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noviembre 6, 2021noviembre 4, 2023

La memoria de las personas desaparecidas tiene ahora un lugar en las estrellas

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Noviembre 6 de 2021

Decenas de mujeres y hombres entraron silenciosos en la noche de este 4 de noviembre a la arena de la Plaza Cultural la Santamaría de Bogotá. Lentamente fueron tomando sus posiciones, cada una de ellas en representación de una estrella. De a cinco, cada grupo formaba una constelación. Una voz que decía “nunca dejaré de pensar en ti” se escuchaba solemne en las graderías de la Plaza, mientras los hombres y las mujeres de la arena apuntaban con luces a la posición exacta del cielo en la que se encontraban las estrellas que representaban sus cuerpos.

Esas estrellas son un nombre, un periodo de tiempo, un hito. Todas contienen la historia de una persona desaparecida forzadamente o de las luchas de las organizaciones sociales y de víctimas que durante años han construido memoria y exigido justicia por ese crimen atroz que es la desaparición forzada. Las personas que apuntan al cielo son integrantes de 14 de esas organizaciones, muchas de ellas con décadas de trayectoria, que se unieron para renombrar las estrellas por la memoria de las y los desaparecidos.

Las constelaciones encarnadas por ellas en la arena fueron imaginadas colectivamente, en un proceso de memoria convocado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y el Planetario de Bogotá, que recibió el nombre de “Ausentes, estrellas presentes”. Como parte de ese proceso, los científicos del Planetario elaboraron mapas celestes que permiten apreciar las mismas estrellas que podían verse en los lugares y las fechas exactas del nacimiento y la desaparición forzada de las víctimas.

Estos mapas, que reposan ahora en los archivos de las organizaciones, son también una evidencia de cómo las estrellas nos vinculan a pesar del paso del tiempo. Muy poco ha cambiado el cielo que vemos ahora respecto del cielo vieron los desaparecidos hace varias décadas, e incluso, nuestros antepasados hace cientos de años. Nuestro tiempo es efímero en relación con el de los cuerpos celestes.

Ver a las personas desaparecidas en las estrellas “implica que están presentes, que siguen siendo luz para quienes se toman el tiempo de mirarles”, explica Sofía de la Hoz, de la colectiva Vuelve Pronto, una de las organizaciones participantes del proceso. Sofía dice que esta conexión poética es también una forma de “construir belleza del horror”. Porque, para ella, “a pesar de este horror de la desaparición, nosotras y nosotros seguimos siendo practicantes de la vida”.

María del Pilar Murad Martínez, miembro de la Escuela de Liderazgo de la Fundación Nidya Erika Bautista y familiar de víctimas de desaparición forzada, también piensa que este vínculo es una manera de seguir teniendo presentes a los desaparecidos: “Creo que es una forma de rehacer el nombre de esas personas ausentes, que igual siempre están con nosotros en espíritu. Es darles importancia a esas personas que, finalmente en vida y en tierra, eran parte de un núcleo que destruyó el conflicto”. En el cielo, además, pueden representarse todas las personas desaparecidas, que en Colombia son miles.

La relación con las estrellas tiene una enorme ventaja: una memoria contenida en el cielo es intocable e inmodificable. Así lo refiere Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación: “Esa circunstancia que se pretende eliminar con la desaparición forzada, que es el derecho a enterrar, a reivindicar a los muertos en un espacio físico, tiene a partir de la acción de las organizaciones, de la resistencia, la imposibilidad de realizarse. Y en ese sentido es también un acto de trasgresión desde las víctimas frente a esa pretensión de hacer de la desaparición la imposibilidad de tener un lugar de memoria: las estrellas son el último lugar de memoria que nos podrían quitar”.

Un patrimonio común

El sitio más privilegiado de la tierra para observar el cielo está en Chile. En el desierto de Atacama están ubicados los complejos astronómicos más importantes del planeta. En ese mismo lugar, la dictadura de Agusto Pinochet construyó el campo de concentración de Cachabuco, donde fueron recluidos más de mil prisioneros políticos. Algunos de ellos fueron asesinados y desaparecidos entre la inmensa arena del desierto. En las últimas décadas, mientras los astrónomos rastreaban los cuerpos celestes en el limpio cielo que cubre el Atacama, las familiares de los detenidos desaparecidos buscaban los cuerpos de sus seres amados entre las planicies eternas.

Este es el argumento central del documental Nostalgia de la Luz (2010), del chileno Patricio Guzmán. El símil entre el trabajo de los astrónomos, las familiares y los antropólogos, todos ellos buscadores, se sitúa en una pregunta por las huellas que deja el pasado: en la arena, en el espacio, en la memoria.

Los científicos entrevistados en la película reflexionan acerca de una relación material entre nosotros y los cuerpos celestes: que los seres humanos estamos compuestos de elementos químicos que también componen las estrellas. El astrofísico colombiano Camilo Delgado, líder de Astronomía del Planetario de Bogotá, explica que “los elementos químicos de nuestro cuerpo fueron originados en procesos estelares. En la sangre tenemos hierro, y ese hierro se produjo en las explosiones de estrellas… el calcio que tenemos en los dientes, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Ahí hay una conexión muy fuerte con lo que somos. Somos polvo de estrellas que pensamos en las estrellas”.

La película de Guzmán es la inspiración central de “Ausentes, estrellas presentes”. Con ese referente, este proyecto buscó establecer una relación simbólica en la que las estrellas son el contenedor de la memoria de las personas desaparecidas. El mensaje de fondo es que los desaparecidos y las luchas de las víctimas nos pertenecen a todos y todas, tanto como las estrellas con las que compartimos orígenes.

Antequera reflexiona al respecto: “Las estrellas, en el fondo, son el más común de los patrimonios. También hacen parte de la naturaleza, pero de una naturaleza intocable, a diferencia del agua, de los ríos, que consideramos como un patrimonio común, pero que son explotables. Las estrellas están lo suficientemente lejos como para que sean patrimonio todavía inalterado, fuera de todo riesgo. De tal forma que cuando uno ve las estrellas, que son infinitas, y las vincula con las personas desaparecidas, su memoria puede hacer parte del patrimonio común”.

Para las organizaciones de víctimas, esta es otra oportunidad para continuar manteniendo viva la memoria de sus familiares. Patricia Jiménez, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Bogotá, así lo expresa: “Nosotras las víctimas lo que tenemos muy claro es que ellos están vivos, a través de nuestra memoria y de muchas maneras. Para nosotros, lo que ellos hicieron fue dar su vida para sembrar más vida. Lo que quisieron fue desaparecerlos, pero no lo van a lograr jamás; esa es nuestra tarea”. La acción pública en la Santamaría tuvo una especial importancia para Patricia, porque este 4 de noviembre se conmemoraron 29 años de la desaparición forzada de su esposo, Gustavo Salgado Ramírez.

Como parte de este proceso, las organizaciones también instalaron colectivamente una galería de la memoria en el segundo piso del Planetario, que estará abierta al público hasta el próximo 7 de noviembre. Es la primera vez que estas organizaciones unen sus galerías en un mismo espacio de la ciudad, exponiendo los rostros de las víctimas de distintos periodos y formas de este crimen, incluyendo los detenidos desaparecidos de la década de 1980 y los más recientes casos de ejecuciones extrajudiciales.

Hecha la conexión con las estrellas, en la arena de la Plaza se volvieron a escuchar las exigencias contra el olvido y la impunidad que las víctimas han expuesto públicamente durante las últimas décadas, con la pretensión de vincularnos a todas y todos en la búsqueda de los desaparecidos. En palabras de Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes): “Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes en la memoria de los familiares. Pero los familiares queremos que estén siempre presentes en la memoria de la sociedad”. Ahora están siempre presentes en el cielo.

septiembre 9, 2021abril 17, 2023

¿En qué va la lucha por la memoria y la justicia de las víctimas del 9S?

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

No se olvidan los rostros y los nombres de las personas asesinadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y en Soacha, durante las protestas motivadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Las banderas de su memoria están presentes donde quiera que van sus amigos y familiares, que durante el año transcurrido desde entonces se han empeñado en tejer lazos de solidaridad contra el silencio, la impunidad y la estigmatización.

El espacio público urbano ha sido un lugar privilegiado de estas luchas, que se han desarrollado en las localidades donde ocurrieron los asesinatos. Velatones, murales, discursos, siembras, conciertos, conversatorios, jornadas de estampado de camisetas y rutas de la memoria han ocupado estos barrios durante los 9 de cada mes, cuando las familias se reúnen para seguir incorporando los nombres y las historias de las víctimas a la memoria colectiva.

El barrio Verbenal, donde fueron asesinados tres de los jóvenes, se ha convertido en un punto muy importante de la movilización por la memoria, gracias al temprano proceso de articulación que emprendieron las familias y los jóvenes artistas del sector, que hoy integran la Mesa de Diálogo de Verbenal. Buena parte de las acciones se han desarrollado en el parque que está ubicado en diagonal al CAI del barrio, que los vecinos conocen como el Parque de la Policía y que las víctimas han rebautizado como Parque de la Resistencia.

Mayra Páez, esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados en el sector, se ha convertido en un referente de la lucha de las víctimas de estos hechos. Sus palabras resuenan en todos los espacios, a donde lleva en brazos al pequeño hijo de ambos.

Ella explica que “el proceso de apropiación y recuperación del territorio ha sido una pelea muy dura de llevar. Hemos decidido llamar así el parque porque es el lugar en el que mueren nuestros tres chicos y nos dejan más de 15 heridos. Es el lugar donde seguimos alzando la voz”. El 9 de marzo pasado, las familias instalaron allí un pequeño monumento compuesto por tres materas con los rostros de las víctimas, en una jornada en la que se presentaron jóvenes raperos de la localidad y se encendieron velas frente a un mural itinerante que lleva los rostros de Jaider, Cristián Hernández y Andrés Rodríguez.

Inspirados en ese proceso, los amigos de Julián González Fory empezaron a organizarse en la localidad de Kennedy, donde él fue asesinado. En una esquina de alto tránsito del barrio Renania Urapanes pintaron un mural con su rostro acompañado de unas congas, el instrumento que varios de ellos estaban tocando el 9 de septiembre, cuando protestaban por el asesinato de Ordoñez en inmediaciones del CAI de Timiza. El mural se convirtió en el punto de encuentro de cada 9, donde ellos y ellas se reúnen a conversar, escuchar música y recordar a Julián.

Iván Grimaldo, amigo cercano de Julián, reflexiona al respecto: “Hacer memoria de nuestro amigo es poder llevar a cabo muchos proyectos que teníamos con él, que nos marcó mucho. No he escuchado a una persona muy cercana que diga que Julián no fue importante o que nunca recibió un consejo o algo de él. No queremos dejar perder ese bonito legado que él nos dejó: queremos llevarlo a donde vayamos, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en los viajes”.

Los amigos de Julián se apoyan en la gráfica para hacer memoria. Mediante la serigrafía, los telones y los stickers buscan mantener viva su imagen, a partir de la cual generan diálogos con los vecinos de la zona. Entre sus proyectos se encuentra bautizar con el nombre de Julián un parque ubicado cerca del conjunto residencial donde él vivía, con el objetivo de que “se vuelva un punto de encuentro y de transformación”.

En las acciones por la memoria también es común encontrar a doña Nury Rojas, la mamá de Angie Paola Baquero, asesinada en cercanías del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. Doña Nury llega siempre puntual, vestida con una camiseta blanca en la que está estampada una foto de Angie. Ella ha llevado el nombre de su hija a Verbenal, Suba, El Restrepo, la Plaza de Bolívar, el Concejo de Bogotá y, como dice ella, a donde la inviten, aunque la hayan amenazado y atemorizado en su propia casa.

Para doña Nury, la memoria es fundamental: “El acto de memoria que se hace en el recorrido del año de muerta, y que seguiré haciendo como mamá de ella, para mí es un alivio: es un alivio que no la olviden, que no sea una cifra más de tantos muertos y desaparecidos. Yo haré memoria de mi hija y acompañaré a la gente que quiera hacer memoria de ella hasta que Dios me tenga acá y me dé el último aliento de vida”.

