Por Christina Nicholls, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Uno de los pilares de la política de la Paz Total del gobierno es la búsqueda de acercamientos con grupos al margen de la ley que no ostentan carácter político, en tanto sus actividades no se enmarcan en el reclamo de modificaciones al sistema político/institucional o la ocupación del mismo. En este entendido, la llamada ley de la Paz Total, aprobada recientemente en el Congreso de la República, contempla facultades para que personas autorizadas por el Estado puedan ir a establecer conversaciones con grupos armados criminales de alto impacto que participen en una o más economías ilícitas.
Frente a los grupos armados organizados o estructuras armadas de crimen de alto impacto, el gobierno de Gustavo Petro plantea acercamientos que buscan el sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales. El objetivo es el desmantelamiento de estas estructuras que vienen ocupando amplios territorios del país y fortaleciendo su influencia en la cotidianidad de las comunidades. Mencionar una cifra exacta sobre la composición de estos grupos es una tarea titánica puesto que estas estructuras armadas operan bajo dinámicas de “nóminas” que a su vez tienen “subcontrataciones”, es decir, existen personas integradas por completo a las estructuras criminales y colaboradores que realizan trabajos para ellas a la vez que se ocupan otras actividades.
Según la UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime) las actividades de estas organizaciones se sitúan predominantemente en los departamentos de Putumayo, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Cauca, así mismo, la UNDOC señala que cerca del 62% de la producción de cocaína del país se ubica en estos lugares produciendo disputas territoriales que colocan a estos departamentos en la cima de los territorios en donde más se perpetran crímenes como el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas, extorsiones y homicidios. Así mismo, la biodiversidad del país se ve amenazada por estas actuaciones, en tanto el 50% de los cultivos de uso ilícito se encuentran ubicados en zonas de especial protección. De igual manera, el Estado ha tenido dificultades en ocupar los territorios dejados por las antiguas FARC, de forma tal que estas organizaciones han hecho lo propio expandiendo su presencia y dominio territorial.
El panorama plantea entonces el reto de abordar el fenómeno de estas organizaciones criminales para continuar construyendo un país en paz. Finalmente, es necesario remarcar que en la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) no contempla negociaciones para lograr Acuerdos de Paz con estos grupos, sino acercamientos para el sometimiento a la justicia y su posterior desmantelamiento, es decir, no se harán concesiones de tipo político o institucional a estructuras de este tipo. Adicionalmente, en el proyecto de acogimiento judicial presentado por el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, se reafirma en este objetivo y faculta la creación de una instancia de alto nivel que caracterizará y calificará las estructuras armadas de alto impacto.