Las cosas por su nombre

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

En sociedades que han experimentado o experimentan graves violaciones a los Derechos Humanos, se libran cada tanto disputas por la verdad y la memoria. En estas disputas, los conceptos tienen un lugar central. A partir de ellos, las personas y colectividades dotan los hechos de sentidos, que les permiten impulsar u obstaculizar procesos para alcanzar la verdad, la justicia y los cambios necesarios para superar las violencias estructurales.   

Estas disputas se libran en Colombia, donde sectores que se oponen a las transformaciones para alcanzar la paz han intentado relativizar y hasta negar hechos y repertorios de violencia ocurridos en el país, pese a la abrumadora evidencia que existe al respecto en investigaciones académicas, periodísticas, penales, de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas y de defensores de Derechos Humanos.  

Esta cruzada contra la verdad ha llegado, incluso, a tratar de suprimir el concepto de “conflicto armado interno” para suplantarlo por el de “amenaza terrorista”. La apuesta por despolitizar el conflicto y responsabilizar exclusivamente a algunos de sus protagonistas se sigue desplegando en la esfera pública, pese que en la última década el propio Estado ha emprendido dos procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Estos sectores también han intentado relativizar las graves violaciones a los Derechos Humanos por cuyo reconocimiento las víctimas han librado valientes batallas. Desde poderosas posiciones, dentro y fuera de Colombia, estos grupos han negado los graves crímenes que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia; han trivializado la desaparición forzada de personas en razón de su militancia política, al punto de decir que las víctimas “se fueron para el monte”; han negado o justificado el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político exitoso casi exterminado por la acción de paramilitares y agentes del Estado. 

Igualmente, han pretendido legitimar crímenes graves sugiriendo la vinculación de las víctimas con grupos o prácticas ilegales. La justificación pública de la venganza o de la justicia privada ha sido profundamente nociva para la democracia, porque ha alentado aparatos criminales de “limpieza social” y otros de carácter contrainsurgente como las Convivir, el Muerte a Secuestradores (MAS) y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

En la situación actual que vive el país, esta relativización continúa. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y centros de pensamiento luchan para que se reconozca la sistematicidad en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como para que se esclarezcan los responsables y las motivaciones de estos hechos. Algo similar ocurre ahora con las masacres, un concepto ampliamente estudiado en el país y en el mundo que hoy se intenta sustituir por el de “homicidios colectivos”.  

Este intento es lesivo para las víctimas, la verdad y el debate público, porque el concepto de “homicidios colectivos” alude solamente a una de las características de las masacres: el de la pluralidad de víctimas. El término de “masacre” engloba, en cambio, otras cuestiones.  

Entre ellas, que estos homicidios de varias personas en estado de indefensión producen terror en la población; deterioran el tejido social; buscan “castigar” a sectores específicos por razones políticas, económicas o de otra índole; tienen efectos simbólicos en las comunidades; y son cometidas a veces con actos de crueldad. El Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregaron al país importantes investigaciones sobre masacres, en los que estas características son ampliamente abordadas.  

También resultan lesivas las declaraciones apresuradas que buscan adjudicar los hechos a responsables abstractos, como “el narcotráfico”, sin que para ello se hayan realizado las investigaciones necesarias y, lo más grave, con claras intenciones políticas. En los últimos días, las propias autoridades han empezado a reconocer que la masacre de zona rural de Arauca capital está relacionada con hechos de justicia privada y que la masacre del barrio Llano Verde (Cali) fue presuntamente cometida por los vigilantes del cañaduzal donde aparecieron muertos los jóvenes, todo porque ellos acudían al lugar con frecuencia a comer caña. No fue, entonces, “el narcotráfico” el responsable de estos hechos.  

Para superar las graves violaciones a los Derechos Humanos y sus impactos es necesario, entre muchos otros procesos, que personas y grupos poderosos se abstengan de negar, relativizar o falsear la realidad. La sociedad y las víctimas necesitan saber la verdad.  

“Te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”

Por José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Mi amigo Eduardo González, experto en comisiones de la verdad en diferentes lugares del mundo, publicó un video en Twitter que materializa la noción de distopía: un militar apunta con un arma larga a un hombre en pantaloneta y chanclas para obligarle a que se meta en su casa a partir de las medidas de cuarentena por coronavirus. Eduardo comentó la imagen: “te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”. 

La mañana del día en que vi su comentario había estado en un webinar muy valioso organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia con miembros representantes de Haití, Filipinas y Kenia. Fue impresionante constatar cómo en contextos similares pero que tienen poca comunicación entre ellos se presenta hoy la misma circunstancia: el abuso policial exacerbado en las ciudades como eje principal de las violaciones a los derechos humanos en diferentes países, con la ejecución tergiversada de medidas restrictivas que resultan inevitables en medio de la pandemia. 

Al webinar reaccionó una representante de Amnistía Internacional compartiendo un reporte alarmante con diferentes violaciones a los derechos humanos atribuibles a gobiernos o grupos armados que, además, están afectando el derecho a la información de la ciudadanía en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, menciona cómo el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que las personas que transmiten el virus son peores que los terroristas, lo que no sólo ha llevado a que las personas oculten sus síntomas por miedo sino que ha autorizado a que a otras se les maltrate por sospecha. También relata cómo en India se ha citado a periodistas en estaciones de policía a que den explicaciones sobres sus últimos reportajes y enumera casos de detenciones a comunicadores que se han dedicado a presentar cifras del avance de la covid-19 en Azerbayán, Kazajastán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Uganda, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina. 

En Colombia, medidas inevitables de prevención que no son cuestionables en sí con respecto a la garantía de derechos y libertades también han sido tergiversadas, mal aplicadas, o utilizadas como excusa en medio de la exacerbación de casos de abuso policial que hicieron parte del debate electoral de 2019, así como de las noticias del paro de noviembre. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino planteó públicamente denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres donde han participado policías que las han detenido:

“El pasado 22 de marzo una mujer que sacó a pasear su mascota fue abordada por miembros de la Policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y, posteriormente, a la UPJ. Los policías cometiendo una serie de irregularidades la encierran, la roban, la extorsionan, la maltratan, le pegan, la manosean y finalmente la desnudan. Es un claro caso de abuso policial que incluye violencia sexual de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y el derecho internacional”.

En regiones del país donde aún no se logra la paz completa como en zonas de Nariño, Chocó, Cauca y el sur de Córdoba, en las que aún impera la opresión violenta, se ha denunciado que grupos armados pretenden hacer cumplir el confinamiento ejecutando la estrategia de apuntar con armas de guerra a los habitantes con el argumento de salvarles la vida.

Tratándose de contextos, situaciones y dimensiones diferentes, los ejemplos mencionados apuntan a una misma cuestión. En la pandemia, como en cualquiera de las muy graves crisis que ha enfrentado la historia de la humanidad, no puede tolerarse la vía de las violaciones a los derechos humanos. Es claro que corremos el riesgo de no poder cerrar la puerta por donde entran el autoritarismo y la antidemocracia. De ahí que por estos días también sea imprescindible defender una cultura contraria a la barbarie, enaltecer la memoria de la dignidad que nos afirma las certezas, esas que, por cierto, han nacido en las peores circunstancias que nos han tocado vivir. Pero sobre todo, son fundamentales el rechazo social y la justicia que, además de responder a los hechos, conjuran que no nos degrademos como sociedad mientras enfrentamos el peligro.