admin - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

marzo 6, 2021octubre 6, 2023

Convocatoria: Música defendiendo la memoria

El proyecto Sonidos Migrantes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, busca convocar a la población migrante venezolana. Desde una óptica de los derechos humanos, entendiendo que no sólo debe ser mencionada públicamente frente a las problemáticas de seguridad, convivencia y empleo que afronta nuestra ciudad, sino valorada en otros ámbitos, como en el aporte que está realizando a la construcción y enriquecimiento de la cultura y la construcción de comunidad en la ciudad.

De acuerdo con la convocatoria realizada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, publicamos el estado de las propuestas inscritas admitidas y aquellas por subsanar.

Con el propósito de dar seguimiento al proceso de selección y continuidad a las fases de evaluación, establecidas en los criterios de la convocatoria, e informar a los admitidos el estado de su propuesta y solicitar a quienes deban subsanar su inscripción con el aporte del archivo o link de su propuesta o con el formato de inscripción, nos permitimos publicar el siguiente listado:

La subsanación de los documentos, archivos o links solicitados con el propósito de avalar las inscripciones y continuar con el proceso de selección y evaluación deberán ser enviados vía correo electrónico únicamente, al correo centromemoriaypaz@alcaldiabogota.gov.co, el día Viernes 16 de Abril de 2021 en los horarios de las 00:00 horas hasta las 11:59pm.

Cualquier propuesta recibida en fecha y horario posterior a la anunciada, quedara automáticamente rechazada.

Cualquier inquietud o pregunta previa al envío de la información a subsanar puede ser consultada a través del correo centromemoriaypaz@alcaldiabogota.gov.co.

De acuerdo con la convocatoria realizada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para el desarrollo del proyecto Sonidos Migrantes, a partir del cual se convocó a la población migrante venezolana, para que a partir de la música y desde una óptica de los derechos humanos visibilicen el aporte que se está realizando a la construcción y enriquecimiento de la cultura y la construcción de comunidad en la ciudad, una vez adelantado el proceso de audiciones y selección, publicamos el listado de las propuestas ganadoras, quienes desarrollaran con nosotros un proceso de formación y producción de canciones en torno a la memoria y la reconciliación.

Con el propósito informar sobre el avance del proyecto y dar continuidad a las fases formación y producción, compartimos el listado de propuestas ganadoras:

febrero 25, 2021junio 21, 2023

Cartografía: Bogotá ciudad memoria

Descarga la cartografía dando click a la imagen.

diciembre 18, 2020abril 3, 2023

La memoria ante un nuevo ciclo de violencia

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días; la violencia policial, las represiones, la criminalización de la protesta social. ¿Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres?”. La pregunta es de Elizabeth Jelin, una de las investigadoras más influyentes en el campo de los estudios de la memoria en América Latina. La planteó en el cierre del ciclo de conferencias sobre negacionismo, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

En el contexto actual, la pregunta que hace Jelin es fundamental en Latinoamérica. En países como Argentina o Chile, incluso, han vuelto a presentarse casos de desaparición forzada, abuso policial y violaciones de derechos humanos en los procesos más recientes de protesta.

En el caso de Colombia, con la firma del Acuerdo Final de Paz en el 2016, un sector del país se ilusionó con un posible punto final que permitiera hacer memoria sobre un conflicto armado que enfrentó al Estado y a las FARC-EP a partir de un cierre de la violencia política. Pero las nuevas instituciones de la transición creadas por el Acuerdo se enfrentan hoy al desafío de construir narrativas sobre el ‘pasado violento’ en un contexto de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

No podemos, pues, marcar esa “separación tajante”. Situamos el trabajo por la memoria en un contexto de violencia política, discriminación, exclusión, conflictos violentos por el acceso a los recursos naturales. Los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la represión de la movilización han sido particularmente visibles este año de pandemia.

Según los datos de INDEPAZ, al 14 de diciembre van 291 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y 84 masacres con 352 víctimas. La gravedad de estos hechos está dada no solamente por las muertes y las cifras, sino también por sus implicaciones en la consolidación de nuevos ciclos de violencia. A finales de la década de 1990, las cifras anuales de masacres eran similares, y fueron en ascenso. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1996 hubo 80 masacres, en 1997 hubo 111 y en 2000 hubo 232, alcanzando así un máximo histórico. Preocupa que pueda repetirse el crecimiento exponencial.

