Memorable II: Enfoques novedosos sobre desafíos para la construcción de memoria en Colombia

libro memorable

Por Jose Antequera Guzmán

¿En qué consiste el deber de memoria del Estado?

Para muchos, se trata del mandato para que las instituciones estatales, especialmente los museos y los colegios, acaso las universidades, transmitan relatos intocables y sacralizados sobre la historia reciente centrados en la victimización y el sufrimiento a partir de la guerra; la ficción didactista para que los más jóvenes “tengan memoria” con la que se espera alcanzar la no repetición porque “pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Para otros muchos, el deber de memoria del Estado, siguiendo la Ley de víctimas, consiste en el mandato para que se “propicien garantías” que permitan la realización de ejercicios conmemorativos desde diferentes sectores en torno a sus experiencias de sufrimiento, asumiendo a las instituciones estatales como agentes neutrales. Sin “ideologización”, como reclamaba Darío Acevedo, quien fuera director del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2019 y 2022, el mismo apoyo han de recibir las víctimas de una población que sufrió múltiples masacres para dar a conocer su testimonio, que los promotores
de justificaciones sobre el papel de las instituciones estatales.

El abordaje político de la memoria como asunto público conduce a dos certezas fundamentales. Una, a que hablamos de “disputa por la memoria” porque, además de los esfuerzos Memorable II de justificación intrínsecos a las vulneraciones a los derechos humanos, hay resistencias. La segunda, que el resultado de esa disputa, que implica confrontación sobre el pasado, sus versiones y sus sentidos actuales, es la definición de “los marcos de selección de lo memorable” (Crenzel, 2008).

Así, el deber de memoria del Estado implica acciones que se despliegan en el campo del debate político propio de la democracia que no son de transmisión de relatos cerrados e intrascendentes, y que lejos de ser neutrales tienen que ser de convocatoria permanente en torno a esos marcos de selección, a favor de su ampliación para la disposición de todos los posibles dispositivos narrativos que permiten el ejercicio del derecho a la memoria de la ciudadanía: el derecho vivo al pasado fecundo, utilizable, movilizador (Guixé e Iniesta, 2009).

La promoción de la memoria como deber, valor, consigna y objetivo, vinculada a la construcción de paz y el esfuerzo por el logro de acuerdos recientes, ha implicado, al menos desde el Estado, el planteamiento de hipótesis acerca de la selección mencionada. En Colombia, en las leyes y decretos sobre víctimas previas a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, en las bases de creación y funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, en múltiples informes de la institución memorial nacional fundamental que ha sido el Centro Nacional de Memoria Histórica, y el Informe Final de la Comisión de la Verdad, existe un marco compartido de selección de lo memorable que se puede caracterizar a partir de la llamada “centralidad de las víctimas” que ha sustentado la legitimidad de la solución política y negociada a pesar de una correlación militar que dejó de ser de empate estratégico a partir del Plan Colombia. Así, lo memorable en el país ha sido, sobre todo, la experiencia de las víctimas y de daño a la población colombiana a partir de la guerra como objeto de esclarecimiento, cuya continuidad aparece inaceptable a pesar del prometido “fin del fin” decretado por los generales de la República.

Frente a este marco, que ha sido la ruptura de una tradicional consideración de las víctimas como costo necesario, que ha legitimado la voz de los y las sobrevivientes, que ha posibilitado políticas de reparación y justicia transicional y que ha dado fundamento a la orientación por la paz y contra la guerra, el Estado tiene que propiciar no el negacionismo excusado en la promoción del debate democrático, sino la ampliación en función de la profundización democrática. Es desde allí que tiene que convocarse al diálogo en virtud del deber de memoria, por el derecho a la memoria, más allá de la transmisión del relato inmóvil. Esa ampliación significa la apertura a la reflexión permanente acerca de la experiencia histórica que corresponde al presente.

En este libro se reúnen ponencias en torno a lo memorable, al marco de selección de lo memorable en Colombia, al proceso de posicionamiento de elementos de nuestra experiencia dentro del marco de lo memorable y a propuestas sobre asuntos que deben ser memorables según sus autores, aunque sean poco considerados como tales. Al publicarlas desde la comprensión del deber de memoria del Estado como lo he expuesto, queremos, además del cumplimiento de nuestra misión a cargo de una institución estatal, resaltar la labor intelectual de quienes se ubican en una renovada manera de comprender la memoria con respecto a la violentología o a los lugares comunes en los estudios y políticas en esta materia en el país.

Fernanda Espinosa Moreno explora la relación entre la consolidación del campo de la memoria en Colombia con la resistencia, la acción colectiva y los movimientos sociales en perspectiva histórica.

