Tags

Estás en: Home - Tag: víctimas

  • Un Bosque a la vida se siembra en el CMPR

    Share Button

    siembra-de-arboles4

    Un Bosque a la vida se siembra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

    En homenaje a la vida de 13 víctimas de desaparición forzada de Albania (Caquetá), hoy se realizó, en los jardines del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la siembra de 14 árboles a manera de reparación simbólica.

    Bogotá, noviembre 26 de 2016. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sirvió de escenario para la siembra de un bosque de 14 árboles que conmemoran a las víctimas de desaparición forzada del departamento de Caquetá. El acto fue una iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que contó con el apoyo articulado del Jardín Botánico de Bogotá y del Centro de Memoria Paz y Reconciliación, y que hace parte de los esfuerzos que el CNMH adelanta desde el 2007 en materia de reparación simbólica.

    Trece de los árboles fueron sembrados en homenaje a la vida de José Miller Rivera Gómez, Tito Martínez, Libardo Rivera Vargas, José Gerardo Guaspa Basanti, Rodolfo Tróchez Alvarado, Edilma Pérez Pineda, Rubiel Díaz Pérez, Uriel Ramírez Pérez, Clemente Ramírez Pérez,  Jorge Enrique Ortíz Álvarez, Jairo Pastrana, Alfredo Cometa Cadena, Abelardo Anturí Cuellar. El árbol restante fue sembrado en conmemoración a las 3.364 personas que continúan desaparecidas en el departamento de Caquetá.

    Como un bosque de vida fue denominado el espacio en el que estarán los árboles. Los 13 conmemorados murieron de manera violenta en el 2001 en el municipio de Albania (Caquetá), en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus familiares debieron esperar más de 14 años para encontrar sus cuerpos. La desaparición forzada es uno de los hechos victimizantes más atroces que ha dejado como resultado un total de 60.630 personas desaparecidas.

    “Colombia ha sido uno de los países que más ha sufrido la violación de Derechos Humanos en medio del conflicto, por eso hemos sentido la necesidad ética y moral de rescatar la memoria, la honra y la dignidad de las personas desaparecidas. Su dolor debe ser nuestro, pues con la desaparición de cada uno de los seres queridos no solo perdieron ustedes, perdimos todos como sociedad, perdimos como humanidad”, dijo Carolina Albornoz, Coordinadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el acto de siembra a los familiares de las víctimas.

    Como un símbolo de vida y esperanza, los familiares de estas víctimas del conflicto se congregaron en este acto reparador. En palabras de Esmeralda Mahecha del Jardín Botánico de Bogotá,  “Estos son árboles sanadores o reparadores, son especies que sirven para curar, para bajar la fiebre. Simbólicamente, estos árboles representan esa necesidad que tenemos de dignificar nuestra heridas y pasar a un proceso de cerrar y curar esas heridas, para crecer.”

    Esta actividad está dentro del marco de las acciones adelantadas por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación para conmemorar a las víctimas en el marco del 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

    siembra-de-arboles3 siembra-de-arboles2 siembra-de-arboles1

  • Oscar Willian Calvo, el joven luchador que soñó con la Constituyente

    Share Button

    2El  20 de noviembre de 1985 a las 7:12 de la noche, en una farmacia de Bogotá de la calle 42 con carrera 13 el dirigente político, con apenas 32 años, fue asesinado por sicarios junto con sus dos acompañantes. Murió también una señora ajena a los hechos. Fue el primero que propuso una Constituyente para sacar al país de la crisis y llevarlo a la paz

    Oscar Willian Calvo vivió intensamente. Poco después de marcharse de la nativa Pereira hacia  Cartago, con los primeros atisbos de conciencia social lidera el movimiento estudiantil en el Colegio Académico del nuevo terruño. Contaba apenas con 13 años.

    La experiencia de lucha, que fortalece con sus lecturas políticas abrevando en el marxismo, lo lleva de nuevo a Pereira donde lidera la lucha sindical. Allí fortalece sus lazos con el movimiento obrero.

    Y de nuevo su trasegar por el Valle del Cauca organizando a los trabajadores de la caña de azúcar. Más tarde por Boyacá, los Santanderes y gran parte de Colombia.

    Vinculado casi desde niño a las huestes del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML), muy pronto accede a las posiciones de comando, primero como miembro de sus comité central a los 28 años y un poco más tarde a su dirección ejecutiva nacional.