Para tener una idea de la situación de defensores, defensoras, líderes o lideresas sociales, podemos observar los asesinatos contra ellos en los últimos 10 años, los cuales han aumentado sistemáticamente. Según el Programa Somos Defensores, en 2009 hubo 32 líderes asesinados. Desde entonces, el incremento anual ha sido exponencial y solo disminuyó en 2014.Y esto ocurre aún cuando uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era justamente otorgar garantías políticas y fortalecer la democracia.

A pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2016 se presentó un desproporcionado incremento de los homicidios y atentados contra líderes sociales.

En su último libro, el investigador Francisco Gutiérrez Sanín alerta sobre un tercer ciclo de la guerra en Colombia que se podría avizorar. Lo que está en juego es la “no repetición”, ese “Nunca Más” que ha sido consigna de los movimientos por la memoria en América Latina. La memoria de las violaciones de derechos humanos tiene como objetivo, justamente, esa no repetición.

El trabajo por la memoria en Colombia se refiere al pasado, pero también se conjuga en presente y participa de la disputa por un futuro en paz. No podemos hacer memoria de lo ocurrido en décadas pasadas y hacer oídos sordos de la actualidad o no pensar en los nuevos ciclos de violencias que se avizoran. Ahora bien, la experiencia histórica nos dice que sólo la memoria no es suficiente, se necesitan acciones y compromisos reales con la verdad y la democracia para que caminemos hacia la no repetición. La dialéctica pasado-presente-futuro se encuentra siempre implícita en lo que Elizabeth Jelin llama los trabajos de la memoria.

Memoria de un pasado que no pasa…

noviembre 18, 2020abril 17, 2023

Javier Molina: una vida por la defensa de los habitantes de calle

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En el Parque del Renacimiento, parte del Eje de la Paz y la Memoria de Bogotá, se reunieron familiares, amigos y vecinos el pasado 30 de octubre para hacer memoria de tres javieres: Óscar Javier Molina, funcionario de la Secretaría Distrital de Integración Social asesinado por las mafias del Bronx en 2013; Javier Leonardo Franco, un joven trabajador ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por integrantes del Ejército, en 2008; Javier Ordónez, estudiante de derecho asesinado por integrantes de la Policía en Bogotá, en septiembre pasado.

La conmemoración, titulada “En memoria de los javieres y todos nuestros quereres”, fue convocada por el Costurero Kilómetros de Vida y Memoria, del que hace parte Andrea Vaca, quien era la compañera de Óscar Javier Molina al momento de su asesinato. Andrea cuenta que, tras el homicidio de Javier Ordoñez, en el Costurero tuvieron la idea de hacer un homenaje en memoria de los tres javieres, así como también de los líderes sociales asesinados y de las personas que han muerto por cuenta de la pandemia de Covid-19.

Homenaje a los tres javieres. Fotos: Mónica Mesa – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Durante el encuentro, familiares y vecinas hicieron memoria de los javieres, de los sueños que truncaron los victimarios, de sus luchas colectivas por la memoria y la justicia. Las y los asistentes encendieron velas; ofrendaron flores a las víctimas; escucharon una breve presentación del rapero bogotano Oculto y de un grupo de música andina; y realizaron un ejercicio colectivo sobre el significado de la memoria. También extendieron telas bordadas por personas exiliadas, además de la tela que Andrea bordó en homenaje a Óscar Javier y su pasión por el rock.

El caso de Óscar Javier

Óscar Javier Molina fue asesinado el 28 de septiembre de 2013, cuando cumplía 14 años de trabajar en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el programa de atención a habitantes de calle. Su lugar de trabajo era el Bronx, un conocido sector de la ciudad en el hacían su vida muchas de esas personas en medio del control social que ejercían organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El trabajo de Javier consistía en invitar a los habitantes de calle a los programas de atención que ofrecía el Distrito.