Liliana Chaparro ha desarrollado su investigación acerca de la emergencia del problema público de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, preguntándose explícitamente por el proceso que conduce a la consideración como memorable socialmente de un asunto que ha afectado particularmente a las mujeres en nuestro país, a partir de lo cual constata y propone implicaciones generales de la misma para la comprensión de la memoria, los estudios y las políticas al respecto.

Laura Paola Ávila Quiroga propone una nueva perspectiva para comprender la experiencia histórica del sufrimiento en el núcleo de la transmisión de la memoria histórica sobre la que se dan tantas cosas por sentadas, todo ello a partir de cómo se configuran las experiencias y las emociones relacionadas con el sufrimiento y de cómo a través de este lente es posible comprender el pasado de una sociedad afectada por el conflicto armado.

Juan Alberto Carabalí Ospina plantea una perspectiva de la memoria desde el pueblo negro frente a la versión instalada de comprensión del asunto. La reivindicación de una memoria larga, de resistencias que conservan la vigencia de lo ancestral, vinculada con la cultura y a la espiritualidad, aparecen en la base de una comprensión de la relación con el pasado y su valor en el presente que significa ampliación frente a la afirmación de las violaciones de derechos según la tipología de los instrumentos internacionales.

Juan Pablo Torres Henao cuestiona el lugar del Partido Comunista Colombiano y de las FARC en el marco de selección de lo memorable; lo compartido y lo disímil de ese lugar, la valoración de las experiencias históricas de sus miembros y, si cabe, su experiencia colectiva, reivindicando la potencia subversiva que significa la reivindicación de su papel en la construcción de la democracia realmente existente en nuestro país.

Marisol Grisales ha instalado su investigación en un territorio convertido en memorable a través de la política oficial “Retornar es vivir”, proponiendo un enfoque de consideración de los procesos sociales de reconstrucción, transformación y conformación de la espacialidad que conduce a comprender los retornos como rehabitación alejada de la ilusión de volver al pasado.

María Angélica Tamayo fija su atención en la conexión transnacional de las luchas por la memoria, lo que ha sido determinante en el recorrido de las organizaciones que luchan por la verdad y la justicia, contra la desaparición forzada y los crímenes de Estado, así como un ámbito memorial latinoamericano. Su investigación conduce a la necesaria apertura de la mirada local que han tenido los estudios de memoria en Colombia en el marco de un “boom” reciente, para la afirmación del papel importantísimo de la solidaridad internacional en su posicionamiento y la identificación de oportunidades de políticas renovadas.


Salomón Manjbub Avendaño se propone mostrar el carácter mentiroso del discurso de la degradación del conflicto colombiano por cuenta de su transformación en mera guerra por el narcotráfico y que se ha ajustado bien como justificación de la “guerra contra las drogas”. Así desentraña las consecuencias sobre la población colombiana que tendrían que abordarse urgentemente: las de la represión, persecución y criminalización que ha significado la victimización de miles de personas a partir del paradigma prohibicionista.


Felipe Caro Romero apela al concepto de “necromancia” para abordar el carácter histórico de la discriminación y de la lucha contra ella en la experiencia del movimiento LGTBIQ+; las disputas por la memoria que son parte de la disputa por los derechos o su negación. Desde allí propone una perspectiva que sería necesaria para la integralidad del esfuerzo frente a un heteronacionalismo que tendría que significar en Colombia la adopción e implementación de una política pública que pasa necesariamente por el cuestionamiento del pasado.


Fernanda Barbosa dos Santos explora la relación entre el periodismo de paz en Colombia y los trabajos por la memoria, específicamente a través de la experiencia del medio digital “Rutas del conflicto”. A partir de la reconstrucción de la trayectoria del medio, resalta un tipo de trabajo memorial que no suele ser considerado explícitamente junto con el trabajo de archivo, performance, representación o museográfico; una comprensión del periodismo de paz como un esfuerzo por la memoria que implica escarbar, moldear, contar, y que ha sido determinante, sin duda, para la ampliación de lo memorable en Colombia.


Sandra Paola Aguilar asume la necesidad de hablar de memoria de las resistencias como apertura de la memoria sobre los hechos de victimización. Las experiencias en torno a la danza son los vehículos de memoria que conducen la búsqueda por el aporte efectivo a la construcción de paz desde el concepto de corporalidad.

Con inmensa gratitud por la generosidad de estas personas intelectuales, presentamos este volumen Memorable con la certeza de que los debates que aquí se abordan y las propuestas que se hacen reflejan que, más allá de un “boom” o estallido de memorias, hay un estallido de pensamiento crítico fundamental para nuestra orientación en el futuro.


Referencias bibliográficas
Crenzel, E. A. (2008). La historia política del Nunca más: La memoria de las desapariciones en la Argentina. Siglo Veintiuno Editores.
Guixé, J. e Iniesta, M. (Eds.). (2009). Políticas públicas de la memoria:
I Coloquio Internacional Memorial Democràtic. Editorial Milenio
Memorial Democràtica.