En Suba también fueron asesinados Germán Puentes, Julieth Ramírez y Fredy Mahecha, en los CAI de El Rincón, La Gaitana y Aures II. Jóvenes de procesos comunitarios de la localidad que le apuestan a la educación popular, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos han impulsado acciones de memoria, entre las que se encuentran murales, círculos de la palabra, galerías y conciertos. En el pasado Paro Nacional renombraron algunas calles de los barrios de la localidad durante una ruta por la memoria que salió desde el Portal de Suba de Transmilenio y pasó por algunos CAI de la zona.

Andrés Quiroga, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha participado en varias de estas acciones, en las que las exigencias de justicia son permanentes. Desde su perspectiva, es fundamental tener presentes en la memoria a las personas que fueron heridas y torturadas en septiembre del año pasado: “Ellos y ellas también son víctimas: vivieron el miedo, la represión, vivieron violencia. Entender cómo vivimos una violencia colectiva por ser jóvenes nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos acá en Colombia, desde los enfoques políticos que cada uno pueda tener y desde sus estrategias de procesos de resistencia”.

Sobre la memoria de las y los jóvenes asesinados, Mayra reitera: “Queremos que todo el mundo sepa quiénes eran. Hacemos memoria porque es importante que la gente sepa que, a pesar de que no están con vida, dentro de nuestros corazones seguirán viviendo y seguirá creciendo ese amor que sentimos hacia ellos. Jamás van a poder callar nuestra voz, jamás lograrán apagar esa luz que tenían y proyectaban ellos. También queremos que limpien sus nombres. Es una lucha por la digna rabia, por la dignidad”.

La búsqueda de justicia

Las acciones de memoria están acompañadas de una demanda de justicia. En este año el avance judicial de estos casos ha sido mínimo. Alejandra Garzón, abogada de Dh Colombia, quien lleva los casos de 10 personas lesionadas por arma de fuego y tres víctimas mortales, señaló: “El avance en todos estos casos, sobre todo en los de lesionados y de las personas que no les encontraron proyectil es mínimo, en tanto la Fiscalía solamente investigó y llevó audiencia de imputación y acusación a aquellos patrulleros que dispararon y en donde la víctima tuvo el proyectil en su cuerpo”. El estado de los casos está relacionado con el cotejo balístico, una paradoja para la búsqueda de justicia de las familias.

El reconocido defensor de derechos humanos Alirio Uribe, abogado de tres víctimas mortales del 9 de septiembre, afirmó que “los policías ocultan las pruebas, la Fiscalía no avanza suficientemente en las investigaciones, los policías se cubren unos con otros y eso es lo que ayuda a propiciar la impunidad. En el caso del CAI en Ciudad Verde (Soacha) es claro que por la noche limpiaron, lavaron, recogieron todo, para borrar las evidencias de lo que había ocurrido esa noche con los tres muertos”. Uribe destaca que de los tres casos que él acompaña solamente avanzó el de Anthony Estrada, quien recibió “un solo tiro mortal y la bala quedó en el húmero”. En este caso hay un policía en juicio con medida de aseguramiento, en detención domiciliaria.

Una bala directo al corazón fue la que recibió Julieth Ramírez esa trágica noche en el CAI La Gaitana. Un único tiro que le atravesó el corazón y la mató. El abogado Uribe, representante del caso, señaló que “en ese CAI dispararon por lo menos 11 policías, incluso un policía disparó más de 30 tiros. El caso está en indagación preliminar, se han hecho muchas pruebas, se hizo una reconstrucción de escena. Pero no se ha logrado individualizar al responsable, a pesar de que existen videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía, para cruzar todos esos videos y toda la información. Lo concreto es que el caso sigue en la impunidad”.

En el caso de Cristian Hurtado no se tiene la bala, “pero está claro que fue la policía”, explica Uribe, quien también representa este caso. La Fiscalía no ha avanzado en una investigación que permita individualizar al responsable.

Angie Baquero recibió un disparo en cercanías al CAI de Aures. Alejandra Garzón, abogada del caso, señala que “se imputó y se acusó al patrullero Jorge Andrés Laso Valencia por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, él actualmente tiene una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad”.

Jaider Fonseca, joven asesinado frente al CAI de Verbenal, tenía en su cuerpo dos proyectiles aptos para cotejo. “Este cotejo arrojó como resultado que los proyectiles corresponden al arma de dotación oficial del patrullero John Antonio Gutiérrez, que fue imputado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual. Ese homicidio era con dolo, no dolo eventual, porque Jaider recibió cuatro impactos de proyectil”, explica Alejandra Garzón. El 10 de septiembre será la próxima audiencia preparatoria y de solicitud de medida de aseguramiento en este proceso.

Si bien en algunos casos hay pequeños avances, poco se ha adelantado en la búsqueda de máximos responsables. Identificar a quienes dieron las órdenes de disparar sería clave, de acuerdo con las víctimas y las y los abogados. La Fiscalía, hasta ahora, no ha realizado investigación de contexto para determinar la responsabilidad de los altos mandos. La abogada Garzón señala que “tienen la obligación jurídica constitucional de seguir investigando hasta determinar quiénes fueron los que dieron la orden y qué tipo de coparticipación criminal existió”.

A la luz de la legislación internacional, el Estado Colombiano está obligado a investigar graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, “doce meses después, ninguno de los policías a los que hasta ahora está adelantándose audiencia ha sido destituido y, peor aún, no existen investigaciones reales de los altos mandos”, afirmó Garzón.

Además de que se les está negado el derecho a la justicia a los familiares, tampoco existen garantías para la no repetición. Actualmente varias familias han denunciado que han sido amenazadas y hostigadas en repetidas ocasiones y tampoco se han realizado investigaciones sobre estas amenazas. Como narra Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero: “Llevamos un año de lucha, pero al fin y al cabo el autor de la muerte de mi hija sigue trabajando. Mientras a mí, como mamá de ella, me quitaron el derecho al trabajo, porque estoy siendo amenazada por exigir justicia y verdad. Ya me llegaron dos panfletos a la casa amenazándome de muerte, me rompieron los vidrios de la casa. Entonces yo digo que en este país, para uno exigir justicia y verdad por un ser humano, tiene que uno tener plata o ser una persona reconocida, porque uno por ser humilde no merece que su hija tenga la acción de justicia”.

Los hechos de abuso policial sucedidos en septiembre de 2020 muestran las grandes dificultades que existen para un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de abuso y brutalidad policial. También reflejan la pertinencia del debate que han planteado las víctimas frente a una reforma estructural de la Policía. Ante el hecho indubitable de que policías dispararon, las víctimas y sus abogados señalan que existe un “espíritu de cuerpo” que se superpone a las garantías de derechos humanos.

Las familias seguirán conmemorando las vidas de sus hijos e hijas. El 11 y el 12 de septiembre se encontrarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Encuentro de Víctimas contra la Violencia Policial, donde habrá jornada de pintura de retratos, concierto, velatón, una obra de teatro, un taller y un conversatorio. Algunos relatos y reflexiones sobre estos casos se podrán encontrar en la serie documental “No fueron balas perdidas”, que el Centro lanzará este 9 de septiembre. Capítulo a capítulo, la serie narra las historias de las víctimas desde la voz testimonial directa de los familiares. Esta producción podrá ser vista en Youtube.

agosto 10, 2021abril 17, 2023

Un antimuseo desde el sur por la memoria del Paro

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – 10 de Agosto de 2021

Un museo para hacer pedagogía sobre los derechos humanos y para hacer memoria del último Paro Nacional. Esa es la apuesta que han venido construyendo, desde finales de mayo pasado, un grupo de personas organizadas en distintos colectivos ambientales, feministas y de artistas de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Cuando nació el museo, el Paro se encontraba en su punto más álgido y el Portal Américas de Transmilenio, renombrado como Portal de la Resistencia, se había convertido en uno de los escenarios más importantes de la movilización social en la ciudad.

Fue en medio del Espacio Humanitario Al Calor de la Olla, instalado en el Portal, donde empezó a construirse el proyecto, pensado inicialmente como un museo al aire libre en el que las piezas artísticas se emplazaban en el mobiliario urbano. Así lo explica Agsharom, integrante del proceso: “En principio se consideraba que la museografía respondía al espacio. Decidimos que la entrada al puente y al Portal era la entrada del museo, que la olla (comunitaria) era una estación y que el monolito de Transmilenio se había vuelto un objeto de apropiación que ya mostraba que este era el portal de la gente, de la lucha contrahegemónica”.

El proyecto, que recibió inicialmente el nombre de Museo Humanitario del Portal de la Resistencia, empezó a recibir las primeras obras de colectividades y personas que venían produciendo creaciones individuales o comunitarias en el marco del Paro. Tal fue el caso del Tendedero de la Memoria, una pieza compuesta por fotografías de la movilización y co-creada en el Portal por iniciativa de un grupo de estudiantes de Matemáticas de la Universidad Distrital.

Por esa vía también llegó al Museo la obra “Nos encontramos en los corazones”, creada por Sandra Melo, artesana tejedora e integrante del colectivo Aquelarre Techotiba. El título de la obra es un homenaje a Lucas Villa, el asesinado estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que se convirtió en un símbolo del Paro. En ella están bordados, sobre una tela blanca superpuesta en una bandera de Colombia, los nombres de varias personas que fueron asesinadas por agentes del Estado. La bandera nacional tuvo un lugar central en las movilizaciones, en su forma original durante las marchas y de manera invertida en las redes sociales, para denunciar la represión.

También se incorporó una serie de 11 collages producida por Camila Lemos, fotógrafa e integrante del Museo y del medio de comunicación La Fémina Direkta. La serie propone una reflexión sobre violaciones a derechos humanos y procesos de resistencia ocurridos en distintos países de América Latina y en Palestina, algunos de ellos en perspectiva de larga duración. Las migraciones, la desaparición forzada, la defensa de la naturaleza y las movilizaciones sociales por la memoria protagonizan la obra.

Además, se han ido co-creando otras piezas, primero en desarrollo del Paro y luego de otros espacios de encuentro realizados en el suroccidente de la ciudad. Entre ellos, el Segundo Festival del Humedal de la Tingua Azul, realizado a finales de julio en la localidad de Bosa. Estas creaciones colectivas buscan poner en discusión una amplia agenda de derechos, que incluye el derecho a la ciudad desde la perspectiva de los habitantes de “los sures”. Al mismo tiempo, reflexionan sobre la urgencia de hacer memorias en contextos de persistencia de violaciones a los derechos humanos, subvirtiendo la concepción tradicional del museo.

Las creaciones colectivas

En la Cartografía de los Sentidos del Museo se entrelazan las memorias sensoriales de las experiencias vividas durante el Paro con reflexiones colectivas sobre dos cuestiones: el derecho a la ciudad y las identidades de los pobladores del sur. La Cartografía, que está en construcción permanente, incorpora las convenciones de “vista”, “escucha”, “emoción” y “tacto”. A partir de ellas, quienes asisten a las jornadas de montaje del Museo interactúan con el mapa y dejan sus propias huellas.

Sobre la localidad de San Cristóbal, alguien anotó: “Niños apoyando el Paro y cantando cacerolazos”. En Puente Aranda, escribieron: “Helicópteros. Disparos. Gritos. Cantos”; en Teusaquillo: “Barras bravas marchando, resistiendo juntas y en paz”; en el bosque Bavaria: “Aves, tala, deforestación”; y en el Portal de la Resistencia: “Unión del pueblo”.

En Rafael Uribe Uribe, una persona más agregó al mapa la quebrada La Chiguaza, de la que persiste un mito en la memoria oral de algunos habitantes del suroriente que convoca a la reflexión sobre la protección de los cuerpos de agua. La palabra “Kennedy”, en cambio, está tachada con líneas gruesas en el mapa y fue cambiada por “Techotiba”, un vocablo de origen muisca. Muchos colectivos de la zona han adoptado a Techotiba como nombre de la localidad, en reivindicación del pasado indígena y en abierto rechazo al nombre que fue adoptado del presidente estadounidense John F. Kennedy, que inauguró en 1961 un cuestionado proyecto de vivienda popular en el sector.

Una de las impulsoras de la Cartografía y del Museo es Katherine Muñoz, integrante del colectivo Ecoaula Ambiental Tingua Azul y estudiante de la maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional. Para ella, los procesos organizativos de los territorios se han alimentado del reciente proceso de descentralización de las movilizaciones en Bogotá, en el que “la gente se ha dado cuenta de que no es necesario hacer la tradicional procesión hacia el centro, que no tiene sentido. Sí vamos a hacer manifestaciones, pero en nuestro territorio, porque aquí es donde nos necesitan”.