Por su experiencia personal en el desaparecido sector de El Cartucho, Javier tenía una profunda sensibilidad y respeto por las personas que habitaban la calle. En 2008, en una entrevista para el programa Amor por Bogotá, declaró: “Yo le aporto a Bogotá la construcción de nuevas ciudadanías y la posibilidad de que personas muy valiosas que no han sido reconocidas y que son invisibles tengan la posibilidad de brillar con luz propia y de mostrarse tan especiales como ellos son”. Con esa convicción, como él mismo contó en ese programa, Javier y sus compañeros trabajaban “todos los días del año, día y noche, desde los caños, desde las zonas perimetrales, desde las casas abandonadas, desde las zonas de alto deterioro urbano”.

El febrero de 2013, pocos meses antes del asesinato de Javier, la Alcaldía de Bogotá intentó desalojar el Bronx, lo que dispersó momentáneamente a los habitantes de calle y a las organizaciones delincuenciales. Por cuenta de esa intervención, así como de otras decisiones de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro que buscaban implementar un plan de renovación urbana en el Bronx, las mafias empezaron a hostigar y amenazar a los funcionarios del Distrito que atendían a los habitantes de calle.

Sobre esa época, Andrea recuerda: “Desde la primera intervención, a los funcionarios los cogen en la mira, no podían acercarse ahí por lo que había hecho el Distrito, porque los agredían con materia fecal o con malas palabras. Se había puesto muy pesado, no podían ir”. El día en que Javier fue asesinado, recibió amenazas de muerte en frente de sus compañeros de trabajo.

Javier había alcanzado un grado importante de exposición. Frecuentemente, era entrevistado para televisión sobre su trayectoria de vida, los programas del Distrito y la manera como operaban las mafias del Bronx. El 16 de septiembre de 2013, pocos días antes de su asesinato, el programa Primer Impacto, de Univisión Noticias, emitió una nota en la que Javier denunció que esas mafias obtenían enormes ganancias por el consumo de drogas en el sector: “El dinero lo sacan en tulas, todos los días. Se da uno cuenta que estas personas habitantes de la calle están sometidas a la esclavitud del consumo de las sustancias y que estos expendedores tienen en ellos unos trabajadores incansables”.

Andrea lamenta que la administración de entonces no hubiera tomado medidas urgentes para proteger a Javier: “Fue negligencia de Integración, porque ellos sabían que no solamente Javier, sino otros funcionarios estaban siendo agredidos, y ellos hicieron caso omiso. Debieron sacarlo de la ciudad. Él fue asesinado porque sabía mucho del tema, porque era un ejemplo a seguir, porque era el de mostrar que quienes tenían problemas de consumo sí se podían rehabilitar, podían tener un trabajo y una familia”.

Además de trabajar con habitantes de calle, Javier se había hecho conocido en Usme, la localidad donde vivía, por el bar de rock que había montado junto a Andrea: Heaven and Hell, como la canción de la banda británica Black Sabbath. Con la idea de tener a futuro una casa cultural, Javier tenía una sala de ensayo que les alquilaba a bajo costo a las bandas de rock de la localidad, muchas de ellas conformadas por jóvenes estudiantes de bachillerato. También tenía un estudio de grabación y una banda de death metal: Sádico, en la que él tocaba la guitarra. Antes había integrado otra banda del mismo género, también nacida en Usme: Lucturian.

A Javier, además, le gustaba la producción audiovisual. Se estaba formando en ese campo, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Andrea cuenta que él acompañó al director de cine Rubén Mendoza en algunas jornadas del rodaje de la película La Sociedad del Semáforo y que colaboró en la grabación del documental El Cartucho, dirigido por Andrés Chaves.

Pese a que el asesinato de Javier alcanzó notoriedad en medios de comunicación y motivó pronunciamientos de la administración distrital, el caso se encuentra en la impunidad. Durante estos años, Andrea, el Costurero, los amigos y las amigas de Javier han impulsado varias conmemoraciones para recordarlo, para exigir que se haga justicia. Entre ellas, la realización de un concierto y una olla comunitaria con los habitantes de calle del barrio Santa Fe.