Un jardín para cuidar la memoria de Dubán

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad.

La primera semana de cada mes, un grupo de jóvenes y adultos se reúne en un costado del Portal de las Américas, o Portal de la Resistencia, para sembrar, desyerbar, limpiar. Allí, resguardado del tráfico de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio, se encuentra un jardín de plantas florales, suculentas y árboles pequeños que rodean varias placas de madera con los nombres de Dubán Barros, Jaime Fandiño, Juan David Cuervo, Daniel Zapata, Dylan Barbosa… Todos ellos jóvenes habitantes de Bogotá que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021.

Este “patrimonio cultural de autogestión y resistencia territorial”, como anuncia la placa principal del jardín, es una iniciativa de memoria impulsada por la familia de Dubán Barros, el joven de 17 años desaparecido forzadamente durante el Paro, el 5 de junio de 2021.

Esa tarde, Dubán salió de su casa rumbo al Portal y no se tuvieron noticias suyas hasta 36 días después. Durante ese tiempo, su mamá emprendió una búsqueda angustiosa que la llevó a recorrer las calles de los barrios cercanos y a preguntar por él en estaciones de policía, hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el centro de reclusión de menores de la ciudad y Medicina Legal.

Durante el tiempo que duró la desaparición transitoria de Dubán, organizaciones sociales y de víctimas apoyaron las acciones públicas de denuncia y exigencia de búsqueda urgente. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El jardín de memoria está ubicado en el costado sur del Portal, el lugar donde empezó la búsqueda de Dubán. Allí está resguardado de las obras de adecuación y construcción del Metro, pero también se integra al espacio donde transcurrieron las movilizaciones y donde Dubán rapeaba con otros jóvenes de la localidad. Dolores Cecilia Barros, su mamá, cuenta que él era un apasionado del rap y que, aunque ella se enteró después, Dubán participó activamente del Paro. 

Entre abril y junio de 2021, el “Portal de la Resistencia” se convirtió en uno de los escenarios más relevantes de la movilización social en la ciudad. Allí se instaló el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla y se realizaron intervenciones artísticas de manera continua, algunas de las cuales derivaron en la apuesta museográfica que inicialmente se conoció como Museo Humanitario del Portal de la Resistencia. Las confrontaciones que allí se desarrollaron, entre la Policía y algunos de los manifestantes, también lo mantuvieron en el centro del cubrimiento periodístico sobre el desarrollo de las movilizaciones en Bogotá.

Como muchos otros jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa, Dubán participó de las actividades del Paro. Algunas veces lo hizo acompañado de la familia de su tío, Rafael Salazar, también comprometida con las movilizaciones. Así recuerda don Rafael ese periodo: “Nosotros, como miembros de esta comunidad, veníamos a las marchas. Dubán venía con mis hijas, con mi esposa. Aquí llegaba y hacía cola para la olla comunitaria. Aquí escampaba con la Guardia Indígena, con los muchachos. Era un miembro activo de la protesta, como lo fuimos todos. Creo que, quien no estuvo aquí en el Portal de la Resistencia durante las protestas, no pertenece a esta localidad. Porque aquí nos encontramos todos, nos llenamos de humo, salimos llorando con los gases lacrimógenos, corrimos, comimos, también sufrimos. Y nos mantenemos aquí”. 

Rafael Salazar, el tío de Dubán, participa activamente en el cuidado del jardín. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Ese compromiso, explica don Rafael, está estrechamente ligado con su historia familiar. De ascendencia wayuu, la familia de Dubán fue desplazada forzadamente de los departamentos de La Guajira y el Cesar en la primera década del 2000, luego de que uno de sus miembros fuera asesinado por paramilitares. Tras su llegada a Bogotá, la familia se instaló en un barrio de la localidad de Kennedy y tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. La situación, agravada por la pandemia, los motivó a participar de unas protestas que buscaban enfrentar la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional en medio de la pandemia del COVID – 19, que empeoraría la calidad de vida de la población. 

En palabras de don Rafael: “Nosotros llegamos a Bogotá y nos encontramos con los mismos problemas que tenemos allá en nuestro territorio: falta de empleo, educación, vivienda. Es imposible desligarnos de eso. Si tú te sientes miembro de la comunidad, tienes que tener sentido de pertenencia. Entonces nosotros también tenemos que enfrentar los problemas que hay, decirle al Estado: ‘Mire, está pasando esto’. Y por eso actuamos y nos metimos a la protesta social”. 

