumpliera su palabra. Algunos tuvieron que buscar posada con compañeros y compañeras que vivían cerca del campus, otros recurrieron a campamentos improvisados en el barrio Policarpa, y algunos otros vivieron gracias a las ayudas de los vecinos.

Finalmente, a mediados de abril de 1984, las directivas de la Universidad reabrieron las residencias, que no solo habilitaron espacios para la vivienda, sino también para el estudio, la acción política y la realización de actividades culturales. Allí se tejieron relaciones de solidaridad y formas organizativas que mejoraron la calidad de vida de quienes habitaban las edificaciones, aun en medio de la falta de inversión estatal para su mantenimiento.

Félix Zabala, quien se desempeñó como coordinador de piso en una de las residencias, opinó al respecto en una entrevista realizada por Archivos del Búho: “Como decíamos muchos, este era el mejor lugar del mundo, porque podíamos integrar la parte cultural, la parte política, el bienestar. Pero en contra de eso estaba que (…) la Universidad pues si no tenía presupuesto para funcionamiento, menos para bienestar, entonces se fue agotando, se fue agotando, y muchos edificios estaban en deplorable estado”.

El asesinato de dos negociadores y el 16 de mayo

En entrevistas del acervo documental de Archivos del Búho, antiguos habitantes de las residencias narraron hechos de intimidación y hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado durante el tiempo que duró el proceso de “recuperación” de los edificios. La presión ejercida por estas acciones hizo que los estudiantes vivieran con miedo constante, que muchos hicieran guardia en las residencias, que tuvieran que salir en grupos e incluso que no quisieran salir.

Aunque la Universidad regularizó los espacios, la persecución continuó. Dos de las personas que participaron del proceso de negociación durante la toma fueron asesinadas el mismo año de la reapertura de las edificaciones. El primero de ellos fue Jesús Humberto León Patiño, “Chucho”, dirigente estudiantil oriundo de Pasto que cursaba sexto semestre de Odontología en la UN. “Chucho” participó de las negociaciones en las que se acordó la regularización de residencias en calidad de presidente de Cooperación Estudiantil. Fue secuestrado, torturado, y finalmente su cuerpo fue abandonado cerca de la Universidad del Valle el 9 de mayo de 1984.

Posteriormente, el 14 de mayo, fue secuestrado y asesinado el médico y profesor de la Universidad Luis Armando Muñoz, director de la carrera de Medicina. Muñoz fue raptado saliendo de su consultorio ubicado en la carrera séptima con calle 82, según registró la revista Cromos tras la ejecución del crimen. El profesor había hecho parte de las negociaciones para la regularización de las residencias y se cree que este sería el motivo de su asesinato.

Estos crímenes, y en particular el cometido contra “Chucho”, motivaron la convocatoria a un homenaje político en la Plaza Che para la mañana 16 de mayo de 1984. Su activa participación en el movimiento estudiantil y el reconocimiento de sus compañeros le dieron una especial relevancia a la convocatoria.

Ese día, en la entrada de la calle 26, podía leerse un grafiti que rezaba: “Jesús León. Tendrán que matarnos a todos para callar nuestra voz”. La imagen se puede ver en este documental, donde dos estudiantes de la época narran cómo ese 16 de mayo integrantes de la Fuerza Pública dispararon contra la comunidad universitaria como respuesta a una protesta violenta que se desató en medio del homenaje.

Los agentes ingresaron a la Universidad y atacaron a los habitantes de las residencias, como relata Elizabeth Díaz, una de las testimoniantes del documental: “El 16 de mayo entraron a las residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos”. Además de capturas ilegales, algunas fuentes de la época dejaron constancia de la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas, que aún no han sido esclarecidos y cuyas víctimas permanecen en el anonimato. Como consecuencia de esos hechos, las directivas de la Universidad clausuraron el comedor central y las residencias, estigmatizadas como focos de insurgencia armada y tráfico de drogas.

