victimas - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

agosto 12, 2022abril 17, 2023

Diplomado para la apropiación del informe final de la Comisión de la Verdad

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Comunidad de Prácticas Pedagógicas por la Memoria, la Verdad y la Paz, lanzan un nuevo diplomado, para la apropiación del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Este busca propiciar escenarios de encuentro, intercambio y creación pedagógica entre educadores y líderes sociales y comunitarios, para la apropiación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y de contenidos de la plataforma digital.

El diplomado sin costo está abierto para maestros y maestras en ejercicio y en formación, educadores populares y comunitarios, líderes y lideresas juveniles, sociales y comunitarios, que acompañen o lideren procesos de educación, memoria y construcción de paz en Bogotá.

El proceso académico tendrá una duración de tres meses, con una intensidad de 100 horas, bajo una modalidad de formación directa, trabajo autónomo y trabajo colaborativo. Se entregará certificado con una asistencia mínima del 80% avalado por la Maestría en Educación para la Paz de la Universidad Distrital y el Centro de Memoria.

Las sesiones presenciales se realizarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango.

NOTA: Agradecemos a todas las personas que se inscribieron en el diplomado para la apropiación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en contextos educativos y comunitarios. Las inscripciones han sido cerradas porque superamos el límite de cupos. Compartimos información actualizada:

Virtualidad: Las instituciones y organizaciones que conformamos las comunidades de prácticas pedagógicas por la memoria, la verdad y la paz, como respuesta a las solicitudes y alta demanda del diplomado presencial, ofertaremos otro diplomado de naturaleza virtual. Pronto lo comunicaremos por las redes sociales.

Certificación: Como se manifestó en el formulario de inscripción y en el plan de estudios, pronto asignaremos los cupos de las personas que serán aceptadas para cursar el diplomado presencial y se informará vía correo electrónico. Las personas que cursen mínimo el 80% de las sesiones del diplomado, serán certificadas.

Conferencias: Todas las personas inscritas, y quienes no, podrán acceder a las conferencias de cada una de las sesiones que estarán alojadas en las plataformas del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Otras propuestas de formación: En las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y del Colectivo de Formación Para la Paz, estaremos invitando a los diálogos pedagógicos nacionales sobre el legado de la Comisión de la Verdad. Además de conferencias, círculos de estudio del legado y co-creación de piezas comunicativas, se proponen diseños de estrategias didácticas propias a los enfoques territoriales. Inscripciones: colectivoformacionparalapaz@gmail.com

julio 11, 2022abril 14, 2023

Un jardín para cuidar la memoria de Dubán

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

La primera semana de cada mes, un grupo de jóvenes y adultos se reúne en un costado del Portal de las Américas, o Portal de la Resistencia, para sembrar, desyerbar, limpiar. Allí, resguardado del tráfico de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio, se encuentra un jardín de plantas florales, suculentas y árboles pequeños que rodean varias placas de madera con los nombres de Dubán Barros, Jaime Fandiño, Juan David Cuervo, Daniel Zapata, Dylan Barbosa… Todos ellos jóvenes habitantes de Bogotá que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021.

Este “patrimonio cultural de autogestión y resistencia territorial”, como anuncia la placa principal del jardín, es una iniciativa de memoria impulsada por la familia de Dubán Barros, el joven de 17 años desaparecido forzadamente durante el Paro, el 5 de junio de 2021.

Esa tarde, Dubán salió de su casa rumbo al Portal y no se tuvieron noticias suyas hasta 36 días después. Durante ese tiempo, su mamá emprendió una búsqueda angustiosa que la llevó a recorrer las calles de los barrios cercanos y a preguntar por él en estaciones de policía, hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de reclusión de menores de la ciudad y Medicina Legal.

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad. Dolores Cecilia Barros, su mamá, cuenta que él era un apasionado del rap y que, aunque ella se enteró después, Dubán participó activamente del Paro.

Entre abril y junio de 2021, el “Portal de la Resistencia” se convirtió en uno de los escenarios más relevantes de la movilización social en la ciudad. Allí se instaló el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla y se realizaron intervenciones artísticas de manera continua, algunas de las cuales derivaron en la apuesta museográfica que inicialmente se conoció como Museo Humanitario del Portal de la Resistencia. Las confrontaciones que allí se desarrollaron, entre la Policía y algunos de los manifestantes, también lo mantuvieron en el centro del cubrimiento periodístico sobre el desarrollo de las movilizaciones en Bogotá.

Como muchos otros jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa, Dubán participó de las actividades del Paro. Algunas veces lo hizo acompañado de la familia de su tío, Rafael Salazar, también comprometida con las movilizaciones. Así recuerda don Rafael ese periodo: “Nosotros, como miembros de esta comunidad, veníamos a las marchas. Dubán venía con mis hijas, con mi esposa. Aquí llegaba y hacía cola para la olla comunitaria. Aquí escampaba con la Guardia Indígena, con los muchachos. Era un miembro activo de la protesta, como lo fuimos todos. Creo que, quien no estuvo aquí en el Portal de la Resistencia durante las protestas, no pertenece a esta localidad. Porque aquí nos encontramos todos, nos llenamos de humo, salimos llorando con los gases lacrimógenos, corrimos, comimos, también sufrimos. Y nos mantenemos aquí”.

Ese compromiso, explica don Rafael, está estrechamente ligado con su historia familiar. De ascendencia wayuu, la familia de Dubán fue desplazada forzadamente de los departamentos de La Guajira y el Cesar en la primera década del 2000, luego de que uno de sus miembros fuera asesinado por paramilitares. Tras su llegada a Bogotá, la familia se instaló en un barrio de la localidad de Kennedy y tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. La situación, agravada por la pandemia, los motivó a participar de unas protestas que buscaban enfrentar la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID – 19, que empeoraría la calidad de vida de la población.

En palabras de don Rafael: “Nosotros llegamos a Bogotá y nos encontramos con los mismos problemas que tenemos allá en nuestro territorio: falta de empleo, educación, vivienda. Es imposible desligarnos de eso. Si tú te sientes miembro de la comunidad, tienes que tener sentido de pertenencia. Entonces nosotros también tenemos que enfrentar los problemas que hay, decirle al Estado: ‘Mire, está pasando esto’. Y por eso actuamos y nos metimos a la protesta social”.