Por esa razón, en los talleres de co-creación de la Cartografía se ha discutido sobre la conservación de los humedales y los bosques, el impacto medioambiental de las actividades económicas y la eventual creación de nuevas localidades como consecuencia de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, aprobado por el Congreso de República en la pasada legislatura.

Como parte de la construcción del Museo también se creó una Whipala, símbolo de los pueblos indígenas de América Latina. La elaboración de esta bandera, de 10 metros, activó una reflexión pública sobre el derecho a la nacionalidad, en la que se decidió no reproducir los símbolos patrios para reconocer el actual proceso de migración de personas venezolanas. Ese proceso ha impactado significativamente al occidente y al sur de la ciudad, desde donde se ha impulsado el Museo; según este informe de la Personería de Bogotá, el 75 por ciento de las personas migrantes habitan las localidades de Kennedy, Suba y Bosa.

La otra pieza de creación colectiva es una bandera feminista que varias mujeres han ido tejiendo en el Monumento a las Banderas, que por su composición se ha convertido en un punto de encuentro y movilización para organizaciones feministas de la ciudad. El proceso surgió a raíz de un caso de abuso sexual ocurrido el 7 de junio pasado en el Portal de la Resistencia, cuando se realizaba una jornada pedagógica y cultural en desarrollo del Paro. El Espacio Humanitario reconoció en este comunicado que se cometieron otros casos de acoso sexual durante la jornada.

El tejido de la bandera ha sido liderado por Sandra Melo, quien explica al respecto: “En el Paro se evidenciaron muchas violencias basadas en género, tanto por parte de la Fuerza Pública, como de otros actores sociales. Como feministas hemos levantado la bandera de que todos los espacios deben ser seguros para nosotras y mucho más esos, que son de incidencia popular y de lucha. Por eso, nació la idea de tejer la bandera feminista y que quede como una pieza para el Museo”.

El presente del Museo

La idea de un Museo instalado en el espacio público del Portal se fue modificando como consecuencia de la disminución en la intensidad de las movilizaciones, de las violencias contra las mujeres ocurridas en el lugar y de la necesidad de hacerlo itinerante para llegar a otros barrios y sectores. Para Camila Lemos, esto implica empezar a concebirlo como un “antimuseo”: “Creo que hay un conflicto muy grande con los museos como instituciones, por todo el tema burocrático y jerárquico. No queremos tener un espacio físico y cerrado, porque tampoco la idea es privatizar, sino que sea abierto, libre e itinerante en los barrios populares”.

Agsharom también considera que el proyecto es, fundamentalmente, un ejercicio de memoria transformadora: “Queríamos que estuviera lejos de la noción de museo tradicional y se acercara más a un ejercicio de recuperación de la memoria, en resistencia contrahegemónica, con un tinte político disidente, para visibilizar a las periferias y hacer una sistematización, una memoria, del tema del Paro. Considerábamos que era muy importante registrar y dar a entender que lo que se está viviendo ahora es un momento histórico que responde, como en otras ocasiones, a los modos en que el Estado colombiano ha violado los derechos humanos”.

Esa itinerancia inició en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde el Museo estuvo presente durante buena parte de junio, con la idea de llegar a otros públicos. Actualmente, el Museo se mueve por distintos barrios del sur, al tiempo que proyecta un cambio de nombre que se ajuste a las nuevas circunstancias.

El del Museo o Antimuseo es uno de los valiosos proyectos culturales que nació durante la última movilización nacional. Sus contenidos guardan una parte de las memorias de las y los habitantes de Bogotá que sostuvieron, desde finales de abril, un paro que pasará a la historia por su masividad, su duración, la represión con la que fue tratado, y sus múltiples acciones de resignificación y apropiación del espacio público urbano. El del Museo es también un aporte a la construcción de paz en la ciudad, en tanto ejercicio pedagógico para pensar la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos y transformar los territorios desde la acción colectiva.

julio 4, 2021abril 17, 2023

Las cifras del horror: Documentación y sistematización de violaciones a derechos humanos del paro

Fernanda Espinosa Moreno, Equipo CMPR – 4 de Julio de 2021

El actual Paro Nacional, que inició el 28 de abril de 2021, ha implicado una grave crisis de derechos humanos; el país ha tenido niveles altos de violaciones concentradas en relativamente poco tiempo. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 ocurrieron 4.687 hechos de violencia policial, de ellos 44 homicidios. Si bien el movimiento de derechos humanos colombiano se ha caracterizado por una especialización en el registro inmediato de la violencia, el volumen de casos de estos dos meses de paro no tiene precedentes. Esto ha implicado un trabajo extraordinario y constante de las personas defensoras de derechos humanos, que le permite a la sociedad conocer la dimensión y características de la represión.

Sobre la construcción de las cifras de violaciones a derechos humanos del Paro, Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de Indepaz, en una entrevista con Jose Antequera titulada “Por dónde empieza la memoria: el registro inmediato de las violaciones de DDHH”, señaló: “Son como las cifras del horror más o menos, porque nosotros desde hace algún tiempo hemos venido realizando este macabro ejercicio de tener cifras”. Indepaz ha realizado un ejercicio detallado de sistematización de las cifras de masacres, asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz.

Adicionalmente, desde el inicio del Paro detectaron que vendría una fuerte represión que sería necesario documentar con atención: “Con el Paro Nacional, el día 28 asesinaron 4 personas en Cali, dijimos esto es una masacre más, lo metimos como una masacre, pero nos dimos cuenta de que en Bogotá asesinaron a otro el mismo 28 y que en Ibagué asesinaron otro, es decir, fueron cinco personas el mismo día. Entonces aquí va a pasar algo más y esto apenas está empezando y al otro día más y más, y vamos sumando, entonces tuvimos que hacer este nuevo ejercicio de verificar lo que está sucediendo en el medio del Paro y nos asociamos con Temblores, que son una organización interesante que viene haciendo este trabajo también de seguimiento al abuso policial” señaló Leonardo González.

Esta repuesta inmediata, esta “documentación en caliente”, es posible gracias al gran trabajo y voluntad de las personas defensoras y a la experiencia previa. Una tradición y una experticia en documentación que tiene el movimiento de derechos humanos colombiano desde hace más de 40 años.

Una parte fundamental del trabajo lo hacen los y las defensoras de derechos humanos durante las protestas en terreno, quienes se organizan en esquemas o grupos de trabajo que denominan Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil (CVI). Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la Libertad, nos cuenta cómo funcionan estas comisiones: “Están conformadas por tres personas mínimo, en el que se asumen tres roles: uno el de coordinador e interlocutor con las autoridades, otro el de hacer una documentación escrita de toda la información relevante en el acompañamiento que se da en terreno, y finalmente el que hace la documentación audiovisual, lleva los registros fotográficos, de video y de audios”. También las CVI realizan diálogos con altos mandos de la policía y funcionarios del ministerio público. Esta información en terreno de las comisiones permite tener reportes diarios de lo sucedido “en caliente”.

Durante el Paro las jornadas de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en terreno han sido agotadoras, una jornada de acompañamiento “puede ser de ocho u 12 horas, inclusive de 16 horas, que es bastante extenuante. Esto ha dependido de las dinámicas de este Paro. Antes, nosotros hacíamos acompañamiento en la mañana y en la tarde, pero, como ahora la mayoría de las movilizaciones se han convocado para la tarde y noche, nuestros turnos también han cambiado en ese sentido. Hemos acomodado nuestros turnos para hacer acompañamiento desde las 2 o 4 de la tarde para poder estar toda la noche, inclusive en algunos turnos hasta las 2, 3 o 4 de la madrugada. En algunas situaciones que lo han ameritado hasta las 6 de la mañana”, nos cuenta Montenegro.

Desde el momento que son convocadas las movilizaciones, los defensores hacen una valoración de con cuántas personas se deben preparar para salir a acompañar la protesta. En este paro también han tenido que mejorar y redefinir su equipamiento de trabajo, pues además del chaleco que los identifica, también portan cascos y gafas protectoras.

En el caso de la Campaña Defender la Libertad reciben información las 24 horas para alimentar y contrastar las cifras desde la línea de emergencias, formularios en la página web, el correo electrónico y las redes sociales. Además, realizan un barrido de información con algunos medios de comunicación. Esta información sirve para alimentar una matriz prediseñada con unas categorías en las que resaltan distintas agresiones a los manifestantes. Dentro de la Campaña Defender La Libertad, “distintas personas hacemos turnos, distintas horas del día, para incluir esta información. Luego un equipo más pequeño nos encargamos de hacer el barrido, de cotejar, cruzar. Hay equipos de sistematización que hacen estas mismas horas, inclusive más. Sobre todo cuando las jornadas de protesta se extienden hasta altas horas, pues el flujo de información es mayor, entonces lo que hay que procesar también es mayor” comentó Luis Carlos Montenegro.

Dado el gran flujo de información, todo el tiempo se hace un proceso de actualización y contraste de las cifras, se revisan y cotejan. “ Hacemos un cotejo con organizaciones aliadas de gran trayectoria en el mundo de los derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, inclusive con la propia Organización de Naciones Unidas”, señala Montenegro.

La Campaña Defender la Libertad ha consolidado el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), un instrumento de documentación y sistematización de casos de agresiones a la protesta social. La información recolectada por las CVI y de las organizaciones sociales y medios de comunicación, se sistematiza en el SIAP y se realiza un análisis de las principales agresiones que sufren las personas que ejercen el derecho a la protesta social. Además de la sistematización de las agresiones, con los casos que acompañan realizan denuncias a nivel jurídico y también cuentan con rutas de atención psicosocial.

Por su parte, la ONG Temblores ha desarrollado la plataforma GRITA, que busca facilitar la denuncia de violencias policiales. En ella se registra, investiga y triangula la información. En esta plataforma pueden registrar hechos de violencia policial, tanto las víctimas como los testigos. También ofrecen asistencia jurídica a las víctimas.

Personas desaparecidas durante el Paro Nacional

Una de las cifras más complejas de consolidar ha sido la de las personas desaparecidas durante el Paro Nacional. Desde distintas organizaciones e instituciones han realizado listados con nombres de personas desaparecidas. Conocer la dimensión de la desaparición forzada suele ser muy dificil por las mismas caracteristicas de ocultamiento intencional de esta grave violación a derechos humanos, más aun en este contexto de crisis. La desaparición, justamente, busca ocultar absolutamente todo, el cuerpo y las pruebas, por lo que consolidar las cifras y las investigaciones es mucho más difícil.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos crearon una mesa de trabajo que ha identificado al menos 379 desapariciones en el Paro. Por otra parte, la Fiscalía maneja la cifra de 84 “personas no localizadas”. La denuncia de casos de desapariciones forzadas en el marco del Paro son muy graves, recordemos además que la desaparición suele tener otros delitos conexos, como la dentención, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cadáver.

Actualmente, las víctimas que integran las organizaciones históricas de desaparición forzada también apoyan la búsqueda de las personas desaparecidas durante el Paro. Lucía Osorno, víctima de desaparición forzada de su hermano e integrante del MOVICE señaló: “Del 28 de abril al 6 de mayo se configuraron más o menos 379 desapariciones, se empezó a denunciar y es lo que está visibilizado. Siempre decimos que detrás de un desaparecido hay otro que no quiere contar que le da miedo, por que es lo que hemos logrado ver en el marco de esta protesta…Contar los desaparecidos es muy difícil. Nosotros le estamos apostando a ayudar a encontrarlos, pero también le estamos exigiendo al Estado que por favor busque, que no minimice”.

Ellas, quienes mejor conocen la desaparición forzada, porque la han vivido en el pasado, hoy aportan a documentar, sistematizar, denunciar y buscar a los desaparecidos de este paro. “No nos queremos imaginar las noches a ciegas que han vivido estas familias de uno, de dos, de las 300, de las 84, de las cifras que sea, porque decimos que las cifras también generan impunidad, a uno solo el Estado lo tiene que buscar. Evidenciamos que no buscan a las personas de los sectores más vulnerables. Uno solo nos hace falta a todos, y es un deber de la sociedad y de las instituciones buscar un solo desaparecido”.