El 10 de junio de ese año, la administración de la Universidad realizó el desalojo de los últimos residentes, quienes realizaron un campamento en inmediaciones de la calle 26 junto a otros estudiantes.

Aun con los impactos que los hechos del 16 de mayo causaron, durante los años siguientes los estudiantes de la UN continuaron movilizándose para exigir el mejoramiento del programa de bienestar universitario. En octubre de 1987 se dio un intento de retoma del edificio Antonio Nariño, bautizado por el movimiento estudiantil como “Alberto Alava”, para exigir la reapertura de las residencias. La Administración utilizó distintos medios de presión para dar por terminada la toma.

En agosto de 1989, según reseñó el periódico Voz, los estudiantes se tomaron la Rectoría y el Edificio de Enfermería para exigir el congelamiento de los precios del formulario de admisión y el aumento de subsidios. En 1993, el Colectivo Pro Rescate de Residencias Universitarias y Bienestar Social Universitario se tomó los edificios donde antes funcionaban las residencias para exigir su restitución a “los estudiantes de escasos recursos y/o de provincia”, según informó el mismo periódico.

Los ejercicios de memoria que se han venido realizando sobre estos hechos buscan mantener viva la reflexión sobre las luchas estudiantiles, la necesidad de dignificar las memorias de sus protagonistas y la deuda social que existe frente al esclarecimiento y la sanción de crímenes graves que truncaron procesos significativos como el de la “recuperación” de las residencias de la Universidad Nacional.

*Rodrigo Torrejano Jiménez y Laura Félix, investigadores de Archivos del Búho, contribuyeron en la preparación de este artículo.

marzo 20, 2021octubre 5, 2023

Bernardo Jaramillo Ossa

«No se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil».

Tres días después del asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo sobre el caso bajo el título “Se le fue la mano, país”. La frase estaba inspirada en el eslogan de la campaña de Jaramillo: “Venga esa mano, país”, el segundo intento de la UP por participar en una elección presidencial luego del asesinato del también candidato Jaime Pardo Leal, en 1987.

Esta exposición retoma el título de ese artículo de marzo de 1990. Se trata de un recorrido por la vida de Jaramillo, construido a partir del archivo fotográfico y de prensa resguardado durante años por Mariella Barragán, quien era su compañera en la época en que fue asesinado.

Esta es una de las múltiples iniciativas de memoria que durante las últimas tres décadas ha emprendido Mariella para combatir el olvido y la impunidad.

MEMO · Bernardo Jaramillo Ossa

diciembre 18, 2020abril 3, 2023

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…

noviembre 18, 2020abril 17, 2023

Javier Molina: una vida por la defensa de los habitantes de calle

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En el Parque del Renacimiento, parte del Eje de la Paz y la Memoria de Bogotá, se reunieron familiares, amigos y vecinos el pasado 30 de octubre para hacer memoria de tres javieres: Óscar Javier Molina, funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social asesinado por las mafias del Bronx en 2013; Javier Leonardo Franco, un joven trabajador ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por integrantes del Ejército, en 2008; Javier Ordónez, estudiante de derecho asesinado por integrantes de la Policía en Bogotá, en septiembre pasado.

La conmemoración, titulada “En memoria de los javieres y todos nuestros quereres”, fue convocada por el Costurero Kilómetros de Vida y Memoria, del que hace parte Andrea Vaca, quien era la compañera de Óscar Javier Molina al momento de su asesinato. Andrea cuenta que, tras el homicidio de Javier Ordoñez, en el Costurero tuvieron la idea de hacer un homenaje en memoria de los tres javieres, así como también de los líderes sociales asesinados y de las personas que han muerto por cuenta de la pandemia de Covid-19.

Homenaje a los tres javieres. Fotos: Mónica Mesa – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Durante el encuentro, familiares y vecinas hicieron memoria de los javieres, de los sueños que truncaron los victimarios, de sus luchas colectivas por la memoria y la justicia. Las y los asistentes encendieron velas; ofrendaron flores a las víctimas; escucharon una breve presentación del rapero bogotano Oculto y de un grupo de música andina; y realizaron un ejercicio colectivo sobre el significado de la memoria. También extendieron telas bordadas por personas exiliadas, además de la tela que Andrea bordó en homenaje a Óscar Javier y su pasión por el rock.