La imposibilidad de estudiar era uno de esos problemas, tal vez el más urgente para Dubán, que se había visto obligado a dejar sus estudios de bachillerato porque la familia no tenía recursos para contratar un servicio de internet en su casa. En retrospectiva, doña Cecilia piensa que esa fue una de las tantas situaciones que llevó a su hijo a protestar. “Este (el Portal) era un lugar donde Dubán seguramente quería que se sintiera su voz, expresar esas opiniones que él tenía, que digamos que eran sobre la educación, porque cuando no tienes todos los medios… Entonces era lo que él iba a hablar y también iba a escuchar a los otros muchachos”.

El sentido de pertenencia que tenía Dubán con ese espacio es otra de las razones por las que la familia decidió crear allí un lugar de memoria que siguiera funcionando como punto de encuentro, de diálogo. Un espacio en el que doña Cecilia siente la presencia de su hijo y se rodea de los jóvenes que protestaron con él: “Hacer ese jardín es como si él estuviera ahí. Siento que está en todas esas planticas, en esos árboles. Y es como un sitio de reconciliación, en el que se juntan todos esos muchachos para hablar de muchas cosas. Porque los mismos muchachos que estaban en la manifestación van, limpian, podan. Siempre es con la compañía de ellos, con la ayuda de ellos. Entre todos cuidamos ese jardín”.

Que el lugar sea un jardín también implica que es un espacio vivo que necesita cuidados de manera permanente y que, por tanto, contribuye a mantener los vínculos de trabajo colectivo, comunicación y organización entre la familia de Dubán, sus amigos y otros jóvenes que también participaron del Paro. Algunas de las plantas que han ido llegando al lugar también se han trasladado de a poco al cementerio donde reposa el cuerpo de Dubán, que doña Cecilia visita todos los domingos.

Tatiana Fernández, acompañante de la familia, cuenta que “la gente empezó a llevar unas suculentas y luego Ceci se las llevó para el cementerio. Entonces, en la tumba de Dubán, en la parte de arriba, Ceci está haciendo su propio jardín, su jardín más íntimo. Y eso es lindo, porque la apuesta pública, política, de visibilización, que es lo que pasa en el Portal, se conecta con una apuesta íntima de sanación, de curación”.

La intención de que el lugar de memoria esté vivo también está vinculada a la decisión de disputarle a los victimarios su pretensión de acabar con la vida de las víctimas. Don Rafael reflexiona al respecto: “A esos muchachos los sembraron, prácticamente. La muerte de ellos es como si nos hubiera tocado a todos. ¿Por qué el bosque? Porque ellos fueron semilla, germinaron en cada uno de los muchachos que estaban en la protesta social, en cada uno de esos colectivos que defienden los derechos humanos. Fueron parte de la protesta y, así no estén presentes, nosotros hacemos que sigan vivos, por su lucha, por la forma en que murieron”.

Por eso, todos los días 5 o 6 de cada mes, la familia y los amigos de Dubán, junto con los jóvenes organizados en colectivos ambientales, de comunicaciones, defensa de los derechos humanos y Primeras Líneas, se reúnen para conmemorar la vida de Dubán. Alrededor del jardín se han realizado eucaristías, velatones, presentaciones artísticas, jornadas de pintura, galerías de la memoria y conversatorios.

El jardín es también un espacio para exigir justicia y verdad por la muerte de Dubán, por la que la Fiscalía todavía no ha presentado avances significativos en el proceso de investigación. La entidad sostiene la hipótesis de que Dubán se ahogó en el canal de agua donde fue encontrado su cuerpo, canal que estaba ubicado justo al lado del Portal y que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de adecuación del Metro.

Andrea Torres, abogada de la familia e integrante de la Fundación Nidya Erika Bautista, rebate esa posición: “Ninguna información obtenida durante la investigación ha podido desvirtuar ni probar la hipótesis que nosotros mantenemos: que a Dubán lo cogieron protestando y que, por alguna razón, se ahogó en el río, lo cual no podía ocurrir naturalmente porque era un nadador experto. Tampoco puede pasar desapercibida la situación de contexto, es decir, que la desaparición se da en el marco de las protestas y que ese día hubo una situación grave de intervención violenta de la Fuerza Pública”. El 6 de junio de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Dubán, en el Portal se realizó una “Jornada de 24 horas sin Esmad”.

Las denuncias por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos fueron permanentes durante el Paro Nacional. La situación motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo en Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, durante la cual escuchó el testimonio de algunas de las víctimas, entre ellas doña Cecilia Barros. En su informe de observaciones y recomendaciones, la CIDH señaló como una de sus “principales preocupaciones” las denuncias que recibió por casos de desaparición forzada. Recibió con “extrema preocupación” el hecho de que personas reportadas como desaparecidas hubieran sido encontradas sin vida y recomendó crear una “comisión especial” para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Mientras transcurren las investigaciones de la Fiscalía por la desaparición de Dubán, la abogada Torres también le solicitó a la Procuraduría que investigara a los funcionarios de Medicina Legal que trabajaron en la identificación. Desde que fue encontrado, el cuerpo sin vida de Dubán permaneció en custodia de Medicina Legal sin que lo identificara adecuadamente. Más aún, doña Cecilia acudió a las instalaciones de la institución para solicitar que le permitieran identificar un cuerpo que había visto en un video de redes sociales y que intuía pertenecía a su hijo, lo cual le fue negado. Más tarde se comprobó que ese cuerpo era el de Dubán.

Tatiana Fernández, que ha acompañado a doña Cecilia desde el momento en que desapareció su hijo, cuestiona la actuación de las instituciones en este caso. “Pudieron haber ahorrado el dolor de la búsqueda y no lo hicieron. Es una acción con daño. Las instituciones dicen que no se pudo haber evitado la muerte, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber evitado el dolor de la familia y la tuvieron en agonía durante 35 días”. Para Tatiana, la tardía respuesta institucional “es una cosa muy cruel con Ceci, con su dolor, con su búsqueda”.