El Bronx como un lugar de memoria

“Queremos que se nos reconozca como víctimas del narcotráfico” dijo un habitante de calle, quien tenía formación universitaria en derecho, en una reunión con funcionarios del Distrito en abril de 2012 en la Plaza de los Mártires, donde quedaban las calles conocidas como el Bronx.

La Plaza de los Mártires es denominada así en homenaje a los próceres de la independencia, específicamente a José María Carbonell, Mercedes Ábrego y Jorge Tadeo Lozano, quienes allí murieron. El Barrio Santa Inés, donde se encuentra la Plaza de los Mártires, se consolidó a finales del siglo XIX, como un barrio residencial, de habitación de la clase alta y media de Bogotá, de casonas republicanas. Allí se construyó la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Voto Nacional, desde 1902, y la Escuela de Medicina, un edificio neoclásico erigido en 1916 (actualmente el Batallón de Reclutamiento del Ejército). Progresivamente, a lo largo del siglo XX, se convirtió en una zona que albergó a gran cantidad de familias que llegaron desplazadas por La Violencia, y también fue conocido por ser el lugar de residencia de familias recicladoras.

Algunas calles de este barrio, otrora un barrio de lujo, se convirtieron en el sector de El Cartucho y luego con unas cuadras de diferencia en la denominada zona del Bronx o “La Ele”. Esta llegó a ser la principal zona de venta y consumo de drogas de la ciudad en pleno centro, donde habitantes de la calle convivían bajo el control de las redes del narcotráfico. En el Bronx, además, se cometían graves crímenes como explotación sexual de menores, tráfico ilegal de armas, torturas, descuartizamientos, secuestros, e incluso llegó a denunciarse la existencia de una casa de pique y tortura.

Suele pensarse que era una tierra de nadie, pero por el contrario era el lugar de control de poderosas bandas delincuenciales. Por un lado, estaban los grupos paramilitares y, por otro , las bandas del narcotráfico consolidadas desde el Cartucho, que se disputaban el control del Bronx. La presencia de grupos paramilitares en la zona aumentó tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Óscar Javier denunció en una entrevista en 2013 que quienes estaban detrás de los “ganchos” (estructuras de microtráfico) eran exparamilitares: “Se habla de un grupo armado que ha tomado el control posterior a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Gran parte de estas personas encontraron un negocio muy bueno”.

El control del tráfico y la “seguridad” de los capos del Bronx se mantenía con los “Sayayines”, que eran delincuentes con amplio prontuario y experiencia criminal, expertos en manejo de armas, que se dedicaban al control de la “olla”. Los “Sayayines”, incluso, tenían francotiradores en los techos y puestos de control, con armas automáticas y subametralladoras. Detrás de esa figura de estaban excomandantes paramilitares. El Bronx es otra evidencia de cómo graves violaciones a los derechos humanos también han ocurrido en Bogotá y en pleno centro, incluso a pocas cuadras de la Presidencia de la República.

La paz en Colombia requiere discusión sobre el problema de las drogas

Para nadie es un secreto que el negocio de las drogas ha sido un motor fundamental del conflicto armado y la violencia en el país, y Bogotá no está exenta de ello. Precisamente, el cuarto punto del Acuerdo Final de Paz se titula «Solución al problema de las drogas ilícitas».

Un gran tema para la paz es el del narcotráfico. El fenómeno tiene al menos tres caras en el país: los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas y las redes del narcotráfico. Muchas veces, las comunidades rurales recurren al cultivo de drogas ante la baja o nula ganancia con otros productos agropecuarios. En el Acuerdo se pactó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PNIS) y el fin de la fumigación con glifosato.

Sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en el retorno de la aspersión con glifosato. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró el 24 agosto de 2020: “Hay que decir con claridad, cumpliendo claro está todos los requisitos de la Corte Constitucional, que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos. Se trata de un asunto de seguridad nacional”.

El gobierno regresaría a la aspersión con glifosato el próximo año, aunque internacionalmente se reconocen las graves afectaciones que esto tiene para la salud y el medio ambiente. Igualmente, continúa la criminalización del consumo de drogas y el no reconocimiento del consumo como un problema de salud pública. El Estado tiene una deuda pendiente con la reparación de las víctimas del narcotráfico.

noviembre 6, 2020octubre 6, 2023

Primer documento del movimiento de maestras y maestros por la memoria y la paz.

