Serie documental: No fueron balas perdidas

“No fueron balas perdidas” es una serie documental que narra, desde la voz testimonial de familiares y amigos, quiénes eran las personas asesinadas en Bogotá y en Soacha el 9 y el 10 de septiembre de 2020. La masacre de al menos 11 personas ocurrió durante las protestas ciudadanas motivadas por el homicidio de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía Nacional.

La serie relata la trayectoria de vida de las víctimas y da cuenta de las demandas de verdad, justicia y reparación de las familias victimizadas.

Este proyecto se construyó de la mano con las y los testimoniantes, quienes no solo compartieron con el CMPR sus relatos y sus archivos fotográficos, sino que también participaron de ejercicios de validación y retroalimentación por cada uno de los capítulos que componen la serie.

¿En qué va la lucha por la memoria y la justicia de las víctimas del 9S?

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

No se olvidan los rostros y los nombres de las personas asesinadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y en Soacha, durante las protestas motivadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Las banderas de su memoria están presentes donde quiera que van sus amigos y familiares, que durante el año transcurrido desde entonces se han empeñado en tejer lazos de solidaridad contra el silencio, la impunidad y la estigmatización. 

El espacio público urbano ha sido un lugar privilegiado de estas luchas, que se han desarrollado en las localidades donde ocurrieron los asesinatos. Velatones, murales, discursos, siembras, conciertos, conversatorios, jornadas de estampado de camisetas y rutas de la memoria han ocupado estos barrios durante los 9 de cada mes, cuando las familias se reúnen para seguir incorporando los nombres y las historias de las víctimas a la memoria colectiva.  

El barrio Verbenal, donde fueron asesinados tres de los jóvenes, se ha convertido en un punto muy importante de la movilización por la memoria, gracias al temprano proceso de articulación que emprendieron las familias y los jóvenes artistas del sector, que hoy integran la Mesa de Diálogo de Verbenal. Buena parte de las acciones se han desarrollado en el parque que está ubicado en diagonal al CAI del barrio, que los vecinos conocen como el Parque de la Policía y que las víctimas han rebautizado como Parque de la Resistencia.  

Mayra Páez, esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados en el sector, se ha convertido en un referente de la lucha de las víctimas de estos hechos. Sus palabras resuenan en todos los espacios, a donde lleva en brazos al pequeño hijo de ambos. 

Ella explica que “el proceso de apropiación y recuperación del territorio ha sido una pelea muy dura de llevar. Hemos decidido llamar así el parque porque es el lugar en el que mueren nuestros tres chicos y nos dejan más de 15 heridos. Es el lugar donde seguimos alzando la voz”. El 9 de marzo pasado, las familias instalaron allí un pequeño monumento compuesto por tres materas con los rostros de las víctimas, en una jornada en la que se presentaron jóvenes raperos de la localidad y se encendieron velas frente a un mural itinerante que lleva los rostros de Jaider, Cristián Hernández y Andrés Rodríguez.   

El mural en memoria de Julián González fue pintado en diciembre de 2020. Foto: Cortesía de Iván Grimaldo

Inspirados en ese proceso, los amigos de Julián González Fory empezaron a organizarse en la localidad de Kennedy, donde él fue asesinado. En una esquina de alto tránsito del barrio Renania Urapanes pintaron un mural con su rostro acompañado de unas congas, el instrumento que varios de ellos estaban tocando el 9 de septiembre, cuando protestaban por el asesinato de Ordoñez en inmediaciones del CAI de Timiza. El mural se convirtió en el punto de encuentro de cada 9, donde ellos y ellas se reúnen a conversar, escuchar música y recordar a Julián. 

Iván Grimaldo, amigo cercano de Julián, reflexiona al respecto: “Hacer memoria de nuestro amigo es poder llevar a cabo muchos proyectos que teníamos con él, que nos marcó mucho. No he escuchado a una persona muy cercana que diga que Julián no fue importante o que nunca recibió un consejo o algo de él. No queremos dejar perder ese bonito legado que él nos dejó: queremos llevarlo a donde vayamos, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en los viajes”. 

Los amigos de Julián se apoyan en la gráfica para hacer memoria. Mediante la serigrafía, los telones y los stickers buscan mantener viva su imagen, a partir de la cual generan diálogos  con los vecinos de la zona. Entre sus proyectos se encuentra bautizar con el nombre de Julián un parque ubicado cerca del conjunto residencial donde él vivía, con el objetivo de que “se vuelva un punto de encuentro y de transformación”.  

En las acciones por la memoria también es común encontrar a doña Nury Rojas, la mamá de Angie Paola Baquero, asesinada en cercanías del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. Doña Nury llega siempre puntual, vestida con una camiseta blanca en la que está estampada una foto de Angie. Ella ha llevado el nombre de su hija a Verbenal, Suba, El Restrepo, la Plaza de Bolívar, el Concejo de Bogotá y, como dice ella, a donde la inviten, aunque la hayan amenazado y atemorizado en su propia casa.  

Para doña Nury, la memoria es fundamental: “El acto de memoria que se hace en el recorrido del año de muerta, y que seguiré haciendo como mamá de ella, para mí es un alivio: es un alivio que no la olviden, que no sea una cifra más de tantos muertos y desaparecidos. Yo haré memoria de mi hija y acompañaré a la gente que quiera hacer memoria de ella hasta que Dios me tenga acá y me dé el último aliento de vida”.  

