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  • Semana por los Derechos Humanos

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    Agenda1

    Ruta por los Derechos Humanos,
    Construyendo Paz y Reconciliación

     

    Con el lema ‘Deja tu huella’, varias entidades nacionales y territoriales buscan inspirar a los colombianos a construir una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos. Es una invitación a que ‘Hagamos las cosas al Derecho’.

     

    Bogotá, diciembre 5 de 2016. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Alcaldía Mayor de Bogotá , el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la ONG MasterPeace, se unen para organizar una semana llena de eventos y actividades a nivel nacional en donde el tema central será el empoderamiento de la ciudadanía y su identidad con los derechos humanos.

    Esta ruta iniciará el lunes 5 de diciembre, con la inauguración de la obra “Asalto al Alma” de la artista Sonia Güiza en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. A través de perspectivas artístico-culturales y sociales, y con la participación de víctimas del conflicto armado, la obra replantea y redefine los conceptos de invasión y territorio.

    El 6 de diciembre, entre las 7:30 a.m. y las 2 p.m., en el salón Dorado del Hotel Augusta, se llevará a cabo el taller ‘Construcción Colectiva en Empresa y Derechos Humanos’, que hace parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, lanzado hace un año por el Presidente de la República, y que busca promover la cultura respetuosa de los Derechos Humanos. La jornada contempla acciones para fortalecer el diálogo multiactor y el reconocimiento de la importancia del trabajo conjunto en función de los resultados.

    El 7 de diciembre, para la noche de las velitas, queremos invitar a la ciudadanía a que se unan a la iniciativa #DejaTuHuellaDeLuz, para que en esta Navidad nos contagiemos de valores y reconozcamos los Derechos Humanos como parte de nuestra identidad.

    El 9 de diciembre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se realizará la presentación del libro “Desaparecidos” del joven escritor mexicano Everardo Martínez, así como el conversatorio que se realizará en las mismas instalaciones del Centro el día siguiente de “Los Derechos Humanos en clave de memoria, construcción de paz y reconciliación” con el Profesor Rafael Grasa.

    Para cerrar la ruta de la semana, el sábado 10 de diciembre, se llevará a cabo la jornada “10.12: El Derecho a la Paz”, evento organizado por la ONG MasterPeace que combina iniciativas artísticas y académicas orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia. Para este evento de cierre del 10 de diciembre, desde las 2:00 pm, se realizarán actividades en las Casas de Juventudes del Distrito en las localidades de Mártires, San Cristóbal y Chapinero; espacios en los que participarán los artistas Miguel Uyabán, Alerta Kamarada y un destacado grupo de directores de cine.

    Este último recorrido concluirá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, lugar en el que desde las 6:00 pm se realizará el expo-conversatorio “Derechos en Palabra y Obra”, integrado por la exposición de tres artistas mexicanos ganadores del concurso “Más de 43” -organizado por Masterpeace en el contexto de la desaparición forzada-, y por diferentes aportes de académicos colombianos que permitirán robustecer la experiencia. Esta jornada finalizará con un gran concierto a cargo de Víctor Hugo Pacific Soul en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

    La invitación es a que cada ciudadano realice acciones por el respeto a los derechos humanos y las den a conocer a través del hashtag en redes #DejaTuHuella.

     

  • Puntadas de paz y reconciliación

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    costurero4Puntadas de paz y reconciliación

    Este fin de semana los costureros de la memoria realizaron la actividad “La memoria envuelve la justicia” en la que buscaron la participación activa de los ciudadanos dando puntadas en nuevos telares que envolvieron el Palacio de Justicia. 

    Bogotá, diciembre 3 de 2016. Durante el fin de semana, los costureros de la memoria de diferentes departamentos del país invitaron a la ciudadanía a sumarse en su iniciativa de envolver el Palacio de Justicia con sus telares. 

    Las mujeres y hombres de los costureros de Bogotá, Bolívar, Antioquia, Putumayo, Chocó y otras regiones se dieron cita en Bogotá para llevar a cabo la acción simbólica de envolver con sus telares el Palacio de Justicia.

