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Claves de la Participación de la Sociedad Civil en la Mesa con el ELN
Infografía: Paz Total
Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación creamos esta herramienta para comprender la Paz total e incentivar la deliberación en torno a ella.
Les compartimos esta infografía sobre la ley de Paz Total, let 2272 del 2022.
LÍNEA DE TIEMPO MESA DE DIÁLOGOS GOBIERNO – ELN
MESA DE DIÁLOGOS GOBIERNO - ELN
Se desarrolla el primer ciclo 12 de noviembre - 12 de diciembre de 2022
El 21 de noviembre de 2022, el gobierno y el ELN iniciaron el primer ciclo de los diálogos de paz en Caracas, Venezuela, país que acogió la mesa gracias al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El acto público contó con el acompañamiento de representantes de los países garantes: Noruega, Venezuela y Cuba; el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz de la Fuerzas Militares de Colombia e invitados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica.
Durante este primer ciclo, las partes llegaron a tres acuerdos sobre el funcionamiento de la mesa.
En relación con el equipo de garantes y acompañantes, acordaron invitar a Brasil, México, Chile, Alemania, Suecia, Suiza, España y Estados Unidos a participar en los diálogos bajo distintas figuras. Además, otorgaron el estatus de acompañantes permanentes al Secretario General de Naciones Unidas, a través de su Representante Especial en Colombia, y a la Conferencia Episcopal de Colombia. En el transcurso del ciclo, Chile y México se sumaron en calidad de garantes.
En el anuncio de la reanudación de las relaciones con la comunidad internacional para el desarrollo de los diálogos, la mesa reiteró “el compromiso de respetar el papel de los países garantes”. Ello, teniendo en cuenta que, posterior a la suspensión unilateral de la mesa por parte del gobierno, el entonces presidente Iván Duque ignoró el Protocolo de Ruptura de los diálogos y le solicitó a Cuba la extradición de la Delegación de Paz del ELN.
La insistencia del gobierno cubano de respetar el protocolo previamente pactado incrementó la presión política sobre la isla, al punto de que en enero de 2021 Estados Unidos anunció la designación de Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”, argumentando, entre otros temas, que Cuba se negaba a extraditar a los negociadores del ELN. La designación tuvo como consecuencia el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, debido a que como consecuencia de ella el gobierno de Estados Unidos penaliza “a las personas y países que entablen cierto tipo de trato comercial con Cuba, limita la asistencia exterior de EE.UU., prohíbe exportaciones y ventas en el área de defensa y establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso”.
El anuncio de la mesa de conversaciones busca reiterar el compromiso del gobierno de “respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado gobierno, cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba”.
El segundo acuerdo tiene que ver con la definición de principios, procedimientos y protocolos que orientan y reglamentan el funcionamiento de la mesa de diálogos. Como parte de ello se conformó un equipo de comunicaciones para dar a conocer el desarrollo del proceso y se avanzó en el diseño de una estrategia de comunicaciones y pedagogía, cuyo objetivo es “fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso”.
El tercer acuerdo consistió en avanzar en el subpunto de Dinámicas y Acciones Humanitarias del punto sobre el Fin del Conflicto de la agenda pactada con el gobierno del presidente Santos, en particular en “procesos de alivios humanitarios” en las subregiones del Bajo Calima (Valle del Cauca) y Medio San Juan (Chocó), así como en beneficio de los prisioneros políticos del ELN. Las partes, además, realizaron las primeras propuestas de modificaciones a la agenda, que las delegaciones acordaron consultar al Comando Central del ELN y al Presidente de la República.
El ELN anuncia paro armado
13 de diciembre de 2022
El Frente de Guerra Occidental del ELN decretó un paro armado a partir del 15 de diciembre a las 6 de la tarde en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, zonas donde la mesa de diálogos había anunciado el inicio de alivios humanitarios para la población. Esa estructura guerrillera informó que el paro buscaba llamar la atención sobre la situación humanitaria de la región, derivada de una alegada connivencia del Ejército con “paramilitares”, producto de la cual había sido recientemente asesinado un joven y otro había desaparecido forzadamente.