En marzo, familiares de víctimas de agentes del Estado y colectivos de la localidad de Suba realizaron una jornada cultural en memoria de Germán Puentes. En el Salón Comunal del barrio Aures pintaron su rostro y los nombres de las demás personas asesinadas en septiembre de 2020. Foto: María Flórez – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En Suba también fueron asesinados Germán Puentes, Julieth Ramírez y Fredy Mahecha, en los CAI de El Rincón, La Gaitana y Aures II. Jóvenes de procesos comunitarios de la localidad que le apuestan a la educación popular, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos han impulsado acciones de memoria, entre las que se encuentran murales, círculos de la palabra, galerías y conciertos. En el pasado Paro Nacional renombraron algunas calles de los barrios de la localidad durante una ruta por la memoria que salió desde el Portal de Suba de Transmilenio y pasó por algunos CAI de la zona.  

Andrés Quiroga, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha participado en varias de estas acciones, en las que las exigencias de justicia son permanentes. Desde su perspectiva, es fundamental tener presentes en la memoria a las personas que fueron heridas y torturadas en septiembre del año pasado: “Ellos y ellas también son víctimas: vivieron el miedo, la represión, vivieron violencia. Entender cómo vivimos una violencia colectiva por ser jóvenes nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos acá en Colombia, desde los enfoques políticos que cada uno pueda tener y desde sus estrategias de procesos de resistencia”.  

Sobre la memoria de las y los jóvenes asesinados, Mayra reitera: “Queremos que todo el mundo sepa quiénes eran. Hacemos memoria porque es importante que la gente sepa que, a pesar de que no están con vida, dentro de nuestros corazones seguirán viviendo y seguirá creciendo ese amor que sentimos hacia ellos. Jamás van a poder callar nuestra voz, jamás lograrán apagar esa luz que tenían y proyectaban ellos. También queremos que limpien sus nombres. Es una lucha por la digna rabia, por la dignidad”.  

La búsqueda de justicia 

Las acciones de memoria están acompañadas de una demanda de justicia. En este año el avance judicial de estos casos ha sido mínimo. Alejandra Garzón, abogada de Dh Colombia, quien lleva los casos de 10 personas lesionadas por arma de fuego y tres víctimas mortales, señaló: “El avance en todos estos casos, sobre todo en los de lesionados y de las personas que no les encontraron  proyectil  es mínimo, en tanto la Fiscalía solamente investigó y llevó audiencia de imputación y acusación a aquellos patrulleros que dispararon y en donde la víctima tuvo el proyectil en su cuerpo”. El estado de los casos está relacionado con el cotejo balístico, una paradoja para la búsqueda de justicia de las familias.  

El reconocido defensor de derechos humanos Alirio Uribe, abogado de tres víctimas mortales del 9 de septiembre, afirmó que “los policías ocultan las pruebas, la Fiscalía no avanza suficientemente en las investigaciones, los policías se cubren unos con otros y eso es lo que ayuda a propiciar la impunidad. En el caso del CAI en Ciudad Verde (Soacha) es claro que por la noche  limpiaron, lavaron, recogieron todo, para borrar las evidencias de lo que había ocurrido esa noche con los tres muertos”. Uribe destaca que de los tres casos que él acompaña solamente avanzó el de Anthony Estrada, quien recibió “un solo tiro mortal y la bala quedó en el húmero”. En este caso hay un policía en juicio con medida de aseguramiento, en detención domiciliaria.   

En diciembre de 2020, familiares de víctimas de abuso y brutalidad policial realizaron un acto simbólico en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que incluyó la siembra de un árbol en memoria de las víctimas. Foto: Miguel Ariza - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Una bala directo al corazón fue la que recibió Julieth Ramírez esa trágica noche en el CAI La Gaitana. Un único tiro que le atravesó el corazón y la mató. El abogado Uribe, representante del caso, señaló que “en ese CAI dispararon por lo menos 11 policías, incluso un policía disparó más de 30 tiros. El caso está en indagación preliminar, se han hecho muchas pruebas, se hizo una reconstrucción de escena. Pero no se ha logrado individualizar al responsable, a pesar de que existen videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía, para cruzar todos esos videos y toda la información. Lo concreto es que el caso sigue en la impunidad”.    

En el caso de Cristian Hurtado no se tiene la bala, “pero está claro que fue la policía”,  explica Uribe, quien también representa este caso. La Fiscalía no ha avanzado en una investigación que permita individualizar al responsable. 

Angie Baquero recibió un disparo en cercanías al CAI de Aures. Alejandra Garzón, abogada del caso, señala que “se imputó y se acusó al patrullero Jorge Andrés Laso Valencia por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, él actualmente tiene una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad”. 

Jaider Fonseca, joven asesinado frente al CAI de Verbenal, tenía en su cuerpo dos proyectiles aptos para cotejo. “Este cotejo arrojó como resultado que los proyectiles corresponden al arma de dotación oficial del patrullero John Antonio Gutiérrez, que fue imputado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual. Ese homicidio era con dolo, no dolo eventual, porque Jaider recibió cuatro impactos de proyectil”, explica Alejandra Garzón. El 10 de septiembre será la próxima audiencia preparatoria y de solicitud de medida de aseguramiento en este proceso.   

Si bien en algunos casos hay pequeños avances, poco se ha adelantado en la búsqueda de máximos responsables. Identificar a quienes dieron las órdenes de disparar sería clave, de acuerdo con las víctimas y las y los abogados. La Fiscalía, hasta ahora, no ha realizado investigación de contexto para determinar la responsabilidad de los altos mandos. La abogada Garzón señala que “tienen la obligación jurídica constitucional de seguir investigando hasta determinar quiénes fueron los que dieron la orden y qué tipo de coparticipación criminal existió”.  