Las propias víctimas de desaparición, que son también defensoras de derechos humanos, hoy aportan a la documentación y a la denuncia, acompañan a los familiares, llaman a amigos y familiares de quienes aparecen en las listas como desaparecidos, buscan activar los mecanismos institucionales de búsqueda, contrastan información, presionan socialmente, hacen plantones y murales para preguntar: ¿Dónde están todos los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos del Paro?

Las organizaciones de derechos humanos han exigido a las instituciones estatales mayor claridad e investigación sobre estas denuncias de desaparición. “Se le ha presentado un derecho de petición a la Defensoría y a la Fiscalía sobre el tema de la desaparición, para decirles: Miren, este es el listado que tenemos nosotros, al menos para informarnos primero, y segundo, si ustedes ya los tienen, ¿qué han hecho? ¿qué ha pasado? ¿qué acciones se han tomado por parte de la Defensoría? ¿por parte de la Unidad de Búsqueda? ¿por parte de la Fiscalía? ¿qué ha pasado con esto?”, señala Leonardo González, de INDEPAZ.

Violencias basadas en género y violencia sexual

Las defensoras de derechos humanos también han documentado distintas violencias basadas en género (VBG) y violencia sexual en el marco del Paro Nacional. Daniela Buriticá, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, señala: “En el marco de este paro tenemos registro de 59 casos de violencias basadas en género hacia las mujeres, que incluyen: casos de agresiones sexuales, de esos tenemos 17 que están referidos a abusos sexuales, a tocamientos indebidos, a desnudez forzada; 21 casos de violencia física a mujeres en razón de su género; 18 casos de violencia psicológica, que incluyen conductas de acoso sexual, de amenazas de agresión sexual, hostigamientos, y esto también está acompañado por otra clase de violencias, como el robo de los elementos personales o los golpes; y tenemos ocho casos de abuso sexual, ejercidos también en contra de hombres.”. Estas eran las cifras de violencia sexual hasta el 25 de junio de 2021. En los últimos días ha habido nuevas denuncias de agresiones de este tipo.

Los y las defensoras han identificado que un momento de alta vulnerabilidad para las mujeres que participan en las manifestaciones es durante las detenciones arbitrarias con el empleo de figura de “traslado por protección”, al no existir controles o protocolos con trato diferencial y con enfoque de género para prevenir, atender, hacer seguimiento e incluso sancionar las violencias basadas en género durante estas detenciones. Para Buriticá, “el riesgo de las violencias sexuales que enfrentan las mujeres en el marco de estas detenciones específicas se debe tener en cuenta. Nosotras tenemos un registro de agresiones sexuales que han ocurrido en guarniciones militares, en guarniciones de policías, en CAIs y en centros de reclusión. Para nosotras es importante poner el ojo a estas detenciones arbitrarias, a estos traslados por protección porque ocurren en lugares cerrados, lugares donde solo hace presencia la policía, donde ellos tienen el control total, son lugares pequeños, en donde no se puede saber lo que ocurre y no es visto por quienes están afuera, entonces son lugares donde más ocurren violencias sexuales”.

Ella nos cuenta los detalles de dos de estos casos: “El primero de mayo en Bogotá, a un grupo de manifestantes las trasladaron a una estación de policía en el barrio San Benito, en donde ellas reportan haber sufrido agresiones y que un agente de policía las hizo desnudar, e hizo desnudar a una mujer en especial dentro del CAI. Otra situación fue el 29 de abril en Cali, donde una mujer estaba en una URI para ser judicializada supuestamente por obstrucción de la vía pública y en medio de la retención fue sometida a tocamientos indebidos por parte de los agentes de policía. También es de señalar que la mayoría de estas detenciones son realizadas exclusivamente por policías hombres, incluso si hay una mujer presente esto no exime a las mujeres de ser víctimas de esta violencia”.

Daniela Buriticá, joven defensora de derechos humanos, también señala que estas violencias de género están siendo más visibles, las personas están denunciando más con la ayuda de las redes sociales: “La gente en este momento está siendo más consciente de que hay que documentar estas vulneraciones y también le está perdiendo el miedo a denunciar. Sin decir que se ha perdido completamente el miedo, que aún existe”. Sin embargo, aun existe un subregistro muy grande de estos casos.

La Defensoría del Pueblo señaló la cifra de 106 personas que denunciaron ser víctimas de violencias basadas en género, en contra de mujeres y población con orientación sexual diversa, de estas 23 son casos de violencia sexual. Sin embargo, la sociedad no conoce avances en las investigaciones y sanciones de estos casos. En general, ante las VBG se destaca la ausencia de investigación y poca diligencia de las autoridades. “Esto no es nuevo, es un discurso encubridor, que pone como menos importante las violencias sexuales y las VBG. Esto se traslada también a las diferentes vulneraciones de derechos humanos, pero en especial esto es muy preocupante, porque es un velo protector que tiene la Policía Nacional, en donde no hay claridad en las investigaciones o en el desarrollo de las denuncias penales”, señala Daniela.

Lesiones oculares

Los distintos registros destacan el crecimiento de las lesiones oculares durante el actual Paro. Desde el Paro de 2019 se presentaron algunas afectaciones a los ojos. Los y las defensoras destacan que es un fenómeno que se observó también en el estallido social en Chile. Este nivel de impacto a los ojos evidencia una sistematicidad, una aparente “orden no formal” del ESMAD de disparar al rostro. Una herida que afecta a largo plazo la vida de los y las manifestantes, pues implica la pérdida de la visión en muchos casos. También dentro de los heridos se observan varios lesionados en el rostro con tiros directos a la cara. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 han ocurrido 82 hechos de lesiones oculares.

Más allá de las cifras y los datos

Este difícil trabajo de registrar las violaciones a derechos humanos tiene el objetivo de que no vuelvan a ocurrir, de prevenir el abuso de autoridad de la Policía. “Esta información es precisamente para que haya una incidencia para un cambio de comportamiento de la Policía, de las Fuerzas Militares y una política distinta”, señala Leonardo González, de INDEPAZ. Los y las defensoras de derechos humanos están aportando al debate sobre una reforma a la Policía. Ellos y ellas, junto con las víctimas directas, conocen de primera mano los excesos de la fuerza pública y pueden aportar propuestas fundamentales en este sentido.

Las organizaciones de derechos humanos destacan la sistematicidad que han tenido estas violaciones a los derechos humanos. Las definiciones de la sistematicidad hablan de la existencia de patrones que han sido repetitivos durante el tiempo, de una misma manera. También, de que “ las víctimas son manifestantes… es en el marco de la manifestación. Algo muy importante para decir si es sistemático, es la participación de agentes estatales, participación de cualquiera por acción, por omisión o por complicidad. Aquí precisamente es muy clara la acción por parte de los entes estatales”, afirma González.

Una historia de la defensa de derechos humanos en Colombia lleva el trágico título de “Contando muertos” (Counting the Dead: The Culture and Politics of. Human Rights Activism in Colombia. University of California Press, 2007). Su autora, Winifred Tate, señala que la historia del movimiento de derechos humanos en Colombia está marcada por la acción de “contar muertos”, de documentar y sistematizar la muerte y las víctimas desde la década de 1980.

Colombia ha experimentado distintas crisis de violaciones de derechos humanos, ha pasado por periodos de fuerte represión donde los defensores de derechos humanos han realizado un trabajo de documentación, sistematización y denuncia constante desde hace varias décadas y en el actual Paro Nacional siguen “contando muertos”. El trabajo de los y las defensoras para que conozcamos la dimensión de la violación a derechos humanos debe ser resaltado, no solo son cifras, son vidas humanas.

junio 11, 2021abril 17, 2023

Tras las memorias de Patricio

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y Rodrigo Torrejano Jiménez, investigador de Archivos del Búho y Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria

Fue en medio de una fiesta familiar de los Silva, cuando Ricker, ya cercano a los 40 años, por fin hizo la pregunta que lo intrigaba desde niño: “¿Por qué ustedes, cuando hablan de sus historias, nunca cuentan anécdotas de Patricio? A mí sí me gustaría conocer a mi tío, y me gustaría grabar”. Ricker sacó su celular y empezó a registrar la primera conversación sobre Patricio Silva Ruales que tenía su familia en más de 40 años. Eran los primeros recuerdos que se contaban públicamente sobre “el tío Pato”.

La búsqueda de respuestas llevaba muchos años. Empezó en la cocina del apartamento donde Ricker vivía de niño con su familia. Allí, su mamá le contó cómo había conocido a su papá, Raimundo Silva: Se presentaron en la Universidad Libre de Bogotá, sobre el cuerpo sin vida de su tío Patricio, un joven estudiante de la Universidad Nacional (UN) que acababa de ser asesinado por un agente de la policía militar. Ocurrió a finales de mayo de 1978.

En ese entonces, la mamá de Ricker era una estudiante universitaria que llegaba a la Libre para corroborar la noticia del asesinato de su amigo Patricio. Su papá era un joven empleado bancario que hacía gestiones para que la Policía le permitiera enterrar a su hermano. Era un momento de alta tensión, porque grupos de estudiantes se habían atrincherado en la Libre y habían retenido al Rector para impedir que la Policía se llevara el cuerpo sin vida de Patricio, que ellos mismos habían trasladado desde el hospital hasta la Universidad. Las fotos de la prensa de la época muestran las afueras de la Libre como un auténtico campo de batalla.

Aparte de la historia que le contó su mamá, Ricker no había escuchado a nadie más de su familia hablar sobre el tema, aunque todos seguían recordando silenciosamente a su tío. El dolor había impuesto un pesado silencio sobre la vida y la muerte de Patricio, que continuó alimentando sus preguntas: “Yo sentía una curiosidad por mi tío, como que mi tío tenía que ser alguien muy chévere; estudiaba en la Nacional, se preocupaba por el país, lo terminaron matando. Yo creo que esa necesidad de conocerlo era porque nadie nunca hablaba de mi tío y, además, yo pensaba que era alguien del que todos deberíamos estar hablando: de mi tío Patricio, el que mató la policía militar en la Nacional”.

Ricker empezó entonces a buscar otras voces que lo ayudaran a conocer a su tío. Buscó su nombre en Google, donde encontró un corto y descarnado texto sobre el asesinato. También encontró un fragmento de un libro en el que el personaje de un estudiante mencionaba en su discurso a “Patricio Silva”. En Twitter, les preguntó a los usuarios que habían mencionado ese nombre si conocían a su tío, el joven estudiante de Química Farmacéutica asesinado en la Nacional en mayo del 78. Pero nadie le daba razón.

Entonces, después de una pausa en la búsqueda, empezó a contactar personas que podrían responder una pregunta importante sobre la vida de Patricio: si él había militado en alguna organización política o estudiantil. En la memoria de su madre habitaba una escena del sepelio que no se ha podido corroborar por otros medios, que apunta a que Patricio era parte de una de las más relevantes organizaciones políticas de la época, algo de lo que el resto de la familia no tiene noticia.

A finales de 2016, en una de las marchas en respaldo al proceso de paz, Ricker consiguió hablarle a un dirigente de izquierda para preguntarle si conocía a su tío. También contactó, sin resultados, a una reconocida investigadora de la flora y la fauna de la Amazonía, que había sido amiga de su tío y de su mamá. Tiempo después le escribió a un analista del conflicto, que le prometió contactarlo con militantes de esa organización de finales de los 70: “Nos vimos en uno de esos restaurantes típicos, viejísimos, del centro, y hablamos. Quedamos en una cosa que nunca pasó, y es que, si en algún momento se reunía gente de esa época, él me invitaba. Pero me dijo: ‘Sobre todo, tienes que escribir esa historia’”.

Pero a Ricker no se le da fácil escribir, y la inquietud por su tío le seguía rondando la cabeza. Las preguntas empezaron a resolverse esa noche de la fiesta familiar, cuando se contaron en voz alta algunos recuerdos de la infancia y la adolescencia de Patricio, que tenía solo 19 años cuando fue asesinado. Esas primeras palabras empezaron a alimentar un proyecto que Ricker tenía en mente y que le comunicó esa misma noche a su familia: quería producir un pódcast sobre la historia de su tío, junto a la productora La No Ficción.