Este 11 de julio se conmemora un año desde que el cuerpo de Dubán fue identificado. Al tiempo que espera los resultados de las investigaciones, la familia insiste en que seguirá, mes a mes, cuidando el jardín para mantenerlo vivo a él y a otros jóvenes que fueron asesinados durante las jornadas de movilización.

abril 20, 2022julio 26, 2023

Bogotá tiene una nueva exposición sobre la memoria y la resistencia

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – 24 de marzo de 2022

¿Qué hacer para que la memoria, además de vincularnos con el dolor de las personas sobrevivientes, nos permita reconocer las luchas que han librado y las causas que han defendido? ¿De qué manera la memoria nos permite reconocer los proyectos sociales y políticos que han abanderado quienes defienden la paz? ¿Qué dispositivos de memoria nos comprometen con la construcción de otros futuros posibles? ¿Qué es lo memorable?

Estas son algunas de las preguntas que han orientado la curaduría de la nueva exposición central del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) de Bogotá, que abre sus puertas al público este jueves 24 de marzo. Titulada “Resisto, luego existo”, fue producida gracias a los aportes de familiares de víctimas y organizaciones barriales, sindicales, de artistas, víctimas y mujeres.

Como otros procesos pedagógicos y curatoriales realizados por el CMPR, la exposición está basada en la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria, un mapa de la ciudad que reconoce los lugares de ocurrencia de hechos victimizantes, acciones por la memoria y movilizaciones por la paz. “Resisto, luego existo” destaca los dos últimos procesos, con la pretensión de que, además de reconocer las violencias sufridas por distintos sectores sociales, la memoria nos permita reflexionar acerca de ideas y procesos de organización, resistencia y acción colectiva.

Jose Antequera, director del CMPR, explica al respecto: “En el país se ha naturalizado que el hacer memoria significa, sobre todo, rememorar y conmemorar públicamente acontecimientos de grave violación a los derechos humanos, en la medida en que eso se constituye en una base para la transición política de la guerra a la paz. Desde el CMPR, y desde muchos sectores que trabajan el tema, hay un consenso cada vez más claro acerca de que también tiene que hacerse memoria sobre los procesos sociales de organización, de logros democráticos, que son esenciales porque son fundamento del régimen democrático y porque también aluden a la capacidad de resistir”.

Partiendo de archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos y de prensa; objetos; piezas gráficas y dispositivos tecnológicos, la exposición sugiere preguntas acerca de lo que elegimos recordar públicamente y de lo que el pasado tiene para decirnos acerca de problemas contemporáneos. Así, las distintas secciones que la componen recogen elementos de las luchas por la igualdad de género, la libertad de prensa, la reparación de las víctimas, la democratización, la protección del medio ambiente y los derechos de las personas migrantes.

“Resisto, luego existo” también acoge la apuesta de larga data del CMPR por reflexionar acerca de la relación entre memoria y espacio público, resaltando los lugares de memoria que existen en Bogotá como resultado de distintos esfuerzos sociales e institucionales. Allí aparecen representados desde el busto que el Concejo y la Alcaldía de Bogotá emplazaron en el barrio Chicó Alto en memoria de la periodista Diana Turbay, hasta el lugar de memoria del joven

estudiante Dylan Cruz, que ha sido sostenido por artistas y familiares en el centro de la ciudad, donde fue asesinado. Esta sección de la exposición, titulada “Resisto por amor a”, busca destacar la determinación de quienes han insistido en preservar estos espacios.

La exposición, además, reconoce las luchas y los procesos organizativos que existen en los territorios rurales de Bogotá, donde la memoria se articula con la defensa de humedales, cerros, ríos y páramos. Allí están vinculadas reflexiones producidas por líderes y organizaciones sociales de San Cristóbal, Sumapaz, Suba y la cuenca del río Tunjuelo.

Los contenidos, que cambiarán cada cierto tiempo con la aspiración de abarcar todos los casos incorporados en la Cartografía, buscan generar conversaciones frente a los desafíos sociales del presente. En palabras de Antequera: “Los lugares de la exposición están pensados, sobre todo, para dialogar. Este no es ni el cierre de un relato sobre lo que ha pasado en la historia reciente del país, ni tampoco algo que haya que disputar para se hable o no de la memoria en los términos en los que es conveniente para un gobierno. Es para dialogar y construir colectivamente en torno al futuro”.

De hecho, la sección “Causa común” está compuesta por un semicírculo que invita a las personas asistentes a conversar, teniendo como punto de partida procesos de reconciliación y construcción de paz impulsados por actores sociales diversos en torno al deporte, la cultura, la economía solidaria o la educación para la paz, entre otros temas.

Este esfuerzo del CMPR se suma a otros realizados por instituciones, académicos y organizaciones sociales, de víctimas y de defensores de derechos humanos para incorporar a los trabajos de la memoria los procesos de resistencia de personas y sectores victimizados en el marco del conflicto armado y la violencia política. El Centro Nacional de Memoria Histórica, durante la dirección de Gonzalo Sánchez (2012-2018), materializó importantes apuestas en relación con la memoria de las resistencias del campesinado, los pueblos étnicos y las organizaciones de víctimas.

“Resisto, luego existo” está abierto al público de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Está incorporada, además, a la oferta de visitas guiadas del CMPR. Su versión itinerante circulará en distintas localidades de Bogotá.

febrero 9, 2022junio 20, 2023

Agua Corriente: el libro de no ficción escrito por excombatientes

‘Agua Corriente’ plantea la necesidad de hacer una reflexión sobre el agua y la necesidad de su defensa como causa común.

‘Agua Corriente’ es el nuevo libro de no ficción que recopila relatos de excombatientes firmantes de paz en el que narran, a partir de un proceso de formación en escrituras creativas, la relación que sostuvieron con la naturaleza en épocas de conflicto armado en Colombia.

Este segundo volumen del proyecto “relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación”, existe gracias a la alianza entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Instituto Caro y Cuervo, y a la disposición de las organizaciones y firmantes que se han comprometido con la paz y la reconciliación. El proceso surge a partir de un modelo de laboratorios de escritura comunitaria en el que las anécdotas se convierten en relatos para ayudar a generar diálogos improbables en el país, y a fortalecer la idea de reconciliación como convergencia en torno a causas comunes.