La imposibilidad de estudiar era uno de esos problemas, tal vez el más urgente para Dubán, que se había visto obligado a dejar sus estudios de bachillerato porque la familia no tenía recursos para contratar un servicio de internet en su casa. En retrospectiva, doña Cecilia piensa que esa fue una de las tantas situaciones que llevó a su hijo a protestar. “Este (el Portal) era un lugar donde Dubán seguramente quería que se sintiera su voz, expresar esas opiniones que él tenía, que digamos que eran sobre la educación, porque cuando no tienes todos los medios… Entonces era lo que él iba a hablar y también iba a escuchar a los otros muchachos”. 

Cecilia Barros, la mamá de Dubán, considera que el jardín es un espacio para hacer memoria de todos los jóvenes asesinados o desaparecidos durante el Paro Nacional. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El sentido de pertenencia que tenía Dubán con ese espacio es otra de las razones por las que la familia decidió crear allí un lugar de memoria que siguiera funcionando como punto de encuentro, de diálogo. Un espacio en el que doña Cecilia siente la presencia de su hijo y se rodea de los jóvenes que protestaron con él: “Hacer ese jardín es como si él estuviera ahí. Siento que está en todas esas planticas, en esos árboles. Y es como un sitio de reconciliación, en el que se juntan todos esos muchachos para hablar de muchas cosas. Porque los mismos muchachos que estaban en la manifestación van, limpian, podan. Siempre es con la compañía de ellos, con la ayuda de ellos. Entre todos cuidamos ese jardín”. 

Que el lugar sea un jardín también implica que es un espacio vivo que necesita cuidados de manera permanente y que, por tanto, contribuye a mantener los vínculos de trabajo colectivo, comunicación y organización entre la familia de Dubán, sus amigos y otros jóvenes que también participaron del Paro. Algunas de las plantas que han ido llegando al lugar también se han trasladado de a poco al cementerio donde reposa el cuerpo de Dubán, que doña Cecilia visita todos los domingos. 

Tatiana Fernández, acompañante de la familia, cuenta que “la gente empezó a llevar unas suculentas y luego Ceci se las llevó para el cementerio. Entonces, en la tumba de Dubán, en la parte de arriba, Ceci está haciendo su propio jardín, su jardín más íntimo. Y eso es lindo, porque la apuesta pública, política, de visibilización, que es lo que pasa en el Portal, se conecta con una apuesta íntima de sanación, de curación”. 

Jóvenes de las localidades de Kennedy y Bosa acuden todos los meses al jardín para participar de las acciones conmemorativas. Foto: María Flórez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La intención de que el lugar de memoria esté vivo también está vinculada a la decisión de disputarle a los victimarios su pretensión de acabar con la vida de las víctimas. Don Rafael reflexiona al respecto: “A esos muchachos los sembraron, prácticamente. La muerte de ellos es como si nos hubiera tocado a todos. ¿Por qué el bosque? Porque ellos fueron semilla, germinaron en cada uno de los muchachos que estaban en la protesta social, en cada uno de esos colectivos que defienden los derechos humanos. Fueron parte de la protesta y, así no estén presentes, nosotros hacemos que sigan vivos, por su lucha, por la forma en que murieron”. 

Por eso, todos los días 5 o 6 de cada mes, la familia y los amigos de Dubán, junto con los jóvenes organizados en colectivos ambientales, de comunicaciones, defensa de los derechos humanos y Primeras Líneas, se reúnen para conmemorar la vida de Dubán. Alrededor del jardín se han realizado eucaristías, velatones, presentaciones artísticas, jornadas de pintura, galerías de la memoria y conversatorios. 

El jardín es también un espacio para exigir justicia y verdad por la muerte de Dubán, por la que la Fiscalía todavía no ha presentado avances significativos en el proceso de investigación. La entidad sostiene la hipótesis de que Dubán se ahogó en el canal de agua donde fue encontrado su cuerpo, canal que estaba ubicado justo al lado del Portal y que actualmente está siendo intervenido como parte de las obras de adecuación del Metro. 

En la investigación judicial por el caso de Dubán aún no se han identificado posibles responsables. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Andrea Torres, abogada de la familia e integrante de la Fundación Nidya Erika Bautista, rebate esa posición: “Ninguna información obtenida durante la investigación ha podido desvirtuar ni probar la hipótesis que nosotros mantenemos: que a Dubán lo cogieron protestando y que, por alguna razón, se ahogó en el río, lo cual no podía ocurrir naturalmente porque era un nadador experto. Tampoco puede pasar desapercibida la situación de contexto, es decir, que la desaparición se da en el marco de las protestas y que ese día hubo una situación grave de intervención violenta de la Fuerza Pública”. El 6 de junio de 2021, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Dubán, en el Portal se realizó una “Jornada de 24 horas sin Esmad”.

Las denuncias por la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos fueron permanentes durante el Paro Nacional. La situación motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo en Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, durante la cual escuchó el testimonio de algunas de las víctimas, entre ellas doña Cecilia Barros. En su informe de observaciones y recomendaciones, la CIDH señaló como una de sus “principales preocupaciones” las denuncias que recibió por casos de desaparición forzada. Recibió con “extrema preocupación” el hecho de que personas reportadas como desaparecidas hubieran sido encontradas sin vida y recomendó crear una “comisión especial” para dar con el paradero de las personas desaparecidas. 