    “Nos hemos reunido con otros costureros del país para hacer esta acción de envolver el Palacio, símbolo de la justicia, como una denuncia pública ante la impunidad que impera en nuestro país”, aseguró Marta, costurera de Memoria.

    Durante los dos días, las costureras y costureros invitaron a los visitantes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (sábado) y la Plaza de Bolívar (domingo) a tejer en sus telares, y juntos dar puntadas de paz y memoria. 

    “Considero que este tipo de acciones ayudan para que las personas puedan sanar sus heridas. Hoy he visto como estas mujeres se apoyan unas con otras, se escuchan y se dan consuelo, como han vivido situaciones similares entonces existe mayor empatía”, dijo Camila, estudiante de Derechos Humanos que visitó el Centro y tejió con las mujeres.

    Desde hace varios años, los costureros de memoria vienen desarrollando un trabajo de memoria y acompañamiento. En Bogotá, el costurero Kilómetros de vida y de Memoria se reúne todos los jueves para desarrollar su proceso organizativo en el que realizan telares llenos de memoria de los hechos ocurridos en el pasado, pero también de sueños e ideales que buscan cumplir.

    “Yo viajo todas las semanas desde Girardot hasta Bogotá para asistir al costurero, como dice mi compañera, esto le sirve a uno para tranquilizarse, para estar mejor”, aseguró Doris, costurera víctima del conflicto a quien le desaparecieron su hijo hace varios años.

    La iniciativa de envolver el Palacio de Justicia surgió de Ma necesidad de las víctimas de hacer memoria y construir paz, desde todos. “Envolver el Palacio de Justicia es un acto simbolico que hace un llamado a la sociedad para volver los ojos a la historia que hemos vivido en el pais. Romper la indiferencia frente al conflicto, frente a la violencia”, aseguró Carolina Albornoz, coordinadora del Centro de Memoria, paz y Reconciliacion. 

    Así, este domingo 4 de diciembre los costureros de la memoria junto con los ciudadanos que visitaban ls Plaza de Bolívar tomaron en sus manos metros y metros de tela y con una gran fila humana que superó las 200 personas envolvieron con sus telares, tejidos por más de cuatro años y por los ciudadanos en este fin de semana, el Palacio de Justicia.

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  • Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia

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    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Bogotá recibe el Primer Museo Itinerante de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia

    Con los testimonios de 10 sobrevivientes del conflicto armado fue inaugurado este espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

    Bogotá, noviembre 23 de 2016. La Fundación Prolongar presentó, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), el Primer Museo Itinerante de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia, muestra museográfica que nace de la inquietud de mostrar los daños e impactos que producen estos artefactos no solo en los cuerpos sino también en el territorio nacional.

    Para la inauguración fueron invitadas 10 víctimas sobrevivientes del conflicto armado provenientes de Vista Hermosa (Meta), con quienes se llevó a cabo la construcción de la muestra museográfica a través del Kintsugi, técnica japonesa que rescata la belleza y la historia de las cicatrices. Esta exposición muestra objetos que han sido apropiados y reparados por sobrevivientes, quienes han encontrado nuevas miradas y significados a las cicatrices que ha dejado la guerra en sus cuerpos y en su territorio que es el municipio con más víctimas del minas antipersonal en el país,  comentó María Elisa Pinto, directora ejecutiva de la Fundación Prolongar.

    Esta exposición busca mostrar que las comunidades, los sobrevivientes y las víctimas de minas antipersonal no se quedan en el hecho victimizante, sino que, por el contrario, buscan a través de mecanismos de resiliencia como la música, el deporte, el apoyo y amor a sus familias o el arte la forma de salir adelante.  Lo más difícil para uno como víctima es encontrar personas que lo apoyen y le ayuden a salir adelante y continuar después de los traumas sufridos, pero cuando uno encuentra ese apoyo es capaz de salir adelante, de continuar pa´lante y demostrar y ser ejemplo para esas personas que aunque tienen sus cinco sentidos y están bien se dan por vencidas, dijo Édgar Bermúdez, sobreviviente víctima de mina antipersonal participante del proyecto.