    Al momento de su muerte era vocero público del Ejército Popular de Liberación (EPL) y miembro de la Comisión de Paz constituida por el presidente Belisario Betancur.

    Y fue Oscar William, en el marco de los acuerdos firmados en Medellín en 1984 entre el gobierno y el EPL, el primero en proponer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Colombia, elegida por el constituyente primario, es decir por toda la población.

    Este fue un llamado promisorio hacia un mejor mañana que con audacia juvenil lanzó Oscar Willian al país. Su propuesta no pasó inadvertida por la opinión y causó revuelo en las filas de la izquierda que la acogieron de inmediato con entusiasmo unitario, incluidos sus rivales del Partido Comunista Colombiano que ya se preparaban para el nacimiento de la Unión Patriótica tras los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz firmados por el gobierno de Betancur con las FARC en 1983.

    Esta esperanza abierta por Calvo solo tendría resolución seis años más tarde y tras duros años de violencia perdida, con las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990.

    Pero él ya había planteado un procedimiento similar al definido para el evento democrático de 1990 tras la exitosa séptima papeleta.

    “…hemos dicho que se haga una consulta popular, un referéndum, simultáneo con las elecciones de 1986, bien sea en el de cuerpos colegiados o en las presidenciales, para que el pueblo decida si está o no de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con poder decisorio y elegida por el voto directo y con plena participación de todos los sectores sociales y políticos del país”, había señalado en 1985.

    No sin razón la ANC en su instalación pública evocó el legado de este luchador por la democracia y la paz. Allí estaban sus compañeros de lucha del PCC M-L que firmarían la paz junto con el M-19 en los acuerdos de 1989.

    En aquellas elecciones, el M-19 se convertiría en la primera fuerza de la ANC que junto con el partido liberal, sectores del partido conservador, la Unión Patriótica y movimientos sociales, promulgarían la Constitución de 1991.

    Como todos los crímenes políticos en este país, sin excepción, su muerte y la de sus dos acompañantes, Alejandro Arcila, de 24 años, estudiante de Universidad Distrital y Ángela Trujillo, de 23, dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia, sigue en la impunidad.

    En los hechos también falleció, por dos impactos en el cráneo, la señora Nohora Helena Arcila, quien pasaba accidentalmente por el lugar, la farmacia Ultramar.

     

     

  • Sigifredo López: ‘no se pueden repartir perdones por delitos atroces’

    Share Button

    sigifredoEste martes se conmemoran seis años del asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca a manos de las Farc.

    Por: Sigifredo López

    Este 18 de junio se conmemoran seis años de la masacre de mis compañeros, los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las Farc, cuando una columna del frente 29 irrumpió sin avisar al campamento custodiado por el frente 60, y alias ‘El Grillo’ cumplió la orden perentoria del Secretariado de asesinar a los secuestrados si no alcanzaban a sacarnos con vida en caso de un rescate.

    El pasado 5 de mayo se cumplieron 10 años de la masacre de Urrao (Antioquia), en la que las Farc asesinaron a Gilberto Echeverry (ex ministro de Estado), Guillermo Gaviria (ex gobernador y líder del movimiento de la No Violencia en Colombia) y otros 10 secuestrados indefensos integrantes del Ejército Nacional.

    El pasado 2 de mayo se cumplieron 11 años de la masacre de Bojayá (Chocó), que dejó 79 muertos y 125 heridos (48 de las víctimas fueron niños) por cuenta de un cilindro bomba cobardemente disparado contra la iglesia del pueblo, en momentos en que las Farc perseguían a un grupo paramilitar que también cobardemente se refugió entre la población civil.

    De esta manera podríamos seguir recordando actos de barbarie que avergüenzan la memoria colectiva y nos presentan ante la historia como una de las sociedades más bárbaras del planeta. Las masacres de Urrao, Bojayá, Diputados del Valle, y muchos otros delitos atroces están en alto riesgo de quedar en la impunidad como consecuencia de los acuerdos de las Farc y el Gobierno colombiano en La Habana.

    También son largas y vergonzosas las listas de masacres y violaciones de los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares y agentes del Estado, que hoy todavía continúan en la impunidad. La violencia no cesa ni ha cesado en los últimos 50 años. Las heridas siguen abiertas y los dolores acumulándose en la historia, porque los verdugos nunca han pedido perdón a sus víctimas y el Estado colombiano, con buenas intenciones pero sin recursos suficientes, apenas empezó a promover una muy loable e histórica intervención sicosocial (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), que quizá permita a las víctimas retomar su proyecto de vida, ser integralmente reparadas y garantice que el hecho perturbador no se repita.