El pódcast, que se titula “El amor después de Patricio” (2020) y que puede escucharse aquí, cuenta en detalle la contienda que libraron estudiantes y policías por el cuerpo de Patricio, los esfuerzos por realizar el entierro, la impunidad en que se encuentra el caso y los impactos que el crimen causó en la familia. Entre ellos, que un sobrino fuera bautizado Patricio Javier y que los papás de Ricker se hubieran conocido en las condiciones en que lo hicieron.

La producción del pódcast le permitió a Ricker hablar por primera vez con su padre sobre lo que había pasado con su tío y escuchar relatos familiares que habían permanecido en la penumbra, algunos de los cuales no alcanzaron a incorporarse en el pódcast. Entre ellos, este que le contó su tía Geraldine, que era solo una niña cuando mataron a su hermano: “Ella cuenta que hasta que cumplió 15 años estuvo todo el tiempo esperando que él volviera. Porque ella escuchaba en noticias que a los estudiantes los desaparecían y que no se sabía dónde estaban. Y ella no estuvo en el entierro, nunca vio a mi tío muerto… Muchos años después, asimiló que le habían matado a su hermano”.

El proceso le permitió a Ricker, un sobrino no siempre presente, comprender a su familia paterna y abrir un espacio de conversación: “Fue algo terapéutico, realmente. Yo creo que ellos necesitaban contar la historia, necesitaban decir que les dolió, necesitaban esa oportunidad. Y a mí eso me sirvió para conocerlos, para entender muchas cosas”.

A la par del camino avanzado por Ricker, Geraldine se reencontró con la historia de su hermano en 2019, durante la Semana de la Memoria Universitaria de la UN, convocada por Archivos del Búho. El 9 de mayo de ese año se realizó un homenaje al también estudiante Jesús “Chucho” León mediante un recorrido de memoria que inició en la animita del estudiante Hugo López Barrera, en inmediaciones de la entrada de la calle 26; se dirigió hacia el monumento la Amérika, en el jardín de Freud; y continuó su marcha hacia el edificio de Física, Estadística y Matemáticas, a una placa instalada muchos años atrás en homenaje a Patricio.

Allí estaba programada una reflexión sobre lo ocurrido el 16 de mayo de 1984 en la Universidad, en voz de una de sus sobrevivientes: Patricia Jiménez. El relato prosiguió a un poema de “Chucho” Peña. Cuando se mencionó el nombre de Patricio, Luis Higuera, que estudió ingeniería en la UN a finales de los 70, relató lo ocurrido en ese lugar el 30 de mayo de 1978: “Yo estuve aquí el día en que mataron al compañero, estaba tomando clases y vi cómo la policía lo asesinó”. La historia continuó su marcha y se convirtió en un texto transcrito de afán y enviado mediante una cadena de WhatsApp por uno de los asistentes, que llegó a manos de Geraldine.

El 16 de mayo de 2019, el relato de Luis Higuera se repetiría en el auditorio Camilo Torres del edificio de Sociología para ser escuchado en vivo y en directo por Geraldine, quien se acercó ese día a buscar a las personas que seguían recordando a su hermano. Allí inició un proceso de relacionamiento entre Archivos del Búho y la familia de Patricio. El caso fue incluido en la Cartografía de la Memoria del Movimiento Estudiantil.

Mayo del 78 en contexto

Los Silva son una familia ipialeña que, entre 1969 y 1977, se fue asentando de a pocos en Bogotá. Detrás de Raimundo, el hermano mayor que llegó a la ciudad para empezar sus estudios universitarios, fueron llegando los demás.

Patricio, el tercero de los hijos, fue de los últimos en viajar. Raimundo y Geraldine recuerdan que era guapo, carismático y tierno. Tenía el cabello claro, ondulado, y le gustaba estar a la moda. También era muy unido a su familia, como cuenta Geraldine: “Era todo lindo. Muy especial con nosotros, por lo menos con los menores, nos consentía mucho. Estaba pendiente, nos ayudaba. Él fue el que empezó a hacer las reuniones de la familia, para hablar de lo que nos pasaba durante la semana. Me acuerdo que nos sentábamos en una cama y todos hablábamos de la escuela, del colegio, de la universidad”.

Geraldine dice que, tal vez por su interés en la gente, Patricio quería estudiar Medicina en la Universidad Nacional. Pero, como era difícil pasar a esa carrera, inició su formación académica en la INCA y luego se presentó a Química Farmacéutica en la UN con la intención de solicitar traslado algún tiempo después.

Por esos meses, Patricio y Raimundo asistían a marchas, se interesaban en la política nacional y conocían las distintas tendencias políticas que hacían vida en la Universidad. Juntos participaron con curiosidad del Paro Cívico del 77, la movilización más grande de la década. Además de querer ser médico para ayudar a otros, Patricio se inquietaba por la realidad del país e intentaba estar presente en las movilizaciones.

El 78 fue un año de tensiones para el país. La convocatoria a elecciones en febrero para elegir el legislativo y las presidenciales de junio, acompañadas por la larga lista de decretos de excepcionalidad firmados por el gobierno de Alfonso López Michelsen, habían puesto en el centro de la atención a las acciones de organización y movilización social: las huelgas, los sindicatos, los tumultos o entrabamientos de trabajadores o estudiantes estaban prohibidos por decreto. Además, el gobierno liberal había firmado un decreto de exoneración de responsabilidad penal para los miembros de la Fuerza Pública que cometieran “delitos en desarrollo de operaciones de prevención y represión de los actos de secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes”, como documentó en este libro el jurista Gustavo Gallón.

En ese contexto, el movimiento estudiantil convocó jornadas de movilización anti-electoral en todo el país para mayo de 1978, previas a las elecciones presidenciales en las que finalmente resultó electo Julio Cesar Turbay. En varias ciudades se reportaron personas heridas y asesinadas.

El campus de la UN en Bogotá no fue la excepción. Para el 30 de mayo, un grupo de estudiantes organizó un foro abstencionista, que terminó en enfrentamientos con la Policía en inmediaciones de la calle 26, según reseñó Voz Proletaria. Tras la pedrea, la policía militar ingresó al campus, se dirigió hacia la Plaza Che y, desde allí, a la intersección de los edificios de Artes y Arquitectura.

En medio de la avanzada militar fue asesinado Patricio, que salía de un examen de matemáticas en el edificio 404. Además, resultó herido, en la plazoleta del viejo edificio de ingeniería, el también estudiante Efraín Gutiérrez. El periódico El Bogotano informó que otros cuatro estudiantes resultaron heridos, pero no hay registro de sus nombres. Lo que siguió después está contado detalladamente en el pódcast que realizaron Ricker y La No Ficción.

La ausencia de alternativas políticas en el escenario electoral se tradujo en un abstencionismo de cerca del 70 por ciento para las jornadas de febrero y del 60 por ciento para las presidenciales de junio, de acuerdo con Gallón. Este abstencionismo estuvo impulsado por un fuerte escenario de rechazo generalizado a la “farsa electoral” promovido por sectores estudiantiles, principalmente. El carácter de la represión y el aumento de la beligerancia estudiantil conllevó a que el rector Emilio Aljure decidiera cerrar el campus de la UN a través de la instalación de la malla perimetral, como consta en esta tesis. Los estudiantes realizaron acciones permanentes de boicot a la obra.

El adiós y las memorias

El 31 de mayo de 1978, el ataúd de Patricio fue llevado en marcha por estudiantes y familiares desde la Universidad Libre hasta el Cementerio Central. Acompañaron la procesión el recién liberado Rector de la Libre, policías de civil y periodistas conminados a asistir por solicitud de los estudiantes como “garantía” ante eventuales ataques de la Fuerza Pública.

Bajo una “pertinaz lluvia”, la marcha inició por la calle octava hacia la carrera séptima, se dirigió a la Avenida Jiménez con calle décima y continuó hacia el norte de la ciudad. Raimundo recuerda ese momento con profunda nostalgia: “Tengo una imagen caminando por la décima, llegamos hasta la calle 24, caminando de La Libre en dirección norte. Y al dar la vuelta en la 24, para coger para el cementerio, miro para atrás y hasta donde mis ojos alcanzaban había gente. Yo alcanzaba a ver hasta la Jiménez y eso me dio mucha… fuerza. En el momento del entierro, a cada uno nos dan unas flores, que se las ponemos a él, y suena de fondo La Internacional… la tengo aquí… Muy lindo”.

Una vez terminado el sepelio, grupos de estudiantes se organizaron en los alrededores del cementerio Central y se enfrentaron a la Fuerza Pública. En la noche se reportaron más de 30 detenidos, según el semanario Voz.

El asesinato de Patricio tuvo efectos en todo el país. Se convocaron movilizaciones y se hicieron comunicados rechazando el crimen, como registró la prensa. Voz Proletaria informó: “La mayoría de las organizaciones estudiantiles del país, prácticamente la totalidad de los sindicatos que agrupan a profesores de secundaria y universitarios, lo mismo que numerosas organizaciones sindicales y populares, entre quienes se destacan la Juventud y el Partido Comunista, la coalición UNO-ANAPO-MIL-URS y otras, han condenado el asesinato a manos de unidades de la policía, del joven estudiante Patricio Silva, en predios de la Universidad Nacional”.

El primero de junio de 1978, el periódico El Tiempo reportó marchas y enfrentamientos de estudiantes con la Policía en Cali, Barranquilla, Tunja y Palmira, todos ellos motivados por el asesinato de Patricio Silva Ruales, Alejandro Moreno Pamplona y Horacio Díaz. Más de cuatro décadas después, luego de que Ricker publicará el pódcast, un antiguo estudiante de la Nacional le contó que también se había creado el Grupo de Estudios Políticos Patricio Javier Silva.

Actualmente, en la Nacional existen dos placas en el lugar donde Patricio fue asesinado. La primera de ellas fue instalada el 20 de agosto de 1978 por la colonia de estudiantes ipialeños residentes de la UN. La segunda, que se presume que fue instalada poco tiempo después, incluye el siguiente texto: “Caído combatiendo la farza electoral (sic). Por tu muerte, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”. Según Raimundo, esta consigna acompañó la marcha hacia el cementerio. Estos lugares hacen parte de un proyecto en curso para elaborar una cartografía de la memoria del campus de la UN.

Aunque con estas y otras acciones, el movimiento estudiantil siguió recordando a Patricio, en la familia Silva se instaló durante décadas un silencio protector. Así lo explica Geraldine: “Nunca lo hicimos (recordarlo en familia). No porque no lo tuviéramos en la mente, sino simplemente nos dolía. Cada uno vivía su dolor, cada uno a su manera, y hasta ahí. De pronto ninguno hablaba para no herir o no lastimar más, para no volver a revivir el dolor. Hasta que mi sobrino quiso saber de él…”

En el proceso de conocer a su tío, Ricker terminó contribuyendo a que las memorias individuales se hicieran colectivas. Pero aún le falta mucho por saber de Patricio: “A lo mejor, esas cosas que todavía no se saben de mi tío sea mejor tenerlas así; eso evitará que se olvide, porque todavía es una persona que podemos seguir descubriendo. Debe haber alguien por ahí que escuche todas estas cosas, que lea estos artículos, y diga: ‘Yo lo conocí’”.

Ricker señala con frecuencia que él está en este mundo por su tío Patricio, porque a partir de su muerte se conocieron sus papás. Pero hay que señalar también que la memoria de Patricio está en este mundo, en parte, por los esfuerzos de Ricker, que se atrevió a preguntar y a proponer que se hicieran públicos los recuerdos que los integrantes de la familia guardaban para sí mismos. Geraldine también ha impulsado la reconstrucción de esta historia, que se ha ido tejiendo colectivamente en los últimos años, dentro y fuera de la familia.

*Agradecemos especialmente a la familia de Patricio Silva Ruales por permitirnos conocer su historia para la realización de este artículo. Igualmente, a Paola Rodríguez, por su contribución en la preparación de este artículo.

mayo 6, 2021abril 17, 2023

Afectaciones al Poder Judicial: violencias en Bogotá

Por: Carlos Ojeda S., director de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces (Fasol) y Fernanda Espinosa Moreno, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

El 30 de abril es una fecha fatídica para el poder judicial y para el país en su conjunto, representa una jornada de dolor y memoria. En este día ocurrió la pérdida de dos ministros de justicia a manos del narcotráfico.