En su anuncio, el Frente de Guerra Occidental lanzó varias preguntas al gobierno nacional: “¿De esta manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalar el conflicto? ¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de poblaciones desplazadas de sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”.
Varios días antes, el mismo frente del ELN había emitido un comunicado denunciando una alianza entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en varios municipios del Chocó y en el municipio de Ituango (Antioquia). En dicho documento, esa estructura también interpeló al gobierno: “(…) con los gobiernos anteriores no era raro dicha convivencia, igual los paramilitares han sido una fuerza funcional al Estado, pero del gobierno actual sí se espera el deslinde del paramilitarismo, de lo contrario, de no verse hechos reales, ¿de qué paz total nos habla? ¿O solo buscan el desarme del ELN para que después nos acribillen, como viene sucediendo con los excombatientes de la exfarc?”.
El ELN levantó el paro armado el 20 de diciembre, hecho que el ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció como un gesto de paz.
Las partes discuten por el cese al fuego
31 de diciembre de 2022 - 21 de enero de 2023
El 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un cese al fuego bilateral temporal con cinco organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN. El mismo día, el Ministerio de Defensa decretó el cese, que estaría vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 y sería reglamentado por protocolos que acordaran las partes. La decisión implicaba la suspensión de operaciones militares y operativos policiales contra el ELN y la creación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese, compuesto por el Gobierno, el ELN, la Iglesia católica y organizaciones sociales de carácter territorial que deberían acreditarse ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Un día después, el Comando Central del ELN informó que no estaba comprometido con el cese bilateral temporal, debido a que se trataba de un anuncio unilateral, no acordado en la mesa de conversaciones. El 4 de enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció la suspensión del decreto e instó al ELN a “declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”.
El ELN declaró que, “como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa”, era necesario tomar “correctivos” que garantizaran la no repetición de acciones similares.
La mesa se reúne de manera extraordinaria
17 al 21 de enero 2023
Con el objetivo de resolver el incidente suscitado por la declaratoria unilateral de cese al fuego, las partes se reunieron en Caracas (Venezuela). Allí acordaron mantener abiertos los canales de comunicación en los periodos entre ciclos y reafirmaron públicamente los principios de “bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe” que rigen la mesa. Tras la finalización de la reunión extraordinaria, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, declaró que el incidente estaba relacionado con la propuesta de paz total del Gobierno, que incluía un cese multilateral no pactado con esa guerrilla.
Se realiza caravana humanitaria en Bajo Calima y Medio San Juan
17 al 21 de enero de 2023
En cumplimiento del acuerdo sobre alivios humanitarios alcanzados durante el primer ciclo de diálogos, cuatro miembros de la delegación de paz del Gobierno y dos gestores de paz del ELN encabezaron una caravana humanitaria a las subregiones del Bajo Calima y Medio San Juan, en los municipios de Buenaventura, Dagua (Valle del Cauca), Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan (Chocó). Durante cinco días, los delegados y gestores recopilaron información de los habitantes y comunidades desplazadas con el objetivo de elaborar un diagnóstico que permitiera diseñar e implementar “los alivios humanitarios que necesitan las poblaciones de manera inmediata para garantizar sus derechos fundamentales, especialmente para proteger su vida, integridad y seguridad”. Esos alivios estarían relacionados con la atención a la población desplazada, el ofrecimiento de garantías para el retorno y el fin de los confinamientos.
En su tercer día de recorrido, la caravana informó sobre sus primeros hallazgos: “Varias comunidades indígenas y afro de los municipios de Buenaventura, Litoral del San Juan y Medio San Juan han tenido que huir de su tierra hasta 4 veces, perdiéndolo todo en cada desplazamiento. Otras han pasado meses y hasta años confinados en sus caseríos, sin poder salir al campo a trabajar, o pescar y mover víveres por el río”.
Además de por los delegados y gestores, la caravana estuvo compuesta por autoridades étnicas, organizaciones sociales, instituciones locales, organismos internacionales e iglesias.
El ELN denuncia ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros
13 de febrero de 2023
El Comando Central y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN denunciaron públicamente que siete guerrilleros fueron ejecutados extrajudicialmente el 28 de enero por integrantes del Ejército y de la Armada Nacional, en un caserío ubicado sobre el río Raposo, en Buenaventura (Valle del Cauca). De acuerdo con esa organización, los insurgentes fueron capturados y posteriormente ejecutados.