    El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es sin duda el espacio más apropiado para darle inicio a la itinerancia de este Museo de Minas Antipersonal, queremos enviar un mensaje a todos los bogotanos para que conozcan este trabajo tan importante de las víctimas que contaron su historia a través de esta muestra, que es evidencia de la capacidad que tienen las víctimas de construir la paz y la reconciliación desde sus aprendizajes, aseguró Carolina Albornoz, Coordinadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.

    La muestra museográfica que estará abierta al público durante un mes en el Centro, es una propuesta que responde a la urgencia de generar conciencia frente a la necesidad de parar la guerra, abandonar el uso de minas y otros artefactos explosivos que victimizan de manera indiscriminada a la población civil, la fuerza pública, la naturaleza y el territorio.

    La Memoria es un aliado para la paz y lo comprobamos al encontrarnos hoy con las personas de Vista Hermosa (Meta), su apertura a compartir sus experiencias, su deseo por trabajar con su comunidad y prevenir que otras personas resulten afectadas. La Memoria es un aliado para la paz porque nos invita a reconocer el poder creador de quienes han vivido la destrucción en carne propia, indicó Nayibe Sánchez del Centro Nacional de Memoria Histórica.

    Este proyecto  fue ganador de la “Beca de Investigación y Producción de Proyectos Museográficos sobre Memoria y Conflicto Armado” de la III Convocatoria 2016 realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en alianza con el Programa de Estímulos y el Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura. 

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

  • 8 y 9 de junio, Días del Estudiante

    8 y 9 de junio, Días del Estudiante

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    En estas dos fechas, se conmemoran el asesinato del primer estudiante en la historia del país, en 1929 y la única masacre de universitarios que haya visto el país, en junio de 1954. Un pasaje inédito de las jornadas de 1954.

    Si hay una fecha que aun no se desvanece con el tiempo, es el 8 de junio. En especial, para los estudiantes universitarios. Todos, de una u otra manera, en alguno de sus semestres oyeron hablar de esta jornada. Más el 9 que completó el recordatorio.

    En 1929,  cuando le hegemonía conservadora presidida por Abadía Méndez se debatía en su peor crisis tras más de cuatro décadas en el poder y con el saldo de la matanza de las bananeras a sus espaldas, el estudiantado marcó el principio del fin de aquel oscuro periodo del país.

    Grandes movilizaciones tenían lugar, especialmente en Bogo. El 7 de junio de 1929, una marcha de estudiantes de la Universidad Nacional, en protesta contra el gobierno, a su paso por el Palacio de la Carrera (nombre que tenía la actual casa de Nariño) fue hostigada por la policía.

    No demoraron las ráfagas de la fusilería para dispersar a los manifestantes que exigían el fin de “la rosca”, como el pueblo calificaba al régimen y que en todas las demostraciones caricaturizaban ensartando el panecillo ahuecado en una vara.

    Gonzalo Bravo Pérez, un estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional, caía víctima de las balas oficiales.

    Hijo de una ilustre familia bogotana, cuyo padre había sido parte del gobierno, Bravo Pérez se convertiría en el símbolo de la unidad nacional contra el despotismo. Su sepelio el 8 de junio, movilizó a millares de capitalinos y menos de un año después de la tragedia se vendría al suelo el régimen conservador.

    Desde entonces, los universitarios convirtieron el 8 de junio como el Día del Estudiante. Que se conmemoraba, primero, con una visita al cementerio central de la calle 26, para recordar a Bravo Pérez y luego con actividades deportivas y de sano jolgorio, incluida la elección de la reina de los estudiantes.