Mientras transcurren las investigaciones de la Fiscalía por la desaparición de Dubán, la abogada Torres también le solicitó a la Procuraduría que investigara a los funcionarios de Medicina Legal que trabajaron en la identificación. Desde que fue encontrado, el cuerpo sin vida de Dubán permaneció en custodia de Medicina Legal sin que lo identificara adecuadamente. Más aún, doña Cecilia acudió a las instalaciones de la institución para solicitar que le permitieran identificar un cuerpo que había visto en un video de redes sociales y que intuía pertenecía a su hijo, lo cual le fue negado. Más tarde se comprobó que ese cuerpo era el de Dubán. 

Junto al jardín, varios jóvenes pintaron un mural en memoria de Dubán. Foto: Joao Agamez - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Tatiana Fernández, que ha acompañado a doña Cecilia desde el momento en que desapareció su hijo, cuestiona la actuación de las instituciones en este caso. “Pudieron haber ahorrado el dolor de la búsqueda y no lo hicieron. Es una acción con daño. Las instituciones dicen que no se pudo haber evitado la muerte, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber evitado el dolor de la familia y la tuvieron en agonía durante 35 días”. Para Tatiana, la tardía respuesta institucional “es una cosa muy cruel con Ceci, con su dolor, con su búsqueda”. 

Este 11 de julio se conmemora un año desde que el cuerpo de Dubán fue identificado. Al tiempo que espera los resultados de las investigaciones, la familia insiste en que seguirá, mes a mes, cuidando el jardín para mantenerlo vivo a él y a otros jóvenes que fueron asesinados durante las jornadas de movilización. 

Afectaciones al Poder Judicial: violencias en Bogotá

Por:  Carlos Ojeda S.,  director de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces (Fasol) y Fernanda Espinosa Moreno, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

El 30 de abril es una fecha fatídica para el poder judicial y para el país en su conjunto, representa una jornada de dolor y memoria. En este día ocurrió la pérdida de dos ministros de justicia a manos del narcotráfico.

En la década de 1980, Rodrigo Lara Bonilla, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), se encargó de denunciar públicamente la infiltración del narcotráfico en altos niveles de la política, la economía y hasta el fútbol. Declaraciones impecables, con tono firme y cargadas de argumentos jurídicos probatorios, ponían a temblar al cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria. Desde un rincón de la Hacienda Nápoles, Escobar ordenó su muerte y el 30 de abril de 1984, catorce tiros cegaron su vida en la calle 127, al norte de la ciudad de Bogotá.  

De nuevo un 30 de abril, pero siete años después, la valentía y compromiso contra el narcotráfico se interrumpen nuevamente. Enrique Low Murtra fue asesinado saliendo de la Universidad de la Salle, donde impartía clases de economía. A pesar de haber dejado su cargo como ministro de Justicia en 1988 y ocupar la embajada de Suiza por tres años, el narcotráfico no había olvidado sus investigaciones y denuncias. Su anhelo de regresar a Colombia fue despertado por su profundo amor a la docencia y su compromiso con el país; esos deseos hicieron sus oídos sordos ante las advertencias de amigos y familiares. El gobierno tampoco tuvo la menor intención de protegerlo,  lo que se convertiría en  una crónica de muerte que se llevó a un jurista ejemplar, que se había desempeñado también como  consejero de Estado y juez de instrucción criminal.  

Estos dos casos son referentes de la historia de violencia contra la justicia que ha sido sistemática contra: ministros, magistrados, jueces, fiscales, empleados y funcionarios entregados a la labor de investigar e impartir justicia, en medio de un conflicto que los ha afectado en gran número, dejando cientos de víctimas invisibles para muchos.   

Las dinámicas del conflicto armado colombiano y violencias relacionadas han situado la mayor parte de hechos y víctimas en las distintas regiones del país. Pero no podemos obviar la lógica de conflicto armado urbano que se ha centralizado principalmente en capitales como Cali, Medellín y Bogotá. En el caso particular de la justicia no hay excepción, siendo Bogotá la ciudad con mayor registro de casos de violencia contra el sistema judicial.  

Las violencias contra el poder judicial en Bogotá 

El Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos (Fasol) ha documentado estos casos. Desde 1989 a diciembre de 2020 registra 281 acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá, las amenazas y los homicidios encabezan la lista. El 62% de los homicidios han sido contra personal de la Fiscalía y jueces.   

