Un jardín para cuidar la memoria de Dubán

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad.

La primera semana de cada mes, un grupo de jóvenes y adultos se reúne en un costado del Portal de las Américas, o Portal de la Resistencia, para sembrar, desyerbar, limpiar. Allí, resguardado del tráfico de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio, se encuentra un jardín de plantas florales, suculentas y árboles pequeños que rodean varias placas de madera con los nombres de Dubán Barros, Jaime Fandiño, Juan David Cuervo, Daniel Zapata, Dylan Barbosa… Todos ellos jóvenes habitantes de Bogotá que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021.

Este “patrimonio cultural de autogestión y resistencia territorial”, como anuncia la placa principal del jardín, es una iniciativa de memoria impulsada por la familia de Dubán Barros, el joven de 17 años desaparecido forzadamente durante el Paro, el 5 de junio de 2021.

Esa tarde, Dubán salió de su casa rumbo al Portal y no se tuvieron noticias suyas hasta 36 días después. Durante ese tiempo, su mamá emprendió una búsqueda angustiosa que la llevó a recorrer las calles de los barrios cercanos y a preguntar por él en estaciones de policía, hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de reclusión de menores de la ciudad y Medicina Legal.

Durante el tiempo que duró la desaparición transitoria de Dubán, organizaciones sociales y de víctimas apoyaron las acciones públicas de denuncia y exigencia de búsqueda urgente. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad. Dolores Cecilia Barros, su mamá, cuenta que él era un apasionado del rap y que, aunque ella se enteró después, Dubán participó activamente del Paro. 

Entre abril y junio de 2021, el “Portal de la Resistencia” se convirtió en uno de los escenarios más relevantes de la movilización social en la ciudad. Allí se instaló el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla y se realizaron intervenciones artísticas de manera continua, algunas de las cuales derivaron en la apuesta museográfica que inicialmente se conoció como Museo Humanitario del Portal de la Resistencia. Las confrontaciones que allí se desarrollaron, entre la Policía y algunos de los manifestantes, también lo mantuvieron en el centro del cubrimiento periodístico sobre el desarrollo de las movilizaciones en Bogotá.

Como muchos otros jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa, Dubán participó de las actividades del Paro. Algunas veces lo hizo acompañado de la familia de su tío, Rafael Salazar, también comprometida con las movilizaciones. Así recuerda don Rafael ese periodo: “Nosotros, como miembros de esta comunidad, veníamos a las marchas. Dubán venía con mis hijas, con mi esposa. Aquí llegaba y hacía cola para la olla comunitaria. Aquí escampaba con la Guardia Indígena, con los muchachos. Era un miembro activo de la protesta, como lo fuimos todos. Creo que, quien no estuvo aquí en el Portal de la Resistencia durante las protestas, no pertenece a esta localidad. Porque aquí nos encontramos todos, nos llenamos de humo, salimos llorando con los gases lacrimógenos, corrimos, comimos, también sufrimos. Y nos mantenemos aquí”. 

Rafael Salazar, el tío de Dubán, participa activamente en el cuidado del jardín. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Ese compromiso, explica don Rafael, está estrechamente ligado con su historia familiar. De ascendencia wayuu, la familia de Dubán fue desplazada forzadamente de los departamentos de La Guajira y el Cesar en la primera década del 2000, luego de que uno de sus miembros fuera asesinado por paramilitares. Tras su llegada a Bogotá, la familia se instaló en un barrio de la localidad de Kennedy y tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. La situación, agravada por la pandemia, los motivó a participar de unas protestas que buscaban enfrentar la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID – 19, que empeoraría la calidad de vida de la población. 

En palabras de don Rafael: “Nosotros llegamos a Bogotá y nos encontramos con los mismos problemas que tenemos allá en nuestro territorio: falta de empleo, educación, vivienda. Es imposible desligarnos de eso. Si tú te sientes miembro de la comunidad, tienes que tener sentido de pertenencia. Entonces nosotros también tenemos que enfrentar los problemas que hay, decirle al Estado: ‘Mire, está pasando esto’. Y por eso actuamos y nos metimos a la protesta social”. 

