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  • Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia

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    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Bogotá recibe el Primer Museo Itinerante de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia

    Con los testimonios de 10 sobrevivientes del conflicto armado fue inaugurado este espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

    Bogotá, noviembre 23 de 2016. La Fundación Prolongar presentó, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), el Primer Museo Itinerante de la Memoria sobre Minas Antipersonal en Colombia, muestra museográfica que nace de la inquietud de mostrar los daños e impactos que producen estos artefactos no solo en los cuerpos sino también en el territorio nacional.

    Para la inauguración fueron invitadas 10 víctimas sobrevivientes del conflicto armado provenientes de Vista Hermosa (Meta), con quienes se llevó a cabo la construcción de la muestra museográfica a través del Kintsugi, técnica japonesa que rescata la belleza y la historia de las cicatrices. Esta exposición muestra objetos que han sido apropiados y reparados por sobrevivientes, quienes han encontrado nuevas miradas y significados a las cicatrices que ha dejado la guerra en sus cuerpos y en su territorio que es el municipio con más víctimas del minas antipersonal en el país,  comentó María Elisa Pinto, directora ejecutiva de la Fundación Prolongar.

    Esta exposición busca mostrar que las comunidades, los sobrevivientes y las víctimas de minas antipersonal no se quedan en el hecho victimizante, sino que, por el contrario, buscan a través de mecanismos de resiliencia como la música, el deporte, el apoyo y amor a sus familias o el arte la forma de salir adelante.  Lo más difícil para uno como víctima es encontrar personas que lo apoyen y le ayuden a salir adelante y continuar después de los traumas sufridos, pero cuando uno encuentra ese apoyo es capaz de salir adelante, de continuar pa´lante y demostrar y ser ejemplo para esas personas que aunque tienen sus cinco sentidos y están bien se dan por vencidas, dijo Édgar Bermúdez, sobreviviente víctima de mina antipersonal participante del proyecto.

    El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es sin duda el espacio más apropiado para darle inicio a la itinerancia de este Museo de Minas Antipersonal, queremos enviar un mensaje a todos los bogotanos para que conozcan este trabajo tan importante de las víctimas que contaron su historia a través de esta muestra, que es evidencia de la capacidad que tienen las víctimas de construir la paz y la reconciliación desde sus aprendizajes, aseguró Carolina Albornoz, Coordinadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.

    La muestra museográfica que estará abierta al público durante un mes en el Centro, es una propuesta que responde a la urgencia de generar conciencia frente a la necesidad de parar la guerra, abandonar el uso de minas y otros artefactos explosivos que victimizan de manera indiscriminada a la población civil, la fuerza pública, la naturaleza y el territorio.

    La Memoria es un aliado para la paz y lo comprobamos al encontrarnos hoy con las personas de Vista Hermosa (Meta), su apertura a compartir sus experiencias, su deseo por trabajar con su comunidad y prevenir que otras personas resulten afectadas. La Memoria es un aliado para la paz porque nos invita a reconocer el poder creador de quienes han vivido la destrucción en carne propia, indicó Nayibe Sánchez del Centro Nacional de Memoria Histórica.

    Este proyecto  fue ganador de la “Beca de Investigación y Producción de Proyectos Museográficos sobre Memoria y Conflicto Armado” de la III Convocatoria 2016 realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en alianza con el Programa de Estímulos y el Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura. 

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

    Primer Museo de la Memoria sobre Minas Antipersonal de Colombia

  • DUDU TSUDA performance Miedo y Confianza – memoria y espacio público

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    Performance-Dudu-Tsuda-2Bogotá, noviembre 22 de 2016. Con esta afirmación del artista brasileño dio inició en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el performance Miedo y Confianza, a través del cual se busca que los participantes reflexionen sobre los sentimientos que produce en el ser humano el conocimiento o la falta de información sobre diferentes aspectos de la vida.

    Este ejercicio hizo parte de las actividades que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Centro de Memoria, Paz y Reconciliación están realizando dentro de su programación del mes de noviembre; actividades que tienen por objetivo la promoción de la memoria colectiva, así como los espacios de paz y reconciliación para la ciudad.