    Los colombianos anhelamos la paz pero estamos profundamente divididos en torno a la forma y los métodos para lograrla. El péndulo de la opinión lo impulsan líderes y medios de comunicación de un extremo a otro, de la guerra a la paz, de la solución política a la solución militar y viceversa, sin ninguna profundidad ni rigor en el análisis, y sobre todo, sin ningún respeto por las víctimas atrapadas en el medio.

    Algunos dirigentes han hecho de la guerra y el odio empresas con réditos políticos y económicos. Otros han hecho lo mismo con la retórica de la paz y la reconciliación. No faltan dirigentes que apoyados en algunos formadores de opinión siguen jugando sin conmiseración con el sufrimiento ajeno, no tienen escrúpulos para proponer mano dura, más violencia y más guerra, o del otro lado, inaceptable impunidad, perdón y olvido para crímenes atroces.

    Nos movemos hacia los extremos sin encontrar el justo medio, ese punto de equilibrio que solo puede nacer después de escuchar a las víctimas para poder establecer hasta donde está dispuesta una sociedad a ceder y a perdonar en una negociación con los victimarios, y garantizar que esta histórica oportunidad de devolverle la anhelada paz a los colombianos no se malogre, o termine convertida en un acuerdo deslegitimado por la impunidad.

    Los giros bruscos en la conducción del Estado no sólo demuestran improvisación y ausencia de políticas públicas con resultados generalmente negativos para la sociedad. Pero hay algo especialmente peligroso en este último quiebre. En menos de un año estamos pasando de la dialéctica irracional que gobierna toda guerra, a la racional impunidad que se evidencia en los diálogos de La Habana, y esta ligereza para lograr a cualquier precio la terminación del conflicto con las Farc puede derivar en acuerdos nocivos y contraproducentes a mediano y largo plazo, sencillamente porque la impunidad total que ahora se quiere vender con el nombre de justicia transicional es, siempre ha sido, y será generadora de más violencia, sobre todo aquí en Colombia, en nuestro país, estadísticamente probado como uno de los más violentos de la tierra.

    Durante los ocho años del Gobierno anterior el discurso oficial negó la existencia de un conflicto armado en Colombia, e impuso el criterio según el cual con terroristas no se podía negociar y mucho menos decidir el futuro de una nueva sociedad. Desde el 18 de octubre pasado, el discurso oficial ha girado 180 grados, y apoyado en el anhelo de paz de los colombianos y en algunos muy influyentes medios de comunicación, pretende que los otrora (hasta hace apenas ocho meses) considerados por esos y en esos mismos medios de comunicación como los peores delincuentes, terroristas, enemigos y verdugos de la sociedad colombiana, hoy sean vistos como personas de bien, posibles senadores y ministros, dignos de hacer nuestras leyes y gobernar al país.

    Ni lo uno ni lo otro. Se equivocan quienes negaron y siguen negando la solución pacífica del conflicto tanto como los que quieren lograrla a cualquier precio y hoy tratan de ocultar la total impunidad para criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad, bajo el ropaje de la justicia transicional. La justicia transicional no es impunidad. Pasar de un Estado de guerra a uno de convivencia normal y pacífica implica costos para la justicia y sacrificios para la sociedad.

    Lógico que los dirigentes de las Farc no se van a entregar en una negociación para terminar pagando 50 años de cárcel, pero no es menos cierto que ellos más que ninguno otro, y a pesar de su arrogancia manifiesta, tienen que ser conscientes del daño que han causado y asumir responsabilidades por las consecuencias de sus actos, y sobre todo, aceptar las normas y condiciones que toda sociedad impone a sus integrantes para formar parte de ella. Si es que realmente quieren volver a convivir como ciudadanos colombianos deben saber que esta sociedad que martirizaron está dispuesta a perdonarlos y a recibirlos nuevamente, pero que también les impone unas normas y condiciones mínimas para convivir con ella.