La imposibilidad de estudiar era uno de esos problemas, tal vez el más urgente para Dubán, que se había visto obligado a dejar sus estudios de bachillerato porque la familia no tenía recursos para contratar un servicio de internet en su casa. En retrospectiva, doña Cecilia piensa que esa fue una de las tantas situaciones que llevó a su hijo a protestar. “Este (el Portal) era un lugar donde Dubán seguramente quería que se sintiera su voz, expresar esas opiniones que él tenía, que digamos que eran sobre la educación, porque cuando no tienes todos los medios… Entonces era lo que él iba a hablar y también iba a escuchar a los otros muchachos”. 

Cecilia Barros, la mamá de Dubán, considera que el jardín es un espacio para hacer memoria de todos los jóvenes asesinados o desaparecidos durante el Paro Nacional. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El sentido de pertenencia que tenía Dubán con ese espacio es otra de las razones por las que la familia decidió crear allí un lugar de memoria que siguiera funcionando como punto de encuentro, de diálogo. Un espacio en el que doña Cecilia siente la presencia de su hijo y se rodea de los jóvenes que protestaron con él: “Hacer ese jardín es como si él estuviera ahí. Siento que está en todas esas planticas, en esos árboles. Y es como un sitio de reconciliación, en el que se juntan todos esos muchachos para hablar de muchas cosas. Porque los mismos muchachos que estaban en la manifestación van, limpian, podan. Siempre es con la compañía de ellos, con la ayuda de ellos. Entre todos cuidamos ese jardín”. 

Que el lugar sea un jardín también implica que es un espacio vivo que necesita cuidados de manera permanente y que, por tanto, contribuye a mantener los vínculos de trabajo colectivo, comunicación y organización entre la familia de Dubán, sus amigos y otros jóvenes que también participaron del Paro. Algunas de las plantas que han ido llegando al lugar también se han trasladado de a poco al cementerio donde reposa el cuerpo de Dubán, que doña Cecilia visita todos los domingos. 

Tatiana Fernández, acompañante de la familia, cuenta que “la gente empezó a llevar unas suculentas y luego Ceci se las llevó para el cementerio. Entonces, en la tumba de Dubán, en la parte de arriba, Ceci está haciendo su propio jardín, su jardín más íntimo. Y eso es lindo, porque la apuesta pública, política, de visibilización, que es lo que pasa en el Portal, se conecta con una apuesta íntima de sanación, de curación”. 

Jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa acuden todos los meses al jardín para participar de las acciones conmemorativas. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La intención de que el lugar de memoria esté vivo también está vinculada a la decisión de disputarle a los victimarios su pretensión de acabar con la vida de las víctimas. Don Rafael reflexiona al respecto: “A esos muchachos los sembraron, prácticamente. La muerte de ellos es como si nos hubiera tocado a todos. ¿Por qué el bosque? Porque ellos fueron semilla, germinaron en cada uno de los muchachos que estaban en la protesta social, en cada uno de esos colectivos que defienden los derechos humanos. Fueron parte de la protesta y, así no estén presentes, nosotros hacemos que sigan vivos, por su lucha, por la forma en que murieron”. 

Por eso, todos los días 5 o 6 de cada mes, la familia y los amigos de Dubán, junto con los jóvenes organizados en colectivos ambientales, de comunicaciones, defensa de los derechos humanos y Primeras Líneas, se reúnen para conmemorar la vida de Dubán. Alrededor del jardín se han realizado eucaristías, velatones, presentaciones artísticas, jornadas de pintura, galerías de la memoria y conversatorios. 

El jardín es también un espacio para exigir justicia y verdad por la muerte de Dubán, por la que la Fiscalía todavía no ha presentado avances significativos en el proceso de investigación. La entidad sostiene la hipótesis de que Dubán se ahogó en el canal de agua donde fue encontrado su cuerpo, canal que estaba ubicado justo al lado del Portal y que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de adecuación del Metro. 