    Durante la puesta en escena Tsuda comienza preparando rollos de arroz mientras cuenta a los asistentes cómo hace algunos años conoció a un cultivador del cereal en una feria orgánica, de él recuerda que era maravilloso y muy especial; al preguntarle por el lugar de procedencia de los cultivos el arrocero le respondió que era Fukushima (Japón). Al escuchar esta información el brasileño decide no comprar el arroz y sale de allí confundido y temeroso. Una vez en su casa, gracias a este suceso, se preguntó por sus miedos; el cultivador le pareció de confianza y sin embargo sintió miedo por el lugar de donde provenía su producto y su relación con la bomba nuclear.

    A través de la conversación el artista comenzó su exploración sobre la relación entre episodios comunes de la vida diaria de las personas en los que pueden sentirse incómodos o preocupados:

    “Todas nuestras relaciones son basadas en la relación Miedo y Confianza. Si tenemos miedo escapamos, mentimos, salimos, desviamos; si confiamos nos abrimos, creemos. Eso me hizo también pensar en los miedos más profundos, como innegociables; por ejemplo, nosotros en Latinoamérica no le tenemos miedo a la violencia, es algo a lo que nos acostumbramos, algo ‘normal’, aunque no lo sea”, aseguró Tsuda.

    Es en esa “normalización” de la violencia, es donde Dudu encontró mayores argumentos para continuar con su investigación. Y en el caso de Colombia, en referencia con el proceso de paz, el artista concluye que “el miedo que se tiene al proceso, al acuerdo de paz es normal porque es un cambio; no sabemos qué va a pasar, es desconocido”.

    Esta presentación artística forma parte del proyecto Re:Bandera, inaugurado el pasado 12 de octubre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual reúne a 26 artistas colombianos, tanto emergentes como consagrados, que exhiben su propia bandera del país inspirada en la utopía. Con este proyecto la Fundación Más Arte Más Acción pretende generar reflexiones del público sobre conceptos fuertemente ligados a nuestra realidad social como lo son: la violencia, la paz, la utopía, la memoria y el futuro.

    Al finalizar, los asistentes fueron invitados a comer un rollo de arroz cultivado en Fukushima, para probar su confianza. Todos comieron.

    Performance-Dudu-Tsuda-1 Performance-Dudu-Tsuda

  • 8 y 9 de junio, Días del Estudiante

    8 y 9 de junio, Días del Estudiante

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    En estas dos fechas, se conmemoran el asesinato del primer estudiante en la historia del país, en 1929 y la única masacre de universitarios que haya visto el país, en junio de 1954. Un pasaje inédito de las jornadas de 1954.

    Si hay una fecha que aun no se desvanece con el tiempo, es el 8 de junio. En especial, para los estudiantes universitarios. Todos, de una u otra manera, en alguno de sus semestres oyeron hablar de esta jornada. Más el 9 que completó el recordatorio.

    En 1929,  cuando le hegemonía conservadora presidida por Abadía Méndez se debatía en su peor crisis tras más de cuatro décadas en el poder y con el saldo de la matanza de las bananeras a sus espaldas, el estudiantado marcó el principio del fin de aquel oscuro periodo del país.

    Grandes movilizaciones tenían lugar, especialmente en Bogo. El 7 de junio de 1929, una marcha de estudiantes de la Universidad Nacional, en protesta contra el gobierno, a su paso por el Palacio de la Carrera (nombre que tenía la actual casa de Nariño) fue hostigada por la policía.

    No demoraron las ráfagas de la fusilería para dispersar a los manifestantes que exigían el fin de “la rosca”, como el pueblo calificaba al régimen y que en todas las demostraciones caricaturizaban ensartando el panecillo ahuecado en una vara.

    Gonzalo Bravo Pérez, un estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional, caía víctima de las balas oficiales.