Familiares como doña Nury Rojas han recibido amenazas y hostigamientos por exigir justicia por estos crímenes. Foto: Miguel Ariza - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

A la luz de la legislación internacional, el Estado Colombiano está obligado a investigar graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, “doce meses después, ninguno de los policías a los que hasta ahora está adelantándose audiencia ha sido destituido y, peor aún, no existen investigaciones reales de los altos mandos”, afirmó Garzón. 

Además de que se les está negado el derecho a la justicia a los familiares, tampoco existen garantías para la no repetición. Actualmente varias familias han denunciado que han sido amenazadas y hostigadas en repetidas ocasiones y tampoco se han realizado investigaciones sobre estas amenazas. Como narra Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero: “Llevamos un año de lucha, pero al fin y al cabo el autor de la muerte de mi hija sigue trabajando. Mientras a mí, como mamá de ella, me quitaron el derecho al trabajo, porque estoy siendo amenazada por exigir justicia y verdad. Ya me llegaron dos panfletos a la casa amenazándome de muerte, me rompieron los vidrios de la casa. Entonces yo digo que en este país, para uno exigir justicia y verdad por un ser humano, tiene que uno tener plata o ser una persona reconocida, porque uno por ser humilde no merece que su hija tenga la acción de justicia”.  

Los hechos de abuso policial sucedidos en septiembre de 2020 muestran las grandes dificultades que existen para un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de abuso y brutalidad policial. También reflejan la pertinencia del debate  que han planteado las víctimas frente a una reforma estructural de la Policía. Ante el hecho indubitable de que policías dispararon, las víctimas y sus abogados señalan que existe un “espíritu de cuerpo” que se superpone a las garantías de  derechos humanos. 

Las familias seguirán conmemorando las vidas de sus hijos e hijas. El 11 y el 12 de septiembre se encontrarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Encuentro de Víctimas contra la Violencia Policial, donde habrá jornada de pintura de retratos, concierto, velatón, una obra de teatro, un taller y un conversatorio. Algunos relatos y reflexiones sobre estos casos se podrán encontrar en  la serie documental “No fueron balas perdidas”, que el Centro lanzará este 9 de septiembre. Capítulo a capítulo, la serie narra las historias de las víctimas desde la voz testimonial directa de los familiares. Esta producción podrá ser vista en Youtube.  

Guía metodológica: Guardianes de la memoria

Esta guía metodológica es el resultado de la articulación interinstitucional entre la Estrategia Atrapasueños- de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, Víctimas, y Reconciliación -ACPVR y la Fundación PLAN. Es un ejercicio pedagógico que pretende llegar a Niños, Niñas y Adolescentes víctimas y/o afectados por el conflicto armado y por procesos migratorios de diversas nacionalidades, dicho ejercicio se realizará en diferentes localidades del distrito, con acciones simbólicas que fortalezcan el tejido social y la construcción de memorias individuales y colectivas. Esta es una herramienta pedagógica que se le entrega a la ciudad y puede ser ejecutada con diversas poblaciones, en tanto plantea actividades alrededor de la construcción de memoria y paz. 

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, como parte de la ACPVR es un instrumento para promover una cultura de paz, reconciliación y respeto por los derechos humanos a partir de la memoria y la verdad histórica y la profundización de la democracia. Así mismo, pretende aportar a la consolidación de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación, por medio de la construcción e implementación de una política de memoria distrital. 

La Estrategia Atrapasueños, como parte de la SDIS, aporta a la construcción de paz territorial y es garante de derechos de Niñas, Niños, Adolescentes víctimas y/o afectados por el conflicto armado interno, a través de la articulación de acciones y el acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la movilización social con el objetivo de reconocer las necesidades y problemáticas desde el diálogo, la escucha, la construcción y la generación de espacios de resignificación de vivencias y afectaciones que se dan o dieron en el marco del conflicto armado. 

La Fundación PLAN es una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro, miembro de Plan International. La cual trabaja por la promoción de los derechos de la niñez, con el objetivo de mejorar las condiciones de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que viven en situación de extrema vulnerabilidad, generando un fortalecimiento en sus habilidades de liderazgo para la gestión de su propio desarrollo a largo plazo. Para lograr estos objetivos se realiza un acompañamiento pedagógico interdisciplinar y psicosocial integral, enfocado en Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes migrantes promoviendo espacios de expresión a través del reconocimiento de los saberes propios mediante técnicas artísticas en los cuales se reconocen sus memorias y sus experiencias para generar procesos de resiliencia.

Un antimuseo desde el sur por la memoria del Paro

Por María Flórezequipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – 10 de Agosto de 2021

Un museo para hacer pedagogía sobre los derechos humanos y para hacer memoria del último Paro Nacional. Esa es la apuesta que han venido construyendo, desde finales de mayo pasado, un grupo de personas organizadas en distintos colectivos ambientales, feministas y de artistas de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Cuando nació el museo, el Paro se encontraba en su punto más álgido y el Portal Américas de Transmilenio, renombrado como Portal de la Resistencia, se había convertido en uno de los escenarios más importantes de la movilización social en la ciudad.  