El Centro de Memoria Paz y Reconciliación en la Cartografía Bogotá Ciudad Memoria, un proyecto que destaca los lugares de memoria de la ciudad de Bogotá, ha registrado los hechos violentos contra los ministros de Justicia Lara Bonilla y Low Murtra, además de hechos representativos en la violencia contra la Justicia, como por ejemplo: la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) y la Masacre de Usme (26 de noviembre de 1991).  

El primero es uno de los hitos más violentos del país ocurrido en pleno centro de la ciudad y en la sede principal del poder judicial.  Las escenas casi cinematográficas mostraban parcialmente como el Ejército repelió una toma de la guerrilla del M-19, quienes exigían la presencia del Ejecutivo en cabeza del presidente Belisario Betancur para negociar. Las voces de súplica de magistrados al interior del Palacio de cese al fuego fueron ignoradas, la tarde empezó a caer y con ella las balas de los tanques, y las ráfagas de ametralladoras fueron la punta de lanza para desplegar una de las acciones militares que más afectó directamente al poder judicial.  

Las llamas envolvieron el edificio del Palacio de Justicia, los muertos caían indiscriminadamente, heridos e ilesos salían en fila custodiados por las Fuerzas Militares, muchos de ellos luego aparecieron muertos dentro del Palacio con tiros de gracia y signos de tortura, y varios otros aún se encuentran desaparecidos después de 35 años. Así lo ha constatado Helena Urán Bidegain investigando el caso de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue ejecutado, torturado y desaparecido transitoriamente,  precisamente por su trabajo como magistrado. Así lo narra en su reciente libro Mi vida y el Palacio, una presentación del libro se puede ver acá.  El saldo de la toma y contratoma del Palacio fue fatídico, fueron asesinadas y desaparecidas al menos 98 personas entre magistrados, jueces, abogados, civiles, servicios generales y visitantes.   

El segundo hecho, otro fatídico noviembre seis años después, fue un atentado contra la comisión judicial del juzgado 75 de instrucción criminal de Bogotá. Siete funcionarios asesinados y una sobreviviente sufrieron el rigor excesivo de un ataque de las FARC en zona rural de lo que era en ese entonces el municipio de Usme. Lo que era una diligencia de levantamiento del cadáver de un líder sindical, se convirtió en una emboscada con una carga explosiva dejada en la carretera y fuego indiscriminado contra los vehículos de la comisión.   

En 1998, el Consejo de Estado condenó a la Nación por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger a la Comisión. Las víctimas mortales fueron: Luz Amanda Gómez, Jaime Antonio Puerto, Héctor Ojeda, Alfonso García Villarraga, Héctor Manuel Romero, Luis Miguel Garavito, Hernando Trujillo y la única sobreviviente, Nohora Navarrete, es testimonio de otro hecho lamentable de la sangre derramada por la justicia en Bogotá y sus alrededores.  

Fasol desde 1989 a la fecha ha registrado las siguientes acciones violentas contra servidores judiciales en Bogotá. En algunos casos, un servidor judicial puede registrar varios hechos victimizantes contra su integridad. Es el caso de los exiliados, quienes vivieron situaciones de amenazas previas que desencadenaron la necesidad de salvaguardar la vida a través de la salida de emergencia del país.  

Violencia e impunidad sistemática en todo el país 

Fasol registra 1512 acciones violentas en todo el territorio nacional desde 1989 al 2021. Como lo muestra la siguiente gráfica, se identifican unos picos de violencia marcada. El primero en la década de 1990 por la arremetida del narcotráfico contra jueces, magistrados y personal de investigación. Del 2000 al 2003 otro incremento importante por cuenta de las incursiones paramilitares y las disputas territoriales con actores armados principalmente las guerrillas, dejando a la justicia desprotegida en los territorios más alejados en medio del conflicto. De allí hasta la fecha, la violencia ha sido constante y proviene de delincuencias mixtas o reductos de algunas existentes, como las llamadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAO) y Bandas Delincuenciales. Pero lo más evidente y relevante que se ilustra es que la violencia contra el sistema judicial no se ha detenido; es constante, sistemática y proviene de todos los actores armados del conflicto.  

Fuente: Base de datos FASOL

Además de ser una violencia sistemática, cuenta con otras características que la agrava en términos de derechos humanos y reclamaciones por vías legales por parte de las víctimas. A nivel general se cuenta con una impunidad del 95% de los casos cometidos contra servidores judiciales y en Bogotá la cifra es alrededor del  92%. Los niveles de impunidad se refieren a la ausencia de fallos judiciales que determinen los hechos, responsables intelectuales y materiales y que tengan un componente de reparación o resarcimiento del daño causado. 

Sin pretensiones de tener una actuación diferente a las demás víctimas, los servidores judiciales, siendo del seno de la justicia, adolecen de garantías procesales y resultados favorables.  Fasol considera que  las instituciones del Estado, los gobiernos de turno y los mismos servidores judiciales desconocen su historia violenta y en algunos casos se encargan de no reconocerla y hasta ocultarla, como parte de la incapacidad y falta de voluntad de proteger el ejercicio judicial y sus servidores.  