    Hijo de una ilustre familia bogotana, cuyo padre había sido parte del gobierno, Bravo Pérez se convertiría en el símbolo de la unidad nacional contra el despotismo. Su sepelio el 8 de junio, movilizó a millares de capitalinos y menos de un año después de la tragedia se vendría al suelo el régimen conservador.

    Desde entonces, los universitarios convirtieron el 8 de junio como el Día del Estudiante. Que se conmemoraba, primero, con una visita al cementerio central de la calle 26, para recordar a Bravo Pérez y luego con actividades deportivas y de sano jolgorio, incluida la elección de la reina de los estudiantes.

    Veinticinco años después, ese 8 de junio tendría un sabor amargo para todo el país. Después de la visita a la tumba del primer estudiante caído, el desfile que había salido de las puertas de la Nacional en la calle 26, regresó a los predios de la Universidad. Allí tenían lugar algunas justas deportivas y se preparaba el reinado, cuyo cetro ostentaría la bella universitaria Nidya Quintero.

    La paz reinante en el campus fue rota, entonces, por la presencia de un fuerte piquete policial que ordenó el despeje de los estudiantes.

    Estos se opusieron férreamente y entre ellos descolló Uriel Gutiérrez, alumno de cuarto año de medicina, y segundo de filosofía, hijo de educadores y proveniente de Aranzazu, Caldas.

    Uriel, un fornido muchacho de 1.80 de estatura, con un alambre de púas se dio a la tarea desbloquear el paso de la tropa a la entrada de la Ciudad Blanca en la 26. Otra ráfaga de disparos, como la de 1929, cegaba la vida de Uriel Gutiérrez. Murió de un tiro en el cerebro a sus 24 años. Apenas había pasado el mediodía de ese aciago 8 de junio de 1954.

    De inmediato se organizó la protesta que se traduciría en una gigantesca marcha hacia el Palacio Presidencial. El general Rojas Pinilla, quien se preparaba por esos días a celebrar su primer aniversario en el poder y que tomara en un asalto de cuartel el 13 de junio, autorizó la movilización y seguramente pensaba recibir a los adoloridos estudiantes.

    Sin embargo, a los 10.000 universitarios de la Nacional, Javeriana, Externado, Andes, Libre, El Rosario, Gran Colombia, América y algunos estudiantes de bachillerato, se les impidió el paso a la altura de la calle trece entre carreras octava y séptima. Todos con pañuelos blancos optaron por sentarse en los andenes coreando consignas de justicia y condena a los asesinos de Uriel Gutiérrez.

    Por allí no había sido el descampado de tapias de las obras que comenzaban del edificio Murillo Toro, donde hoy funciona el Ministerio de Comunicaciones. A eso de las 11 de la mañana, tropas del Batallón Colombia, que recién llegaban de la guerra perdida de Corea, (Colombia fue el único país de América Latina que envió un contingente militar) en atronadora salva de fusilería dispararon contra los inermes estudiantes.

    Nueve muchachos caían aquel 9 de junio en el centro de Bogotá. Sus nombres siempre serán recordados por el movimiento estudiantil: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, Jaime Pacheco Mora, Hugo León Velásquez, Hernando Morales, Elmo Gómez Lucich, (peruano, activista de la juventud comunista), Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos J. Grisales.

    Uno de ellos, Jaime Pacheco Mora, fue perseguido y asesinado a dos cuadras al norte, en plena Av. Jiménez. En esta crónica narramos como fue su muerte y las maniobras para esconder el crimen.

    Los heridos de bala pasaron de una veintena.

    Rojas Pinilla, a través de su ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, y del general Duarte Blum, comandante del ejército, no tardó en acusar a los conservadores laureanistas, (que no habían apoyado el llamado golpe de opinión contra Laureano Gómez el 13 de junio, a diferencia de los ospinistas) y a los comunistas como responsables de la matanza.

    Los ministros de Rojas señalaron que vieron salir disparos de uno de los edificios aledaños al sitio de la manifestación, que dieron justo en el cuerpo del sargento que comandaba la tropa. “Los soldados cayeron primero, yo lo vi”, dijo el ministro de Justicia, Gabriel París, quien seguía los hechos desde una ventana de su despacho; “en estas condiciones era elemental que la tropa disparara en legítima defensa”, declaró a El Tiempo en su edición del 10 de junio de 1954.