    Veinticinco años después, ese 8 de junio tendría un sabor amargo para todo el país. Después de la visita a la tumba del primer estudiante caído, el desfile que había salido de las puertas de la Nacional en la calle 26, regresó a los predios de la Universidad. Allí tenían lugar algunas justas deportivas y se preparaba el reinado, cuyo cetro ostentaría la bella universitaria Nidya Quintero.

    La paz reinante en el campus fue rota, entonces, por la presencia de un fuerte piquete policial que ordenó el despeje de los estudiantes.

    Estos se opusieron férreamente y entre ellos descolló Uriel Gutiérrez, alumno de cuarto año de medicina, y segundo de filosofía, hijo de educadores y proveniente de Aranzazu, Caldas.

    Uriel, un fornido muchacho de 1.80 de estatura, con un alambre de púas se dio a la tarea desbloquear el paso de la tropa a la entrada de la Ciudad Blanca en la 26. Otra ráfaga de disparos, como la de 1929, cegaba la vida de Uriel Gutiérrez. Murió de un tiro en el cerebro a sus 24 años. Apenas había pasado el mediodía de ese aciago 8 de junio de 1954.

    De inmediato se organizó la protesta que se traduciría en una gigantesca marcha hacia el Palacio Presidencial. El general Rojas Pinilla, quien se preparaba por esos días a celebrar su primer aniversario en el poder y que tomara en un asalto de cuartel el 13 de junio, autorizó la movilización y seguramente pensaba recibir a los adoloridos estudiantes.

    Sin embargo, a los 10.000 universitarios de la Nacional, Javeriana, Externado, Andes, Libre, El Rosario, Gran Colombia, América y algunos estudiantes de bachillerato, se les impidió el paso a la altura de la calle trece entre carreras octava y séptima. Todos con pañuelos blancos optaron por sentarse en los andenes coreando consignas de justicia y condena a los asesinos de Uriel Gutiérrez.

    Por allí no había sido el descampado de tapias de las obras que comenzaban del edificio Murillo Toro, donde hoy funciona el Ministerio de Comunicaciones. A eso de las 11 de la mañana, tropas del Batallón Colombia, que recién llegaban de la guerra perdida de Corea, (Colombia fue el único país de América Latina que envió un contingente militar) en atronadora salva de fusilería dispararon contra los inermes estudiantes.

    Nueve muchachos caían aquel 9 de junio en el centro de Bogotá. Sus nombres siempre serán recordados por el movimiento estudiantil: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, Jaime Pacheco Mora, Hugo León Velásquez, Hernando Morales, Elmo Gómez Lucich, (peruano, activista de la juventud comunista), Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos J. Grisales.

    Uno de ellos, Jaime Pacheco Mora, fue perseguido y asesinado a dos cuadras al norte, en plena Av. Jiménez. En esta crónica narramos como fue su muerte y las maniobras para esconder el crimen.

    Los heridos de bala pasaron de una veintena.

    Rojas Pinilla, a través de su ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, y del general Duarte Blum, comandante del ejército, no tardó en acusar a los conservadores laureanistas, (que no habían apoyado el llamado golpe de opinión contra Laureano Gómez el 13 de junio, a diferencia de los ospinistas) y a los comunistas como responsables de la matanza.

    Los ministros de Rojas señalaron que vieron salir disparos de uno de los edificios aledaños al sitio de la manifestación, que dieron justo en el cuerpo del sargento que comandaba la tropa. “Los soldados cayeron primero, yo lo vi”, dijo el ministro de Justicia, Gabriel París, quien seguía los hechos desde una ventana de su despacho; “en estas condiciones era elemental que la tropa disparara en legítima defensa”, declaró a El Tiempo en su edición del 10 de junio de 1954.

    Meses después una investigación oficial demostró que no hubo tal complot. Sin embargo, jamás fueron apresados los responsables a ningún nivel y menos hubo condenas.

    El 8 y 9 de junio salpica a la prensa. El crimen de Pacheco Mora

    A continuación publicamos, del autor de estas líneas, un pasaje inédito de la obra “La censura de prensa, la otra violencia”, donde se revelan por primera vez algunos episodios de aquellas jornadas de 1954.