El caso de Óscar Javier

Óscar Javier Molina fue asesinado el 28 de septiembre de 2013, cuando cumplía 14 años de trabajar en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el programa de atención a habitantes de calle. Su lugar de trabajo era el Bronx, un conocido sector de la ciudad en el hacían su vida muchas de esas personas en medio del control social que ejercían organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El trabajo de Javier consistía en invitar a los habitantes de calle a los programas de atención que ofrecía el Distrito.

Por su experiencia personal en el desaparecido sector de El Cartucho, Javier tenía una profunda sensibilidad y respeto por las personas que habitaban la calle. En 2008, en una entrevista para el programa Amor por Bogotá, declaró: “Yo le aporto a Bogotá la construcción de nuevas ciudadanías y la posibilidad de que personas muy valiosas que no han sido reconocidas y que son invisibles tengan la posibilidad de brillar con luz propia y de mostrarse tan especiales como ellos son”. Con esa convicción, como él mismo contó en ese programa, Javier y sus compañeros trabajaban “todos los días del año, día y noche, desde los caños, desde las zonas perimetrales, desde las casas abandonadas, desde las zonas de alto deterioro urbano”.

El febrero de 2013, pocos meses antes del asesinato de Javier, la Alcaldía de Bogotá intentó desalojar el Bronx, lo que dispersó momentáneamente a los habitantes de calle y a las organizaciones delincuenciales. Por cuenta de esa intervención, así como de otras decisiones de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro que buscaban implementar un plan de renovación urbana en el Bronx, las mafias empezaron a hostigar y amenazar a los funcionarios del Distrito que atendían a los habitantes de calle.

Sobre esa época, Andrea recuerda: “Desde la primera intervención, a los funcionarios los cogen en la mira, no podían acercarse ahí por lo que había hecho el Distrito, porque los agredían con materia fecal o con malas palabras. Se había puesto muy pesado, no podían ir”. El día en que Javier fue asesinado, recibió amenazas de muerte en frente de sus compañeros de trabajo.

Javier había alcanzado un grado importante de exposición. Frecuentemente, era entrevistado para televisión sobre su trayectoria de vida, los programas del Distrito y la manera como operaban las mafias del Bronx. El 16 de septiembre de 2013, pocos días antes de su asesinato, el programa Primer Impacto, de Univisión Noticias, emitió una nota en la que Javier denunció que esas mafias obtenían enormes ganancias por el consumo de drogas en el sector: “El dinero lo sacan en tulas, todos los días. Se da uno cuenta que estas personas habitantes de la calle están sometidas a la esclavitud del consumo de las sustancias y que estos expendedores tienen en ellos unos trabajadores incansables”.

Andrea lamenta que la administración de entonces no hubiera tomado medidas urgentes para proteger a Javier: “Fue negligencia de Integración, porque ellos sabían que no solamente Javier, sino otros funcionarios estaban siendo agredidos, y ellos hicieron caso omiso. Debieron sacarlo de la ciudad. Él fue asesinado porque sabía mucho del tema, porque era un ejemplo a seguir, porque era el de mostrar que quienes tenían problemas de consumo sí se podían rehabilitar, podían tener un trabajo y una familia”.

Además de trabajar con habitantes de calle, Javier se había hecho conocido en Usme, la localidad donde vivía, por el bar de rock que había montado junto a Andrea: Heaven and Hell, como la canción de la banda británica Black Sabbath. Con la idea de tener a futuro una casa cultural, Javier tenía una sala de ensayo que les alquilaba a bajo costo a las bandas de rock de la localidad, muchas de ellas conformadas por jóvenes estudiantes de bachillerato. También tenía un estudio de grabación y una banda de death metal: Sádico, en la que él tocaba la guitarra. Antes había integrado otra banda del mismo género, también nacida en Usme: Lucturian.