Deudas con la verdad    

“Los testimonios que han dado las víctimas directamente (jueces, fiscales, funcionarios (as) y empleados (as) o sus familias ante la Comisión de la Verdad, sin duda nos ayuda como sociedad a encontrar caminos de reconciliación y construcción de paz entre todos (as). Pero sobre todo nos ayuda a construir una nueva Colombia, no sobre los muertos sino sobre la memoria viva y el ejemplo de los inocentes” John Montoya- presidente de Fasol.  

Una de las premisas impulsadas por las víctimas, asumida por Fasol como un trabajo propio, es la participación directa en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. En el marco de la justicia transicional se trazaron unas metas para contribuir al reconocimiento de la justicia como víctima dentro del conflicto armado colombiano, la reparación integral de sus familiares y la reivindicación del ejercicio de la justicia. 

Para esto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y Fasol firmaron una carta de entendimiento el 25 de septiembre de 2019, con el principal objetivo de construir y obtener  conjuntamente información histórica sobre las graves violaciones a los derechos humanos de funcionarios (as) y empleados (as) de la justicia. Y, por consiguiente, demostrar que la justicia ha sido instrumentalizada y afectada en el marco de la violencia sociopolítica del país y como consecuencia ha traído tanto dificultades a funcionarios como afectaciones a sus familias. 

Como ruta metodológica se desarrollaron por parte de la Comisión la toma de más de 60 testimonios a nivel nacional y de un número considerable de personas en el exilio. Conjuntamente, se desarrollaron talleres denominados “Intercambios de la Justicia” en diferentes zonas del país y grupos focales de análisis de servidores judiciales y víctimas.   

El análisis de los datos estadísticos y demás elementos de memoria compartidos con la Comisión complementan un relato amplio de la violencia contra la justicia. Este relato protagonizado por las víctimas (familiares de los servidores judiciales) y funcionarios (as) y empleados (as) judiciales es sin duda el camino más claro para el reconocimiento de la justicia víctima dentro del conflicto armado y un elemento reparador y sanador para las víctimas, quienes encontraron un espacio de reconocimiento y escucha. La construcción de la paz parte de estos ejercicios que pretenden convertir las historias de dolor y afectaciones en recomendaciones que brinden garantías de independencia y protección al ejercicio judicial.  

Garantías para el poder judicial  

Detrás de estas realidades existen cientos de familiares de víctimas del poder judicial que han vivido el rigor de la violencia y que, sumado a las condiciones difíciles de ser víctima en Colombia, sufren de poco reconocimiento y estigmatizaciones, que en muchas ocasiones son acciones revictimizantes. 

La independencia judicial es un valor constitucional para todas las personas, y unas de las condiciones primarias para que se cumpla es contar con garantías de ejercicio libre y seguro. Si continuamos con jueces, fiscales y funcionarios amedrentados y presionados, no podemos pensar en una justicia digna ni en un país que dé pasos hacia la construcción de paz.   

El ejercicio judicial sufre condiciones de graves dificultades como  sobrecarga procesal,  falta de capacidad institucional, provisionalidad laboral, destinaciones de presupuesto insuficientes y ausencia de protección a la vida, como se ha evidenciado en las violencias reseñadas.  A estas condiciones históricas se le suman problemas de coyuntura por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y los evidentes ataques y campañas de desprestigio recientes. Allí es donde reconocemos ampliamente el valor de los ejercicios de memoria. Son acciones públicas fundamentales para visibilizar y entender la gravedad de los hechos que afectan la justicia y su papel fundamental en el sostenimiento de un Estado democrático que debe tener tres pilares independientes. 

Un aspecto fundamental para la consolidación de la paz es la justicia, que implica necesariamente que quienes la  imparten tengan garantías para su vida y para ejercer su trabajo sin coacciones.  En la medida que se silencia al poder judicial, se silencia la búsqueda de la verdad. Un sistema judicial fortalecido es requisito necesario para la consolidación de la paz en el país. 

Fotos: El Tiempo

Conoce Bogota 75%: conflicto y ruralidad en la capital.

La exposición Bogotá 75%, conflicto y ruralidad en la capital, se inaugura el jueves 17 de octubre, a las 5:30 pm, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Cra 19b #24-82). Este espacio fue diseñado para que los visitantes puedan viajar a través de la memoria del territorio y de quienes lo habitan, conociendo sus apuestas y acciones en clave de construcción de paz.

El 75% de la extensión de Bogotá es rural y gran parte de este porcentaje lo conforman dos localidades ubicadas en el extremo sur, Usme y Sumapaz. Territorios que han vivido fuertes afectaciones por causa del conflicto armado.