    Si los acontecimientos de creciente despotismo que rodeaban al país al acercarse el primer aniversario del “golpe de opinión” del 13 de junio, aun no eran suficientes para probarle a la prensa que se estaba frente a una tiranía, la matanza de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954 debía encargarse de poner las cosas en su sitio. Pero no. Los diarios continuaron, contra toda evidencia, en su desorbitada acción de halagos al gobierno mientras la censura se desbocaba.

    Con los hechos del 8 y 9 de junio el gobierno sabe que es imposible mantener relaciones de entendimiento con la prensa y en una circular a todos los medios con fecha 9 de junio, el mismo día de la matanza estudiantil en Bogotá, la ODIPE ( Oficina de Prensa de la Presidencia) anota que “el Presidente, a pesar de la gravedad de los sucesos, insiste en que la prensa goce de libertad para informar y comentar, pero desea que los directores de la prensa capitalina se sirvan tener muy presente las siguientes instrucciones: 1)debe evitarse rigurosamente el despliegue fotográfico.2) A los titulares debe dárseles un espacio prudencia, con el objeto de evitar alarmismo. 3) Las noticias, comentarios e informaciones deben orientarse con un criterio de colaboración patriótica al gobierno de las Fuerzas Armadas”.

    Con razón El Espectador tituló a todo lo ancho de la edición vespertina del 9 de junio: “Comunistas y laureanistas buscaban la caída del gobierno”, citando una frase del comandante de las Fuerzas Armadas, Duarte Blum. Un auténtico titular con criterio de colaboración patriótica. Gilberto Vieira, secretario general del partido comunista, a nombre de su organización, desmintió lo que consideró una patraña en un breve comunicado que publicó El Espectador en la primera página.

    Pero el gobierno cambia sus propias reglas y ya no se les dice a los periódicos que se sometan a las anteriores instrucciones: vienen las amenazas abiertas. De esta manera se avisa el 17 de junio que “por disposición determinante del ministro de Guerra, toda clase de informaciones relativas a las Fuerzas Armadas, no podrán publicarse sin el visto bueno personal del señor ministro de Guerra y su firma…La publicación de cualquier noticia o crónica de esa naturaleza, sin el requisito mencionado, será sancionada adecuadamente…”

    Los diarios no reaccionaban aún y dejaban pasar por alto arbitrariedades que nunca llegaron a conocer los lectores en esos días.

    Esta inconsecuencia, cuyo pago fue muy alto el día en que los medios sufrieron el peor castigo con su clausura, ya tarde, cuando debían haber organizado la denuncia desde un comienzo sobre el ataque a las libertades, se palpa en la adolorida carta de El Espectador del 9 de junio al comandante Duarte Blum. El diario se queja que no obstante haber puesto en conocimiento de la ODIPE el contenido de la edición vespertina extraordinaria sobre los sucesos del 8 de junio en la Ciudad Universitaria, fueron víctimas del asedio militarista.

    “Cuando la edición iba ser repartida a los voceadores se presentaron en nuestras oficinas varios soldados, penetraron sin orden ninguna, en el departamento de correos, decomisaron la edición del periódico y detuvieron a varios vendedores de prensa que tenían ya en su poder ejemplares de la edición. En la calle soldados arrebataron al público los ejemplares que alcanzaron a adquirir y detuvieron a varios voceadores que recorrían distintos sectores de la ciudad”, escribe en su misiva Guillermo Cano.

    La comunicación de Cano a Palacio y a la ODIPE sobre el atropello que allí supuestamente no era conocido, a la que se le contesta diciéndole que no tenían nada en contra de esa edición, no impidió que se continuaran los desmanes. Estos culminaron tras groseras arremetidas de un coronel a las instalaciones del diario quien solo se retiró por órdenes superiores. La edición al fin pudo circular a la medianoche, pero el director de El Espectador pide una explicación por el allanamiento sin orden alguna y el mal trato a los empleados y voceadores. Esta carta no fue publicada. De haberlo hecho, hubiera servido para alertar a la opinión sobre el real carácter del régimen.