En la década de 1980, Rodrigo Lara Bonilla, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), se encargó de denunciar públicamente la infiltración del narcotráfico en altos niveles de la política, la economía y hasta el fútbol. Declaraciones impecables, con tono firme y cargadas de argumentos jurídicos probatorios, ponían a temblar al cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria. Desde un rincón de la Hacienda Nápoles, Escobar ordenó su muerte y el 30 de abril de 1984, catorce tiros cegaron su vida en la calle 127, al norte de la ciudad de Bogotá.

De nuevo un 30 de abril, pero siete años después, la valentía y compromiso contra el narcotráfico se interrumpen nuevamente. Enrique Low Murtra fue asesinado saliendo de la Universidad de la Salle, donde impartía clases de economía. A pesar de haber dejado su cargo como ministro de Justicia en 1988 y ocupar la embajada de Suiza por tres años, el narcotráfico no había olvidado sus investigaciones y denuncias. Su anhelo de regresar a Colombia fue despertado por su profundo amor a la docencia y su compromiso con el país; esos deseos hicieron sus oídos sordos ante las advertencias de amigos y familiares. El gobierno tampoco tuvo la menor intención de protegerlo, lo que se convertiría en una crónica de muerte que se llevó a un jurista ejemplar, que se había desempeñado también como consejero de Estado y juez de instrucción criminal.

Estos dos casos son referentes de la historia de violencia contra la justicia que ha sido sistemática contra: ministros, magistrados, jueces, fiscales, empleados y funcionarios entregados a la labor de investigar e impartir justicia, en medio de un conflicto que los ha afectado en gran número, dejando cientos de víctimas invisibles para muchos.

Las dinámicas del conflicto armado colombiano y violencias relacionadas han situado la mayor parte de hechos y víctimas en las distintas regiones del país. Pero no podemos obviar la lógica de conflicto armado urbano que se ha centralizado principalmente en capitales como Cali, Medellín y Bogotá. En el caso particular de la justicia no hay excepción, siendo Bogotá la ciudad con mayor registro de casos de violencia contra el sistema judicial.

Las violencias contra el poder judicial en Bogotá

El Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos (Fasol) ha documentado estos casos. Desde 1989 a diciembre de 2020 registra 281 acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá, las amenazas y los homicidios encabezan la lista. El 62% de los homicidios han sido contra personal de la Fiscalía y jueces.

El Centro de Memoria Paz y Reconciliación en la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria, un proyecto que destaca los lugares de memoria de la ciudad de Bogotá, ha registrado los hechos violentos contra los ministros de Justicia Lara Bonilla y Low Murtra, además de hechos representativos en la violencia contra la Justicia, como por ejemplo: la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) y la Masacre de Usme (26 de noviembre de 1991).

El primero es uno de los hitos más violentos del país ocurrido en pleno centro de la ciudad y en la sede principal del poder judicial. Las escenas casi cinematográficas mostraban parcialmente como el Ejército repelió una toma de la guerrilla del M-19, quienes exigían la presencia del Ejecutivo en cabeza del presidente Belisario Betancur para negociar. Las voces de súplica de magistrados al interior del Palacio de cese al fuego fueron ignoradas, la tarde empezó a caer y con ella las balas de los tanques, y las ráfagas de ametralladoras fueron la punta de lanza para desplegar una de las acciones militares que más afectó directamente al poder judicial.

Las llamas envolvieron el edificio del Palacio de Justicia, los muertos caían indiscriminadamente, heridos e ilesos salían en fila custodiados por las Fuerzas Militares, muchos de ellos luego aparecieron muertos dentro del Palacio con tiros de gracia y signos de tortura, y varios otros aún se encuentran desaparecidos después de 35 años. Así lo ha constatado Helena Urán Bidegain investigando el caso de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue ejecutado, torturado y desaparecido transitoriamente, precisamente por su trabajo como magistrado. Así lo narra en su reciente libro Mi vida y el Palacio, una presentación del libro se puede ver acá. El saldo de la toma y contratoma del Palacio fue fatídico, fueron asesinadas y desaparecidas al menos 98 personas entre magistrados, jueces, abogados, civiles, servicios generales y visitantes.

El segundo hecho, otro fatídico noviembre seis años después, fue un atentado contra la comisión judicial del juzgado 75 de instrucción criminal de Bogotá. Siete funcionarios asesinados y una sobreviviente sufrieron el rigor excesivo de un ataque de las FARC en zona rural de lo que era en ese entonces el municipio de Usme. Lo que era una diligencia de levantamiento del cadáver de un líder sindical, se convirtió en una emboscada con una carga explosiva dejada en la carretera y fuego indiscriminado contra los vehículos de la comisión.

En 1998, el Consejo de Estado condenó a la Nación por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger a la Comisión. Las víctimas mortales fueron: Luz Amanda Gómez, Jaime Antonio Puerto, Héctor Ojeda, Alfonso García Villarraga, Héctor Manuel Romero, Luis Miguel Garavito, Hernando Trujillo y la única sobreviviente, Nohora Navarrete, es testimonio de otro hecho lamentable de la sangre derramada por la justicia en Bogotá y sus alrededores.

Fasol desde 1989 a la fecha ha registrado las siguientes acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá. En algunos casos, un servidor judicial puede registrar varios hechos victimizantes contra su integridad. Es el caso de los exiliados, quienes vivieron situaciones de amenazas previas que desencadenaron la necesidad de salvaguardar la vida a través de la salida de emergencia del país.

Violencia e impunidad sistemática en todo el país

Fasol registra 1512 acciones violentas en todo el territorio nacional desde 1989 al 2021. Como lo muestra la siguiente gráfica, se identifican unos picos de violencia marcada. El primero en la década de 1990 por la arremetida del narcotráfico contra jueces, magistrados y personal de investigación. Del 2000 al 2003 otro incremento importante por cuenta de las incursiones paramilitares y las disputas territoriales con actores armados principalmente las guerrillas, dejando a la justicia desprotegida en los territorios más alejados en medio del conflicto. De allí hasta la fecha, la violencia ha sido constante y proviene de delincuencias mixtas o reductos de algunas existentes, como las llamadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAO) y Bandas Delincuenciales. Pero lo más evidente y relevante que se ilustra es que la violencia contra el sistema judicial no se ha detenido; es constante, sistemática y proviene de todos los actores armados del conflicto.

Además de ser una violencia sistemática, cuenta con otras características que la agrava en términos de derechos humanos y reclamaciones por vías legales por parte de las víctimas. A nivel general se cuenta con una impunidad del 95% de los casos cometidos contra servidores judiciales y en Bogotá la cifra es alrededor del 92%. Los niveles de impunidad se refieren a la ausencia de fallos judiciales que determinen los hechos, responsables intelectuales y materiales y que tengan un componente de reparación o resarcimiento del daño causado.

Sin pretensiones de tener una actuación diferente a las demás víctimas, los servidores judiciales, siendo del seno de la justicia, adolecen de garantías procesales y resultados favorables. Fasol considera que las instituciones del Estado, los gobiernos de turno y los mismos servidores judiciales desconocen su historia violenta y en algunos casos se encargan de no reconocerla y hasta ocultarla, como parte de la incapacidad y falta de voluntad de proteger el ejercicio judicial y sus servidores.

Deudas con la verdad

“Los testimonios que han dado las víctimas directamente (jueces, fiscales, funcionarios (as) y empleados (as) o sus familias ante la Comisión de la Verdad, sin duda nos ayuda como sociedad a encontrar caminos de reconciliación y construcción de paz entre todos (as). Pero sobre todo nos ayuda a construir una nueva Colombia, no sobre los muertos sino sobre la memoria viva y el ejemplo de los inocentes” John Montoya- presidente de Fasol.

Una de las premisas impulsadas por las víctimas, asumida por Fasol como un trabajo propio, es la participación directa en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. En el marco de la justicia transicional se trazaron unas metas para contribuir al reconocimiento de la justicia como víctima dentro del conflicto armado colombiano, la reparación integral de sus familiares y la reivindicación del ejercicio de la justicia.

Para esto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y Fasol firmaron una carta de entendimiento el 25 de septiembre de 2019, con el principal objetivo de construir y obtener conjuntamente información histórica sobre las graves violaciones a los derechos humanos de funcionarios (as) y empleados (as) de la justicia. Y, por consiguiente, demostrar que la justicia ha sido instrumentalizada y afectada en el marco de la violencia sociopolítica del país y como consecuencia ha traído tanto dificultades a funcionarios como afectaciones a sus familias.

Como ruta metodológica se desarrollaron por parte de la Comisión la toma de más de 60 testimonios a nivel nacional y de un número considerable de personas en el exilio. Conjuntamente, se desarrollaron talleres denominados “Intercambios de la Justicia” en diferentes zonas del país y grupos focales de análisis de servidores judiciales y víctimas.

El análisis de los datos estadísticos y demás elementos de memoria compartidos con la Comisión complementan un relato amplio de la violencia contra la justicia. Este relato protagonizado por las víctimas (familiares de los servidores judiciales) y funcionarios (as) y empleados (as) judiciales es sin duda el camino más claro para el reconocimiento de la justicia víctima dentro del conflicto armado y un elemento reparador y sanador para las víctimas, quienes encontraron un espacio de reconocimiento y escucha. La construcción de la paz parte de estos ejercicios que pretenden convertir las historias de dolor y afectaciones en recomendaciones que brinden garantías de independencia y protección al ejercicio judicial.

Garantías para el poder judicial

Detrás de estas realidades existen cientos de familiares de víctimas del poder judicial que han vivido el rigor de la violencia y que, sumado a las condiciones difíciles de ser víctima en Colombia, sufren de poco reconocimiento y estigmatizaciones, que en muchas ocasiones son acciones revictimizantes.

La independencia judicial es un valor constitucional para todas las personas, y unas de las condiciones primarias para que se cumpla es contar con garantías de ejercicio libre y seguro. Si continuamos con jueces, fiscales y funcionarios amedrentados y presionados, no podemos pensar en una justicia digna ni en un país que dé pasos hacia la construcción de paz.

El ejercicio judicial sufre condiciones de graves dificultades como sobrecarga procesal, falta de capacidad institucional, provisionalidad laboral, destinaciones de presupuesto insuficientes y ausencia de protección a la vida, como se ha evidenciado en las violencias reseñadas. A estas condiciones históricas se le suman problemas de coyuntura por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y los evidentes ataques y campañas de desprestigio recientes. Allí es donde reconocemos ampliamente el valor de los ejercicios de memoria. Son acciones públicas fundamentales para visibilizar y entender la gravedad de los hechos que afectan la justicia y su papel fundamental en el sostenimiento de un Estado democrático que debe tener tres pilares independientes.

Un aspecto fundamental para la consolidación de la paz es la justicia, que implica necesariamente que quienes la imparten tengan garantías para su vida y para ejercer su trabajo sin coacciones. En la medida que se silencia al poder judicial, se silencia la búsqueda de la verdad. Un sistema judicial fortalecido es requisito necesario para la consolidación de la paz en el país.

Fotos: El Tiempo

mayo 5, 2021abril 17, 2023

Pizarro: impactos de un crimen contra la democracia

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Colombianos, yo los convoco alrededor del momento excepcional que está viviendo Colombia. Hemos logrado que la inflexión histórica coloque al país en el eje de la paz. El eje de la paz tiene hoy tres nombres: la capacidad de construir una nación fuerte, una economía democrática y una constituyente amable, incluyente, legítima, donde todos nos sintamos representados”.

Esas fueron las palabras que pronunció el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), Carlos Pizarro, seis días antes de que un sicario lo asesinara en un avión comercial que cubriría la ruta Bogotá – Barranquilla. Pizarro se encontraba entonces en plena campaña para las elecciones presidenciales y esas declaraciones sintetizaban los ejes de su propuesta hace 31 años.

El compromiso con la paz, los cambios para el país y la constituyente estaban en el centro de su actividad política, que se encontraba en el campo de la legalidad desde hacía poco más de dos meses. Desde 1986 y hasta marzo de 1990, Pizarro fue ampliamente reconocido como el comandante general del Movimiento 19 de Abril o el “eme”, como se le llamaba popularmente, organización insurgente que él condujo a la paz sorteando importantes obstáculos.