Fue en medio del Espacio Humanitario Al Calor de la Olla, instalado en el Portal, donde empezó a construirse el proyecto, pensado inicialmente como un museo al aire libre en el que las piezas artísticas se emplazaban en el mobiliario urbano. Así lo explica Agsharom, integrante del proceso: “En principio se consideraba que la museografía respondía al espacio. Decidimos que la entrada al puente y al Portal era la entrada del museo, que la olla (comunitaria) era una estación y que el monolito de Transmilenio se había vuelto un objeto de apropiación que ya mostraba que este era el portal de la gente, de la lucha contrahegemónica”. 

El proyecto, que recibió inicialmente el nombre de Museo Humanitario del Portal de la Resistencia, empezó a recibir las primeras obras de colectividades y personas que venían produciendo creaciones individuales o comunitarias en el marco del Paro. Tal fue el caso del Tendedero de la Memoria, una pieza compuesta por fotografías de la movilización y co-creada en el Portal por iniciativa de un grupo de estudiantes de Matemáticas de la Universidad Distrital.  

Por esa vía también llegó al Museo la obra “Nos encontramos en los corazones”, creada por Sandra Melo, artesana tejedora e integrante del colectivo Aquelarre Techotiba. El título de la obra es un homenaje a Lucas Villa, el asesinado estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que se convirtió en un símbolo del Paro. En ella están bordados, sobre una tela blanca superpuesta en una bandera de Colombia, los nombres de varias personas que fueron asesinadas por agentes del Estado. La bandera nacional tuvo un lugar central en las movilizaciones, en su forma original durante las marchas y de manera invertida en las redes sociales, para denunciar la represión.  

Parte de la serie de collage que integra el Museo. Foto: Miguel Ariza – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

También se incorporó una serie de 11 collages producida por Camila Lemos, fotógrafa e integrante del Museo y del medio de comunicación La Fémina Direkta. La serie propone una reflexión sobre violaciones a derechos humanos y procesos de resistencia ocurridos en distintos países de América Latina y en Palestina, algunos de ellos en perspectiva de larga duración. Las migraciones, la desaparición forzada, la defensa de la naturaleza y las movilizaciones sociales por la memoria protagonizan la obra.  

Además, se han ido co-creando otras piezas, primero en desarrollo del Paro y luego de otros espacios de encuentro realizados en el suroccidente de la ciudad. Entre ellos, el Segundo Festival del Humedal de la Tingua Azul, realizado a finales de julio en la localidad de Bosa. Estas creaciones colectivas buscan poner en discusión una amplia agenda de derechos, que incluye el derecho a la ciudad desde la perspectiva de los habitantes de “los sures”. Al mismo tiempo, reflexionan sobre la urgencia de hacer memorias en contextos de persistencia de violaciones a los derechos humanos, subvirtiendo la concepción tradicional del museo.  

Las creaciones colectivas 

En la Cartografía de los Sentidos del Museo se entrelazan las memorias sensoriales de las experiencias vividas durante el Paro con reflexiones colectivas sobre dos cuestiones: el derecho a la ciudad y las identidades de los pobladores del sur. La Cartografía, que está en construcción permanente, incorpora las convenciones de “vista”, “escucha”, “emoción” y “tacto”. A partir de ellas, quienes asisten a las jornadas de montaje del Museo interactúan con el mapa y dejan sus propias huellas. 

Sobre la localidad de San Cristóbal, alguien anotó: “Niños apoyando el Paro y cantando cacerolazos”. En Puente Aranda, escribieron: “Helicópteros. Disparos. Gritos. Cantos”; en Teusaquillo: “Barras bravas marchando, resistiendo juntas y en paz”; en el bosque Bavaria: “Aves, tala, deforestación”; y en el Portal de la Resistencia: “Unión del pueblo”.  

Proceso de reflexión e intervención de la Cartografía de los Sentidos en el Segundo Festival del Humedal de la Tingua Azul. Foto: María Flórez – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En Rafael Uribe Uribe, una persona más agregó al mapa la quebrada La Chiguaza, de la que  persiste un mito en la memoria oral de algunos habitantes del suroriente que convoca a la reflexión sobre la protección de los cuerpos de agua. La palabra “Kennedy”, en cambio, está tachada con líneas gruesas en el mapa y fue cambiada por “Techotiba”, un vocablo de origen muisca. Muchos colectivos de la zona han adoptado a Techotiba como nombre de la localidad, en reivindicación del pasado indígena y en abierto rechazo al nombre que fue adoptado del presidente estadounidense John F. Kennedy, que inauguró en 1961 un cuestionado proyecto de vivienda popular en el sector. 

Una de las impulsoras de la Cartografía y del Museo es Katherine Muñoz, integrante del colectivo Ecoaula Ambiental Tingua Azul y estudiante de la maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional. Para ella, los procesos organizativos de los territorios se han alimentado del reciente proceso de descentralización de las movilizaciones en Bogotá, en el que “la gente se ha dado cuenta de que no es necesario hacer la tradicional procesión hacia el centro, que no tiene sentido. Sí vamos a hacer manifestaciones, pero en nuestro territorio, porque aquí es donde nos necesitan”.

Por esa razón, en los talleres de co-creación de la Cartografía se ha discutido sobre la conservación de los humedales y los bosques, el impacto medioambiental de las actividades económicas y la eventual creación de nuevas localidades como consecuencia de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, aprobado por el Congreso de República en la pasada legislatura.  

Como parte de la construcción del Museo también se creó una Whipala, símbolo de los pueblos indígenas de América Latina. La elaboración de esta bandera, de 10 metros, activó una reflexión pública sobre el derecho a la nacionalidad, en la que se decidió no reproducir los símbolos patrios para reconocer el actual proceso de migración de personas venezolanas. Ese proceso ha impactado significativamente al occidente y al sur de la ciudad, desde donde se ha impulsado el Museo; según este informe de la Personería de Bogotá, el 75 por ciento de las personas migrantes habitan las localidades de Kennedy, Suba y Bosa. 