    Meses después una investigación oficial demostró que no hubo tal complot. Sin embargo, jamás fueron apresados los responsables a ningún nivel y menos hubo condenas.

    El 8 y 9 de junio salpica a la prensa. El crimen de Pacheco Mora

    A continuación publicamos, del autor de estas líneas, un pasaje inédito de la obra “La censura de prensa, la otra violencia”, donde se revelan por primera vez algunos episodios de aquellas jornadas de 1954.

    Si los acontecimientos de creciente despotismo que rodeaban al país al acercarse el primer aniversario del “golpe de opinión” del 13 de junio, aun no eran suficientes para probarle a la prensa que se estaba frente a una tiranía, la matanza de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954 debía encargarse de poner las cosas en su sitio. Pero no. Los diarios continuaron, contra toda evidencia, en su desorbitada acción de halagos al gobierno mientras la censura se desbocaba.

    Con los hechos del 8 y 9 de junio el gobierno sabe que es imposible mantener relaciones de entendimiento con la prensa y en una circular a todos los medios con fecha 9 de junio, el mismo día de la matanza estudiantil en Bogotá, la ODIPE ( Oficina de Prensa de la Presidencia) anota que “el Presidente, a pesar de la gravedad de los sucesos, insiste en que la prensa goce de libertad para informar y comentar, pero desea que los directores de la prensa capitalina se sirvan tener muy presente las siguientes instrucciones: 1)debe evitarse rigurosamente el despliegue fotográfico.2) A los titulares debe dárseles un espacio prudencia, con el objeto de evitar alarmismo. 3) Las noticias, comentarios e informaciones deben orientarse con un criterio de colaboración patriótica al gobierno de las Fuerzas Armadas”.

    Con razón El Espectador tituló a todo lo ancho de la edición vespertina del 9 de junio: “Comunistas y laureanistas buscaban la caída del gobierno”, citando una frase del comandante de las Fuerzas Armadas, Duarte Blum. Un auténtico titular con criterio de colaboración patriótica. Gilberto Vieira, secretario general del partido comunista, a nombre de su organización, desmintió lo que consideró una patraña en un breve comunicado que publicó El Espectador en la primera página.

    Pero el gobierno cambia sus propias reglas y ya no se les dice a los periódicos que se sometan a las anteriores instrucciones: vienen las amenazas abiertas. De esta manera se avisa el 17 de junio que “por disposición determinante del ministro de Guerra, toda clase de informaciones relativas a las Fuerzas Armadas, no podrán publicarse sin el visto bueno personal del señor ministro de Guerra y su firma…La publicación de cualquier noticia o crónica de esa naturaleza, sin el requisito mencionado, será sancionada adecuadamente…”

    Los diarios no reaccionaban aún y dejaban pasar por alto arbitrariedades que nunca llegaron a conocer los lectores en esos días.

    Esta inconsecuencia, cuyo pago fue muy alto el día en que los medios sufrieron el peor castigo con su clausura, ya tarde, cuando debían haber organizado la denuncia desde un comienzo sobre el ataque a las libertades, se palpa en la adolorida carta de El Espectador del 9 de junio al comandante Duarte Blum. El diario se queja que no obstante haber puesto en conocimiento de la ODIPE el contenido de la edición vespertina extraordinaria sobre los sucesos del 8 de junio en la Ciudad Universitaria, fueron víctimas del asedio militarista.

    “Cuando la edición iba ser repartida a los voceadores se presentaron en nuestras oficinas varios soldados, penetraron sin orden ninguna, en el departamento de correos, decomisaron la edición del periódico y detuvieron a varios vendedores de prensa que tenían ya en su poder ejemplares de la edición. En la calle soldados arrebataron al público los ejemplares que alcanzaron a adquirir y detuvieron a varios voceadores que recorrían distintos sectores de la ciudad”, escribe en su misiva Guillermo Cano.