    Obvio que la inminente participación política y presencia en el Congreso y el Gobierno de los otrora considerados peligrosos terroristas, autores de las masacres de Bojayá, de Urrao, de los diputados del Valle, de la bomba de El Nogal, del burro-bomba, del sembrío de minas anti-personas que a tantos niños, campesinos y militares han dejado mutilados, de las muchas bicicletas, motos y carros bombas, reclutamiento militar y cuasi esclavitud de miles de menores, entre otros hechos de barbarie considerados por la legislación internacional y el ordenamiento legal interno como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, no sólo supone y encierra una total e inaceptable impunidad sino que condena a las víctimas a la revictimización por cuenta de ver a sus verdugos enaltecidos por un Estado que ante su incapacidad para evitar esos crímenes y capturar a los responsables, ahora los premiara suspendiendo penas, investigaciones y órdenes de captura.

    Así lo ha reiterado el Fiscal General de la Nación en recientes entrevistas a importantes medios de comunicación, mientras las víctimas siguen llorando a sus muertos, esperando que se haga justicia por el asesinato, secuestro o desaparición de sus seres queridos, que les devuelvan las tierras de las que fueron abusivamente despojadas, y deambulando de oficina en oficina, llenando decenas de documentos para ser reconocidas y entrar en una larguísima y casi interminable (como su dolor) lista de espera que le permita algún día ser indemnizadas, volver a su tierras, o retomar de alguna forma su proyecto de vida.

    Las víctimas estamos dispuestas a perdonar y a recorrer el país invitando al perdón y a la reconciliación, a poner nuestro ejemplo de vida y de perdón como contribución a la paz, la reconciliación y el postconflicto, y somos particularmente conscientes de nuestra histórica responsabilidad con la solución política del conflicto con las Farc y con todos los grupos armados generadores de violencia, pero tampoco somos imbéciles y reclamamos nuestro legítimo derecho a unos mínimos de verdad: que reconozcan que sí tienen secuestrados y los devuelvan o que por lo menos le digan a esas madres, huérfanos y viudas donde están los cadáveres de sus seres queridos para ir por ellos y darles cristiana sepultura.

    Mínimos de justicia: los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad por lo menos deben pedir perdón a sus víctimas, pagar algunos años en la cárcel e impedírseles representar al Estado en su función pública. Y mínimos de reparación: en lugar de soslayar una inminente y gigantesca operación de lavado de activos sin precedentes en la historia del país producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, los negociadores del Gobierno deben exigir a las Farc la entrega de todos esos bienes y recursos para la creación de un fondo para reparar a sus víctimas y que públicamente se obliguen y ofrezcan garantías efectivas de no repetición de los hechos victimizantes.

    Si recordamos que hasta hace muy poco nuestro propio Presidente de la República, en su condición de Ministro de la Defensa, afirmaba en los medios de comunicación que las Farc eran el más grande cartel de las drogas en el mundo, entonces la pregunta resulta obvia: ¿qué va a pasar con esos activos y dineros que hoy son el combustible de la guerra?
Sin estos mínimos de verdad, justicia y reparación es probable que Farc y Gobierno logren acuerdos en La Habana, pero es altamente improbable que esos acuerdos sean aceptados por la sociedad (y por la comunidad internacional) y logren el objetivo final que nos han dicho que buscan: terminar con el conflicto. De no tomarse correctivos a tiempo, vuelvo a advertirlo, no sólo estaremos lejos de ese cometido, sino frente a la inminente ‘bacrimización’ de las tropas de las Farc con graves consecuencias para la seguridad ciudadana, una gigantesca operación de lavado de activos por parte de sus comandantes y lo que puede ser peor: una vorágine de sangre como resultado del engendro de condiciones políticas, sociales y emocionales que pueden terminar repitiendo repudiables venganzas genocidas, como la ocurrida en los años 80 con la Unión Patriótica. Si La Paz queda mal hecha (con la impunidad total que se evidencia, sin la aplicación de mínimos de verdad, justicia y reparación), y ojalá me equivoque, resultará peor el remedio que la enfermedad.

    Pienso que llegó la hora de escuchar a la sociedad civil y a las víctimas que son las que han pagado el precio más alto por vivir en Colombia durante este infame y prolongado período de guerra. El Gobierno y sus negociadores hoy tienen que recordar dos aspectos elementales para lograr un verdadero tratado de paz o acuerdo sobre lo fundamental:

    1. Que no pueden alegremente repartir perdones por delitos atroces, jurídicamente porque el Tratado de Roma lo prohíbe, y filosóficamente porque sólo las víctimas están legitimadas para perdonar y ninguno de los que están en La Habana puede hacerlo por ellas.