En la investigación judicial por el caso de Dubán aún no se han identificado posibles responsables. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Andrea Torres, abogada de la familia e integrante de la Fundación Nidya Erika Bautista, rebate esa posición: “Ninguna información obtenida durante la investigación ha podido desvirtuar ni probar la hipótesis que nosotros mantenemos: que a Dubán lo cogieron protestando y que, por alguna razón, se ahogó en el río, lo cual no podía ocurrir naturalmente porque era un nadador experto. Tampoco puede pasar desapercibida la situación de contexto, es decir, que la desaparición se da en el marco de las protestas y que ese día hubo una situación grave de intervención violenta de la Fuerza Pública”. El 6 de junio de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Dubán, en el Portal se realizó una “Jornada de 24 horas sin Esmad”.

Las denuncias por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos fueron permanentes durante el Paro Nacional. La situación motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo en Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, durante la cual escuchó el testimonio de algunas de las víctimas, entre ellas doña Cecilia Barros. En su informe de observaciones y recomendaciones, la CIDH señaló como una de sus “principales preocupaciones” las denuncias que recibió por casos de desaparición forzada. Recibió con “extrema preocupación” el hecho de que personas reportadas como desaparecidas hubieran sido encontradas sin vida y recomendó crear una “comisión especial” para dar con el paradero de las personas desaparecidas. 

Mientras transcurren las investigaciones de la Fiscalía por la desaparición de Dubán, la abogada Torres también le solicitó a la Procuraduría que investigara a los funcionarios de Medicina Legal que trabajaron en la identificación. Desde que fue encontrado, el cuerpo sin vida de Dubán permaneció en custodia de Medicina Legal sin que lo identificara adecuadamente. Más aún, doña Cecilia acudió a las instalaciones de la institución para solicitar que le permitieran identificar un cuerpo que había visto en un video de redes sociales y que intuía pertenecía a su hijo, lo cual le fue negado. Más tarde se comprobó que ese cuerpo era el de Dubán. 

Junto al jardín, varios jóvenes pintaron un mural en memoria de Dubán. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tatiana Fernández, que ha acompañado a doña Cecilia desde el momento en que desapareció su hijo, cuestiona la actuación de las instituciones en este caso. “Pudieron haber ahorrado el dolor de la búsqueda y no lo hicieron. Es una acción con daño. Las instituciones dicen que no se pudo haber evitado la muerte, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber evitado el dolor de la familia y la tuvieron en agonía durante 35 días”. Para Tatiana, la tardía respuesta institucional “es una cosa muy cruel con Ceci, con su dolor, con su búsqueda”. 

Este 11 de julio se conmemora un año desde que el cuerpo de Dubán fue identificado. Al tiempo que espera los resultados de las investigaciones, la familia insiste en que seguirá, mes a mes, cuidando el jardín para mantenerlo vivo a él y a otros jóvenes que fueron asesinados durante las jornadas de movilización. 

Jorge Enrique Useche: memoria y verdad de la comunidad universitaria

Por Fernanda Espinosa, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Hace 57 años fue asesinado en el centro de Bogotá el joven Jorge Enrique Useche, en el marco de las movilizaciones estudiantiles de mayo de 1965. En primera instancia, la década de 1960 puede verse como una época alejada de nuestro presente. Sin embargo, desde la memoria de lo ocurrido podemos pensar el presente que vivimos y las búsquedas de esclarecimiento y verdad que hoy se adelantan en el país.

Las movilizaciones de 1965

1965 fue un año agitado. Las centrales obreras lanzan una convocatoria a un paro laboral en enero, que hacía eco a la marcha de estudiantes realizada en julio de 1964, en el ambiente había una fuerte agitación estudiantil y demandas del movimiento obrero. Ante el llamado a paro y percibiendo el descontento social, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto 2351 de 1965 que implicó una mejoría en las condiciones laborales, con la prohibición de despidos sin causa justa, así como con la ampliación de la convocatoria de los tribunales de arbitramiento a solicitud de los trabajadores. A pesar de estos decretos, el descontento social continuaba.