    Pero se prefería continuar alimentando falsas expectativas a la ciudadanía sobre las maravillas de un gobierno que había asumido el control del país bajo las banderas de la paz y la tolerancia. El Espectador solo mencionó el incidente en dos breves y perdidos párrafos.

    ¿Qué molesto al gobierno para actuar de esta manera? EL Espectador logró obtener de un fotógrafo profesional que se encontraba casualmente frente al cruento escenario de la matanza estudiantil, en la calle 13 con séptima, unas placas extraordinarias que ya hacen parte de la historia del país. Los relatos de la masacre recogían detalles espeluznantes que dejaban mal parada a la tropa. Y los días siguientes el diario presentaba nuevos hechos con abundante material gráfico. Pero un punto en especial demostraría la enorme fuerza de la denuncia a través de la palabra impresa. Se trata del asesinato a sangre fría del estudiante Jaime Pacheco Mora el 9 de junio.

    Pacheco Mora no cayó como sus otros compañeros en la calle 13 con séptima. Fue perseguido dos cuadras para caer acribillado en la Av. Jiménez. El Espectador comenzó a presentar el caso como “el crimen de la avenida”, misterioso en un principio, pero que gracias a la campaña erguida de este diario, valiéndose de las denuncias de los lectores, se esclareció completamente.

    Unas reveladoras fotos suministradas por un aficionado que muestran el momento en que yace el cadáver del mártir estudiantil con un tiro en la nuca y la secuencia de la tropa en la Av. Jiménez, publicadas copando casi toda la primera página, dejaban sin piso las mentiras oficiales de que los disparos vinieron inicialmente de los estudiantes y que los soldados se vieron obligados a defenderse.

    El mismo día de la primicia, la ODIPE ordena, bajo “instrucciones superiores” prohibir toda información gráfica o literaria que se relaciones con los hechos de sangre ocurridos en esta ciudad los días 8 y 9 de junio. “El Presidente, dice la ODIPE, desea investigar y castigar, si es del caso, tales hechos y exige por mi conducto, el silencio absoluto de la prensa”. Pero a la prensa conservadora ospinista que seguía acusando a los comunistas y laureanistas como responsables del crimen, no se le fijó ninguna prohibición.

    El investigador de los sucesos, el magistrado Roberto Goenaga, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una alocución radial, entregó el 15 de diciembre de 1954 los resultados de la investigación sobre el 8 y 9 de junio. En ella se saca entre otras, la siguiente conclusión: No hubo participación ni inspiración comunista como tampoco de ningún otro grupo enemigo del gobierno o de las Fuerzas Armadas. Se desmentía así el comunicado oficial que culpaba a los comunistas.

     


  • Ultimada en un rescate la periodista Diana Turbay Quintero

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    25. Diana TurbayUn drama en medio del proceso de la Constituyente que prohibió la extradición

    El cartel de Medellín estaba en pleno furor. Eran los tiempos de la ofensiva de Pablo Escobar, su jefe, por impedir a toda costa la extradición. Incluso era tan perentorio el reclamo, que hicieron popular la consigna de “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.  Con el secuestro de la periodista Diana Turbay Quintero, hija del ex presidente Turbay y de la promotora social Nydia Quintero, el capo le apuntaba fuerte a poner de rodillas al establecimiento metiéndose con lo intocable.

    Bajo el engaño de una entrevista con la comandancia del ELN, el cartel de Medellín orquestó el plagio, llevándose a Diana, a tres periodistas más del noticiero de TV Criptón, entre ellos Azucena Liévano.

    Todos ellos habían viajado a una zona de Antioquia donde supuestamente iban a ser recogidos por un comando del ELN.