    2. Que los cambios y reformas que requiere una Nación no pueden acordarse y mucho menos decidirse en un acuerdo con un grupo armado ilegal que sólo representa al uno por ciento de la población. Esas definitivas reformas y transformaciones sólo pueden acordarse en una constituyente que es el único mecanismo de participación ciudadana que garantiza la representación de toda la sociedad civil, la discusión profunda, reflexiva y ponderada de decisiones tan importantes para el futuro de las nuevas generaciones de colombianos. Oponerse a la participación ciudadana como mecanismo decisorio de nuestro futuro, negarse a escuchar a las víctimas y permitir impunidad para delitos atroces son en mi humilde criterio las graves amenazas que pueden deslegitimar y malograr esta histórica oportunidad para construir un verdadero tratado de paz.

    Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-428384-sigifredo-lopez-no-se-pueden-repartir-perdones-delitos-atroces

  • Bojayá, cilindrazo que le partió el alma

    Share Button

    14. BojayáLa iglesia del pueblo, tras el cilindrazo que le cambió la vida a un pueblo ya olvidado

    Lo que faltaba, las moscas  

    La vida les fue segada en un santiamén. Hoy, estarían, a pesar de la miseria, quizá jugando un partido de bola de trapo, en una polvorienta cancha de Bellavista. O echando paso al son de algún rapero, por su espíritu afrodescendiente.

    Es que las cifras del horror de Bojayá dicen que 48 de los 79 muertos, eran menores de edad. Si la bomba arrojado por las FARC  no hubiera detonado esa madrugada del 2 de mayo de 2002, en la iglesia del pueblo donde se refugiaron dos  centenares de pobladores, bajo la creencia de que “estaban en la casa de Dios”.

    Las restantes víctimas también estarían en la plenitud de la vida pues se trataba de niños y jóvenes los que llevaron la peor parte del cilindrazo que le partió el alma a Bojayá.

    Las crónicas hablan una y mil veces de los acontecimientos del 1 y 2 de mayo de 2002, cuando languidecía  el gobierno de Pastrana: más de 200 paramilitares al mando del bloque Elmer Cárdenas, provenientes de Urabá, en su desenfrenado afán de voltear la situación en una  zona donde las FARC era amos y señores, incursionaron sin llevar la peor parte. Como suele pasar en todas las guerras, donde la población civil sufre las más graves consecuencias.

    Las Autodefensas no pudieron cumplir con su objetivo, pero Bojayá perdió a 79 de sus hijos y casi un centenar  de ellos salieron heridos.

    Un periodista de  Semana, diez años después relata,  los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el Ejército se dan casi  a diario. Manes de la seguridad democrática que no ha podido eliminar a los responsables del criminal atentado de la iglesia de un pueblo que solo se hizo célebre con un castigo de fuego que jamás merecía.

    El olvido de un Estado que no le ha cumplido a la martirizada región, pues la viviendas que prometió para 265 familias, o no se terminaron de construir o las que en suerte se levantaron, ya están en la ruina. Para no hablar de la salud y la educación que no son un dechado de progreso.

    Las víctimas ahora viven otra tragedia, la tragedia del boleteo. Como Cristo en la cruz, lo que faltaba, las moscas que no podía el Señor  repeler atado de pies y manos.

    Con la publicación de los listados, como anota Semana, de los beneficiarios de la reparación tardía del Estado, sumas que no pasan de veinte millones, los paramilitares acosan a los sobrevivientes para que se les entreguen esas sumas.

    El calvario no termina para Bojayá y sus gentes.

  • Aún surca la “Doris Gil”, en memoria de una reina

    Share Button

    1El amor hizo también el milagro que Doris Gil se prolongara en el tiempo. Una límpida nave con su nombre,  surca las aguas del Golfo de Urabá.

    Los Bickembach habían sido secuestrados por las Farc el 27 de diciembre de 2002 y asesinados, tras una fallido rescate militar,   cerca al Alto de La Vírgen, entre los municipios de Guaduas y Chaguaní,  Cundinamarca, el 23 de junio  de 2003

    Doris Gil, quien fuera una de las más hermosas mujeres y coronada como reina nacional de belleza en Cartagena en 1956, también por amor renunció al cetro para casarse con Helmut, un exitoso empresario antioqueño como ella.