Era un año de crisis económica, y el gobierno intentaba negociar un paquete crediticio con la banca multilateral. En tres ocasiones en el mismo año fue remplazado el ministro de

Hacienda, que logró finalmente un acuerdo parcial con el Banco Mundial. Algunos de los titulares de la época eran precisamente sobre el aumento del desempleo en el país. Fue también un año de fuerte represión militar, con la continuidad de la operación contra las autodefensas campesinas en Marquetalia en febrero y la ocupación militar de la región de El Pato en marzo. Parte de los factores que dieron origen a la guerrilla de las FARC un año después.

En el marco de esta agitación social, se veía el preludio de las elecciones presidenciales de 1966. Se auguraba el debilitamiento del Frente Nacional y la posibilidad de crecer de otras fuerzas políticas distintas al bipartidismo. Aunque sí hubo una votación importante por el candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), José Jaramillo Giraldo, que obtuvo el 28% de la votación, fue electo el candidato frentenacionalista Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal.

Como se señala en el libro Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia de Mauricio Archila Neira, “en el segundo semestre (de 1965) hubo de nuevo presencia cívica y laboral. En septiembre y octubre se vivió una oleada de paros nacionales de jueces, maestros, empleados de Telecom, portuarios, Ministerio de Hacienda, Avianca y Croydon. En noviembre se daría la primera huelga en Acerías Paz del Río. A fines de octubre había ocurrido un confuso paro de transportes”.

En este ambiente de inconformidad social, los estudiantes convocan también a jornadas de movilización. La movilización estudiantil venía en ascenso, marcada por la marcha de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) desde Bucaramanga a Bogotá, realizada en julio de 1964. En mayo de 1965 los estudiantes convocan una movilización rechazando la intervención de Estados Unidos en República Dominicana y en pro de la autonomía universitaria. La Federación Universitaria Nacional (FUN) convoca a un paro nacional estudiantil, que tuvo especial repercusión en la Universidad de Antioquia.

En memoria de Jorge Enrique Useche

Jorge Enrique Useche era un joven estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de tan solo 21 años, proveniente de Cúcuta, había llegado a Bogotá a vivir a las residencias universitarias 10 de mayo de la Universidad Nacional. El 20 de mayo una de las marchas estudiantiles se concentró precisamente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la calle 23 con carrera quinta. Los y las jóvenes se dirigieron hacia la carrera séptima. A pocas cuadras, sobre la séptima, inició la confrontación entre estudiantes y policías, varios estudiantes resultaron heridos, algunos de gravedad. Useche fue llevado al hospital San Juan de Dios. En la prensa de la época también aparece la noticia de la hospitalización del estudiante de derecho de la Universidad Libre Mario Flórez Moreno. La noche del 21 de mayo a las 10:40 de la noche en el hospital San Juan de Dios falleció Jorge Useche por la contundencia de los golpes recibidos. La noticia de El Tiempo del 22 de mayo de 1965 señaló: ”Useche estuvo permanentemente atendido por especialistas, que realizaron desesperados esfuerzos para conservarle la vida. El estudiante no presentaba fracturas, y se considera que un fuerte golpe pudo haberle ocasionado un derrame interno que a la postre le causó la muerte”.

La noticia se conoció rápidamente entre los estudiantes  y “como medida de precaución” el gobierno nacional encomendó la vigilancia del hospital a la policía militar. El ministro de educación, Pedro Gómez Valderrama, hizo la siguiente declaración a la prensa después de conocer la noticia de la muerte del estudiante:

“Quiero expresar, en nombre del gobierno nacional, el profundo sentimiento que nos embarga por la muerte del estudiante Jorge Enrique Useche, como resultado de los graves incidentes ocurridos el pasado jueves. El gobierno comparte el dolor que embarga a sus familiares, y a los miembros de la universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Deseo igualmente manifestar que la necesaria investigación ha sido iniciada, y que en ella se agotarán todos los recursos para establecer las sanciones y responsabilidades correspondientes , así como las que se deriven de los hechos ocurridos en los pasados días que tienen considerable gravedad, ya que ellos han resultado heridos y lesionados, estudiantes y miembros de las fuerzas de policía, que actuaban para restablecer el orden.” Sin embargo dicha investigación muy poco avanzó. 