El primer Encuentro de Experiencias nos permitió mapear e intercambiar múltiples diálogos sobre las acciones y apuestas en pedagogías de la memoria y paz que lideran las maestras y los maestros en Bogotá. Con el fin de continuar la ruta colectiva, se acordó construir un texto que diera cuenta de las memorias y ser un pre-texto para seguir tejiendo juntas y juntos. Por eso, se plantea en el documento seis cartas de navegación:

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 1: Algunos antecedentes de socialización de experiencias pedagógicas constructoras de memoria y paz

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 2: La movilización y el movimiento por la memoria y la paz en la escuela bogotana.

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 3: Mapeando-nos desde las prácticas pedagógicas

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 4: Las experiencias pedagógicas en el centro de la construcción colectiva

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 5: Memorias de las conversaciones: apostando a construir juntos y juntas

CARTA DE NAVEGACIÓN N° 6: Rutas articuladas para continuar en movimiento

noviembre 1, 2020abril 3, 2023

Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

octubre 16, 2020abril 3, 2023

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

octubre 14, 2020abril 17, 2023

La masacre del Suroriente de Bogotá: la memoria sigue viva

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Once jóvenes, de entre 19 y 27 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de la Policía en tres puntos distintos del suroriente de Bogotá, en la mañana del 30 de septiembre de 1985. Diez de ellos hacían parte de un comando urbano de la insurgencia del M-19, que acababa de robar un camión de leche para repartir la carga entre los habitantes del sector.

Era la época en que el M-19 contaba con una presencia significativa en esa zona de Bogotá. Allí, como en otras ciudades del país, esa organización insurgente creó milicias que resolvían conflictos y proveían justicia; promovían la autogestión para la instalación de redes de servicios públicos y el mejoramiento de vivienda; y realizaban tareas de propaganda y organización.

La toma por la fuerza de vehículos transportadores de alimentos o el robo de materiales de construcción, que luego eran distribuidos entre la comunidad, eran una práctica recurrente del M-19 en los barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá. La guerrilla concebía estas acciones como “recuperaciones” con las cuales se podría avanzar en la solución de los problemas del hambre y de la falta de vivienda digna que agobiaban a los pobladores de esas zonas. En 1985, los precios de los alimentos aumentaron drásticamente por cuenta de la devaluación del peso.

Aunque los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo del 30 de septiembre de ese año reportaron todos los homicidios como muertes en combate, los informes de balística y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constataron más tarde que los 11 jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión. Los testimonios de algunas vecinas y vecinos de los barrios donde ocurrieron los hechos así lo confirmaron.

Que integrantes de la Policía hubieran asesinado a plena luz del día a once personas en medio de un operativo para repeler el robo de un camión de leche generó temor en la zona, pero también importantes acciones de denuncia y de recuperación de la memoria que han persistido durante los últimos 35 años en cabeza de familiares de las víctimas, exmilitantes del M-19 y organizaciones culturales y juveniles del suroriente de Bogotá, que encuentran elementos de continuidad entre el caso y sus propias experiencias en el presente.

La Masacre del Suroriente

El informe de fondo que en 1997 emitió la CIDH sobre este caso, conocido como la masacre de la Leche o masacre del Suroriente, narra en detalle lo ocurrido la mañana del 30 de septiembre de 1985. Ese día, en el barrio San Martín de Loba y los sectores cercanos, la Policía; el F-2, la agencia de inteligencia policial de la época; la Seccional de Investigación Judicial de la Policía (Sijín); el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército desplegaron un importante operativo contra el comando del M-19 que robó el camión de leche.

Encontrándose cercados, los jóvenes guerrilleros se separaron en varios grupos y emprendieron la huída. José Alberto Aguirre, Jesús Fernando Fajardo y Francisca Irene Rodríguez fueron asesinados dentro de un bus de servicio público por un agente de la Sijín, en el barrio Diana Turbay. En el informe de la CIDH consta que Jesús y José murieron por disparos realizados a corta distancia. En estos hechos también fue asesinado Javier Bejarano, un joven que se encontraba dentro del bus, pero que no pertenecía a la insurgencia.