Usme cuenta con componente urbano alternado con una barrera verde con parcelas destinadas al cultivo y la ganadería que demarcan una transición hacia Sumapaz, en cuyo perímetro delimita una parte del ecosistema de paramo más grande del mundo. Aquí sus habitantes han gestado grandes luchas sociales, pero también han sufrido confrontaciones armadas directas entre actores diversos, resultando sus pobladores duramente afectados y estigmatizados por cuenta de unos y de otros.

Les esperamos en la inauguración de esta exposición que será un punto de partida para saber más sobre la ruralidad que habita en Bogotá.

En el evento obsequiaremos el libro Arando el pasado, para sembrar la paz.

Para ver fotos de la inauguración, dar click al siguiente link:

https://bit.ly/31tIjfQ

Caminos hacia la memoria. Herramientas metodológicas para el trabajo con niños, niñas y adolescentes.

Las metodologías y herramientas que ofrece esta publicación son el resultado del trabajo del equipo de pedagogía que busca contribuir a la formación territorial con actores educativos y gestores culturales en distintas comunidades interesadas en la exploración del pasado reciente, a través de ejercicios de memoria que contribuyan a la construcción de paz y a la reconciliación, en el marco del post-acuerdo.
El presente material está dirigido a facilitadores y facilitadoras que deseen promover iniciativas de memoria con niños, niñas y adolescentes para su formación integral dentro de ámbitos formales y no formales de educación.

Paisajes Inadvertidos: Miradas de la Guerra en Bogotá

¿Alguna vez has reflexionado sobre las transformaciones que ha vivido Bogotá a causa de la guerra? ¿Qué hechos recuerdas cuando piensas en la confrontación armada en la capital?

‘Paisajes inadvertidos: miradas de la guerra en Bogotá’ es la publicación más reciente del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá y que podrás adquirir allí de manera gratuita.

En el imaginario colectivo, aún se considera la idea de que la guerra en Bogotá no existió y por esta razón se exponen una serie de relatos alusivos al tema en esta publicación.

El texto es una invitación a voltear la mirada y observar cómo la guerra marcó la vida de miles de personas en Bogotá y a su vez, cómo esas dinámicas violentas transformaron el paisaje urbano, la forma en que se relacionaban las personas y las maneras de habitar el espacio público.

Leer las historias de este libro es, como se describe en su prólogo: “comprender las dinámicas del conflicto armado en Bogotá, más allá de los hechos emblemáticos del Palacio de Justicia, el atentado al Club El Nogal o los asesinatos de dirigentes políticos”.

Los otros paisajes del conflicto no solo son lugares específicos que pueden ser retratados o intervenidos estéticamente, sino que también son testigos de conflictos sociales o políticos que se dan en la ciudad como por ejemplo el barrio Corinto, en la localidad de San Cristóbal o la región de Sumapaz.

Un recorrido por la memoria en III partes

El libro se divide en tres partes en las que se narran cuatro historias que dan cuenta del conflicto en Bogotá. La primera parte se titula ‘Recorridos de la memoria’ en la que se relata el tema de desaparición forzada y se hace un recorrido de memoria por el barrio Corinto de la localidad de San Cristóbal.

La segunda parte narra historias del territorio de Sumapaz, sobre las transformaciones del paisaje, paisaje humano, relatos desde la universidad pública, de miedo y de resistencia.

La tercera parte se resume en cuatro relatos titulados: ‘En Sumapaz: después de la guerra; ‘En las plazas: un vestido de tres entierros’; ‘Sobre la quinta: vendrá la utopía’; ‘Entre la ciudad y la montaña: contaminante’.

Todas las historias del libro se mezclan con recorridos por diferentes lugares de Bogotá, habitados por el dolor y la memoria. Las fotografías también relatan la manera en que el paisaje se transformó a medida que el conflicto armado se instalaba en las calles y edificios.

 

Los pueblos del nueve de abril.

“Desde los hechos del Nueve de abril, estas notas proponen una reflexión sobre el pueblo como sujeto en la historia política de nuestro país. Esta historia está tejida por dos corrientes que en dramáticas oposiciones, entre encuentros y desencuentros, a tumbos y tropezones, han forjado el carácter y el destino de la sociedad colombiana.

Una de ellas ha querido erigir una democracia sin pueblo o quisiera contar con otro pueblo distinto al realmente existente o pretende destituirlo de su condición de soberano. Y la otra corriente es la que ha pretendido romper el cerco de la exclusión y ha introducido en el escenario de lo público a la masa ingente de los humillados y ofendidos, a las mayorías condenadas a la marginación por quienes las consideran pueblo enfermo, ignorante e inepto vulgo, entre otros halagos con lo que a sólido mimarlo.

Esta pugna se vivió en los hechos nueve abrileños, duelo que se ha trasladado a la disputa de interpretaciones.”