‘Agua Corriente’ plantea la necesidad de hacer una reflexión sobre el agua y la necesidad de su defensa como causa común. “A partir de la experiencia de construcción y desarrollo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hemos promovido una noción de reconciliación como convergencia en torno a causas comunes (…) pero si reconciliación es diferente a convivencia es porque implica la aceptación de la vulnerabilidad y la interdependencia que nos constituyen como seres humanos y, sobre todo, la certeza de que hay muchas razones por las que se imponen causas comunes a pesar de las muy hondas distancias vinculadas con eso que llamamos, en Colombia: conflicto político, social y armado.” Afirma Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Los relatos de “Agua Corriente”:

1. Todo es agua, por Manuel Bolivar

2. Agua: cómplice de alegrías, por Sarah Luna Ñustes

3. Agustina, la iguana de la charca, por Martín Cruz

4. El agua por debajo tiene menos fuerza, por Carolina García

5. Río moribundo, por Elkin Carabalí

6. Agua que corre, por Lizeth Rentería

7. Aguas en guerra, aguas en paz, por Gabriel Ángel

8. Ahora que tenemos tiempo, por Carmen Capacho

9. El Tapir: riberas del río Guayabero, por Guillermo Coco

10. Traslados, tempestades: el agua del cielo, por Yesenia Fierro

febrero 6, 2022mayo 9, 2023

“Kimy, el guardián del río”, una historia animada para niñas y niños

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta el corto animado “Kimy, el guardián del río”, una herramienta pedagógica que hace parte de la estrategia “1, 2, 3 por ti” de la sala Camino a Casa, la cual busca generar diálogos con niños y niñas en torno a memorias de causas comunes abanderadas por personas que están representadas en la Cartografía “Bogotá, Ciudad Memoria”.

Kimy Pernía Domicó dedicó su vida a la defensa de los ríos Sinú, Esmeralda, Verde y Cruz Grande, que nacen en el resguardo Embera Katío del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba. Como líder de esa comunidad, que habita el Parque Nacional Natural Paramillo, estaba comprometido con denunciar el riesgo que representaba para el pueblo embera la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Urrá, que se abastece del agua de los ríos que nacen en territorio indígena.

Pernía impulsó importantes acciones de denuncia y movilización para tratar de impedir los impactos del megaproyecto en la calidad de vida de los indígenas. En 1999, en un seminario realizado en la Universidad Nacional de Colombia, declaró: “La construcción de la Represa Urrá desvió el río Sinú. Desde entonces, la situación cambió totalmente. La represa trajo la muerte a nuestra gente: muerte de los pescados; muerte de los miembros de la comunidad que han sentido la pérdida de proteínas, debilitando su salud, y la muerte de nuestros líderes que han protestado y desafiado este megaproyecto”.

Por su trabajo en defensa de los ríos, Pernía fue desaparecido y asesinado por paramilitares en 2001, tal como ha reconocido el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Este 2 de junio se cumplen 21 años del crimen.

El corto animado “Kimy, el guardián del río” busca contribuir a hacer memoria sobre la defensa de los cuerpos de agua que emprendieron Kimy Pernía y los indígenas del Alto Sinú. La producción contó con la participación de la hija de Pernía, Martha Domicó, quien realizó importantes aportes a la construcción del guion y lo subtituló en embera. Igualmente, varias mujeres embera residentes en Bogotá tejieron con chaquiras algunos de los elementos que componen la escenografía. La locución de los parlamentos de Kimy fue realizada por Jondry Rojas, sabedor de ese pueblo indígena.

Las instituciones u organizaciones interesadas en activar este material con niños y niñas pueden escribir al correo electrónico apmora@alcaldiabogota.gov.co

septiembre 9, 2021abril 17, 2023

¿En qué va la lucha por la memoria y la justicia de las víctimas del 9S?

Por María Flórez y Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

No se olvidan los rostros y los nombres de las personas asesinadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y en Soacha, durante las protestas motivadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Las banderas de su memoria están presentes donde quiera que van sus amigos y familiares, que durante el año transcurrido desde entonces se han empeñado en tejer lazos de solidaridad contra el silencio, la impunidad y la estigmatización.

El espacio público urbano ha sido un lugar privilegiado de estas luchas, que se han desarrollado en las localidades donde ocurrieron los asesinatos. Velatones, murales, discursos, siembras, conciertos, conversatorios, jornadas de estampado de camisetas y rutas de la memoria han ocupado estos barrios durante los 9 de cada mes, cuando las familias se reúnen para seguir incorporando los nombres y las historias de las víctimas a la memoria colectiva.

El barrio Verbenal, donde fueron asesinados tres de los jóvenes, se ha convertido en un punto muy importante de la movilización por la memoria, gracias al temprano proceso de articulación que emprendieron las familias y los jóvenes artistas del sector, que hoy integran la Mesa de Diálogo de Verbenal. Buena parte de las acciones se han desarrollado en el parque que está ubicado en diagonal al CAI del barrio, que los vecinos conocen como el Parque de la Policía y que las víctimas han rebautizado como Parque de la Resistencia.

Mayra Páez, esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados en el sector, se ha convertido en un referente de la lucha de las víctimas de estos hechos. Sus palabras resuenan en todos los espacios, a donde lleva en brazos al pequeño hijo de ambos.

Ella explica que “el proceso de apropiación y recuperación del territorio ha sido una pelea muy dura de llevar. Hemos decidido llamar así el parque porque es el lugar en el que mueren nuestros tres chicos y nos dejan más de 15 heridos. Es el lugar donde seguimos alzando la voz”. El 9 de marzo pasado, las familias instalaron allí un pequeño monumento compuesto por tres materas con los rostros de las víctimas, en una jornada en la que se presentaron jóvenes raperos de la localidad y se encendieron velas frente a un mural itinerante que lleva los rostros de Jaider, Cristián Hernández y Andrés Rodríguez.

Inspirados en ese proceso, los amigos de Julián González Fory empezaron a organizarse en la localidad de Kennedy, donde él fue asesinado. En una esquina de alto tránsito del barrio Renania Urapanes pintaron un mural con su rostro acompañado de unas congas, el instrumento que varios de ellos estaban tocando el 9 de septiembre, cuando protestaban por el asesinato de Ordoñez en inmediaciones del CAI de Timiza. El mural se convirtió en el punto de encuentro de cada 9, donde ellos y ellas se reúnen a conversar, escuchar música y recordar a Julián.

Iván Grimaldo, amigo cercano de Julián, reflexiona al respecto: “Hacer memoria de nuestro amigo es poder llevar a cabo muchos proyectos que teníamos con él, que nos marcó mucho. No he escuchado a una persona muy cercana que diga que Julián no fue importante o que nunca recibió un consejo o algo de él. No queremos dejar perder ese bonito legado que él nos dejó: queremos llevarlo a donde vayamos, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en los viajes”.