    La comunicación de Cano a Palacio y a la ODIPE sobre el atropello que allí supuestamente no era conocido, a la que se le contesta diciéndole que no tenían nada en contra de esa edición, no impidió que se continuaran los desmanes. Estos culminaron tras groseras arremetidas de un coronel a las instalaciones del diario quien solo se retiró por órdenes superiores. La edición al fin pudo circular a la medianoche, pero el director de El Espectador pide una explicación por el allanamiento sin orden alguna y el mal trato a los empleados y voceadores. Esta carta no fue publicada. De haberlo hecho, hubiera servido para alertar a la opinión sobre el real carácter del régimen.

    Pero se prefería continuar alimentando falsas expectativas a la ciudadanía sobre las maravillas de un gobierno que había asumido el control del país bajo las banderas de la paz y la tolerancia. El Espectador solo mencionó el incidente en dos breves y perdidos párrafos.

    ¿Qué molesto al gobierno para actuar de esta manera? EL Espectador logró obtener de un fotógrafo profesional que se encontraba casualmente frente al cruento escenario de la matanza estudiantil, en la calle 13 con séptima, unas placas extraordinarias que ya hacen parte de la historia del país. Los relatos de la masacre recogían detalles espeluznantes que dejaban mal parada a la tropa. Y los días siguientes el diario presentaba nuevos hechos con abundante material gráfico. Pero un punto en especial demostraría la enorme fuerza de la denuncia a través de la palabra impresa. Se trata del asesinato a sangre fría del estudiante Jaime Pacheco Mora el 9 de junio.

    Pacheco Mora no cayó como sus otros compañeros en la calle 13 con séptima. Fue perseguido dos cuadras para caer acribillado en la Av. Jiménez. El Espectador comenzó a presentar el caso como “el crimen de la avenida”, misterioso en un principio, pero que gracias a la campaña erguida de este diario, valiéndose de las denuncias de los lectores, se esclareció completamente.

    Unas reveladoras fotos suministradas por un aficionado que muestran el momento en que yace el cadáver del mártir estudiantil con un tiro en la nuca y la secuencia de la tropa en la Av. Jiménez, publicadas copando casi toda la primera página, dejaban sin piso las mentiras oficiales de que los disparos vinieron inicialmente de los estudiantes y que los soldados se vieron obligados a defenderse.

    El mismo día de la primicia, la ODIPE ordena, bajo “instrucciones superiores” prohibir toda información gráfica o literaria que se relaciones con los hechos de sangre ocurridos en esta ciudad los días 8 y 9 de junio. “El Presidente, dice la ODIPE, desea investigar y castigar, si es del caso, tales hechos y exige por mi conducto, el silencio absoluto de la prensa”. Pero a la prensa conservadora ospinista que seguía acusando a los comunistas y laureanistas como responsables del crimen, no se le fijó ninguna prohibición.

    El investigador de los sucesos, el magistrado Roberto Goenaga, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una alocución radial, entregó el 15 de diciembre de 1954 los resultados de la investigación sobre el 8 y 9 de junio. En ella se saca entre otras, la siguiente conclusión: No hubo participación ni inspiración comunista como tampoco de ningún otro grupo enemigo del gobierno o de las Fuerzas Armadas. Se desmentía así el comunicado oficial que culpaba a los comunistas.

     


  • Ultimada en un rescate la periodista Diana Turbay Quintero

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    25. Diana TurbayUn drama en medio del proceso de la Constituyente que prohibió la extradición

    El cartel de Medellín estaba en pleno furor. Eran los tiempos de la ofensiva de Pablo Escobar, su jefe, por impedir a toda costa la extradición. Incluso era tan perentorio el reclamo, que hicieron popular la consigna de “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.  Con el secuestro de la periodista Diana Turbay Quintero, hija del ex presidente Turbay y de la promotora social Nydia Quintero, el capo le apuntaba fuerte a poner de rodillas al establecimiento metiéndose con lo intocable.