El Frente de Guerra Suroccidental les solicitó al Presidente y al Ministro de Defensa “que se diferencien de los gobiernos anteriores y esta vez procedan con una investigación imparcial, seria y responsable, ojalá con organismos internacionales, que esclarezcan la masacre ejecutada por la infantería de Marina”.
La Armada informó a medios de comunicación que los guerrilleros murieron en combate y que, como consecuencia del mismo, falleció el infante de marina José Cáceres Quintero.
Se desarrolla el segundo ciclo
13 de febrero al 10 de marzo de 2023
En Ciudad de México (México), el Gobierno y el ELN desarrollaron el segundo ciclo de diálogos, con tres objetivos fundamentales: terminar de acordar la agenda de conversaciones, empezar a diseñar el proceso de participación de la sociedad y avanzar en la elaboración de los protocolos para un futuro cese al fuego bilateral, temporal y nacional. México, Brasil y Chile se sumaron como países garantes, mientras España lo hizo en calidad de observador.
En relación con el proceso de participación, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, esbozó en la apertura del ciclo un proceso no centrado en sectores sociales, sino en territorios y comunidades donde hace presencia el ELN. La participación sectorial, amplia, ha estado en el corazón de la propuesta de diálogo nacional que esa guerrilla ha presentado en todos los anteriores procesos de paz.
Al respecto, señaló Patiño: “Debemos entrelazar dos grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. Ello implica poner en el centro de la mesa (…) a un actor que debe ser el protagonista y el beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado. Poner a las comunidades como el eje principal de la mesa implica que las transformaciones deben darse en territorios concretos donde el ELN no solamente tiene una fuerza militar, sino también un liderazgo capaz de promover el poder de las comunidades, el respeto a la naturaleza y la superación de una cultura de violencia”.
En cuanto a un eventual fin del conflicto entre las partes, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, insistió durante la apertura del ciclo en que la dejación de armas solo será posible cuando se materialicen las transformaciones que se pacten en la mesa, como consecuencia del proceso de participación: “Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio (…). No va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de la rebeldía, por lo que trabaja por fundar un proceso de transformaciones de corto, mediano y largo plazo, que solo es lograble si está soportado en una gran alianza nacional”.
Al término del ciclo, el Gobierno y el ELN anunciaron la una nueva agenda, que mantuvo todos los puntos de la previamente acordada entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque fueron ampliados en contenido y dimensión política.
En el punto uno, “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, se acordó trabajar en el diseño de un proceso participativo con tres objetivos concretos: pactar un gran acuerdo nacional por la paz; identificar “las causas de los problemas fundamentales del país”, con sus consecuentes soluciones; y planear e implementar colectivamente los acuerdos a los que se llegue, en el nivel regional y nacional.
La agenda deja pendiente por definir los actores que serán convocados a participar de dicho proceso, pero señala que se priorizará a “las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas”. A diferencia de la agenda anterior, esta incorpora el interés de larga data del ELN por la realización del diálogo nacional.
En el punto dos, “democracia para la paz”, se acordó materializar el proceso de participación antes enunciado. La nueva agenda especifica que durante el desarrollo del mismo se examinarán “el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”, lo cual da apertura a discusiones sobre cuestiones de Estado que el gobierno del presidente Santos no estuvo dispuesto a abordar, ni con el ELN, ni con las FARC-EP: el modelo económico y las políticas de seguridad nacional.
Este punto de la agenda también contempla la discusión sobre el tratamiento que el Estado le ha dado a la movilización social, en particular a los “conflictos políticos, sociales y ambientales”. Al igual que en el pasado proceso de diálogos con las FARC-EP, este contemplará la discusión sobre la situación de personas sindicadas y condenadas por delitos relacionados con acciones desarrolladas en el marco de movilizaciones sociales.
El punto tres, “transformaciones para la paz”, tiene por objetivo pactar un “plan integral de transformaciones”, que debería articularse con los futuros planes nacionales de desarrollo e incorporar los resultados del proceso de participación. Dicho plan integral estará conformado por cuatro tipos de instrumentos, dos de ellos heredados de la agenda pasada: políticas públicas para la superación de la pobreza, la corrupción, la “exclusión social” y la “degradación ambiental”; planes de desarrollo alternativos para el campo y la ciudad; políticas relacionadas con el ordenamiento territorial y ambiental; y “pactos sociales que consoliden los acuerdos”.