Su asesinato causó impactos significativos en los procesos de reintegración de los antiguos combatientes y de consolidación de la naciente AD-M19, que estaba interesada en participar de manera inmediata en la vida electoral del país. El 11 de marzo de 1990, tan solo dos días después de la dejación de armas, el M-19 participó en las elecciones legislativas y locales en en coalición con otras fuerzas políticas, agrupadas en la Acción Nacionalista por la Paz. En esos comicios, Pizarro obtuvo 80 mil votos como aspirante a la alcaldía de Bogotá.

El respaldo que un sector del país le expresaba a la naciente AD-M19 había sembrado una esperanza de cambios entre la militancia de la organización y otros sectores políticos, que fue duramente golpeada con el asesinato impune de Carlos Pizarro. Tan solo en 2002 fueron condenados en ausencia los excomandantes paramilitares Carlos y Fidel Castaño. Y aunque en 2010 el crimen fue declarado de lesa humanidad, la justicia colombiana todavía no ha procesado a los autores intelectuales ni ha avanzado sustancialmente en la investigación de los agentes del Estado que participaron en él. En 2019, el caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Transcurridos 31 años, las reflexiones sobre esos impactos que causó el asesinato persisten en la memoria de los antiguos integrantes del “eme”.

Los impactos del crimen

“Nuestras estructuras aún olían a monte, nuestros trajes aún tenían el sabor del campo del que veníamos. No habíamos establecido las nuevas rutas de nuestro trabajo. Estábamos empezando a construir esa casa, que escasamente algunos cimientos se estaban dando. Y es allí cuando llega esa tormenta, un acontecimiento que fue muy bien craneado, muy bien concebido, que era apostar a tumbar la casa, tumbando la cabeza”.

Así describe Fabio Mariño, uno de los 12 voceros que el M-19 designó para los diálogos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, el momento que vivía la organización cuando fue asesinado Carlos Pizarro, la “cabeza” del “eme” de la época.

Pizarro, el último comandante del M-19, había conducido a la organización a la paz con propuestas audaces y un trabajo interno que buscaba convencer a la militancia de que esa era una decisión necesaria, como relata una de las fundadoras del Movimiento, Vera Grabe, en este artículo. Su particular forma de ser y su experiencia militar le habían permitido ganar el reconocimiento necesario para ello, tal como recuerda Myriam Rodríguez, entonces integrante del Movimiento y compañera sentimental de Pizarro: “Al interior del “eme”, Carlos tenía toda la credibilidad del mundo, porque era una persona que siempre acompañó a sus combatientes en todas las faenas, hasta en las faenas disciplinarias. No aceptaba ningún privilegio para sí mismo, excepto en las situaciones de seguridad”.

Pizarro lideró la dejación total de armas del M-19, a comienzos de 1990, pese a que el Congreso de la República había hundido en diciembre de 1989 la reforma constitucional que incorporaba el grueso de las reformas pactadas en la mesa de diálogos con la participación de diversos actores sociales. La negativa del Congreso redujo los acuerdos de paz a mecanismos para el desarme, el indulto y la participación política, lo cual no cambió la decisión que el M-19 había tomado en su X Conferencia: abandonar las armas para fundar un movimiento político legal.

Con ese compromiso, Pizarro y los demás excombatientes empezaron a participar en las elecciones y continuaron impulsando la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones locales y legislativas de 1990, la Alianza Nacionalista por la Paz de la que hacía parte el M-19 consiguió elegir al general retirado José Joaquín Matallana como senador; a Vera Grabe como representante a la Cámara por Bogotá; a dos concejales en Bogotá y dos en Suaza (Huila); y a los alcaldes de Yumbo (Valle) y Almaguer (Cauca), tal como consta en esta investigación.

Tras las elecciones legislativas, el 2 de abril de 1990, fue fundada la AD-M19 con la participación de movimientos populares, cívicos y políticos de carácter regional, entre los que se encontraban el Frente Popular y un sector de la Unión Patriótica cercano al recién asesinado candidato presidencial Bernardo Jaramillo. Pizarro fue designado como candidato a la Presidencia por el movimiento, en una coyuntura en la que arreciaba la violencia política y en la que una parte importante de la ciudadanía demandaba cambios sociales.

El investigador Darío Villamizar, antiguo militante de la organización, reflexiona sobre la posibilidad que representaba esa candidatura: “En ese momento, muchos habíamos cifrado las esperanzas en un candidato nuevo, que se mostraba de lejos diferente a los candidatos tradicionales de las élites políticas colombianas, que se mostraba como un hombre reformador, que podía hacer serias transformaciones en el país. Esa era la esperanza de muchos de nosotros y de una parte importante de los colombianos que había expresado de distintas maneras ese reconocimiento a un hombre que fue capaz de conducir su organización a la paz”.

El asesinato de Pizarro fue un “golpe demoledor”, en palabras de Villamizar, para quienes reconocían en él una figura política con capacidad de disputar el poder y de tejer alianzas con sectores amplios.

Además de golpear las esperanzas puestas en su candidatura, el crimen profundizó los temores entre los excombatientes. Mariño reflexiona al respecto: “Nos desbarataron las propuestas orgánicas con las que salimos del monte en cuanto a (crear) estructuras que fuesen regionales, territoriales. El asesinato nos generó un temor de riesgo que nos hizo prevenir y hacer el proceso más lento: los tiempos cambiaron”.

Desde antes de la dejación de armas, la militancia del M-19 preveía que su participación en la vida legal del país enfrentaría grandes riesgos de seguridad. Tras las violentas toma y la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, numerosos integrantes de esa insurgencia fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Antiguos integrantes del “eme” han documentado al menos 18 casos de ejecuciones y desapariciones entre 1985 y 1988, así como seis casos del mismo tipo entre febrero de 1989 y febrero de 1990, cuando se adelantaban las conversaciones de paz.

Los temores que profundizó el crimen se sumaron a las angustias propias del recién iniciado proceso de reincorporación, que requería de los excombatientes nuevas destrezas en un escenario poco garantista, tal como recuerda Rodríguez: “(Después del asesinato), la gente al interior se sintió muy desorientada, muy sola. Los acuerdos de paz fueron muy generosos por parte del M-19, no se pidió prácticamente nada para los militantes. Nunca hubo acompañamiento para proyectos productivos para unas personas que estaban lejos de las actividades económicas y que debían de la noche a la mañana aprender sobre la marcha”.

Pese a todas las dificultades, el proyecto de la AD-M19 continuó bajo el liderazgo de Antonio Navarro, que debió asumir la conducción del movimiento cuando llevaba pocos meses de haber regresado a Colombia, exiliado desde 1985 tras ser víctima de un atentado en medio de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur.

El éxito inicial de la AD-M19

En el corto plazo, la AD-M19 consiguió sobreponerse al asesinato de Pizarro. El mismo año, el movimiento alcanzó dos logros significativos en la historia política del país, que los antiguos militantes del “eme” asocian con el respaldo que un sector de la ciudadanía le brindaba no solo a su proyecto político, sino a su compromiso definitivo con la paz en un contexto de alta conflictividad armada.

En las elecciones presidenciales de mayo, que para entonces ya contaban con tres candidatos asesinados (Pizarro, Jaramillo y Luis Carlos Galán), Antonio Navarro obtuvo más de 754 mil votos como candidato de la Alianza Democrática, quedando en tercer lugar. La votación alcanzada fue considerada como un logro sin precedentes para una fuerza política distinta a los partidos Liberal y Conservador. Estas elecciones marcaron la historia del país como las más violentas, lo cual afectó gravemente la democracia.

Para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, realizadas en diciembre, la AD-M19 obtuvo más de 950 mil votos, posicionándose como la segunda fuerza en la Constituyente. Los aportes que el movimiento le hizo al proceso de redacción de la Constitución Política de 1991 es una de las principales victorias del proceso de paz.

Las altas votaciones se mantuvieron en las elecciones para el Congreso de 1991, en las que la Alianza consiguió elegir nueve senadores y 14 representantes a la Cámara. En los comicios siguientes, el movimiento no tuvo presencia en el legislativo, por razones que expone el investigador Anyelo Cagua en su tesis “¡Palabra que sí”: “Al no haber renovación ni entrada de figuras nacionales a partir de 1992, aunado a los conflictos orgánicos y la dispersión de listas fue imposible para la AD M-19 competir con partidos políticos con dinámicas clientelares, grandes capitales lícitos e ilícitos y cargos públicos”.

Además de la constituyente, para las y los antiguos militantes del “eme” el principal logro del movimiento fue haber cumplido “la palabra empeñada” en 1990. Y en esa decisión tuvo un papel fundamental Carlos Pizarro, a quien Mariño recuerda como un “líder capaz de involucrarse en el sentimiento de todos sus militantes, un líder que al haber estado construyendo con sus combatientes, con el país, con sus aliados, esta última propuesta de la decisión de siempre (la de la paz), se sale de nuestras estructuras y se convierte en un imán que logra convencer a una parte del país”.

Memorias sobre Pizarro

Myriam Rodríguez

“Era una persona muy cálida. Si la gente se acercaba, la abrazaba, la tocaba, le sonreía. No era una persona adusta. Y aunque fue un gran militar, nunca reivindicó lo militar como la esencia de su vida, eso no iba con él. Lo único que quería era que el país saliera adelante y veía que, con las clases tradicionales en el poder, eso no se iba a lograr; se necesitaba un gobierno que cambiara una serie de situaciones”.

Darío Villamizar

“Estábamos convencidos de que Carlos Pizarro era un candidato muy importante para oponerse en ese momento a los candidatos de las élites tradicionales de nuestro país. Pensábamos algunos que no íbamos a ganar las elecciones, pero que esta era una salida a las vías democráticas con paso firme. Entonces, su asesinato fue un golpe demoledor para quienes hacíamos parte de la Alianza Democrática M-19”.

Fabio Mariño

“(Jaime) Bateman nos deja con la bandera de la paz en la mano, se muere con la propuesta del diálogo nacional como la mejor fórmula de alcanzar la paz. Pizarro es el líder del M-19 que vuelve a retomar la línea del Bateman y consolida en el nuevo momento una decisión que desde que se fundó el M-19 estaba viva: que no tenía que ser una guerrilla eterna, que teníamos un tiempo de vida útil. Esa decisión de continuar lo que dejó Bateman es lo que hace la grandeza de Pizarro”.

abril 19, 2021abril 17, 2023

Las residencias y el 16 de mayo, claves para entender el conflicto en la Universidad Nacional

Por Paola Rodríguez, investigadora del proyecto Archivos del Búho y María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a las que ha sido sometida la comunidad de la Universidad Nacional (UN) es una exigencia que estudiantes, directivas y profesores le han venido planteando recientemente a la Comisión de la Verdad. Desde noviembre del año pasado, la Comisión ha recibido dos informes sobre los impactos del conflicto armado y la violencia sociopolítica en la Universidad.

El primero de estos informes, titulado “Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018)”, fue coordinado por los investigadores Martha Nubia Bello y Mauricio Archila. Allí se documentaron 78 desapariciones forzadas, 125 detenciones arbitrarias y 77 amenazas. La investigación incluyó, además, la construcción de una base de datos sobre protestas realizadas por la comunidad universitaria.

El segundo informe busca que se reconozcan y dignifiquen las memorias de las y los estudiantes que atestiguaron los graves crímenes ocurridos el 16 de mayo de 1984, cuando agentes de la Fuerza Pública ingresaron a la sede Bogotá de la UN para reprimir una protesta violenta. El documento, titulado “Reventando silencios. Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria”, fue elaborado por Archivos del Búho, un proyecto de investigación en el que participan estudiantes y egresados de la UN.

Los hechos de 1984, que han sido rememorados por distintos sectores a lo largo de estos años, fueron el resultado —entre otras cosas— de las tensiones que se venían presentando al interior y exterior de la Universidad en la disputa por el reconocimiento de unos puntos mínimos de bienestar para las y los estudiantes, enfocados los temas de vivienda y vida digna. Su desenlace puso final a una conquista que grupos de estudiantes organizados habían alcanzado en los últimos años: la reapertura de las residencias estudiantiles, un programa indispensable para que decenas de jóvenes empobrecidos de distintas regiones del país pudieran adelantar sus estudios universitarios.