A Javier, además, le gustaba la producción audiovisual. Se estaba formando en ese campo, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Andrea cuenta que él acompañó al director de cine Rubén Mendoza en algunas jornadas del rodaje de la película La Sociedad del Semáforo y que colaboró en la grabación del documental El Cartucho, dirigido por Andrés Chaves.

Pese a que el asesinato de Javier alcanzó notoriedad en medios de comunicación y motivó pronunciamientos de la administración distrital, el caso se encuentra en la impunidad. Durante estos años, Andrea, el Costurero, los amigos y las amigas de Javier han impulsado varias conmemoraciones para recordarlo, para exigir que se haga justicia. Entre ellas, la realización de un concierto y una olla comunitaria con los habitantes de calle del barrio Santa Fe.

El Bronx como un lugar de memoria

“Queremos que se nos reconozca como víctimas del narcotráfico” dijo un habitante de calle, quien tenía formación universitaria en derecho, en una reunión con funcionarios del Distrito en abril de 2012 en la Plaza de los Mártires, donde quedaban las calles conocidas como el Bronx.

La Plaza de los Mártires es denominada así en homenaje a los próceres de la independencia, específicamente a José María Carbonell, Mercedes Ábrego y Jorge Tadeo Lozano, quienes allí murieron. El Barrio Santa Inés, donde se encuentra la Plaza de los Mártires, se consolidó a finales del siglo XIX, como un barrio residencial, de habitación de la clase alta y media de Bogotá, de casonas republicanas. Allí se construyó la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Voto Nacional, desde 1902, y la Escuela de Medicina, un edificio neoclásico erigido en 1916 (actualmente el Batallón de Reclutamiento del Ejército). Progresivamente, a lo largo del siglo XX, se convirtió en una zona que albergó a gran cantidad de familias que llegaron desplazadas por La Violencia, y también fue conocido por ser el lugar de residencia de familias recicladoras.

Algunas calles de este barrio, otrora un barrio de lujo, se convirtieron en el sector de El Cartucho y luego con unas cuadras de diferencia en la denominada zona del Bronx o “La Ele”. Esta llegó a ser la principal zona de venta y consumo de drogas de la ciudad en pleno centro, donde habitantes de la calle convivían bajo el control de las redes del narcotráfico. En el Bronx, además, se cometían graves crímenes como explotación sexual de menores, tráfico ilegal de armas, torturas, descuartizamientos, secuestros, e incluso llegó a denunciarse la existencia de una casa de pique y tortura.

Suele pensarse que era una tierra de nadie, pero por el contrario era el lugar de control de poderosas bandas delincuenciales. Por un lado, estaban los grupos paramilitares y, por otro , las bandas del narcotráfico consolidadas desde el Cartucho, que se disputaban el control del Bronx. La presencia de grupos paramilitares en la zona aumentó tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Óscar Javier denunció en una entrevista en 2013 que quienes estaban detrás de los “ganchos” (estructuras de microtráfico) eran exparamilitares: “Se habla de un grupo armado que ha tomado el control posterior a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Gran parte de estas personas encontraron un negocio muy bueno”.

El control del tráfico y la “seguridad” de los capos del Bronx se mantenía con los “Sayayines”, que eran delincuentes con amplio prontuario y experiencia criminal, expertos en manejo de armas, que se dedicaban al control de la “olla”. Los “Sayayines”, incluso, tenían francotiradores en los techos y puestos de control, con armas automáticas y subametralladoras. Detrás de esa figura de estaban excomandantes paramilitares. El Bronx es otra evidencia de cómo graves violaciones a los derechos humanos también han ocurrido en Bogotá y en pleno centro, incluso a pocas cuadras de la Presidencia de la República.

La paz en Colombia requiere discusión sobre el problema de las drogas

Para nadie es un secreto que el negocio de las drogas ha sido un motor fundamental del conflicto armado y la violencia en el país, y Bogotá no está exenta de ello. Precisamente, el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz se titula «Solución al problema de las drogas ilícitas».