Jornada de tejido de la bandera feminista en el Monumento a las Banderas. Foto: Museo Humanitario

La otra pieza de creación colectiva es una bandera feminista que varias mujeres han ido tejiendo en el Monumento a las Banderas, que por su composición se ha convertido en un punto de encuentro y movilización para organizaciones feministas de la ciudad. El proceso surgió a raíz de un caso de abuso sexual ocurrido el 7 de junio pasado en el Portal de la Resistencia, cuando se realizaba una jornada pedagógica y cultural en desarrollo del Paro.  El Espacio Humanitario reconoció en este comunicado que se cometieron otros casos de acoso sexual durante la jornada.  

El tejido de la bandera ha sido liderado por Sandra Melo, quien explica al respecto: “En el Paro se evidenciaron muchas violencias basadas en género, tanto por parte de la Fuerza Pública, como de otros actores sociales. Como feministas hemos levantado la bandera de que todos los espacios deben ser seguros para nosotras y mucho más esos, que son de incidencia popular y de lucha. Por eso, nació la idea de tejer la bandera feminista y que quede como una pieza para el Museo”. 

El presente del Museo 

La idea de un Museo instalado en el espacio público del Portal se fue modificando como consecuencia de la disminución en la intensidad de las movilizaciones, de las violencias contra las mujeres ocurridas en el lugar y de la necesidad de hacerlo itinerante para llegar a otros barrios y sectores. Para Camila Lemos, esto implica empezar a concebirlo como un “antimuseo”: “Creo que hay un conflicto muy grande con los museos como instituciones, por todo el tema burocrático y jerárquico. No queremos tener un espacio físico y cerrado, porque tampoco la idea es privatizar, sino que sea abierto, libre e itinerante en los barrios populares”. 

Agsharom también considera que el proyecto es, fundamentalmente, un ejercicio de memoria transformadora: “Queríamos que estuviera lejos de la noción de museo tradicional y se acercara más a un ejercicio de recuperación de la memoria, en resistencia contrahegemónica, con un tinte político disidente, para visibilizar a las periferias y hacer una sistematización, una memoria, del tema del Paro. Considerábamos que era muy importante registrar y dar a entender que lo que se está viviendo ahora es un momento histórico que responde, como en otras ocasiones, a los modos en que el Estado colombiano ha violado los derechos humanos”. 

El Museo permaneció en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hasta finales de junio pasado. Foto: Miguel Ariza – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Esa itinerancia inició en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde el Museo estuvo presente durante buena parte de junio, con la idea de llegar a otros públicos. Actualmente, el Museo se mueve por distintos barrios del sur, al tiempo que proyecta un cambio de nombre que se ajuste a las nuevas circunstancias.  

El del Museo o Antimuseo es uno de los valiosos proyectos culturales que nació durante la última movilización nacional. Sus contenidos guardan una parte de las memorias de las y los habitantes de Bogotá que sostuvieron, desde finales de abril, un paro que pasará a la historia por su masividad, su duración, la represión con la que fue tratado, y sus múltiples acciones de resignificación y apropiación del espacio público urbano. El del Museo es también un aporte a la construcción de paz en la ciudad, en tanto ejercicio pedagógico para pensar la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos y transformar los territorios desde la acción colectiva. 

30 Años de la Constitución Política de Colombia: guía pedagógica, “Cazadores y cazadoras de mitos”

Esta guía es un dispositivo pedagógico para activar diferentes reflexiones en el aula, teniendo en cuenta que este es un año de celebración porque la Constitución Política de Colombia cumple 30 años. Se han construido actividades para dos grupos poblaciones: trayectoria pedagógica niños y niñas de 8 a 12 años; trayectoria pedagógica adolescentes y jóvenes de bachillerato.

El páramo: los pasos de Mario y Elsa Guía pedagógica Ilustrada para Niñas y Niños

Esta guía pedagógica ilustrada funciona como una cartilla que busca ampliar la información de la composición del video. Por ello sus ilustraciones y su narrativa se concentra en describir la fauna y la flora y propone una serie de actividades sencillas para que los niños y niñas puedan realizar. De igual manera, contiene las biografías de Mario Calderón y Elsa Alvarado, allí se da mayor resonancia a los saberes y acciones que desarrollaron. Así como resalta algunos aspectos de sus personalidades, sueños, ideas y creencias.  

I,2,3 por ti, es una invitación a ser, pensar y hacer con el fin de cuidar y cuidarnos entre todos y todas.

Las cifras del horror: Documentación y sistematización de violaciones a derechos humanos del paro

Fernanda Espinosa Moreno, Equipo CMPR – 4 de Julio de 2021

El actual Paro Nacional, que inició el 28 de abril de 2021, ha implicado una grave crisis de derechos humanos; el país ha tenido niveles altos de violaciones concentradas en relativamente poco tiempo. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 ocurrieron 4.687 hechos de violencia policial, de ellos 44 homicidios. Si bien el movimiento de derechos humanos colombiano se ha caracterizado por una especialización en el registro inmediato de la violencia, el volumen de casos  de estos dos meses de paro no tiene precedentes. Esto ha implicado un trabajo extraordinario y constante de las personas defensoras de derechos humanos, que le permite a la sociedad conocer la dimensión y características de la represión. 