Los amigos de Julián se apoyan en la gráfica para hacer memoria. Mediante la serigrafía, los telones y los stickers buscan mantener viva su imagen, a partir de la cual generan diálogos con los vecinos de la zona. Entre sus proyectos se encuentra bautizar con el nombre de Julián un parque ubicado cerca del conjunto residencial donde él vivía, con el objetivo de que “se vuelva un punto de encuentro y de transformación”.

En las acciones por la memoria también es común encontrar a doña Nury Rojas, la mamá de Angie Paola Baquero, asesinada en cercanías del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. Doña Nury llega siempre puntual, vestida con una camiseta blanca en la que está estampada una foto de Angie. Ella ha llevado el nombre de su hija a Verbenal, Suba, El Restrepo, la Plaza de Bolívar, el Concejo de Bogotá y, como dice ella, a donde la inviten, aunque la hayan amenazado y atemorizado en su propia casa.

Para doña Nury, la memoria es fundamental: “El acto de memoria que se hace en el recorrido del año de muerta, y que seguiré haciendo como mamá de ella, para mí es un alivio: es un alivio que no la olviden, que no sea una cifra más de tantos muertos y desaparecidos. Yo haré memoria de mi hija y acompañaré a la gente que quiera hacer memoria de ella hasta que Dios me tenga acá y me dé el último aliento de vida”.

En Suba también fueron asesinados Germán Puentes, Julieth Ramírez y Fredy Mahecha, en los CAI de El Rincón, La Gaitana y Aures II. Jóvenes de procesos comunitarios de la localidad que le apuestan a la educación popular, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos han impulsado acciones de memoria, entre las que se encuentran murales, círculos de la palabra, galerías y conciertos. En el pasado Paro Nacional renombraron algunas calles de los barrios de la localidad durante una ruta por la memoria que salió desde el Portal de Suba de Transmilenio y pasó por algunos CAI de la zona.

Andrés Quiroga, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha participado en varias de estas acciones, en las que las exigencias de justicia son permanentes. Desde su perspectiva, es fundamental tener presentes en la memoria a las personas que fueron heridas y torturadas en septiembre del año pasado: “Ellos y ellas también son víctimas: vivieron el miedo, la represión, vivieron violencia. Entender cómo vivimos una violencia colectiva por ser jóvenes nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos acá en Colombia, desde los enfoques políticos que cada uno pueda tener y desde sus estrategias de procesos de resistencia”.

Sobre la memoria de las y los jóvenes asesinados, Mayra reitera: “Queremos que todo el mundo sepa quiénes eran. Hacemos memoria porque es importante que la gente sepa que, a pesar de que no están con vida, dentro de nuestros corazones seguirán viviendo y seguirá creciendo ese amor que sentimos hacia ellos. Jamás van a poder callar nuestra voz, jamás lograrán apagar esa luz que tenían y proyectaban ellos. También queremos que limpien sus nombres. Es una lucha por la digna rabia, por la dignidad”.

La búsqueda de justicia

Las acciones de memoria están acompañadas de una demanda de justicia. En este año el avance judicial de estos casos ha sido mínimo. Alejandra Garzón, abogada de Dh Colombia, quien lleva los casos de 10 personas lesionadas por arma de fuego y tres víctimas mortales, señaló: “El avance en todos estos casos, sobre todo en los de lesionados y de las personas que no les encontraron proyectil es mínimo, en tanto la Fiscalía solamente investigó y llevó audiencia de imputación y acusación a aquellos patrulleros que dispararon y en donde la víctima tuvo el proyectil en su cuerpo”. El estado de los casos está relacionado con el cotejo balístico, una paradoja para la búsqueda de justicia de las familias.

El reconocido defensor de derechos humanos Alirio Uribe, abogado de tres víctimas mortales del 9 de septiembre, afirmó que “los policías ocultan las pruebas, la Fiscalía no avanza suficientemente en las investigaciones, los policías se cubren unos con otros y eso es lo que ayuda a propiciar la impunidad. En el caso del CAI en Ciudad Verde (Soacha) es claro que por la noche limpiaron, lavaron, recogieron todo, para borrar las evidencias de lo que había ocurrido esa noche con los tres muertos”. Uribe destaca que de los tres casos que él acompaña solamente avanzó el de Anthony Estrada, quien recibió “un solo tiro mortal y la bala quedó en el húmero”. En este caso hay un policía en juicio con medida de aseguramiento, en detención domiciliaria.

Una bala directo al corazón fue la que recibió Julieth Ramírez esa trágica noche en el CAI La Gaitana. Un único tiro que le atravesó el corazón y la mató. El abogado Uribe, representante del caso, señaló que “en ese CAI dispararon por lo menos 11 policías, incluso un policía disparó más de 30 tiros. El caso está en indagación preliminar, se han hecho muchas pruebas, se hizo una reconstrucción de escena. Pero no se ha logrado individualizar al responsable, a pesar de que existen videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía, para cruzar todos esos videos y toda la información. Lo concreto es que el caso sigue en la impunidad”.

En el caso de Cristian Hurtado no se tiene la bala, “pero está claro que fue la policía”, explica Uribe, quien también representa este caso. La Fiscalía no ha avanzado en una investigación que permita individualizar al responsable.

Angie Baquero recibió un disparo en cercanías al CAI de Aures. Alejandra Garzón, abogada del caso, señala que “se imputó y se acusó al patrullero Jorge Andrés Laso Valencia por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, él actualmente tiene una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad”.

Jaider Fonseca, joven asesinado frente al CAI de Verbenal, tenía en su cuerpo dos proyectiles aptos para cotejo. “Este cotejo arrojó como resultado que los proyectiles corresponden al arma de dotación oficial del patrullero John Antonio Gutiérrez, que fue imputado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual. Ese homicidio era con dolo, no dolo eventual, porque Jaider recibió cuatro impactos de proyectil”, explica Alejandra Garzón. El 10 de septiembre será la próxima audiencia preparatoria y de solicitud de medida de aseguramiento en este proceso.