Un gran tema para la paz es el del narcotráfico. El fenómeno tiene al menos tres caras en el país: los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas y las redes del narcotráfico. Muchas veces, las comunidades rurales recurren al cultivo de drogas ante la baja o nula ganancia con otros productos agropecuarios. En el Acuerdo se pactó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PNIS) y el fin de la fumigación con glifosato.

Sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en el retorno de la aspersión con glifosato. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró el 24 agosto de 2020: “Hay que decir con claridad, cumpliendo claro está todos los requisitos de la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos. Se trata de un asunto de seguridad nacional”.

El gobierno regresaría a la aspersión con glifosato el próximo año, aunque internacionalmente se reconocen las graves afectaciones que esto tiene para la salud y el medio ambiente. Igualmente, continúa la criminalización del consumo de drogas y el no reconocimiento del consumo como un problema de salud pública. El Estado tiene una deuda pendiente con la reparación de las víctimas del narcotráfico.

noviembre 1, 2020abril 3, 2023

Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

octubre 16, 2020abril 3, 2023

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

octubre 14, 2020abril 17, 2023

La masacre del Suroriente de Bogotá: la memoria sigue viva

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Once jóvenes, de entre 19 y 27 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de la Policía en tres puntos distintos del suroriente de Bogotá, en la mañana del 30 de septiembre de 1985. Diez de ellos hacían parte de un comando urbano de la insurgencia del M-19, que acababa de robar un camión de leche para repartir la carga entre los habitantes del sector.

Era la época en que el M-19 contaba con una presencia significativa en esa zona de Bogotá. Allí, como en otras ciudades del país, esa organización insurgente creó milicias que resolvían conflictos y proveían justicia; promovían la autogestión para la instalación de redes de servicios públicos y el mejoramiento de vivienda; y realizaban tareas de propaganda y organización.

La toma por la fuerza de vehículos transportadores de alimentos o el robo de materiales de construcción, que luego eran distribuidos entre la comunidad, eran una práctica recurrente del M-19 en los barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá. La guerrilla concebía estas acciones como “recuperaciones” con las cuales se podría avanzar en la solución de los problemas del hambre y de la falta de vivienda digna que agobiaban a los pobladores de esas zonas. En 1985, los precios de los alimentos aumentaron drásticamente por cuenta de la devaluación del peso.

Aunque los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo del 30 de septiembre de ese año reportaron todos los homicidios como muertes en combate, los informes de balística y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constataron más tarde que los 11 jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión. Los testimonios de algunas vecinas y vecinos de los barrios donde ocurrieron los hechos así lo confirmaron.

Que integrantes de la Policía hubieran asesinado a plena luz del día a once personas en medio de un operativo para repeler el robo de un camión de leche generó temor en la zona, pero también importantes acciones de denuncia y de recuperación de la memoria que han persistido durante los últimos 35 años en cabeza de familiares de las víctimas, exmilitantes del M-19 y organizaciones culturales y juveniles del suroriente de Bogotá, que encuentran elementos de continuidad entre el caso y sus propias experiencias en el presente.

La Masacre del Suroriente

El informe de fondo que en 1997 emitió la CIDH sobre este caso, conocido como la masacre de la Leche o masacre del Suroriente, narra en detalle lo ocurrido la mañana del 30 de septiembre de 1985. Ese día, en el barrio San Martín de Loba y los sectores cercanos, la Policía; el F-2, la agencia de inteligencia policial de la época; la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín); el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército desplegaron un importante operativo contra el comando del M-19 que robó el camión de leche.

Encontrándose cercados, los jóvenes guerrilleros se separaron en varios grupos y emprendieron la huída. José Alberto Aguirre, Jesús Fernando Fajardo y Francisca Irene Rodríguez fueron asesinados dentro de un bus de servicio público por un agente de la Sijín, en el barrio Diana Turbay. En el informe de la CIDH consta que Jesús y José murieron por disparos realizados a corta distancia. En estos hechos también fue asesinado Javier Bejarano, un joven que se encontraba dentro del bus, pero que no pertenecía a la insurgencia.