El informe emitido por el director general de la policía, el coronel Bernardo Camacho Leyva, sobre los hechos ocurridos ese 20 de mayo, lamentaba “los excesos” en que pudieron incurrir “algunas” de las unidades bajo su mando, y resaltaba que también fueron heridos agentes de la fuerza pública: “Resultaron con heridas contundentes tres oficiales, tres suboficiales y sesenta y un agentes, de los cuales el agente Nova Jinete Remberto resultó con fractura completa del húmero derecho con cuatro meses de incapacidad y se encuentra hospitalizado en la Clínica de la Policía Nacional”. Además, reportaba tres estudiantes heridos en los hechos. 

El padre del joven Useche pidió al rector de la universidad y al gobierno nacional que el cadáver de su hijo fuera enviado a Cúcuta. Fue trasladado desde Bogotá en las primeras horas de la mañana del 22 de mayo a bordo de un avión militar. En la residencia de sus padres fue velado hasta las 4 de la tarde. El sepelio de Jorge Useche en Cúcuta fue solemne y concurrido. Las honras fúnebres tuvieron lugar en el templo del Perpetuo Socorro y a ellas invitaron el gobernador del departamento, las directivas universitarias, los estudiantes, la Confederación Obrera de Cúcuta y varios familiares y amigos de la familia Useche. Al anochecer Useche recibió sepultura en el cementerio católico de Cúcuta. (El Tiempo, 23 de mayo 1965, p 23)

En Bogotá hubo importantes actos en su memoria ese mismo 22 de mayo de 1965. Una gran peregrinación en silencio encabezada por el rector de la Universidad Nacional, José Félix Patiño y el rector de la Jorge Tadeo Lozano, Fabio Lozano y Lozano. Participaron delegaciones de todas las universidades de la ciudad, de la Asociación Colombiana de Universidades, los rectores, decanos y comisiones especiales de la Nacional, Externado, Libre, Distrital, América, Los Andes y El Rosario. La peregrinación fue hacia el Cementerio Central, donde los estudiantes de la Tadeo levantaron frente a la puerta de la capilla interior un catafalco, con un ataúd de cedro.

Además, ese mismo día hubo un homenaje encabezado por el sacerdote Camilo Torres en la Ciudad Universitaria, que al culminar inició una gran marcha del silencio que cubrió siete cuadras. Esta silenciosa marcha también se dirigió al Cementerio Central donde hizo uso de la palabra en un sentido homenaje Eduardo Umaña Luna, destacado abogado y sociólogo. Posteriormente, los estudiantes se dirigieron al interior del Cementerio, donde depositaron una ofrenda floral y, dirigidos por el sacerdote Camilo Torres, rezaron por el alma del estudiante fallecido.  Por otro lado, un grupo de más de 50 estudiantes marcharon de la Ciudad Universitaria al aeropuerto con el fin de rendirle un homenaje. En estas movilizaciones fueron detenidos varios de ellos .El Consejo Superior Universitario, la Rectoría y el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, que se reunieron extraordinariamente, dejaron “constancia de profundo pesar por el deceso del estudiante. Al registrar la dolorosa noticia, los organismos superiores de la Universidad Nacional han acordado hacer una convocatoria a la conciencia universitaria de Colombia”. También la Universidad Javeriana se pronunció: “como muestra de la solidaridad que debe existir entre las universidades colombianas”, entregó una donación económica a la familia Useche. 

El mismo 21 de mayo de 1965 el gabinete ministerial fue convocado por el Presidente para examinar la situación del país por las huelgas estudiantiles. De esta reunión extraordinaria se emitió la declaratoria de estado de sitio, aduciendo precisamente la agitación estudiantil que se vivía y razones económicas. La medida incluyó el toque de queda en algunas ciudades, el cierre de algunas de las universidades públicas y llevó incluso a consejo verbal de guerra a dirigentes estudiantiles.