Si bien en algunos casos hay pequeños avances, poco se ha adelantado en la búsqueda de máximos responsables. Identificar a quienes dieron las órdenes de disparar sería clave, de acuerdo con las víctimas y las y los abogados. La Fiscalía, hasta ahora, no ha realizado investigación de contexto para determinar la responsabilidad de los altos mandos. La abogada Garzón señala que “tienen la obligación jurídica constitucional de seguir investigando hasta determinar quiénes fueron los que dieron la orden y qué tipo de coparticipación criminal existió”.

A la luz de la legislación internacional, el Estado Colombiano está obligado a investigar graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, “doce meses después, ninguno de los policías a los que hasta ahora está adelantándose audiencia ha sido destituido y, peor aún, no existen investigaciones reales de los altos mandos”, afirmó Garzón.

Además de que se les está negado el derecho a la justicia a los familiares, tampoco existen garantías para la no repetición. Actualmente varias familias han denunciado que han sido amenazadas y hostigadas en repetidas ocasiones y tampoco se han realizado investigaciones sobre estas amenazas. Como narra Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero: “Llevamos un año de lucha, pero al fin y al cabo el autor de la muerte de mi hija sigue trabajando. Mientras a mí, como mamá de ella, me quitaron el derecho al trabajo, porque estoy siendo amenazada por exigir justicia y verdad. Ya me llegaron dos panfletos a la casa amenazándome de muerte, me rompieron los vidrios de la casa. Entonces yo digo que en este país, para uno exigir justicia y verdad por un ser humano, tiene que uno tener plata o ser una persona reconocida, porque uno por ser humilde no merece que su hija tenga la acción de justicia”.

Los hechos de abuso policial sucedidos en septiembre de 2020 muestran las grandes dificultades que existen para un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de abuso y brutalidad policial. También reflejan la pertinencia del debate que han planteado las víctimas frente a una reforma estructural de la Policía. Ante el hecho indubitable de que policías dispararon, las víctimas y sus abogados señalan que existe un “espíritu de cuerpo” que se superpone a las garantías de derechos humanos.

Las familias seguirán conmemorando las vidas de sus hijos e hijas. El 11 y el 12 de septiembre se encontrarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Encuentro de Víctimas contra la Violencia Policial, donde habrá jornada de pintura de retratos, concierto, velatón, una obra de teatro, un taller y un conversatorio. Algunos relatos y reflexiones sobre estos casos se podrán encontrar en la serie documental “No fueron balas perdidas”, que el Centro lanzará este 9 de septiembre. Capítulo a capítulo, la serie narra las historias de las víctimas desde la voz testimonial directa de los familiares. Esta producción podrá ser vista en Youtube.

julio 4, 2021abril 17, 2023

Las cifras del horror: Documentación y sistematización de violaciones a derechos humanos del paro

Fernanda Espinosa Moreno, Equipo CMPR – 4 de Julio de 2021

El actual Paro Nacional, que inició el 28 de abril de 2021, ha implicado una grave crisis de derechos humanos; el país ha tenido niveles altos de violaciones concentradas en relativamente poco tiempo. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 ocurrieron 4.687 hechos de violencia policial, de ellos 44 homicidios. Si bien el movimiento de derechos humanos colombiano se ha caracterizado por una especialización en el registro inmediato de la violencia, el volumen de casos de estos dos meses de paro no tiene precedentes. Esto ha implicado un trabajo extraordinario y constante de las personas defensoras de derechos humanos, que le permite a la sociedad conocer la dimensión y características de la represión.

Sobre la construcción de las cifras de violaciones a derechos humanos del Paro, Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de Indepaz, en una entrevista con Jose Antequera titulada “Por dónde empieza la memoria: el registro inmediato de las violaciones de DDHH”, señaló: “Son como las cifras del horror más o menos, porque nosotros desde hace algún tiempo hemos venido realizando este macabro ejercicio de tener cifras”. Indepaz ha realizado un ejercicio detallado de sistematización de las cifras de masacres, asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz.

Adicionalmente, desde el inicio del Paro detectaron que vendría una fuerte represión que sería necesario documentar con atención: “Con el Paro Nacional, el día 28 asesinaron 4 personas en Cali, dijimos esto es una masacre más, lo metimos como una masacre, pero nos dimos cuenta de que en Bogotá asesinaron a otro el mismo 28 y que en Ibagué asesinaron otro, es decir, fueron cinco personas el mismo día. Entonces aquí va a pasar algo más y esto apenas está empezando y al otro día más y más, y vamos sumando, entonces tuvimos que hacer este nuevo ejercicio de verificar lo que está sucediendo en el medio del Paro y nos asociamos con Temblores, que son una organización interesante que viene haciendo este trabajo también de seguimiento al abuso policial” señaló Leonardo González.

Esta repuesta inmediata, esta “documentación en caliente”, es posible gracias al gran trabajo y voluntad de las personas defensoras y a la experiencia previa. Una tradición y una experticia en documentación que tiene el movimiento de derechos humanos colombiano desde hace más de 40 años.

Una parte fundamental del trabajo lo hacen los y las defensoras de derechos humanos durante las protestas en terreno, quienes se organizan en esquemas o grupos de trabajo que denominan Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil (CVI). Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la Libertad, nos cuenta cómo funcionan estas comisiones: “Están conformadas por tres personas mínimo, en el que se asumen tres roles: uno el de coordinador e interlocutor con las autoridades, otro el de hacer una documentación escrita de toda la información relevante en el acompañamiento que se da en terreno, y finalmente el que hace la documentación audiovisual, lleva los registros fotográficos, de video y de audios”. También las CVI realizan diálogos con altos mandos de la policía y funcionarios del ministerio público. Esta información en terreno de las comisiones permite tener reportes diarios de lo sucedido “en caliente”.

Durante el Paro las jornadas de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en terreno han sido agotadoras, una jornada de acompañamiento “puede ser de ocho u 12 horas, inclusive de 16 horas, que es bastante extenuante. Esto ha dependido de las dinámicas de este Paro. Antes, nosotros hacíamos acompañamiento en la mañana y en la tarde, pero, como ahora la mayoría de las movilizaciones se han convocado para la tarde y noche, nuestros turnos también han cambiado en ese sentido. Hemos acomodado nuestros turnos para hacer acompañamiento desde las 2 o 4 de la tarde para poder estar toda la noche, inclusive en algunos turnos hasta las 2, 3 o 4 de la madrugada. En algunas situaciones que lo han ameritado hasta las 6 de la mañana”, nos cuenta Montenegro.