Leonardo, el hermano de Javier, sobrevivió al crimen. Así describió los hechos, según consta en el mismo informe de la CIDH: “Yo agaché la cabeza y me quedé ahí agachado, luego fue cuando yo no sé quién subió, yo miré y fue cuando me dieron el primer tiro. Me escurrí y quedé con la cabeza apoyada en los pies de mi hermano, botando sangre por la boca. Luego ya subieron más señores del F-2 que portaban radios y decían: ‘Mi capitán están todos muertos, no hay ningún herido’. Luego se acercaron otra vez adonde nosotros y, como a mi hermano no lo habían herido, le pegaron un tiro. Entonces fue cuando me vieron que yo estaba con vida y me dijo: ‘Este hijo de puta no se muere’, y sacó y me pegó otro tiro».

En el barrio Bochica ocurrieron otras cinco ejecuciones extrajudiciales, en tres episodios distintos. Isabel Cristina Muñoz fue asesinada por agentes de la Policía a las afueras de una casa donde se escondía, luego de que ella saliera con las manos en alto; Arturo Ribón Avilán y Yolanda Guzmán Ortiz fueron asesinados en las calles del barrio, cuando huían de la persecución de la Fuerza Pública. Aunque un teniente declaró que ambos murieron en combate, los dictámenes periciales mostraron que varios de los disparos les fueron propinados a corta distancia; Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas fueron asesinados por un agente del F-2 cuando se encontraban indefensos.

La monografía de Carlos Eduardo Parra titulada “Masacre en el Suroriente de Bogotá, un crimen de Estado. Documentación de caso” (2010) retoma importantes testimonios que fueron incluidos en las investigaciones de la Procuraduría de la época. Dos de ellos se refieren al caso de Martín y Luis Antonio. Los testigos narraron cómo agentes del F-2 los golpearon y les dispararon hasta matarlos cuando ellos se encontraban tendidos en el suelo. Uno de los testigos contó sobre las víctimas: “Los muchachos no dijeron nada, ni levantaron una mano, ni una uña. Esos muchachos venían tranquilos por la calle, como si nada pasara”.

Finalmente, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera fueron asesinados en zona rural, en lo que entonces era la vereda Los Soches, del municipio de Usme. En el sector, hoy barrio La Aurora, no se encontraron testigos de los hechos. Sin embargo, los informes de balística probaron que ambas víctimas recibieron disparos a menos de un metro de distancia, contrario a la versión de la Policía, que dijo haberlos “dado de baja” en un enfrentamiento.

La monografía de Parra también documenta cómo un militante del M-19 que participó en el robo del camión de leche fue detenido cuando intentaba escapar del cerco de la Fuerza Pública. Esta persona describió las torturas a las que fue sometida: “Hay como mucha violencia (en la detención), muchos golpes (…) en el carro, en la estación de policía de San Agustín, en el F-2; se me paran unos tipos en las coyunturas del cuerpo, en los tobillos. Ya en el carro, por ejemplo, con una ametralladora me han estado aterrorizando, claro, de meterle a uno la ametralladora en la boca y empezar a tratar de dispararla”.

Por las 11 ejecuciones extrajudiciales, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había violado los derechos de las víctimas a la vida, la integridad física, las garantías judiciales y la protección judicial. La Comisión determinó que los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo “estaban obligados a tratar en toda circunstancia humanamente a todas las personas que se encontraban bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que hubieran participado o no en las hostilidades».

En 2014, pasados 17 años de las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano para que avanzara en las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto varias decisiones de la Justicia Penal Militar que habían exonerado de toda responsabilidad a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo y le remitió el proceso a la Fiscalía. Seis años después de esa decisión, el caso continúa en la impunidad.