Los hechos que pusieron final a las residencias son importantes para comprender la historia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la UN. La represión que se desató contra los y las estudiantes residentes acabó con un proyecto que, aún en medio de múltiples cuestionamientos, ofrecía condiciones de vida favorables, así como espacios para la solidaridad y la organización política.

Para Archivos del Búho, estas reflexiones pretenden encontrar en el pasado elementos explicativos sobre las violencias vigentes. La participación de la voz activa de quienes fueron testigos de las luchas y reivindicaciones del movimiento estudiantil, principalmente entre las décadas de 1970 y 1980, posibilita la circulación de narrativas sobre los hechos ocurridos al interior de la UN a propósito de la lucha por el bienestar.

El cierre de las residencias

En la UN sede Bogotá, las residencias surgieron a mediados de la década de 1940 como parte de un programa de bienestar universitario basado en el proyecto educativo del presidente Alfonso López Pumarejo y la construcción de la Ciudad Blanca bajo la idea del pedagogo Fritz Karsen y el arquitecto Leopoldo Rother. Esa idea se amplió en la década de 1960 con la “Reforma Patiño”, que incluyó dentro del sistema de bienestar los servicios de cafetería, medicina y deportes. Los mayores beneficiarios fueron estudiantes provenientes de otros lugares del país, que en muchas ocasiones no contaban con los medios suficientes para costear su estadía en Bogotá.

La década de 1970 se caracterizó por la desaceleración económica y la fuerte inflación. La llegada a la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978) tras el fin del Frente Nacional vino acompañada de reformas económicas que afectaron gravemente a la población: desmonte de subsidios, aumento de impuestos e incremento en el precio de los alimentos. A raíz de este panorama, diferentes sectores sociales convocaron grandes movilizaciones a nivel nacional, entre ellas, el Paro Cívico de 1977.

En medio de ese contexto, los estudiantes de la Universidad Nacional que se beneficiaban del sistema de bienestar sufrieron otro duro golpe a sus finanzas. En 1976, después de una fuerte confrontación entre algunos estudiantes y la Policía, el Consejo Superior Universitario decidió cerrar las residencias alegando que no se les estaba dando el uso debido. La decisión afectó a quienes dependían de estos espacios, quedando en funcionamiento únicamente las residencias “femeninas” y otras pocas ubicadas en la unidad Camilo Torres, dispuestas para las parejas de casados.

Las y los estudiantes que salieron de las residencias se vieron obligados a buscar viviendas que, en su mayoría, no eran dignas. Otros tuvieron que buscar alojamiento en barrios distantes de la Universidad e incluso muchos de ellos no pudieron seguir estudiando. Los boletines de estadística de la Universidad registraron una caída en la cantidad de estudiantes matriculados para el segundo semestre de 1976.

La lucha para reabrir las residencias

A comienzos de la década de 1980 y tras seis años de estar abandonadas las residencias, los estudiantes decidieron “recuperar” los edificios para garantizar la reapertura por sus propios medios. El 21 de septiembre de 1982, cinco días después de haberse posesionado como rector Fernando Sánchez Torres, hacia las 6:15 de la mañana sonaron algunos estallidos de pólvora, señal para que los 13 grupos de estudiantes que participaban de la acción empezaran a dirigirse a los edificios y, como lo habían planeado meses atrás, rompieran los candados oxidados que impedían el ingreso. Son “recuperadas” inicialmente las residencias masculinas conocidas como Gorgona y, meses después, las que se encontraban dentro del campus.

El año de la toma había sido particularmente grave en materia de derechos humanos para los estudiantes de las universidades públicas bogotanas, que enfrentaban las prácticas represivas propias de la figura del Estado de Sitio y de la política del Estatuto de Seguridad. Entre marzo y septiembre, organismos de se guridad del Estado e integrantes del grupo armado ilegal Muerte a Secuestradores (MAS) detuvieron, torturaron y desaparecieron a 13 personas, la mayor parte de las cuales eran estudiantes, a quienes señalaron sin pruebas de ser responsables de un secuestro.

Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Pablo Silva, Samuel Sanjuán, Édgar García, Guillermo Prado y Edilbrando Joya fueron víctimas de estos hechos, de acuerdo con esta investigación de los profesores Molano y Forero. El proceso de exigencia de justicia emprendido por los familiares de las víctimas, que más adelante se conocieron como Colectivo 82, desembocó en la creación de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) a comienzos de 1983.

Los crímenes también movilizaron a las organizaciones estudiantiles. El Frente Estudiantil Revolucionario Sinpermiso convocó en la Plaza Che una “Jornada Nacional en Homenaje a los Compañeros Estudiantes Desaparecidos y Asesinados”.

En las memorias de algunos estudiantes de la época, el contexto de permanentes violaciones a los derechos humanos también influyó en la “recuperación” de las residencias. De ello da cuenta este testimonio que hace parte del informe “Reventando silencios”: “En el año 77 ocurre la primera desaparición forzada en Colombia (…) Luego en el año 82 se da la desaparición de los 13 estudiantes. Como consecuencia real y verdadera de la desaparición política de esos estudiantes es que se organiza al interior de la Universidad la toma de las residencias para garantizar la seguridad de los estudiantes”.

En 1983, como propuesta del entonces rector Sánchez Torres, se entabló una mesa de negociación entre estudiantes y las directivas de la universidad con el fin de reabrir y organizar las residencias. Los principales promotores de estas negociaciones fueron los miembros de Cooperación Estudiantil, junto con otras organizaciones de estudiantes.

Como resultado de las negociaciones, se acordó que los estudiantes saldrían de las residencias mientras la Universidad se encargaba de adecuarlas para posteriormente entregarlas con un certificado, las llaves de cada habitación y el carnet. La decisión se puso en marcha con el Acuerdo 46 del 1 de junio de 1983, en el que se creó una administración temporal compuesta por estudiantes y directivas de la universidad. La negociación continuó hasta abril de 1984, cuando se consolidó un acuerdo mediante una decisión formal del Consejo Superior Universitario.

Mientras se adecuaron las residencias, muchos estudiantes tuvieron que vivir dificultades económicas, al tiempo que abrigaban la esperanza de que la Universidad cumpliera su palabra. Algunos tuvieron que buscar posada con compañeros y compañeras que vivían cerca del campus, otros recurrieron a campamentos improvisados en el barrio Policarpa, y algunos otros vivieron gracias a las ayudas de los vecinos.

Finalmente, a mediados de abril de 1984, las directivas de la Universidad reabrieron las residencias, que no solo habilitaron espacios para la vivienda, sino también para el estudio, la acción política y la realización de actividades culturales. Allí se tejieron relaciones de solidaridad y formas organizativas que mejoraron la calidad de vida de quienes habitaban las edificaciones, aun en medio de la falta de inversión estatal para su mantenimiento.

Félix Zabala, quien se desempeñó como coordinador de piso en una de las residencias, opinó al respecto en una entrevista realizada por Archivos del Búho: “Como decíamos muchos, este era el mejor lugar del mundo, porque podíamos integrar la parte cultural, la parte política, el bienestar. Pero en contra de eso estaba que (…) la Universidad pues si no tenía presupuesto para funcionamiento, menos para bienestar, entonces se fue agotando, se fue agotando, y muchos edificios estaban en deplorable estado”.

El asesinato de dos negociadores y el 16 de mayo

En entrevistas del acervo documental de Archivos del Búho, antiguos habitantes de las residencias narraron hechos de intimidación y hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado durante el tiempo que duró el proceso de “recuperación” de los edificios. La presión ejercida por estas acciones hizo que los estudiantes vivieran con miedo constante, que muchos hicieran guardia en las residencias, que tuvieran que salir en grupos e incluso que no quisieran salir.

Aunque la Universidad regularizó los espacios, la persecución continuó. Dos de las personas que participaron del proceso de negociación durante la toma fueron asesinadas el mismo año de la reapertura de las edificaciones. El primero de ellos fue Jesús Humberto León Patiño, “Chucho”, dirigente estudiantil oriundo de Pasto que cursaba sexto semestre de Odontología en la UN. “Chucho” participó de las negociaciones en las que se acordó la regularización de residencias en calidad de presidente de Cooperación Estudiantil. Fue secuestrado, torturado, y finalmente su cuerpo fue abandonado cerca de la Universidad del Valle el 9 de mayo de 1984.

Posteriormente, el 14 de mayo, fue secuestrado y asesinado el médico y profesor de la Universidad Luis Armando Muñoz, director de la carrera de Medicina. Muñoz fue raptado saliendo de su consultorio ubicado en la carrera séptima con calle 82, según registró la revista Cromos tras la ejecución del crimen. El profesor había hecho parte de las negociaciones para la regularización de las residencias y se cree que este sería el motivo de su asesinato.

Estos crímenes, y en particular el cometido contra “Chucho”, motivaron la convocatoria a un homenaje político en la Plaza Che para la mañana 16 de mayo de 1984. Su activa participación en el movimiento estudiantil y el reconocimiento de sus compañeros le dieron una especial relevancia a la convocatoria.

Ese día, en la entrada de la calle 26, podía leerse un grafiti que rezaba: “Jesús León. Tendrán que matarnos a todos para callar nuestra voz”. La imagen se puede ver en este documental, donde dos estudiantes de la época narran cómo ese 16 de mayo integrantes de la Fuerza Pública dispararon contra la comunidad universitaria como respuesta a una protesta violenta que se desató en medio del homenaje.

Los agentes ingresaron a la Universidad y atacaron a los habitantes de las residencias, como relata Elizabeth Díaz, una de las testimoniantes del documental: “El 16 de mayo entraron a las residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos”. Además de capturas ilegales, algunas fuentes de la época dejaron constancia de la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas, que aún no han sido esclarecidos y cuyas víctimas permanecen en el anonimato. Como consecuencia de esos hechos, las directivas de la Universidad clausuraron el comedor central y las residencias, estigmatizadas como focos de insurgencia armada y tráfico de drogas.

El 10 de junio de ese año, la administración de la Universidad realizó el desalojo de los últimos residentes, quienes realizaron un campamento en inmediaciones de la calle 26 junto a otros estudiantes.

Aun con los impactos que los hechos del 16 de mayo causaron, durante los años siguientes los estudiantes de la UN continuaron movilizándose para exigir el mejoramiento del programa de bienestar universitario. En octubre de 1987 se dio un intento de retoma del edificio Antonio Nariño, bautizado por el movimiento estudiantil como “Alberto Alava”, para exigir la reapertura de las residencias. La Administración utilizó distintos medios de presión para dar por terminada la toma.

En agosto de 1989, según reseñó el periódico Voz, los estudiantes se tomaron la Rectoría y el Edificio de Enfermería para exigir el congelamiento de los precios del formulario de admisión y el aumento de subsidios. En 1993, el Colectivo Pro Rescate de Residencias Universitarias y Bienestar Social Universitario se tomó los edificios donde antes funcionaban las residencias para exigir su restitución a “los estudiantes de escasos recursos y/o de provincia”, según informó el mismo periódico.

Los ejercicios de memoria que se han venido realizando sobre estos hechos buscan mantener viva la reflexión sobre las luchas estudiantiles, la necesidad de dignificar las memorias de sus protagonistas y la deuda social que existe frente al esclarecimiento y la sanción de crímenes graves que truncaron procesos significativos como el de la “recuperación” de las residencias de la Universidad Nacional.

*Rodrigo Torrejano Jiménez y Laura Félix, investigadores de Archivos del Búho, contribuyeron en la preparación de este artículo.

marzo 20, 2021octubre 5, 2023

Bernardo Jaramillo Ossa

«No se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil».

Tres días después del asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo sobre el caso bajo el título “Se le fue la mano, país”. La frase estaba inspirada en el eslogan de la campaña de Jaramillo: “Venga esa mano, país”, el segundo intento de la UP por participar en una elección presidencial luego del asesinato del también candidato Jaime Pardo Leal, en 1987.

Esta exposición retoma el título de ese artículo de marzo de 1990. Se trata de un recorrido por la vida de Jaramillo, construido a partir del archivo fotográfico y de prensa resguardado durante años por Mariella Barragán, quien era su compañera en la época en que fue asesinado.

Esta es una de las múltiples iniciativas de memoria que durante las últimas tres décadas ha emprendido Mariella para combatir el olvido y la impunidad.

MEMO · Bernardo Jaramillo Ossa

diciembre 18, 2020abril 3, 2023

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…