Desde el momento que son convocadas las movilizaciones, los defensores hacen una valoración de con cuántas personas se deben preparar para salir a acompañar la protesta. En este paro también han tenido que mejorar y redefinir su equipamiento de trabajo, pues además del chaleco que los identifica, también portan cascos y gafas protectoras.

En el caso de la Campaña Defender la Libertad reciben información las 24 horas para alimentar y contrastar las cifras desde la línea de emergencias, formularios en la página web, el correo electrónico y las redes sociales. Además, realizan un barrido de información con algunos medios de comunicación. Esta información sirve para alimentar una matriz prediseñada con unas categorías en las que resaltan distintas agresiones a los manifestantes. Dentro de la Campaña Defender La Libertad, “distintas personas hacemos turnos, distintas horas del día, para incluir esta información. Luego un equipo más pequeño nos encargamos de hacer el barrido, de cotejar, cruzar. Hay equipos de sistematización que hacen estas mismas horas, inclusive más. Sobre todo cuando las jornadas de protesta se extienden hasta altas horas, pues el flujo de información es mayor, entonces lo que hay que procesar también es mayor” comentó Luis Carlos Montenegro.

Dado el gran flujo de información, todo el tiempo se hace un proceso de actualización y contraste de las cifras, se revisan y cotejan. “ Hacemos un cotejo con organizaciones aliadas de gran trayectoria en el mundo de los derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, inclusive con la propia Organización de Naciones Unidas”, señala Montenegro.

La Campaña Defender la Libertad ha consolidado el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), un instrumento de documentación y sistematización de casos de agresiones a la protesta social. La información recolectada por las CVI y de las organizaciones sociales y medios de comunicación, se sistematiza en el SIAP y se realiza un análisis de las principales agresiones que sufren las personas que ejercen el derecho a la protesta social. Además de la sistematización de las agresiones, con los casos que acompañan realizan denuncias a nivel jurídico y también cuentan con rutas de atención psicosocial.

Por su parte, la ONG Temblores ha desarrollado la plataforma GRITA, que busca facilitar la denuncia de violencias policiales. En ella se registra, investiga y triangula la información. En esta plataforma pueden registrar hechos de violencia policial, tanto las víctimas como los testigos. También ofrecen asistencia jurídica a las víctimas.

Personas desaparecidas durante el Paro Nacional

Una de las cifras más complejas de consolidar ha sido la de las personas desaparecidas durante el Paro Nacional. Desde distintas organizaciones e instituciones han realizado listados con nombres de personas desaparecidas. Conocer la dimensión de la desaparición forzada suele ser muy dificil por las mismas caracteristicas de ocultamiento intencional de esta grave violación a derechos humanos, más aun en este contexto de crisis. La desaparición, justamente, busca ocultar absolutamente todo, el cuerpo y las pruebas, por lo que consolidar las cifras y las investigaciones es mucho más difícil.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos crearon una mesa de trabajo que ha identificado al menos 379 desapariciones en el Paro. Por otra parte, la Fiscalía maneja la cifra de 84 “personas no localizadas”. La denuncia de casos de desapariciones forzadas en el marco del Paro son muy graves, recordemos además que la desaparición suele tener otros delitos conexos, como la dentención, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cadáver.

Actualmente, las víctimas que integran las organizaciones históricas de desaparición forzada también apoyan la búsqueda de las personas desaparecidas durante el Paro. Lucía Osorno, víctima de desaparición forzada de su hermano e integrante del MOVICE señaló: “Del 28 de abril al 6 de mayo se configuraron más o menos 379 desapariciones, se empezó a denunciar y es lo que está visibilizado. Siempre decimos que detrás de un desaparecido hay otro que no quiere contar que le da miedo, por que es lo que hemos logrado ver en el marco de esta protesta…Contar los desaparecidos es muy difícil. Nosotros le estamos apostando a ayudar a encontrarlos, pero también le estamos exigiendo al Estado que por favor busque, que no minimice”.

Ellas, quienes mejor conocen la desaparición forzada, porque la han vivido en el pasado, hoy aportan a documentar, sistematizar, denunciar y buscar a los desaparecidos de este paro. “No nos queremos imaginar las noches a ciegas que han vivido estas familias de uno, de dos, de las 300, de las 84, de las cifras que sea, porque decimos que las cifras también generan impunidad, a uno solo el Estado lo tiene que buscar. Evidenciamos que no buscan a las personas de los sectores más vulnerables. Uno solo nos hace falta a todos, y es un deber de la sociedad y de las instituciones buscar un solo desaparecido”.

Las propias víctimas de desaparición, que son también defensoras de derechos humanos, hoy aportan a la documentación y a la denuncia, acompañan a los familiares, llaman a amigos y familiares de quienes aparecen en las listas como desaparecidos, buscan activar los mecanismos institucionales de búsqueda, contrastan información, presionan socialmente, hacen plantones y murales para preguntar: ¿Dónde están todos los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos del Paro?

Las organizaciones de derechos humanos han exigido a las instituciones estatales mayor claridad e investigación sobre estas denuncias de desaparición. “Se le ha presentado un derecho de petición a la Defensoría y a la Fiscalía sobre el tema de la desaparición, para decirles: Miren, este es el listado que tenemos nosotros, al menos para informarnos primero, y segundo, si ustedes ya los tienen, ¿qué han hecho? ¿qué ha pasado? ¿qué acciones se han tomado por parte de la Defensoría? ¿por parte de la Unidad de Búsqueda? ¿por parte de la Fiscalía? ¿qué ha pasado con esto?”, señala Leonardo González, de INDEPAZ.

Violencias basadas en género y violencia sexual

Las defensoras de derechos humanos también han documentado distintas violencias basadas en género (VBG) y violencia sexual en el marco del Paro Nacional. Daniela Buriticá, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, señala: “En el marco de este paro tenemos registro de 59 casos de violencias basadas en género hacia las mujeres, que incluyen: casos de agresiones sexuales, de esos tenemos 17 que están referidos a abusos sexuales, a tocamientos indebidos, a desnudez forzada; 21 casos de violencia física a mujeres en razón de su género; 18 casos de violencia psicológica, que incluyen conductas de acoso sexual, de amenazas de agresión sexual, hostigamientos, y esto también está acompañado por otra clase de violencias, como el robo de los elementos personales o los golpes; y tenemos ocho casos de abuso sexual, ejercidos también en contra de hombres.”. Estas eran las cifras de violencia sexual hasta el 25 de junio de 2021. En los últimos días ha habido nuevas denuncias de agresiones de este tipo.