Resistiendo al olvido

Este 30 de septiembre, organizaciones juveniles y culturales de la localidad de Rafael Uribe Uribe decidieron articular la conmemoración de los 35 años de la Masacre del Suroriente con la Noche Sin Miedo, una jornada de actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias organizada para combatir el miedo generado por los hechos ocurridos en Bogotá durante y después del 9 y 10 de septiembre de este año, cuando al menos 14 jóvenes fueron asesinados durante las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía.

A la estigmatización que se produjo después contra los manifestantes y las organizaciones sociales, se suma el temor por la persistencia de amenazas en el suroriente y el suroccidente de la ciudad. En 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió en una alerta temprana que, en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, “los líderes y lideresas sociales, comunales y barriales son objeto de intimidaciones por parte de sujetos armados que, mediante la coacción y amenaza, buscan condicionar sus labores de liderazgo o de defensa de los derechos humanos, entorpecer procesos sociales, o impedir actividades que incrementen el bienestar social, el acceso a la justicia, la capacidad de organización y de participación ciudadana”.

Para esta Noche Sin Miedo, los jóvenes eligieron como punto central el sector del barrio Diana Turbay conocido como el Rincón del Valle. Allí, desde las primeras horas de la tarde del 30 de septiembre, el colectivo Épsilon y otras personas de la comunidad prepararon los espacios, la comida y las bebidas calientes con las que recibieron a los asistentes de las varias actividades que se realizaron en la noche y hasta las seis de la mañana del día siguiente: campamento, trueque, concierto, proyección audiovisual, estampado de camisetas, juegos, documentación de hechos de violencia y de necesidades básicas insatisfechas.

Marghen Blanco, del colectivo Valkirikaz del Sur, estuvo a cargo de la proyección audiovisual. Ella encuentra relación entre la Masacre del Suroriente y los crímenes recientemente cometidos contra los jóvenes de la ciudad: “Es como si se repitiera el ciclo histórico. La conmemoración de la masacre del 85 y la Noche Sin Miedo son una defensa de la vida. Nos masacraron, nos mataron, nos siguen amenazando, nos siguen hostigando, persiguiendo. Pero nosotros seguimos resistiendo, con esa idea de defender la vida; una vida digna, con todas las condiciones”.

El colectivo Épsilon, junto a Valkirikaz del Sur y otras organizaciones del territorio, le han apostado durante los últimos años a mantener viva la memoria de la Masacre del Suroriente. A partir de la investigación de Parra, han reflexionado sobre el caso; han realizado cartillas, stencil, murales, líneas del tiempo, conversatorios; y han montado una obra de teatro que narra el caso. Este año, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación produjo junto al colectivo este video conmemorativo sobre la masacre:

Para Felipe Gamboa, integrante de Épsilon, “la masacre del Suroriente es un hecho relevante para el territorio por lo que significó en cuanto al asesinato de 11 jóvenes. Empezamos a indagar un poco alrededor de esas vidas y encontramos una profunda necesidad por transformar el país: una juventud demasiado inquieta, crítica y consciente en ese 85. Encontramos elementos de lo que es la juventud organizada hoy en día en el territorio”.

Durante los últimos años, otras personas y colectivos también han mantenido viva la memoria de la masacre, así como de las apuestas de los jóvenes asesinados. En 2017, por ejemplo, la Corporación Nuevo Abril y otras organizaciones sociales conmemoraron los hechos en una jornada que incluyó la siembra de plantas, la elaboración de murales, un recorrido por la memoria, una jornada artística, un compartir de arroz con leche y un foro sobre la protesta y el derecho a la alimentación. En 2019, la Escuela Ambiental Kimy, en asocio con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, realizó varias actividades en conmemoración de la masacre, en las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme.

Este año, la editorial El Búho publicó un libro sobre el caso, titulado “Tomad y Bebed. Crónicas de Militancia”, de Alejandro Cabezas. También este año, Armando Ribón Avilán, hermano de Arturo, elaboró una multimedia conmemorativa, en cuya presentación escribió: “Año a año, mes a mes, día a día, seguiremos persistiendo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Mientras, no habrá silencio ni cobardías, no habrá cansancio, no habrá perdón ni olvido”.

septiembre 28, 2020abril 17, 2023

Rostros que transforman ciudad

El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. En este espacio virtual pueden cercarse a las historias de cuatro líderes y lideresas que ahora viven en la ciudad de Bogotá.