    El 30 de agosto de 1990 la conocida comunicadora y su grupo fueron llevados a una de las fincas de Escobar. Por semanas no se tuvo noticia de los secuestrados, incluso la familia Turbay tomó contacto a través de intermediarios con Alfonso Cano, comandante de las FARC,  para interceder ante el ELN pues se seguía creyendo que estaba en manos de esa agrupación.

    No pasó un mes para saberse la noticia: Diana y su equipo estaba en manos de Escobar, quien se negaría siempre a entablar conversaciones con la familia Turbay a pesar de todos los intentos que hizo la madre, Nydia Quintero.

    El secuestro, que tenía conmocionado al país, se había dado en medio de la intensa campaña por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 9 de diciembre de 1990. César Gaviria había sido elegido ese mismo año después del asesinato de quien se perfilaba como el presidente, Luis Carlos Galán, asesinado precisamente por el cartel de Medellín, que ahora se metía con una de las más encumbradas familias del país.

    Gaviria intensificó las operaciones de rescate, a pesar de las reiteradas súplicas de la familia de Diana  para que no lo hiciera.

    “Al presidente le imploraba que no fuera a realizar un rescate que pusiera en peligro la vida de Diana. Los generales con los que hablamos nos aseguraron siempre que un rescate no estaba contemplado. Pero hubo un rescate y ella murió. En ese momento, en ese estado de desesperación y de ira profunda, porque hicieron el operativo que había rogado que no se hiciera, fui muy dura con el Gobierno. Dije que le atribuía igual responsabilidad a Escobar como a quienes ordenaron ese operativo”, recordó doña Nydia en unas declaraciones a El Tiempo.

    El 25 de enero de 1991, cuando apenas faltaban once días para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvo lugar un operativo de rescate del Ejército en cercanías de Copacabana, en Antioquia. Cuando los secuestradores ordenaron que los plagiados subieran por una colina ante la presencia de los soldados, varios disparos dieron blanco en la humanidad de Diana Turbay. Un helicóptero recogió su cuerpo pero llegó a un centro médico sin signos vitales.

    El crimen de Diana Turbay ocupó la atención de todo el país. Como la ocuparía los meses siguientes los debates en la Constituyente donde se impuso fácilmente, por cierto, la no extradición de nacionales como lo exigía Escobar, pero que en todo caso era una divisa que apuntaba a la defensa de la soberanía nacional, que incluso tenía el apoyo de personalidades tan importantes como García Márquez, de toda la izquierda y los movimientos sociales y desde siempre.

    Más tarde vendría todo la farsa de entrega de Pablo Escobar, “preso” en la Catedral, bajo unos leoninos acuerdos con el presidente Gaviria, el mismo que se negó a suspender los operativos militares de rescate de Diana Turbay.

    Y el secuestrador de Diana Turbay, que la retuvo casi cinco meses, responsable último de su muerte, en el fallido rescate a sangre y fuego, finalmente obtuvo su preciado trofeo político, la no extradición, tras centenares de asesinatos que continúan en la impunidad.

    Sin embargo  el Congreso, a través de una reforma constitucional promulgada el 17 de diciembre de 1997,  tumbó al artículo 35 que prohibía en envío de nacionales para ser juzgados en Estados Unidos, a pesar de que sus principales delitos como crímenes de lesa humanidad, fueron cometidos en territorio colombiano.

    Horacio Serpa, en ese entonces ministro del Interior del presidente Samper, y copresidente de la Asamblea Constitucional que votó la no extradición, diría que su prohibición, tras esos seis años, no había impedido el fin del narcotráfico y la violencia justificando así la reforma.

    El cambio constitucional que introdujo de nuevo la extradición y 22 del crimen de Diana Turbay, sacrificada en esta danza macabra, y  ya  han sido enviados más de 500 colombianos a las cárceles norteamericanas, entre algunos guerrilleros como Simón Trinidad.

    Sin embargo,  el negocio del narcotráfico está más activo y rentable que nunca mientras los principales capos extraditados, responsables de la muerte y persecución de miles de colombianos, escurren el bulto de sus acciones amparados en que su principal delito fue el narcotráfico.

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