El punto cuatro, “víctimas”, mantuvo la generalidad de la primera agenda, aunque incorporó dos elementos: el reconocimiento de las víctimas a partir de la “memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto”, así como la “asunción del ambiente como víctima”.
El punto cinco, “fin del conflicto armado”, permaneció sin modificaciones sustanciales. En él se abordarán el cese al fuego bilateral, la situación jurídica de las y los integrantes del ELN, las garantías para su seguridad y el ejercicio de la política, el destino de las armas de esa insurgencia y la “erradicación de toda forma de paramilitarismo”.
Finalmente, el punto seis, ahora llamado “Plan General de Ejecución de los acuerdos”, también mantuvo el grueso de lo consignado en la anterior agenda, aunque incorporó una importante modificación. Mientras en 2016, el entonces gobierno y el ELN acordaron que la implementación de todo lo acordado iniciaría una vez se pactara un acuerdo final de paz, esta nueva agenda dispone que habrá acuerdos parciales que deberán implementarse en “el corto, mediano o largo plazo”.
Diálogos entre el gobierno y el ELN
Por María Flores, equipo del centro de memoria, paz y reconciliación.
En noviembre de 2022, el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron un nuevo proceso de diálogos de paz, concebido como una continuidad de los esquemas generales de agenda y acompañamiento internacional pactados entre esa organización insurgente y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El proceso anterior, que inició en octubre de 2016 y fue suspendido unilateralmente por el gobierno en enero de 2018, dejó como resultado modestos avances. La discusión de la agenda de seis puntos logró avanzar parcialmente en el punto 1, de participación de la sociedad, con la realización de audiencias preparatorias para el proceso amplio de participación, que se llevaron a cabo en Bogotá y Tocancipá (Cundinamarca), entre octubre y noviembre de 2017. Instituciones, plataformas, organizaciones y empresas presentaron, en dichas audiencias, propuestas para desarrollar el punto 1, base para el desarrollo de los puntos 2 y 3 de la agenda, de democracia y transformaciones para la paz.
Las partes también consiguieron avanzar parcialmente en el punto 5, de fin del conflicto armado, con el establecimiento de un cese al fuego bilateral, temporal, nacional, sobre el que ambas denunciaron incumplimientos. Las discusiones por el tema humanitario y la bilateralidad de la mesa marcaron el desarrollo de los diálogos.
Aunque la agenda y algunos acuerdos en materia operativa logrados en ese entonces se mantienen, este proceso presenta varios cambios.
En primer lugar, se desarrolla bajo la dirección de un gobierno de izquierda, el primero en la historia del país. Ello ha tenido como consecuencia la puesta en escena de un lenguaje renovado y un reconocimiento mutuo, en el que se intenta mantener la bilateralidad como principio rector de la negociación. Ese reconocimiento se ha expresado en la constitución de la delegación de paz del gobierno, empezando por la designación de Otty Patiño como jefe de la misma. Patiño fue negociador del M-19 en los diálogos de paz que permitieron el tránsito de esa insurgencia a la participación política legal y, durante 15 años, fue vocero nacional para el cumplimiento de lo acordado.
La nueva delegación, además, está compuesta por personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la paz, expertas en temas relevantes para la negociación con el ELN: ordenamiento territorial, conservación, derechos de los pueblos étnicos, mecanismos de participación y cumplimiento de acuerdos de paz. El gobierno, además, ha acogido la lección dejada por la mesa de conversaciones de La Habana sobre la necesidad de vincular a sectores usualmente críticos de la negociación política.
El señalado reconocimiento también ha implicado el acogimiento de la propuesta de vieja data del ELN de que la negociación y su implementación se proyecten sobre un gran diálogo nacional, en el que se definan aquello que debe ser transformado en función de paz y sus mecanismos de implementación. Al respecto, Patiño ha señalado: “Creemos que para hacer un cambio real en este país solamente es posible con ese tema de la participación. De tal manera que hay una simpatía política indudable entre la delegación del ELN y el actual gobierno, una simpatía que parece obvia, pero que uno la constata en el encuentro mismo”.