Sobre la construcción de las cifras de violaciones a derechos humanos del Paro, Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de Indepaz, en una entrevista con Jose Antequera  titulada “Por dónde empieza la memoria: el registro inmediato de las violaciones de DDHH”, señaló: “Son como las cifras del horror más o menos, porque nosotros desde hace algún tiempo hemos venido realizando este macabro ejercicio de tener cifras”. Indepaz ha realizado un ejercicio detallado de sistematización de las cifras de masacres, asesinatos de líderes sociales  y de firmantes del acuerdo de paz.  

Foto: Campaña Defender la Libertad
Foto: Campaña Defender la Libertad

Adicionalmente, desde el inicio del Paro detectaron que vendría una fuerte represión que sería necesario documentar con atención:  “Con el Paro Nacional, el día 28 asesinaron 4 personas en Cali, dijimos esto es una masacre más, lo metimos como una masacre, pero nos dimos cuenta de que en Bogotá asesinaron a otro el mismo 28 y que en Ibagué asesinaron otro, es decir, fueron cinco personas el mismo día. Entonces aquí va a pasar algo más y esto apenas está empezando y al otro día más y más, y vamos sumando, entonces tuvimos que hacer este nuevo ejercicio de verificar lo que está sucediendo en el medio del Paro y nos asociamos con Temblores, que son una organización interesante que viene haciendo este trabajo también de seguimiento al abuso policial” señaló Leonardo González. 

Esta repuesta inmediata, esta “documentación en caliente”, es posible gracias al gran trabajo y voluntad de las personas defensoras y a la experiencia previa. Una tradición y una experticia en documentación que tiene el movimiento de derechos humanos colombiano desde hace más de 40 años.  

Una parte fundamental del trabajo lo hacen los y las defensoras de derechos humanos durante las protestas en terreno, quienes se organizan en esquemas o grupos de trabajo  que denominan Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil (CVI). Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la Libertad, nos cuenta cómo funcionan estas comisiones: “Están conformadas por tres personas mínimo, en el que se asumen tres roles: uno el de coordinador e interlocutor con las autoridades,  otro el de hacer una documentación escrita de toda la información relevante en el acompañamiento que se da en terreno, y finalmente el que hace la documentación audiovisual, lleva los registros fotográficos, de video y de audios”.  También las CVI realizan diálogos con altos mandos de la policía y funcionarios del ministerio público. Esta información en terreno de las comisiones permite tener reportes diarios de lo sucedido “en caliente”. 

Foto: Campaña Defender la Libertad

Durante el Paro las jornadas de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en terreno han sido agotadoras, una jornada de acompañamiento “puede ser de ocho  u 12 horas, inclusive de 16 horas, que es bastante extenuante. Esto ha dependido de las dinámicas de este Paro. Antes, nosotros hacíamos acompañamiento en la mañana y en la tarde, pero, como ahora la mayoría de las movilizaciones se han convocado para la tarde y noche, nuestros turnos también han cambiado en ese sentido. Hemos acomodado nuestros turnos para hacer acompañamiento desde las 2 o 4 de la tarde para poder estar toda la noche, inclusive en algunos turnos hasta las 2, 3 o 4 de la madrugada. En algunas situaciones que lo han ameritado hasta las 6 de la mañana”, nos cuenta  Montenegro. 

Desde el momento que son convocadas las  movilizaciones, los defensores hacen una valoración de con cuántas personas se deben preparar para salir a acompañar la protesta. En este paro también han tenido que mejorar y redefinir su equipamiento de trabajo, pues además del chaleco que los identifica, también portan cascos y gafas protectoras.  

En el caso de la Campaña Defender la Libertad reciben información las 24 horas para alimentar y contrastar las cifras desde la línea de emergencias, formularios en la página web, el correo electrónico y las redes sociales. Además, realizan un barrido de información con algunos medios de comunicación. Esta información sirve para alimentar una matriz prediseñada con unas categorías en las que resaltan distintas agresiones a los manifestantes. Dentro de la Campaña Defender La Libertad, “distintas personas hacemos turnos, distintas horas del día, para incluir esta información. Luego un equipo más pequeño nos encargamos de hacer el barrido, de cotejar, cruzar. Hay equipos de sistematización que hacen estas mismas horas, inclusive más. Sobre todo cuando las jornadas de protesta se extienden hasta altas horas, pues el flujo de información es mayor, entonces lo que hay que procesar también es mayor” comentó Luis Carlos Montenegro. 

Dado el gran flujo de información, todo el tiempo se hace un proceso de actualización y contraste de las cifras, se revisan y cotejan. “ Hacemos un cotejo con organizaciones aliadas de gran trayectoria en el mundo de los derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, inclusive con  la propia Organización de Naciones Unidas”, señala Montenegro.  

Foto: Campaña Defender la Libertad

La Campaña Defender la Libertad ha consolidado el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), un instrumento de documentación y sistematización de casos de agresiones a la protesta social. La  información recolectada por las CVI y de las organizaciones sociales y medios de comunicación, se sistematiza en el SIAP y se realiza un análisis de las principales agresiones que sufren  las personas que ejercen el derecho a la protesta social. Además de la sistematización de las agresiones, con los casos que acompañan realizan denuncias a nivel jurídico y también cuentan con rutas de atención psicosocial.  

Por su parte, la ONG Temblores ha desarrollado la plataforma GRITA, que busca facilitar la denuncia de violencias policiales. En ella se registra, investiga y triangula la información. En esta plataforma pueden registrar hechos de violencia policial, tanto las víctimas como los testigos. También ofrecen asistencia jurídica a las víctimas.  