Leonardo, el hermano de Javier, sobrevivió al crimen. Así describió los hechos, según consta en el mismo informe de la CIDH: “Yo agaché la cabeza y me quedé ahí agachado, luego fue cuando yo no sé quién subió, yo miré y fue cuando me dieron el primer tiro. Me escurrí y quedé con la cabeza apoyada en los pies de mi hermano, botando sangre por la boca. Luego ya subieron más señores del F-2 que portaban radios y decían: ‘Mi capitán están todos muertos, no hay ningún herido’. Luego se acercaron otra vez adonde nosotros y, como a mi hermano no lo habían herido, le pegaron un tiro. Entonces fue cuando me vieron que yo estaba con vida y me dijo: ‘Este hijo de puta no se muere’, y sacó y me pegó otro tiro».

En el barrio Bochica ocurrieron otras cinco ejecuciones extrajudiciales, en tres episodios distintos. Isabel Cristina Muñoz fue asesinada por agentes de la Policía a las afueras de una casa donde se escondía, luego de que ella saliera con las manos en alto; Arturo Ribón Avilán y Yolanda Guzmán Ortiz fueron asesinados en las calles del barrio, cuando huían de la persecución de la Fuerza Pública. Aunque un teniente declaró que ambos murieron en combate, los dictámenes periciales mostraron que varios de los disparos les fueron propinados a corta distancia; Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas fueron asesinados por un agente del F-2 cuando se encontraban indefensos.

La monografía de Carlos Eduardo Parra titulada “Masacre en el Suroriente de Bogotá, un crimen de Estado. Documentación de caso” (2010) retoma importantes testimonios que fueron incluidos en las investigaciones de la Procuraduría de la época. Dos de ellos se refieren al caso de Martín y Luis Antonio. Los testigos narraron cómo agentes del F-2 los golpearon y les dispararon hasta matarlos cuando ellos se encontraban tendidos en el suelo. Uno de los testigos contó sobre las víctimas: “Los muchachos no dijeron nada, ni levantaron una mano, ni una uña. Esos muchachos venían tranquilos por la calle, como si nada pasara”.

Finalmente, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera fueron asesinados en zona rural, en lo que entonces era la vereda Los Soches, del municipio de Usme. En el sector, hoy barrio La Aurora, no se encontraron testigos de los hechos. Sin embargo, los informes de balística probaron que ambas víctimas recibieron disparos a menos de un metro de distancia, contrario a la versión de la Policía, que dijo haberlos “dado de baja” en un enfrentamiento.

La monografía de Parra también documenta cómo un militante del M-19 que participó en el robo del camión de leche fue detenido cuando intentaba escapar del cerco de la Fuerza Pública. Esta persona describió las torturas a las que fue sometida: “Hay como mucha violencia (en la detención), muchos golpes (…) en el carro, en la estación de policía de San Agustín, en el F-2; se me paran unos tipos en las coyunturas del cuerpo, en los tobillos. Ya en el carro, por ejemplo, con una ametralladora me han estado aterrorizando, claro, de meterle a uno la ametralladora en la boca y empezar a tratar de dispararla”.

Por las 11 ejecuciones extrajudiciales, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había violado los derechos de las víctimas a la vida, la integridad física, las garantías judiciales y la protección judicial. La Comisión determinó que los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo “estaban obligados a tratar en toda circunstancia humanamente a todas las personas que se encontraban bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que hubieran participado o no en las hostilidades».

En 2014, pasados 17 años de las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano para que avanzara en las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto varias decisiones de la Justicia Penal Militar que habían exonerado de toda responsabilidad a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo y le remitió el proceso a la Fiscalía. Seis años después de esa decisión, el caso continúa en la impunidad.

Resistiendo al olvido

Este 30 de septiembre, organizaciones juveniles y culturales de la localidad de Rafael Uribe Uribe decidieron articular la conmemoración de los 35 años de la Masacre del Suroriente con la Noche Sin Miedo, una jornada de actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias organizada para combatir el miedo generado por los hechos ocurridos en Bogotá durante y después del 9 y 10 de septiembre de este año, cuando al menos 14 jóvenes fueron asesinados durante las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía.