En segundo lugar, ocurre en el marco de una nueva política de paz, establecida por ley como Política de Estado, con la cual se pretende llevar a cabo negociaciones con grupos armados de carácter político y conversaciones con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, con el objetivo de conseguir su desmantelamiento y sometimiento a la Justicia. Dicha política busca poner fin al uso sistemático de la violencia de actores con distintas características, modus operandi, formas de financiación y presencias regionales diferenciadas. La realización de acuerdos de paz o sometimiento a la justicia de carácter parcial, esto es, sin la vinculación de todos los actores armados presentes en una coyuntura concreta, ha sido una constante de los anteriores gobiernos.
En tercer lugar, este proceso contempla implementaciones paulatinas, no condicionadas a la terminación del conflicto armado. Mientras en el proceso adelantado por el gobierno del presidente Santos se acordó que lo negociado solo sería implementado una vez se firmara un acuerdo de paz definitivo, que asegurara la dejación de armas del ELN, el gobierno del presidente Petro aceptó implementar acuerdos parciales, en el corto y mediano plazo. En ese sentido, Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, declaró: “Lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado, lo vamos cumpliendo”.
Bajo estas características generales, la mesa de diálogos tiene el desafío de avanzar de manera concreta en la agenda y atender las demandas de comunidades y organizaciones de desescalar la confrontación militar.
¿Cómo entran a la Paz Total las organizaciones criminales sin carácter político?
Por Christina Nicholls, equipo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Uno de los pilares de la política de la Paz Total del gobierno es la búsqueda de acercamientos con grupos al margen de la ley que no ostentan carácter político, en tanto sus actividades no se enmarcan en el reclamo de modificaciones al sistema político/institucional o la ocupación del mismo. En este entendido, la llamada ley de la Paz Total, aprobada recientemente en el Congreso de la República, contempla facultades para que personas autorizadas por el Estado puedan ir a establecer conversaciones con grupos armados criminales de alto impacto que participen en una o más economías ilícitas.
Frente a los grupos armados organizados o estructuras armadas de crimen de alto impacto, el gobierno de Gustavo Petro plantea acercamientos que buscan el sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales. El objetivo es el desmantelamiento de estas estructuras que vienen ocupando amplios territorios del país y fortaleciendo su influencia en la cotidianidad de las comunidades. Mencionar una cifra exacta sobre la composición de estos grupos es una tarea titánica puesto que estas estructuras armadas operan bajo dinámicas de “nóminas” que a su vez tienen “subcontrataciones”, es decir, existen personas integradas por completo a las estructuras criminales y colaboradores que realizan trabajos para ellas a la vez que se ocupan otras actividades.
Según la UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime) las actividades de estas organizaciones se sitúan predominantemente en los departamentos de Putumayo, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Cauca, así mismo, la UNDOC señala que cerca del 62% de la producción de cocaína del país se ubica en estos lugares produciendo disputas territoriales que colocan a estos departamentos en la cima de los territorios en donde más se perpetran crímenes como el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas, extorsiones y homicidios. Así mismo, la biodiversidad del país se ve amenazada por estas actuaciones, en tanto el 50% de los cultivos de uso ilícito se encuentran ubicados en zonas de especial protección. De igual manera, el Estado ha tenido dificultades en ocupar los territorios dejados por las antiguas FARC, de forma tal que estas organizaciones han hecho lo propio expandiendo su presencia y dominio territorial.
El panorama plantea entonces el reto de abordar el fenómeno de estas organizaciones criminales para continuar construyendo un país en paz. Finalmente, es necesario remarcar que en la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) no contempla negociaciones para lograr Acuerdos de Paz con estos grupos, sino acercamientos para el sometimiento a la justicia y su posterior desmantelamiento, es decir, no se harán concesiones de tipo político o institucional a estructuras de este tipo. Adicionalmente, en el proyecto de acogimiento judicial presentado por el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, se reafirma en este objetivo y faculta la creación de una instancia de alto nivel que caracterizará y calificará las estructuras armadas de alto impacto.