Por: Carlos Ojeda S., director de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces (Fasol) y Fernanda Espinosa Moreno, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
El 30 de abril es una fecha fatídica para el poder judicial y para el país en su conjunto, representa una jornada de dolor y memoria. En este día ocurrió la pérdida de dos ministros de justicia a manos del narcotráfico.
En la década de 1980, Rodrigo Lara Bonilla, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), se encargó de denunciar públicamente la infiltración del narcotráfico en altos niveles de la política, la economía y hasta el fútbol. Declaraciones impecables, con tono firme y cargadas de argumentos jurídicos probatorios, ponían a temblar al cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria. Desde un rincón de la Hacienda Nápoles, Escobar ordenó su muerte y el 30 de abril de 1984, catorce tiros cegaron su vida en la calle 127, al norte de la ciudad de Bogotá.
De nuevo un 30 de abril, pero siete años después, la valentía y compromiso contra el narcotráfico se interrumpen nuevamente. Enrique Low Murtra fue asesinado saliendo de la Universidad de la Salle, donde impartía clases de economía. A pesar de haber dejado su cargo como ministro de Justicia en 1988 y ocupar la embajada de Suiza por tres años, el narcotráfico no había olvidado sus investigaciones y denuncias. Su anhelo de regresar a Colombia fue despertado por su profundo amor a la docencia y su compromiso con el país; esos deseos hicieron sus oídos sordos ante las advertencias de amigos y familiares. El gobierno tampoco tuvo la menor intención de protegerlo, lo que se convertiría en una crónica de muerte que se llevó a un jurista ejemplar, que se había desempeñado también como consejero de Estado y juez de instrucción criminal.
Estos dos casos son referentes de la historia de violencia contra la justicia que ha sido sistemática contra: ministros, magistrados, jueces, fiscales, empleados y funcionarios entregados a la labor de investigar e impartir justicia, en medio de un conflicto que los ha afectado en gran número, dejando cientos de víctimas invisibles para muchos.
Las dinámicas del conflicto armado colombiano y violencias relacionadas han situado la mayor parte de hechos y víctimas en las distintas regiones del país. Pero no podemos obviar la lógica de conflicto armado urbano que se ha centralizado principalmente en capitales como Cali, Medellín y Bogotá. En el caso particular de la justicia no hay excepción, siendo Bogotá la ciudad con mayor registro de casos de violencia contra el sistema judicial.
Las violencias contra el poder judicial en Bogotá
El Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos (Fasol) ha documentado estos casos. Desde 1989 a diciembre de 2020 registra 281 acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá, las amenazas y los homicidios encabezan la lista. El 62% de los homicidios han sido contra personal de la Fiscalía y jueces.
El Centro de Memoria Paz y Reconciliación en la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria, un proyecto que destaca los lugares de memoria de la ciudad de Bogotá, ha registrado los hechos violentos contra los ministros de Justicia Lara Bonilla y Low Murtra, además de hechos representativos en la violencia contra la Justicia, como por ejemplo: la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) y la Masacre de Usme (26 de noviembre de 1991).
El primero es uno de los hitos más violentos del país ocurrido en pleno centro de la ciudad y en la sede principal del poder judicial. Las escenas casi cinematográficas mostraban parcialmente como el Ejército repelió una toma de la guerrilla del M-19, quienes exigían la presencia del Ejecutivo en cabeza del presidente Belisario Betancur para negociar. Las voces de súplica de magistrados al interior del Palacio de cese al fuego fueron ignoradas, la tarde empezó a caer y con ella las balas de los tanques, y las ráfagas de ametralladoras fueron la punta de lanza para desplegar una de las acciones militares que más afectó directamente al poder judicial.