A la estigmatización que se produjo después contra los manifestantes y las organizaciones sociales, se suma el temor por la persistencia de amenazas en el suroriente y el suroccidente de la ciudad. En 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió en una alerta temprana que, en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, “los líderes y lideresas sociales, comunales y barriales son objeto de intimidaciones por parte de sujetos armados que, mediante la coacción y amenaza, buscan condicionar sus labores de liderazgo o de defensa de los derechos humanos, entorpecer procesos sociales, o impedir actividades que incrementen el bienestar social, el acceso a la justicia, la capacidad de organización y de participación ciudadana”.

Para esta Noche Sin Miedo, los jóvenes eligieron como punto central el sector del barrio Diana Turbay conocido como el Rincón del Valle. Allí, desde las primeras horas de la tarde del 30 de septiembre, el colectivo Épsilon y otras personas de la comunidad prepararon los espacios, la comida y las bebidas calientes con las que recibieron a los asistentes de las varias actividades que se realizaron en la noche y hasta las seis de la mañana del día siguiente: campamento, trueque, concierto, proyección audiovisual, estampado de camisetas, juegos, documentación de hechos de violencia y de necesidades básicas insatisfechas.

Marghen Blanco, del colectivo Valkirikaz del Sur, estuvo a cargo de la proyección audiovisual. Ella encuentra relación entre la Masacre del Suroriente y los crímenes recientemente cometidos contra los jóvenes de la ciudad: “Es como si se repitiera el ciclo histórico. La conmemoración de la masacre del 85 y la Noche Sin Miedo son una defensa de la vida. Nos masacraron, nos mataron, nos siguen amenazando, nos siguen hostigando, persiguiendo. Pero nosotros seguimos resistiendo, con esa idea de defender la vida; una vida digna, con todas las condiciones”.

El colectivo Épsilon, junto a Valkirikaz del Sur y otras organizaciones del territorio, le han apostado durante los últimos años a mantener viva la memoria de la Masacre del Suroriente. A partir de la investigación de Parra, han reflexionado sobre el caso; han realizado cartillas, stencil, murales, líneas del tiempo, conversatorios; y han montado una obra de teatro que narra el caso. Este año, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación produjo junto al colectivo este video conmemorativo sobre la masacre:

Para Felipe Gamboa, integrante de Épsilon, “la masacre del Suroriente es un hecho relevante para el territorio por lo que significó en cuanto al asesinato de 11 jóvenes. Empezamos a indagar un poco alrededor de esas vidas y encontramos una profunda necesidad por transformar el país: una juventud demasiado inquieta, crítica y consciente en ese 85. Encontramos elementos de lo que es la juventud organizada hoy en día en el territorio”.

Durante los últimos años, otras personas y colectivos también han mantenido viva la memoria de la masacre, así como de las apuestas de los jóvenes asesinados. En 2017, por ejemplo, la Corporación Nuevo Abril y otras organizaciones sociales conmemoraron los hechos en una jornada que incluyó la siembra de plantas, la elaboración de murales, un recorrido por la memoria, una jornada artística, un compartir de arroz con leche y un foro sobre la protesta y el derecho a la alimentación. En 2019, la Escuela Ambiental Kimy, en asocio con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, realizó varias actividades en conmemoración de la masacre, en las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme.

Este año, la editorial El Búho publicó un libro sobre el caso, titulado “Tomad y Bebed. Crónicas de Militancia”, de Alejandro Cabezas. También este año, Armando Ribón Avilán, hermano de Arturo, elaboró una multimedia conmemorativa, en cuya presentación escribió: “Año a año, mes a mes, día a día, seguiremos persistiendo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Mientras, no habrá silencio ni cobardías, no habrá cansancio, no habrá perdón ni olvido”.

septiembre 28, 2020abril 17, 2023

Rostros que transforman ciudad

El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. En este espacio virtual pueden cercarse a las historias de cuatro líderes y lideresas que ahora viven en la ciudad de Bogotá.

CARLOS SANTHOS

Cofundador de CARABANTU y del Festival de Cine Afrocolombiano FICCAK. Su cámara es su herramienta para visibilizar y narrar el mundo y su manilla lo presenta como embajador de Chocó.