Sin embargo, la movilización estudiantil continuó y se unieron nuevas universidades tras la indignación por la muerte de Useche. Las exigencias de la FUN el 24 de mayo de 1965 eran: inmediato retiro del rector de la Universidad de Antioquia, Ignacio Vélez Escobar; castigo a los asesinos de Useche, respeto a la autonomía universitaria, sanción por el allanamiento a la Universidad de Antioquia, aplicación de la tarifa diferencial del transporte para los estudiantes, no envío de tropas militares colombianas a Santo Domingo y lucha contra el estado de sitio. ( Voz Proletaria, 3 de junio de 1965, p 1

Fotografía de Castro Gaitán del archivo del periódico El Tiempo, 23 de mayo de 1965, primera plana.
Fotografía: placa en el hall principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Archivo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

En la actualidad, una placa en el hall principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano marca este lugar de memoria dedicado a Jorge Enrique Useche, en la cual se lee: “Como símbolo doloroso y antema inextinguible contra la violencia desatentada y ciega”. En la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria desarrollada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aparece marcado el lugar de memoria de los hechos ocurridos en pleno centro de la ciudad. Su presencia en la cartografía nos permite hacer la conexión con otros hechos que marcan la memoria de las resistencias y luchas por la memoria del movimiento estudiantil, como la masacre del 8 y 9 de junio de 1954 o los hechos del 16 de mayo de 1984, que también se conmemoran en la Semana de la Memoria Universitaria.

Conflicto en el campus, la búsqueda de verdad

Recientemente, se han producido distintos informes entregados a la Comisión de la Verdad, que han destacado el alto impacto que tuvo el conflicto armado en las universidades del país. El informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”, coordinado por Mauricio Archila, presenta los acontecimientos del asesinato de Jorge Useche como uno de los casos emblemáticos, que fueron seleccionados “con el fin de elaborar patrones de victimización y así tratar de entender las dinámicas y lógicas del conflicto armado en Colombia, especialmente para el mundo universitario.”

Además del informe escrito, la Universidad Nacional ha consolidado y puesto a disposición una línea del tiempo, una cartografía de la memoria del campus y unas bases de datos, consultables acá. Este es un esfuerzo por consolidar un relato histórico sobre cómo el conflicto armado impactó a estudiantes, profesores y administrativos y a toda la vida universitaria entre 1958-2018. Como se puede leer en su portal, “se alimenta de la convicción de que es importante aportar a la reconstrucción conjunta de lo ocurrido a partir de las reflexiones sobre nuestros propios espacios de vida para no repetir en el país episodios como los aquí abordados”.

Sobre las universidades del Caribe se presentó el informe “Conflicto en el campus: una generación que no aprendió a rendirse”, realizado por los comités de investigación de las universidades de Cartagena, Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba, Popular del Cesar y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). En él se destaca el asesinato de 20 estudiantes y trabajadores en la Universidad del Atlántico y el control e impacto paramilitar en la Universidad de Córdoba, dando cuenta de las afectaciones al movimiento estudiantil y al proyecto de vida de los líderes estudiantiles.

Asimismo, la Mesa por la Paz de la Universidad Pontificia Bolivariana presentó el informe “Universidad, verdad y conflicto armado” ante la Comisión de la Verdad, donde se identifican los hechos del conflicto en el departamento de Santander y sus impactos en las universidades de la región.

Sobre la Universidad de Antioquia la Comisión de la Verdad recibió dos informes: “La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de Antioquia 1958-2016: Aportes a la memoria y esclarecimiento de sus impactos y relaciones”, por la Unidad Especial de Paz, y la línea de tiempo “50 años de Violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia” del proyecto Hacemos Memoria, que aportan a la comprensión sobre las dinámicas y afectaciones del conflicto armado colombiano en su interior entre 1958 y 2018.

En los últimos años se produjeron al menos 18 informes entregados por 11 instituciones educativas a la Comisión de la Verdad. Con estos informes se espera el esclarecimiento de los impactos del conflicto sobre las universidades y comunidad universitaria para que no vuelvan a ocurrir. Recordar casi sesenta años después a Jorge Useche nos permite pensar el presente de la movilización por la memoria y la búsqueda de verdad sobre los impactos del conflicto en los proyectos de vida de líderes estudiantiles y en la comunidad universitaria.