Las llamas envolvieron el edificio del Palacio de Justicia, los muertos caían indiscriminadamente, heridos e ilesos salían en fila custodiados por las Fuerzas Militares, muchos de ellos luego aparecieron muertos dentro del Palacio con tiros de gracia y signos de tortura, y varios otros aún se encuentran desaparecidos después de 35 años. Así lo ha constatado Helena Urán Bidegain investigando el caso de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue ejecutado, torturado y desaparecido transitoriamente, precisamente por su trabajo como magistrado. Así lo narra en su reciente libro Mi vida y el Palacio, una presentación del libro se puede ver acá. El saldo de la toma y contratoma del Palacio fue fatídico, fueron asesinadas y desaparecidas al menos 98 personas entre magistrados, jueces, abogados, civiles, servicios generales y visitantes.
El segundo hecho, otro fatídico noviembre seis años después, fue un atentado contra la comisión judicial del juzgado 75 de instrucción criminal de Bogotá. Siete funcionarios asesinados y una sobreviviente sufrieron el rigor excesivo de un ataque de las FARC en zona rural de lo que era en ese entonces el municipio de Usme. Lo que era una diligencia de levantamiento del cadáver de un líder sindical, se convirtió en una emboscada con una carga explosiva dejada en la carretera y fuego indiscriminado contra los vehículos de la comisión.
En 1998, el Consejo de Estado condenó a la Nación por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger a la Comisión. Las víctimas mortales fueron: Luz Amanda Gómez, Jaime Antonio Puerto, Héctor Ojeda, Alfonso García Villarraga, Héctor Manuel Romero, Luis Miguel Garavito, Hernando Trujillo y la única sobreviviente, Nohora Navarrete, es testimonio de otro hecho lamentable de la sangre derramada por la justicia en Bogotá y sus alrededores.
Fasol desde 1989 a la fecha ha registrado las siguientes acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá. En algunos casos, un servidor judicial puede registrar varios hechos victimizantes contra su integridad. Es el caso de los exiliados, quienes vivieron situaciones de amenazas previas que desencadenaron la necesidad de salvaguardar la vida a través de la salida de emergencia del país.
Violencia e impunidad sistemática en todo el país
Fasol registra 1512 acciones violentas en todo el territorio nacional desde 1989 al 2021. Como lo muestra la siguiente gráfica, se identifican unos picos de violencia marcada. El primero en la década de 1990 por la arremetida del narcotráfico contra jueces, magistrados y personal de investigación. Del 2000 al 2003 otro incremento importante por cuenta de las incursiones paramilitares y las disputas territoriales con actores armados principalmente las guerrillas, dejando a la justicia desprotegida en los territorios más alejados en medio del conflicto. De allí hasta la fecha, la violencia ha sido constante y proviene de delincuencias mixtas o reductos de algunas existentes, como las llamadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAO) y Bandas Delincuenciales. Pero lo más evidente y relevante que se ilustra es que la violencia contra el sistema judicial no se ha detenido; es constante, sistemática y proviene de todos los actores armados del conflicto.
Además de ser una violencia sistemática, cuenta con otras características que la agrava en términos de derechos humanos y reclamaciones por vías legales por parte de las víctimas. A nivel general se cuenta con una impunidad del 95% de los casos cometidos contra servidores judiciales y en Bogotá la cifra es alrededor del 92%. Los niveles de impunidad se refieren a la ausencia de fallos judiciales que determinen los hechos, responsables intelectuales y materiales y que tengan un componente de reparación o resarcimiento del daño causado.
Sin pretensiones de tener una actuación diferente a las demás víctimas, los servidores judiciales, siendo del seno de la justicia, adolecen de garantías procesales y resultados favorables. Fasol considera que las instituciones del Estado, los gobiernos de turno y los mismos servidores judiciales desconocen su historia violenta y en algunos casos se encargan de no reconocerla y hasta ocultarla, como parte de la incapacidad y falta de voluntad de proteger el ejercicio judicial y sus servidores.