Personas desaparecidas durante el Paro Nacional  

Una de las cifras más complejas de consolidar ha sido la de las personas desaparecidas durante el Paro Nacional. Desde distintas organizaciones e instituciones han realizado listados con nombres de personas desaparecidas. Conocer la dimensión de la desaparición forzada suele ser muy dificil por las mismas caracteristicas de ocultamiento intencional de esta grave violación a derechos humanos, más aun en este contexto de crisis. La desaparición, justamente, busca ocultar absolutamente todo, el cuerpo y las pruebas, por lo que consolidar las cifras y las investigaciones  es mucho más difícil.  

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos crearon una mesa de trabajo que ha identificado al menos 379 desapariciones en el Paro. Por otra parte, la Fiscalía maneja la cifra de 84 “personas no localizadas”. La denuncia de casos de desapariciones forzadas en el marco del Paro son muy graves, recordemos además que la desaparición suele tener otros delitos conexos, como la dentención, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cadáver. 

Actualmente, las víctimas que integran  las organizaciones históricas de desaparición forzada también apoyan la búsqueda de las personas desaparecidas durante el Paro. Lucía Osorno, víctima de desaparición forzada de su hermano e integrante del MOVICE señaló: “Del 28 de abril al 6 de mayo se configuraron más o menos 379 desapariciones, se empezó a denunciar y es lo que está visibilizado. Siempre decimos que detrás de un desaparecido hay otro que no quiere contar que le da miedo, por que es lo que hemos logrado ver en el marco de esta protesta…Contar los desaparecidos es muy difícil. Nosotros le estamos apostando a ayudar a encontrarlos, pero también le estamos exigiendo al Estado que por favor busque, que no minimice”.

Foto: El RAP se Manifiesta 2021 - Joao Agamez - Equipo CMPR

Ellas, quienes mejor conocen la desaparición forzada, porque la han vivido en el pasado, hoy aportan a documentar, sistematizar, denunciar y buscar a los desaparecidos de este paro. “No nos queremos imaginar las noches a ciegas que han vivido estas familias de uno, de dos, de las 300, de las 84, de las cifras que sea, porque decimos que las cifras también generan impunidad, a uno solo el Estado lo  tiene que buscar. Evidenciamos que no buscan a las personas de los sectores más vulnerables. Uno solo nos hace falta a todos, y es  un deber de la sociedad y de las instituciones buscar un solo desaparecido”. 

Las propias víctimas de desaparición, que son también defensoras de derechos humanos, hoy aportan a la documentación y a la denuncia, acompañan a los familiares, llaman a amigos y familiares de quienes aparecen en las listas como desaparecidos, buscan activar los mecanismos institucionales de búsqueda, contrastan información, presionan socialmente, hacen plantones y murales para preguntar: ¿Dónde están todos los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos del Paro? 

Las organizaciones de derechos humanos han exigido a las instituciones estatales mayor claridad e investigación sobre estas denuncias de desaparición. “Se le ha presentado un derecho de petición a la Defensoría y a la Fiscalía sobre el tema de la desaparición, para decirles: Miren, este es el listado que tenemos nosotros, al menos para informarnos primero, y segundo, si ustedes ya los tienen, ¿qué han hecho? ¿qué ha pasado? ¿qué acciones se han tomado por parte de la Defensoría? ¿por parte de la Unidad de Búsqueda? ¿por parte de la Fiscalía? ¿qué ha pasado con esto?”, señala Leonardo González, de  INDEPAZ.  

Violencias basadas en género y violencia sexual  

Las defensoras de derechos humanos también han documentado distintas violencias basadas en género (VBG) y violencia sexual en el marco del Paro Nacional. Daniela Buriticá, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, señala: “En el marco de este paro tenemos registro de 59 casos de violencias basadas en género hacia las mujeres, que  incluyen: casos de agresiones sexuales, de esos tenemos 17 que están referidos a abusos sexuales, a tocamientos indebidos, a desnudez forzada;  21 casos de violencia física a mujeres en razón de su género;  18 casos de violencia psicológica, que incluyen conductas de acoso sexual, de amenazas de agresión sexual, hostigamientos, y esto también está acompañado por otra clase de violencias, como el robo de los elementos personales o los golpes; y tenemos ocho casos de abuso sexual, ejercidos también en contra de hombres.”. Estas eran las cifras de violencia sexual hasta el 25 de junio de 2021. En los últimos días ha habido nuevas denuncias de agresiones de este tipo. 

Los y las defensoras han identificado que un momento de alta vulnerabilidad para las mujeres que participan en las manifestaciones es  durante las detenciones arbitrarias con el empleo de figura de “traslado por protección”, al no existir controles o protocolos con trato diferencial y con enfoque de género para prevenir, atender, hacer seguimiento e incluso sancionar las violencias basadas en género durante estas detenciones.  Para Buriticá, “el riesgo de las violencias sexuales que enfrentan las mujeres en el marco de estas detenciones específicas se debe tener en cuenta. Nosotras tenemos un registro de agresiones sexuales que han ocurrido en guarniciones militares, en guarniciones de policías,  en CAIs y en centros de reclusión. Para nosotras es importante poner el ojo a estas detenciones arbitrarias, a estos traslados por protección porque ocurren en lugares cerrados,  lugares donde solo hace  presencia la policía, donde ellos tienen el control total,  son lugares pequeños, en donde no se puede saber lo que ocurre y no es visto por quienes están afuera, entonces son lugares donde más ocurren violencias sexuales”. 