    Bajo el engaño de una entrevista con la comandancia del ELN, el cartel de Medellín orquestó el plagio, llevándose a Diana, a tres periodistas más del noticiero de TV Criptón, entre ellos Azucena Liévano.

    Todos ellos habían viajado a una zona de Antioquia donde supuestamente iban a ser recogidos por un comando del ELN.

    El 30 de agosto de 1990 la conocida comunicadora y su grupo fueron llevados a una de las fincas de Escobar. Por semanas no se tuvo noticia de los secuestrados, incluso la familia Turbay tomó contacto a través de intermediarios con Alfonso Cano, comandante de las FARC,  para interceder ante el ELN pues se seguía creyendo que estaba en manos de esa agrupación.

    No pasó un mes para saberse la noticia: Diana y su equipo estaba en manos de Escobar, quien se negaría siempre a entablar conversaciones con la familia Turbay a pesar de todos los intentos que hizo la madre, Nydia Quintero.

    El secuestro, que tenía conmocionado al país, se había dado en medio de la intensa campaña por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 9 de diciembre de 1990. César Gaviria había sido elegido ese mismo año después del asesinato de quien se perfilaba como el presidente, Luis Carlos Galán, asesinado precisamente por el cartel de Medellín, que ahora se metía con una de las más encumbradas familias del país.

    Gaviria intensificó las operaciones de rescate, a pesar de las reiteradas súplicas de la familia de Diana  para que no lo hiciera.

    “Al presidente le imploraba que no fuera a realizar un rescate que pusiera en peligro la vida de Diana. Los generales con los que hablamos nos aseguraron siempre que un rescate no estaba contemplado. Pero hubo un rescate y ella murió. En ese momento, en ese estado de desesperación y de ira profunda, porque hicieron el operativo que había rogado que no se hiciera, fui muy dura con el Gobierno. Dije que le atribuía igual responsabilidad a Escobar como a quienes ordenaron ese operativo”, recordó doña Nydia en unas declaraciones a El Tiempo.

    El 25 de enero de 1991, cuando apenas faltaban once días para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvo lugar un operativo de rescate del Ejército en cercanías de Copacabana, en Antioquia. Cuando los secuestradores ordenaron que los plagiados subieran por una colina ante la presencia de los soldados, varios disparos dieron blanco en la humanidad de Diana Turbay. Un helicóptero recogió su cuerpo pero llegó a un centro médico sin signos vitales.

    El crimen de Diana Turbay ocupó la atención de todo el país. Como la ocuparía los meses siguientes los debates en la Constituyente donde se impuso fácilmente, por cierto, la no extradición de nacionales como lo exigía Escobar, pero que en todo caso era una divisa que apuntaba a la defensa de la soberanía nacional, que incluso tenía el apoyo de personalidades tan importantes como García Márquez, de toda la izquierda y los movimientos sociales y desde siempre.

    Más tarde vendría todo la farsa de entrega de Pablo Escobar, “preso” en la Catedral, bajo unos leoninos acuerdos con el presidente Gaviria, el mismo que se negó a suspender los operativos militares de rescate de Diana Turbay.

    Y el secuestrador de Diana Turbay, que la retuvo casi cinco meses, responsable último de su muerte, en el fallido rescate a sangre y fuego, finalmente obtuvo su preciado trofeo político, la no extradición, tras centenares de asesinatos que continúan en la impunidad.

    Sin embargo  el Congreso, a través de una reforma constitucional promulgada el 17 de diciembre de 1997,  tumbó al artículo 35 que prohibía en envío de nacionales para ser juzgados en Estados Unidos, a pesar de que sus principales delitos como crímenes de lesa humanidad, fueron cometidos en territorio colombiano.

    Horacio Serpa, en ese entonces ministro del Interior del presidente Samper, y copresidente de la Asamblea Constitucional que votó la no extradición, diría que su prohibición, tras esos seis años, no había impedido el fin del narcotráfico y la violencia justificando así la reforma.