Los y las defensoras han identificado que un momento de alta vulnerabilidad para las mujeres que participan en las manifestaciones es durante las detenciones arbitrarias con el empleo de figura de “traslado por protección”, al no existir controles o protocolos con trato diferencial y con enfoque de género para prevenir, atender, hacer seguimiento e incluso sancionar las violencias basadas en género durante estas detenciones. Para Buriticá, “el riesgo de las violencias sexuales que enfrentan las mujeres en el marco de estas detenciones específicas se debe tener en cuenta. Nosotras tenemos un registro de agresiones sexuales que han ocurrido en guarniciones militares, en guarniciones de policías, en CAIs y en centros de reclusión. Para nosotras es importante poner el ojo a estas detenciones arbitrarias, a estos traslados por protección porque ocurren en lugares cerrados, lugares donde solo hace presencia la policía, donde ellos tienen el control total, son lugares pequeños, en donde no se puede saber lo que ocurre y no es visto por quienes están afuera, entonces son lugares donde más ocurren violencias sexuales”.

Ella nos cuenta los detalles de dos de estos casos: “El primero de mayo en Bogotá, a un grupo de manifestantes las trasladaron a una estación de policía en el barrio San Benito, en donde ellas reportan haber sufrido agresiones y que un agente de policía las hizo desnudar, e hizo desnudar a una mujer en especial dentro del CAI. Otra situación fue el 29 de abril en Cali, donde una mujer estaba en una URI para ser judicializada supuestamente por obstrucción de la vía pública y en medio de la retención fue sometida a tocamientos indebidos por parte de los agentes de policía. También es de señalar que la mayoría de estas detenciones son realizadas exclusivamente por policías hombres, incluso si hay una mujer presente esto no exime a las mujeres de ser víctimas de esta violencia”.

Daniela Buriticá, joven defensora de derechos humanos, también señala que estas violencias de género están siendo más visibles, las personas están denunciando más con la ayuda de las redes sociales: “La gente en este momento está siendo más consciente de que hay que documentar estas vulneraciones y también le está perdiendo el miedo a denunciar. Sin decir que se ha perdido completamente el miedo, que aún existe”. Sin embargo, aun existe un subregistro muy grande de estos casos.

La Defensoría del Pueblo señaló la cifra de 106 personas que denunciaron ser víctimas de violencias basadas en género, en contra de mujeres y población con orientación sexual diversa, de estas 23 son casos de violencia sexual. Sin embargo, la sociedad no conoce avances en las investigaciones y sanciones de estos casos. En general, ante las VBG se destaca la ausencia de investigación y poca diligencia de las autoridades. “Esto no es nuevo, es un discurso encubridor, que pone como menos importante las violencias sexuales y las VBG. Esto se traslada también a las diferentes vulneraciones de derechos humanos, pero en especial esto es muy preocupante, porque es un velo protector que tiene la Policía Nacional, en donde no hay claridad en las investigaciones o en el desarrollo de las denuncias penales”, señala Daniela.

Lesiones oculares

Los distintos registros destacan el crecimiento de las lesiones oculares durante el actual Paro. Desde el Paro de 2019 se presentaron algunas afectaciones a los ojos. Los y las defensoras destacan que es un fenómeno que se observó también en el estallido social en Chile. Este nivel de impacto a los ojos evidencia una sistematicidad, una aparente “orden no formal” del ESMAD de disparar al rostro. Una herida que afecta a largo plazo la vida de los y las manifestantes, pues implica la pérdida de la visión en muchos casos. También dentro de los heridos se observan varios lesionados en el rostro con tiros directos a la cara. De acuerdo con la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 han ocurrido 82 hechos de lesiones oculares.

Más allá de las cifras y los datos

Este difícil trabajo de registrar las violaciones a derechos humanos tiene el objetivo de que no vuelvan a ocurrir, de prevenir el abuso de autoridad de la Policía. “Esta información es precisamente para que haya una incidencia para un cambio de comportamiento de la Policía, de las Fuerzas Militares y una política distinta”, señala Leonardo González, de INDEPAZ. Los y las defensoras de derechos humanos están aportando al debate sobre una reforma a la Policía. Ellos y ellas, junto con las víctimas directas, conocen de primera mano los excesos de la fuerza pública y pueden aportar propuestas fundamentales en este sentido.

Las organizaciones de derechos humanos destacan la sistematicidad que han tenido estas violaciones a los derechos humanos. Las definiciones de la sistematicidad hablan de la existencia de patrones que han sido repetitivos durante el tiempo, de una misma manera. También, de que “ las víctimas son manifestantes… es en el marco de la manifestación. Algo muy importante para decir si es sistemático, es la participación de agentes estatales, participación de cualquiera por acción, por omisión o por complicidad. Aquí precisamente es muy clara la acción por parte de los entes estatales”, afirma González.

Una historia de la defensa de derechos humanos en Colombia lleva el trágico título de “Contando muertos” (Counting the Dead: The Culture and Politics of. Human Rights Activism in Colombia. University of California Press, 2007). Su autora, Winifred Tate, señala que la historia del movimiento de derechos humanos en Colombia está marcada por la acción de “contar muertos”, de documentar y sistematizar la muerte y las víctimas desde la década de 1980.

Colombia ha experimentado distintas crisis de violaciones de derechos humanos, ha pasado por periodos de fuerte represión donde los defensores de derechos humanos han realizado un trabajo de documentación, sistematización y denuncia constante desde hace varias décadas y en el actual Paro Nacional siguen “contando muertos”. El trabajo de los y las defensoras para que conozcamos la dimensión de la violación a derechos humanos debe ser resaltado, no solo son cifras, son vidas humanas.

junio 12, 2021mayo 14, 2023

Pódcast: Barrios con Memorias

El pódcast Barrios con Memorias es un proceso del Centro de Memoria en diferentes barrios de Bogotá que comenzó con una exploración inicial a través de testimonios vinculados con la violencia, el conflicto, luchas sociales y esfuerzos por la paz

octubre 16, 2020abril 3, 2023

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

septiembre 23, 2020abril 14, 2023

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio “Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez.

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”.

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”.

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019.

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.