Deudas con la verdad
“Los testimonios que han dado las víctimas directamente (jueces, fiscales, funcionarios (as) y empleados (as) o sus familias ante la Comisión de la Verdad, sin duda nos ayuda como sociedad a encontrar caminos de reconciliación y construcción de paz entre todos (as). Pero sobre todo nos ayuda a construir una nueva Colombia, no sobre los muertos sino sobre la memoria viva y el ejemplo de los inocentes” John Montoya- presidente de Fasol.
Una de las premisas impulsadas por las víctimas, asumida por Fasol como un trabajo propio, es la participación directa en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. En el marco de la justicia transicional se trazaron unas metas para contribuir al reconocimiento de la justicia como víctima dentro del conflicto armado colombiano, la reparación integral de sus familiares y la reivindicación del ejercicio de la justicia.
Para esto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y Fasol firmaron una carta de entendimiento el 25 de septiembre de 2019, con el principal objetivo de construir y obtener conjuntamente información histórica sobre las graves violaciones a los derechos humanos de funcionarios (as) y empleados (as) de la justicia. Y, por consiguiente, demostrar que la justicia ha sido instrumentalizada y afectada en el marco de la violencia sociopolítica del país y como consecuencia ha traído tanto dificultades a funcionarios como afectaciones a sus familias.
Como ruta metodológica se desarrollaron por parte de la Comisión la toma de más de 60 testimonios a nivel nacional y de un número considerable de personas en el exilio. Conjuntamente, se desarrollaron talleres denominados “Intercambios de la Justicia” en diferentes zonas del país y grupos focales de análisis de servidores judiciales y víctimas.
El análisis de los datos estadísticos y demás elementos de memoria compartidos con la Comisión complementan un relato amplio de la violencia contra la justicia. Este relato protagonizado por las víctimas (familiares de los servidores judiciales) y funcionarios (as) y empleados (as) judiciales es sin duda el camino más claro para el reconocimiento de la justicia víctima dentro del conflicto armado y un elemento reparador y sanador para las víctimas, quienes encontraron un espacio de reconocimiento y escucha. La construcción de la paz parte de estos ejercicios que pretenden convertir las historias de dolor y afectaciones en recomendaciones que brinden garantías de independencia y protección al ejercicio judicial.
Garantías para el poder judicial
Detrás de estas realidades existen cientos de familiares de víctimas del poder judicial que han vivido el rigor de la violencia y que, sumado a las condiciones difíciles de ser víctima en Colombia, sufren de poco reconocimiento y estigmatizaciones, que en muchas ocasiones son acciones revictimizantes.
La independencia judicial es un valor constitucional para todas las personas, y unas de las condiciones primarias para que se cumpla es contar con garantías de ejercicio libre y seguro. Si continuamos con jueces, fiscales y funcionarios amedrentados y presionados, no podemos pensar en una justicia digna ni en un país que dé pasos hacia la construcción de paz.
El ejercicio judicial sufre condiciones de graves dificultades como sobrecarga procesal, falta de capacidad institucional, provisionalidad laboral, destinaciones de presupuesto insuficientes y ausencia de protección a la vida, como se ha evidenciado en las violencias reseñadas. A estas condiciones históricas se le suman problemas de coyuntura por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y los evidentes ataques y campañas de desprestigio recientes. Allí es donde reconocemos ampliamente el valor de los ejercicios de memoria. Son acciones públicas fundamentales para visibilizar y entender la gravedad de los hechos que afectan la justicia y su papel fundamental en el sostenimiento de un Estado democrático que debe tener tres pilares independientes.
Un aspecto fundamental para la consolidación de la paz es la justicia, que implica necesariamente que quienes la imparten tengan garantías para su vida y para ejercer su trabajo sin coacciones. En la medida que se silencia al poder judicial, se silencia la búsqueda de la verdad. Un sistema judicial fortalecido es requisito necesario para la consolidación de la paz en el país.
Fotos: El Tiempo