ELIECER MANUEL ÁRIAS

El Parque Nacional es lugar de encuentro de la comunidad Kankuamo en Bogotá. La mochila atanquera es un emblema ancestral, tejida con simbolismos que contribuyen a la preservación intergeneracional de la cultura.

ABUELA MUIDOKURI

En el interior de la Maloka se encuentra el corazón, el fuego. El fuego es el símbolo de la mujer Uitoto. La caguana, que se extrae de la palma Canangucho, es una bebida
tradicional que representa fuerza y alimento.

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ MURILLO

Lideresa juvenil de la localidad de Usme e integrante de la fundación FUCISPAC.
Solía ir al mirador con una amiga que falleció. El marañón tiene usos medicinales.

ABUELO BUIDAMA

La Maloka es un lugar sagrado en el que la comunidad realiza ceremonias ancestrales. El ambil y mambe son medicinas tradicionales que han acompañado al abuelo en círculos de la palabra sirviendo como puente con sus ancestros.

ANYELA GUANGA

Integrante de ASOETNIC. San Victorino fue su lugar de llegada a Bogotá y donde se empleó en un puesto de venta de galletas tradicionales. El cacao es símbolo de resistencia y pervivencia.

SOPHIA RIVAS

Sabedora de medicina ancestral. En el quilombo realiza sus prácticas y ofrece sus servicios medicinales.

ARALIATU WOULIYU ELIEL CASTILLO

Consejero Nacional de la Juventud Indígena en la ONIC. El Parque Nacional evoca a la Sierra Nevada, sus montañas representan la conexión con el lugar sagrado. Allí se reúnen integrantes de la comunidad Kankuamo para realizar actos ceremoniales.

ELIZABETH ANDRADE

Representante de Afroindígenas mi Colombia. Vive y coordina su fundación desde el sector Los Puentes. El rayo es una herramienta de madera utilizada para lavar ropa en el río.

PAULINA MAJIN

Lideresa Cabildo YANACONA. SUu lugar es la Casa de Pensamiento Indígena. Bastón de mando de la Guardia Indígena.

JUAN DAVID JAMIOY

Juan David trabaja en la Casa de Pensamiento. La casa acoge a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos con el propósito de mantener la cultura ancestral a través del fomento de prácticas pedagógicas.

YOLVANA ROMERO PUSHAINA

En noviembre de 2018 cumplió dos años viviendo en Bogotá y estudiaba enfermería. El woüma (sombrero), es utilizado principalmente por los hombres, y el kötoii (mochila), es donde se plasma el pensamiento, las ideas y el camino a seguir.

MARTHA LUCÍA RENTERÍA BARREIRO

Consejera de planeación local y médica ancestral. En el quilombo ofrece sus servicios y comparte su sabiduría como médica ancestral. El premio es un reconocimiento al fortalecimiento de
la participación e incidencia de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

OLADYS JUDITH ROMO HERNÁNDEZ

Integrante de la organización ACODES. Suba es la localidad donde ha vivido y desarrollado sus acciones comunitarias.

LUZ AIDA ÁNGULO ÁNGULO

Defensora de derechos humanos e integrante de la fundación Black Sombra.

MARÍA CARMENZA USSA TUNUBALA

El parque del barrio Las Villas es el lugar en el que ha vivido desde que llegó a Bogotá. El Tambal Kuary representa el ser Misak, la circularidad en la espiral que simboliza el ciclo de la vida.

septiembre 26, 2020junio 20, 2023

Masacre de Samaniego

El 15 de agosto de 2020, en el municipio de Samaniego, Nariño, fueron masacrados 8 jóvenes:

Laurita Mischell Melo Riascos
Brayan Alexis Cuarán Rosero
Bairon Danilo Patiño Córdoba
Daniel Steven Vargas Jurado Campo
Elián Benavides Eraso
John Sebastián Quintero Cortés
Óscar Andrés Obando Betancourth
Rubén Darío Ibarra Andrade

Las víctimas y la comunidad de Samaniego exigen verdad, justicia y memoria. El CMPR les invita a conocer los testimonios de las familias de los 8 jóvenes asesinados en la masacre de Samaniego.