Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación   

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca. 

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado  “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar. 

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria,  reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.  

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país. 

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.  

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación  de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.  

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242  líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz. 

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.  

Las cosas por su nombre

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

En sociedades que han experimentado o experimentan graves violaciones a los Derechos Humanos, se libran cada tanto disputas por la verdad y la memoria. En estas disputas, los conceptos tienen un lugar central. A partir de ellos, las personas y colectividades dotan los hechos de sentidos, que les permiten impulsar u obstaculizar procesos para alcanzar la verdad, la justicia y los cambios necesarios para superar las violencias estructurales.   

Estas disputas se libran en Colombia, donde sectores que se oponen a las transformaciones para alcanzar la paz han intentado relativizar y hasta negar hechos y repertorios de violencia ocurridos en el país, pese a la abrumadora evidencia que existe al respecto en investigaciones académicas, periodísticas, penales, de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas y de defensores de Derechos Humanos.  

Esta cruzada contra la verdad ha llegado, incluso, a tratar de suprimir el concepto de “conflicto armado interno” para suplantarlo por el de “amenaza terrorista”. La apuesta por despolitizar el conflicto y responsabilizar exclusivamente a algunos de sus protagonistas se sigue desplegando en la esfera pública, pese que en la última década el propio Estado ha emprendido dos procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Estos sectores también han intentado relativizar las graves violaciones a los Derechos Humanos por cuyo reconocimiento las víctimas han librado valientes batallas. Desde poderosas posiciones, dentro y fuera de Colombia, estos grupos han negado los graves crímenes que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia; han trivializado la desaparición forzada de personas en razón de su militancia política, al punto de decir que las víctimas “se fueron para el monte”; han negado o justificado el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político exitoso casi exterminado por la acción de paramilitares y agentes del Estado. 

Igualmente, han pretendido legitimar crímenes graves sugiriendo la vinculación de las víctimas con grupos o prácticas ilegales. La justificación pública de la venganza o de la justicia privada ha sido profundamente nociva para la democracia, porque ha alentado aparatos criminales de “limpieza social” y otros de carácter contrainsurgente como las Convivir, el Muerte a Secuestradores (MAS) y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

En la situación actual que vive el país, esta relativización continúa. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y centros de pensamiento luchan para que se reconozca la sistematicidad en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como para que se esclarezcan los responsables y las motivaciones de estos hechos. Algo similar ocurre ahora con las masacres, un concepto ampliamente estudiado en el país y en el mundo que hoy se intenta sustituir por el de “homicidios colectivos”.  

Este intento es lesivo para las víctimas, la verdad y el debate público, porque el concepto de “homicidios colectivos” alude solamente a una de las características de las masacres: el de la pluralidad de víctimas. El término de “masacre” engloba, en cambio, otras cuestiones.  

Entre ellas, que estos homicidios de varias personas en estado de indefensión producen terror en la población; deterioran el tejido social; buscan “castigar” a sectores específicos por razones políticas, económicas o de otra índole; tienen efectos simbólicos en las comunidades; y son cometidas a veces con actos de crueldad. El Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregaron al país importantes investigaciones sobre masacres, en los que estas características son ampliamente abordadas.  

También resultan lesivas las declaraciones apresuradas que buscan adjudicar los hechos a responsables abstractos, como “el narcotráfico”, sin que para ello se hayan realizado las investigaciones necesarias y, lo más grave, con claras intenciones políticas. En los últimos días, las propias autoridades han empezado a reconocer que la masacre de zona rural de Arauca capital está relacionada con hechos de justicia privada y que la masacre del barrio Llano Verde (Cali) fue presuntamente cometida por los vigilantes del cañaduzal donde aparecieron muertos los jóvenes, todo porque ellos acudían al lugar con frecuencia a comer caña. No fue, entonces, “el narcotráfico” el responsable de estos hechos.  

Para superar las graves violaciones a los Derechos Humanos y sus impactos es necesario, entre muchos otros procesos, que personas y grupos poderosos se abstengan de negar, relativizar o falsear la realidad. La sociedad y las víctimas necesitan saber la verdad.  

“Te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”

Por José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Mi amigo Eduardo González, experto en comisiones de la verdad en diferentes lugares del mundo, publicó un video en Twitter que materializa la noción de distopía: un militar apunta con un arma larga a un hombre en pantaloneta y chanclas para obligarle a que se meta en su casa a partir de las medidas de cuarentena por coronavirus. Eduardo comentó la imagen: “te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”. 

La mañana del día en que vi su comentario había estado en un webinar muy valioso organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia con miembros representantes de Haití, Filipinas y Kenia. Fue impresionante constatar cómo en contextos similares pero que tienen poca comunicación entre ellos se presenta hoy la misma circunstancia: el abuso policial exacerbado en las ciudades como eje principal de las violaciones a los derechos humanos en diferentes países, con la ejecución tergiversada de medidas restrictivas que resultan inevitables en medio de la pandemia. 

Al webinar reaccionó una representante de Amnistía Internacional compartiendo un reporte alarmante con diferentes violaciones a los derechos humanos atribuibles a gobiernos o grupos armados que, además, están afectando el derecho a la información de la ciudadanía en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, menciona cómo el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que las personas que transmiten el virus son peores que los terroristas, lo que no sólo ha llevado a que las personas oculten sus síntomas por miedo sino que ha autorizado a que a otras se les maltrate por sospecha. También relata cómo en India se ha citado a periodistas en estaciones de policía a que den explicaciones sobres sus últimos reportajes y enumera casos de detenciones a comunicadores que se han dedicado a presentar cifras del avance de la covid-19 en Azerbayán, Kazajastán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Uganda, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina. 

En Colombia, medidas inevitables de prevención que no son cuestionables en sí con respecto a la garantía de derechos y libertades también han sido tergiversadas, mal aplicadas, o utilizadas como excusa en medio de la exacerbación de casos de abuso policial que hicieron parte del debate electoral de 2019, así como de las noticias del paro de noviembre. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino planteó públicamente denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres donde han participado policías que las han detenido:

“El pasado 22 de marzo una mujer que sacó a pasear su mascota fue abordada por miembros de la Policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y, posteriormente, a la UPJ. Los policías cometiendo una serie de irregularidades la encierran, la roban, la extorsionan, la maltratan, le pegan, la manosean y finalmente la desnudan. Es un claro caso de abuso policial que incluye violencia sexual de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y el derecho internacional”.

En regiones del país donde aún no se logra la paz completa como en zonas de Nariño, Chocó, Cauca y el sur de Córdoba, en las que aún impera la opresión violenta, se ha denunciado que grupos armados pretenden hacer cumplir el confinamiento ejecutando la estrategia de apuntar con armas de guerra a los habitantes con el argumento de salvarles la vida.

Tratándose de contextos, situaciones y dimensiones diferentes, los ejemplos mencionados apuntan a una misma cuestión. En la pandemia, como en cualquiera de las muy graves crisis que ha enfrentado la historia de la humanidad, no puede tolerarse la vía de las violaciones a los derechos humanos. Es claro que corremos el riesgo de no poder cerrar la puerta por donde entran el autoritarismo y la antidemocracia. De ahí que por estos días también sea imprescindible defender una cultura contraria a la barbarie, enaltecer la memoria de la dignidad que nos afirma las certezas, esas que, por cierto, han nacido en las peores circunstancias que nos han tocado vivir. Pero sobre todo, son fundamentales el rechazo social y la justicia que, además de responder a los hechos, conjuran que no nos degrademos como sociedad mientras enfrentamos el peligro.