    El cambio constitucional que introdujo de nuevo la extradición y 22 del crimen de Diana Turbay, sacrificada en esta danza macabra, y  ya  han sido enviados más de 500 colombianos a las cárceles norteamericanas, entre algunos guerrilleros como Simón Trinidad.

    Sin embargo,  el negocio del narcotráfico está más activo y rentable que nunca mientras los principales capos extraditados, responsables de la muerte y persecución de miles de colombianos, escurren el bulto de sus acciones amparados en que su principal delito fue el narcotráfico.

  • Aquel 18 de enero de 1963

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    Imagen 3Tuvieron lugar en Colombia intensas jornadas por el alza general de salarios que incluyeron huelgas en diferentes ciudades. En Bogotá fueron asesinadas varias personas, entre ellas un primo de Alfonso López Michelsen. Preludio de la masacre obrera de Santa Bárbara

    Enero comenzó a caldearse muy pronto. Pocos, muy pocos días después de los festejo de año nuevo, todo el movimiento sindical comenzó una frenética actividad contra la carestía de la vida y por alza general de salarios.

    El país vivía el desenfreno de una devaluación que golpeaba sin piedad la canasta familiar cuando aun no completaba seis meses el segundo gobierno del Frente Nacional, que le correspondió por la alternación, al conservador Guillermo León Valencia.

    De manera que los llamados a la movilización nacional de las centrales CTC y UTC, sumados a los sectores independientes de los trabajadores, aglutinados en el CUASS Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical, que reunía numerosas organizaciones expulsadas de la CTC, pronto recibieron respuesta de la población.

    Las exigencias obreras

    Los trabajadores exigían un alza salarial de 250 pesos para los sueldos de 300 pesos, que era el mínimo, mientras el gobierno y los sectores oficialistas del Congreso, donde se debatía el proyecto de ley que incrementaría las mesadas, no se movían de los 150 pesos.

    Todas las confederaciones regionales de los trabajadores acordaron impulsar manifestaciones en las capitales para el 18 de enero. En algunos departamentos, incluso, se convocaron paros laborales previos que tuvieron especial efecto en el Valle y también como medida de protesta por el alza en las tarifas de los buses.

    En Bogotá, la protesta se tradujo en una Plaza de Bolívar colmada totalmente como lo señaló El Tiempo. Es decir más de 50.000 personas reunidas en una capital que solo contaba con dos millones de habitantes, lo que demostraba la fuerza del movimiento.

    La fuerte oposición política, encabezada por el progresista Movimiento Revolucionario Liberal MRL, opuesto al Frente Nacional, el partido comunista y otros sectores de izquierda, se sumó a la convocatoria.

    El MRL contaba con 33 de los 145 Representantes a Cámara y mantenía, en lo regional, algunas alianzas con el partido comunista. Incluso, el veterano líder agrario comunista, del Sumapaz, Juan de la Cruz Varela, fue elegido a la Cámara de Representantes por Cundinamarca como suplente de Alfonso López Michelsen, director del MRL y ex candidato presidencial en 1962.

    Flamea la bandera de CTC en medio de una jauría de pastores alemanes

    Una vez hubo comenzado el acto, (al que fueron invitados a la tribuna varios dirigentes del MRL) “la impopularidad personal de algunos de los oradores que pronunciaban palabras descomedidas contra el Congreso de la República y agresivas contra parte de los manifestantes, la reunión degeneró en zambra con la quema de la bandera de la CTC”, indicó en una declaración sobre los hechos, López Michelsen.

    Lo que indignó a los manifestantes fueron las palabras de elogio al gobierno de León Valencia pronunciadas por el presidente de la CTC, José Raquel Mercado y a quien a nombre del movimiento obrero se le rendía lealtad.

    Entonces varios enardecidos arrebataron el pabellón de esta central prendiéndole fuego en medio de una trifulca con sus seguidores. La Policía, que rodeaba la Plaza, intervino de inmediato, interesada ante todo el disolver la gigantesca demostración de repudio a las medidas económicas del régimen.