CARLOS SANTHOS

Cofundador de CARABANTU y del Festival de Cine Afrocolombiano FICCAK. Su cámara es su herramienta para visibilizar y narrar el mundo y su manilla lo presenta como embajador de Chocó.

ELIECER MANUEL ÁRIAS

El Parque Nacional es lugar de encuentro de la comunidad Kankuamo en Bogotá. La mochila atanquera es un emblema ancestral, tejida con simbolismos que contribuyen a la preservación intergeneracional de la cultura.

ABUELA MUIDOKURI

En el interior de la Maloka se encuentra el corazón, el fuego. El fuego es el símbolo de la mujer Uitoto. La caguana, que se extrae de la palma Canangucho, es una bebida
tradicional que representa fuerza y alimento.

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ MURILLO

Lideresa juvenil de la localidad de Usme e integrante de la fundación FUCISPAC.
Solía ir al mirador con una amiga que falleció. El marañón tiene usos medicinales.

ABUELO BUIDAMA

La Maloka es un lugar sagrado en el que la comunidad realiza ceremonias ancestrales. El ambil y mambe son medicinas tradicionales que han acompañado al abuelo en círculos de la palabra sirviendo como puente con sus ancestros.

ANYELA GUANGA

Integrante de ASOETNIC. San Victorino fue su lugar de llegada a Bogotá y donde se empleó en un puesto de venta de galletas tradicionales. El cacao es símbolo de resistencia y pervivencia.

SOPHIA RIVAS

Sabedora de medicina ancestral. En el quilombo realiza sus prácticas y ofrece sus servicios medicinales.

ARALIATU WOULIYU ELIEL CASTILLO

Consejero Nacional de la Juventud Indígena en la ONIC. El Parque Nacional evoca a la Sierra Nevada, sus montañas representan la conexión con el lugar sagrado. Allí se reúnen integrantes de la comunidad Kankuamo para realizar actos ceremoniales.

ELIZABETH ANDRADE

Representante de Afroindígenas mi Colombia. Vive y coordina su fundación desde el sector Los Puentes. El rayo es una herramienta de madera utilizada para lavar ropa en el río.

PAULINA MAJIN

Lideresa Cabildo YANACONA. SUu lugar es la Casa de Pensamiento Indígena. Bastón de mando de la Guardia Indígena.

JUAN DAVID JAMIOY

Juan David trabaja en la Casa de Pensamiento. La casa acoge a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos con el propósito de mantener la cultura ancestral a través del fomento de prácticas pedagógicas.

YOLVANA ROMERO PUSHAINA

En noviembre de 2018 cumplió dos años viviendo en Bogotá y estudiaba enfermería. El woüma (sombrero), es utilizado principalmente por los hombres, y el kötoii (mochila), es donde se plasma el pensamiento, las ideas y el camino a seguir.

MARTHA LUCÍA RENTERÍA BARREIRO

Consejera de planeación local y médica ancestral. En el quilombo ofrece sus servicios y comparte su sabiduría como médica ancestral. El premio es un reconocimiento al fortalecimiento de
la participación e incidencia de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

OLADYS JUDITH ROMO HERNÁNDEZ

Integrante de la organización ACODES. Suba es la localidad donde ha vivido y desarrollado sus acciones comunitarias.

LUZ AIDA ÁNGULO ÁNGULO

Defensora de derechos humanos e integrante de la fundación Black Sombra.

MARÍA CARMENZA USSA TUNUBALA

El parque del barrio Las Villas es el lugar en el que ha vivido desde que llegó a Bogotá. El Tambal Kuary representa el ser Misak, la circularidad en la espiral que simboliza el ciclo de la vida.

septiembre 23, 2020abril 14, 2023

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio “Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez.

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”.

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”.

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019.

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.