    Luz Marina Zuluaga, quien la reemplazó, se coronaría un años más tarde, como Miss Universo.

    Pero la “Doris Gil”, como su esposo bautizo la nave, no ha dejado de surcar las aguas del Atrato y ahora del Darién por dos décadas.

    Hernando Gil Grajales, comentó para Centro de Memoria, que tras unos meses de abandono de la motonave, su compañía Transporte Marítimo Internacional, logró rescatarla.

    “Logramos adecuarla de nuevo y con algunas refacciones de rigor la pusimos de nuevo a navegar y así también rendimos un homenaje a la memoria de Doris”, señala.

    Ahora la “Doris Gil” no trasiega por los ríos del Chocó cuando llevaba alimentos a los pobres del campo. Zarpa cada 15 días de Turbo a Panamá y trasiega por las aguas del Urabá.

    Todo comenzó cuando Helmut aceptó el ofrecimiento del presidente Virgilio Barco Vargas, en 1987,  de encargarse del entonces Idema, un instituto de mercadeo para las gentes más humildes.   “El no vaciló a pesar de que ya superaba su medio siglo de vida y muchos le aconsejaron que siguiera tranquilo manejando y disfrutando el capital que había construido”,  recordó la revista Semana.

    Hizo a un lado sus negocios particulares y empezó a tomar decisiones para ayudar a los campesinos. La primera fue la de crear el programa de ‘lanchas tienda’ para poder llevar alimentos básicos a los campesinos de los lugares más apartados a través de los ríos y quebradas. La primera lancha tienda que se construyó en el astillero naval de Cartagena fue bautizada con el nombre ‘Doris Gil’, por votación abrumadora de los trabajadores del Instituto que homenajeaban así la belleza intacta de la reina.

    Semana anota que con varias ‘lanchas tiendas’ empezó a navegar por regiones abandonadas y donde para entonces ya las Farc se movían como pez en el agua. Los ríos Atrato, Guayabero, Caguán, Putumayo y Patía fueron escenario de estas embarcaciones que iban y venían por sus aguas para adquirir directamente las cosechas de los campesinos, evitando que sus ganancias terminaran en las arcas de los intermediarios.

    Entre las Farc hubo una orden de respeto absoluto hacia este programa. La prueba es que jamás fue asaltada una lancha a pesar de que eran un apetecido botín pues llevaban dinero y comida. “Nunca nos tocaron. Incluso nosotros en ocasiones sentíamos que los guerrilleros nos vigilaban, que nos escoltaban desde las montañas”, dice un ex empleado que trabajó en el programa.

    La citada publicación añade que durante cuatro años Helmut Bickenbach volcó todas sus energías al frente del Idema descuidando sus negocios particulares. En el año 90, cuando ya iba a cumplir 60 años de vida, volvió para ponerse al frente de sus empresas. Su regreso coincidió con la crisis económica que llevó a la quiebra a muchos agricultores.  Él fue uno de ellos. Durante un tiempo estuvieron capoteando el vendaval y buscando nuevas opciones.

    “Vamos a sembrar fresas”, le dijo a Doris. Pidieron dinero prestado porque no tenían liquidez. Pero la situación se puso difícil y el negocio no dio. Fue saliendo poco a poco de los centenares de empleados que llegó a tener para tratar de salvarse. Luego fueron entregando, como dación de pago, uno a uno los inmuebles que tenían hasta que entregaron lo que más querían, la Hacienda Timaná, propiedad familiar desde hacía medio siglo.

    “Quedaron en la física calle”, dice un amigo de ellos. Eran los tiempos en que Colombia asistió a dos hechos que marcaron el país: se disparó el secuestro, en especial por parte de las Farc, y se inició el éxodo de miles de nacionales hacia el exterior para refugiarse de los embates de la violencia y los avatares de la crisis económica. Sin embargo la pareja mantuvo intacto su amor por el país: “De esta tierra no nos vamos jamás”, decía él.

    El matrimonio entonces, decidió refugiarse en una pequeña finca en Nocaima, Cundinamarca, donde pasaban los días sembrando plantas y entregados a la jardinería. Ella tenía 63 años y él 69.

    Tras su secuestro, los familiares estuvieron convenciendo a las Farc de la iliquidez de la familia y tratando de lograr su pronta liberación. No fue posible y de la manera más injusta, Doris y Helmut conocieron la muerte.

Back to top