    Primero colocaron las concertinas de alambre de púas en las salidas de la Plaza y luego se abalanzaron con cuarenta pastores alemanas sobre los manifestantes blandiendo porras y bastones. La Policía había importado de Alemania 160 de estos mastines para disolver, de la manera más encarnizada, cualquier protesta. Y ese día fue el bautizo ciudadano de la jauría germana.

    En pocos minutos el caos se apoderó del centro de la capital dando lugar a varios mítines en las arterias principales.

    Y vendrían los disparos

    Pero no demorarían los disparos. Un tiro mató en el acto al dirigente del MRL, Ernesto Michelsen Uribe, primo de Alfonso López Michelsen y su concuñado. Cayó en la esquina de la carrera 8 con calle 8, huyendo, como miles, de la violencia policial.

    “Ernesto era uno de los manifestantes del MRL y no como se ha dicho, un transeúnte ajeno a la lucha política”, enfatizó López, quien en la misma declaración habló de varios muertos en la refriega. Su crimen quedó en la impunidad.

    La prensa dio cuenta de más de un centenar de heridos y cerca de 200 detenidos. Por lo menos una veintena de buses y carros particulares fueron quemados así como decenas de comercios destrozados en el lance de aquel 18 de enero, que duró varias horas y calificado en un titular a todo lo ancho de la primera página de El Tiempo, como un “intento de motín”.

    Muy temprano el 19, con las calles aun humeantes del centro de Bogotá, los matutinos no solo daban cuenta a su manera de los acontecimientos sino que publicaban en primera página las declaraciones de las centrales CTC y UTC.

    La primera, lesionada por la quema de su bandera, anunciaba a través de su presidente, José Raquel Mercado, después de condenar los “disturbios ocasionados por la subversión”, que no

    perdonarían “este crimen” añadiendo que “no estaremos tranquilos hasta que no hayamos extirpado del panorama colombiano el peligrosos cáncer político que es el comunismo”.

    Por su parte, la UTC, a través de su máximo dirigente, Antonio Díaz, manifestaba que había “quedado demostrada la intención apátrida y antiobrera del partido comunista, hábilmente incrustado en algunas organizaciones sindicales de la llamada zona industrial de Bogotá”.

    El CUASS entra en escena

    Díaz se refería al CUASS, que había ganado extraordinaria fuerza en la capital y varios departamentos y que se convertiría en la Confederación Sindical de Trabajadores CSTC en 1966, llegando a ser la segunda en importancia en el país.La CSTC fue luego matriz de la CUT en 1986.

    El gobierno de Valencia terminó aprobando un alza de sueldos y salarios de 120 pesos, muy lejos de las exigencias de los trabajadores de 250 pesos.

    El año de 1963, que tuvo semejante comienzo, bien trempranero por cierto, de luchas por los derechos civiles, marcaría duramente a la clase obrera colombiana: el 5 de febrero, siendo Belisario Betancur ministro de Trabajo, fue brutalmente reprimido el paro de los trabajadores de cementos El Cairo, en Santa Bárbara, Antioquia.

    Las tropas del Ejército, acantonadas en la factoría desde el comienzo de la huelga, atacaron a fusilería y bayoneta calada a los inermes operarios con un saldo de 12 muertos en una de las peores matanzas de huelguistas en Colombia. Más de un centenar de heridos a bala quedaron tendidos en las afueras de la empresa.

    Y los manes de la vida. La CTC y la UTC terminaron en 1977 unidas férreamente con la CSTC, más la CGT, en los preparativos de meses y en el paro cívico mismo del 14 de septiembre que movilizó a millones de colombianos contra la carestía de la vida y la devaluación galopante impulsadas por, quién lo creyera, Alfonso López Michelsen, que ya como presidente había dejado bien atrás sus arrestos solidarios con la clase obrera cuando estaba en la oposición en 1963.

    Han años desde aquella jornada del 18 de enero que movilizó a todo el movimiento obrero por alza general de salarios y derechos sindicales. Y desde entonces, pasan de 3000 los dirigentes asesinados por ondear las mismas banderas, en el peor holocausto laboral que haya sido testigo el mundo en este medio siglo.

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