Justicia para las víctimas de brutalidad policial

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

“Los procesos penales y disciplinarios no avanzan. Es más fácil que sancionen a un policía porque botó un radio o dañó la moto, que porque golpeó o asesinó a un ciudadano”. Así resumió Gustavo Trejos el sentimiento de impotencia que se manifestó en el conversatorio Las víctimas hablan de reforma a la Policía”, realizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el pasado 16 de septiembre a propósito de los homicidios perpetrados en Bogotá durante las jornadas de protesta desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez. 

La falta de justicia por graves crímenes cometidos por la Policía es el lamentable común denominador en la vida de las tres personas invitadas a esa conversación: Alejandra Medina, la madre del joven estudiante de bachillerato Dilan Cruz, asesinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones de noviembre de 2019; Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado en 2011 por un patrullero de la Policía mientras pintaba un grafiti; Ana Ángel, la mamá de Óscar Salas, el estudiante universitario asesinado en 2006 por un agente del ESMAD cuando iba de camino a encontrarse con su hermano en inmediaciones a una protesta que se realizaba en la Universidad Nacional.  

En ninguno de estos casos hay policías cumpliendo condenas. Tan solo existe una sentencia por el asesinato de Diego Becerra contra el patrullero Wilmer Alarcón, que está libre pese a haber sido condenado a 37 años de prisión.  

Ana Ángel explica que, en el esfuerzo de los responsables por mantener la impunidad, su familia ha sido duramente victimizada: “Hemos perdido la familia, hemos perdido materialmente muchas cosas. Hemos tenido que desplazarnos, hemos sido amenazados, y la Justicia no hace justicia. Nunca hay judicialización, perdón, reparación”. 

Con la intención de negar el derecho a la justicia, los responsables también han estigmatizado a sus propias víctimas, intentando influir en la opinión pública para que los jóvenes asesinados sean considerados como delincuentes y, por esa vía, como personas sin derecho a vivir. Desde el momento mismo del asesinato de Diego Becerra, su familia tuvo que realizar enormes esfuerzos para demostrar el montaje que se había fraguado para hacer pasar a su hijo como un criminal.  

En medio de esas situaciones adversas, las familias continúan presionando para que avancen los procesos penales. Además, han construido propuestas sobre las reformas sociales e institucionales necesarias para conjurar la impunidad y garantizar la no repetición. Alejandra Medina propone el desmonte del ESMAD, la revisión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la suspensión inmediata de los policías investigados por violaciones a los derechos humanos.  

Para Gustavo Trejos es indispensable que la Policía ponga punto final a la lamentable solidaridad de cuerpo que suele manifestarse cuando algún integrante de la institución es acusado de violar la ley: “Los altos mandos, cada vez que un policía comete un delito, un abuso de autoridad, buscan proteger a los policiales, excusarlos y decir que ellos estaban en un acto de servicio o que cometieron los asesinatos en defensa propia. La Policía, y el gobierno en general, piensan que la institucionalidad se logra mintiéndole a la gente, ocultando los asesinatos. Eso no es así: La institucionalidad se logra con la verdad, logrando la confianza de la ciudadanía”. 

Otras propuestas de los familiares de las víctimas para reformar la Policía son el mejoramiento de los procesos de incorporación del personal, la práctica periódica de exámenes psicológicos a los miembros de la institución, el aumento en la intensidad horaria de los cursos de formación en derechos humanos, la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, que los procesos por homicidio no sean conocidos por la justicia penal militar y que la institución sea realmente un cuerpo de naturaleza civil que no dependa del Ministerio de Defensa.  

La brutalidad policial es una constante en Colombia. La historia de estas tres víctimas es similar a la de cientos de familias. Al menos 13 personas fueron asesinadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tal como han registrado organizaciones sociales y medios de comunicación. Según la ONG Temblores, 639 homicidios fueron presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 2017 y 2019. 

Las instituciones tienen una enorme deuda con los familiares de las víctimas de brutalidad policial, que además de perder violentamente a sus seres amados deben lidiar con la impotencia de saber que los responsables de estos crímenes no han sido llevados ante los jueces. Una sociedad que se precia de ser democrática no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes del Estado violen impunemente los derechos humanos. Urgen verdad, justicia y reformas que garanticen la no repetición.