Foto: El RAP se Manifiesta 2021 - Joao Agamez - Equipo CMPR

Ella nos cuenta los detalles de dos de estos casos: “El primero de mayo en Bogotá, a un grupo de manifestantes las trasladaron a una estación de policía en el barrio San Benito, en donde ellas reportan haber sufrido agresiones y que un agente de policía las hizo desnudar, e hizo desnudar a una mujer en especial dentro del CAI.  Otra situación fue el 29 de abril en Cali, donde una mujer estaba en una URI para ser judicializada supuestamente por obstrucción de la vía pública y en medio de la  retención  fue sometida a tocamientos indebidos por parte de los agentes de policía. También es de señalar  que la mayoría de estas detenciones son realizadas exclusivamente por policías hombres, incluso si hay una mujer presente esto no exime a las mujeres de ser víctimas de esta violencia”. 

Daniela Buriticá, joven defensora de derechos humanos, también señala que estas violencias de género  están siendo más visibles, las personas están denunciando más con la ayuda de las redes sociales: “La gente en este momento está siendo más consciente de que hay que documentar estas vulneraciones y también le está perdiendo el miedo a denunciar. Sin decir que se ha perdido completamente el miedo, que aún existe”. Sin embargo, aun existe un subregistro muy grande de estos casos. 

La Defensoría del Pueblo señaló la cifra de 106 personas que denunciaron ser víctimas  de violencias basadas en género, en contra de mujeres y población con orientación sexual diversa, de estas 23 son casos de violencia sexual.  Sin embargo, la sociedad no conoce avances en las investigaciones y sanciones de estos casos.  En general, ante las VBG se destaca la ausencia de investigación y poca diligencia de las autoridades. “Esto no es nuevo, es un discurso encubridor, que pone como menos importante las violencias sexuales y las VBG.  Esto se traslada también a las diferentes vulneraciones de derechos humanos, pero en especial esto es muy preocupante, porque es un velo protector que tiene la Policía Nacional, en donde no hay claridad en las investigaciones o en el desarrollo de las denuncias penales”, señala Daniela.  

Lesiones oculares 

Los distintos registros destacan el crecimiento de las lesiones oculares durante el actual Paro.  Desde el Paro de 2019 se presentaron algunas afectaciones a los ojos. Los y las defensoras destacan que es un fenómeno que se observó también en el estallido social en Chile. Este nivel de impacto a los ojos evidencia una sistematicidad, una aparente “orden no formal” del ESMAD de disparar al rostro. Una herida que afecta a largo plazo la vida de los y las manifestantes, pues implica la pérdida de la visión en muchos casos. También dentro de los heridos se observan varios lesionados en el rostro con tiros directos a la cara. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 han ocurrido 82 hechos de lesiones oculares.  

Más allá de las cifras y los datos  

Este difícil trabajo de registrar las violaciones a derechos humanos tiene el objetivo de que no vuelvan a ocurrir, de prevenir el abuso de autoridad de la Policía.  “Esta información es precisamente para que haya una incidencia para un cambio de comportamiento de la Policía, de las Fuerzas Militares  y una política distinta”, señala Leonardo González, de INDEPAZ. Los y las defensoras de derechos humanos están aportando al debate sobre una reforma a la Policía. Ellos y ellas, junto con las víctimas directas, conocen de primera mano los excesos de la fuerza pública y pueden aportar propuestas fundamentales en este sentido.  

Las organizaciones de derechos humanos destacan la sistematicidad que han tenido estas violaciones a los derechos humanos. Las definiciones de la sistematicidad hablan de la existencia de patrones que han sido repetitivos durante el tiempo, de una misma manera. También, de que “ las víctimas son manifestantes… es en el marco de la manifestación. Algo muy importante para decir si es sistemático, es la participación de agentes estatales, participación de cualquiera por acción, por omisión o por complicidad. Aquí precisamente es muy clara la acción por parte de los entes estatales”, afirma González.  

Una historia de la defensa de derechos humanos en Colombia lleva el trágico título de “Contando muertos” (Counting the Dead: The Culture and Politics of. Human Rights Activism in Colombia. University of California Press, 2007). Su autora, Winifred Tate, señala que la historia del movimiento de derechos humanos en Colombia está marcada por la acción de “contar muertos”, de documentar y sistematizar la muerte y las víctimas desde la década de 1980.

Colombia ha experimentado distintas crisis de violaciones de derechos humanos, ha pasado por periodos de fuerte represión donde los defensores de derechos humanos han realizado un trabajo de documentación, sistematización y denuncia constante desde hace varias décadas y en el actual Paro Nacional siguen “contando muertos”. El trabajo de los y las defensoras para que conozcamos la dimensión de la violación a derechos humanos debe ser resaltado, no solo son cifras, son vidas humanas.

Cartografía: Encuentros de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz en la Escuela.

Este documento plantea una forma de ordenamiento de las experiencias pedagógicas compartidas y pone a disposición una ruta metodológica de mapas, preguntas y reflexiones con las cuales incrementar el diálogo de saberes que sobre pedagogías de paz, memorias, reconciliación y derechos humanos existen en Bogotá.

En este espacio virtual encontraran información sobre el proceso de construcción colectiva que se está constituyendo en la ciudad.

  • Encuentro de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz en la escuela.
  • Mapas parlantes.
  • Laboratorios de Co-Creación.
  • Otras acciones que articulen con el movimiento.