Por María Flores, equipo del centro de memoria, paz y reconciliación.
En noviembre de 2022, el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron un nuevo proceso de diálogos de paz, concebido como una continuidad de los esquemas generales de agenda y acompañamiento internacional pactados entre esa organización insurgente y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El proceso anterior, que inició en octubre de 2016 y fue suspendido unilateralmente por el gobierno en enero de 2018, dejó como resultado modestos avances. La discusión de la agenda de seis puntos logró avanzar parcialmente en el punto 1, de participación de la sociedad, con la realización de audiencias preparatorias para el proceso amplio de participación, que se llevaron a cabo en Bogotá y Tocancipá (Cundinamarca), entre octubre y noviembre de 2017. Instituciones, plataformas, organizaciones y empresas presentaron, en dichas audiencias, propuestas para desarrollar el punto 1, base para el desarrollo de los puntos 2 y 3 de la agenda, de democracia y transformaciones para la paz.
Las partes también consiguieron avanzar parcialmente en el punto 5, de fin del conflicto armado, con el establecimiento de un cese al fuego bilateral, temporal, nacional, sobre el que ambas denunciaron incumplimientos. Las discusiones por el tema humanitario y la bilateralidad de la mesa marcaron el desarrollo de los diálogos.
Aunque la agenda y algunos acuerdos en materia operativa logrados en ese entonces se mantienen, este proceso presenta varios cambios.
En primer lugar, se desarrolla bajo la dirección de un gobierno de izquierda, el primero en la historia del país. Ello ha tenido como consecuencia la puesta en escena de un lenguaje renovado y un reconocimiento mutuo, en el que se intenta mantener la bilateralidad como principio rector de la negociación. Ese reconocimiento se ha expresado en la constitución de la delegación de paz del gobierno, empezando por la designación de Otty Patiño como jefe de la misma. Patiño fue negociador del M-19 en los diálogos de paz que permitieron el tránsito de esa insurgencia a la participación política legal y, durante 15 años, fue vocero nacional para el cumplimiento de lo acordado.
La nueva delegación, además, está compuesta por personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la paz, expertas en temas relevantes para la negociación con el ELN: ordenamiento territorial, conservación, derechos de los pueblos étnicos, mecanismos de participación y cumplimiento de acuerdos de paz. El gobierno, además, ha acogido la lección dejada por la mesa de conversaciones de La Habana sobre la necesidad de vincular a sectores usualmente críticos de la negociación política.
El señalado reconocimiento también ha implicado el acogimiento de la propuesta de vieja data del ELN de que la negociación y su implementación se proyecten sobre un gran diálogo nacional, en el que se definan aquello que debe ser transformado en función de paz y sus mecanismos de implementación. Al respecto, Patiño ha señalado: “Creemos que para hacer un cambio real en este país solamente es posible con ese tema de la participación. De tal manera que hay una simpatía política indudable entre la delegación del ELN y el actual gobierno, una simpatía que parece obvia, pero que uno la constata en el encuentro mismo”.
En segundo lugar, ocurre en el marco de una nueva política de paz, establecida por ley como Política de Estado, con la cual se pretende llevar a cabo negociaciones con grupos armados de carácter político y conversaciones con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, con el objetivo de conseguir su desmantelamiento y sometimiento a la Justicia. Dicha política busca poner fin al uso sistemático de la violencia de actores con distintas características, modus operandi, formas de financiación y presencias regionales diferenciadas. La realización de acuerdos de paz o sometimiento a la justicia de carácter parcial, esto es, sin la vinculación de todos los actores armados presentes en una coyuntura concreta, ha sido una constante de los anteriores gobiernos.
En tercer lugar, este proceso contempla implementaciones paulatinas, no condicionadas a la terminación del conflicto armado. Mientras en el proceso adelantado por el gobierno del presidente Santos se acordó que lo negociado solo sería implementado una vez se firmara un acuerdo de paz definitivo, que asegurara la dejación de armas del ELN, el gobierno del presidente Petro aceptó implementar acuerdos parciales, en el corto y mediano plazo. En ese sentido, Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, declaró: “Lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado, lo vamos cumpliendo”.
Bajo estas características generales, la mesa de diálogos tiene el desafío de avanzar de manera concreta en la agenda y atender las demandas de comunidades y organizaciones de desescalar la confrontación militar.
