Garantías para quienes firmaron la paz

Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas. A estas graves violaciones a los derechos humanos se enfrentan hoy los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación en virtud del Acuerdo Final de Paz, firmado por el Estado colombiano y esa guerrilla hace cuatro años.

El partido FARC, nacido del Acuerdo, ha registrado el asesinato de 236 excombatientes en 20 departamentos del país, más de 50 intentos de homicidio y una veintena de desapariciones. El persistente asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras es muy grave para el proceso de apertura democrática que debería producir la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene diversos mecanismos e instrumentos para avanzar en ese sentido.

El país no puede seguir repitiendo la historia según la cual, por la vía de la violencia, se silencian las ideas y las voces de quienes deciden dejar las armas para participar abiertamente en la contienda política. Ya en el pasado se cometieron violaciones a derechos humanos contra excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

La situación de seguridad es tan grave que, en Antioquia y Meta, comunidades enteras de exguerrilleros abandonaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que vivían desde la dejación de armas en precarias condiciones. Asimismo, Naciones Unidas documentó en un reciente informe que los exguerrilleros asentados en antiguos ETCR de Cauca y Putumayo se están desplazando por cuenta de los riesgos para la seguridad.

El abandono forzado de los ETCR, motivado por las amenazas contra la vida, desintegra el tejido comunitario e impacta negativamente el desarrollo de los proyectos productivos que, a punta de esfuerzo, han construido las y los excombatientes. También desmejora sus condiciones de vida, como ocurrió en el caso de quienes habitaban el ETCR de Ituango y tuvieron que trasladarse a Mutatá, donde no tienen viviendas y, por ahora, habitan tiendas de campaña.

La reincorporación colectiva se ha visto igualmente afectada por el asesinato de dirigentes locales de ese proceso, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades de identificación de bienes para la reparación de las víctimas o de implementación de los programas de reforma rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre las víctimas se encuentran Jorge Corredor (Tuluá, Valle, 2019); Alexander Parra (Mesetas, Meta, 2019); Jorge Ramos (Santa Rosa, Bolívar, 2020); y, más recientemente, Juan de Jesús Monroy, quien era delegado de la FARC ante el Consejo Territorial de Paz.

El asesinato de Monroy en La Uribe, Meta, el pasado 16 de octubre, llevó al partido FARC a emprender una perenigración hacia Bogotá. Desde distintos lugares del país, los dirigentes y las bases del partido decidieron movilizarse para exigir el cese de la violencia contra los excombatientes. Continúan, además, exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz, que contiene un grueso paquete de medidas para garantizar la seguridad integral no solo de quienes firmaron la paz, sino también de las comunidades rurales en general, los y las defensoras de derechos humanos, y las organizaciones sociales y políticas.

La situación es tan grave que el pasado sábado 24 de octubre, en pleno desarrollo de la peregrinación por la vida, otros dos exguerrilleros fueron asesinados: Marcial Macías Alvarado, en Balboa, Cauca; y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Implementar de manera integral las medidas de seguridad, contra la estigmatización y a favor de la apertura democrática es fundamental para garantizar la vida de los miles de exguerrilleros y exguerrilleras que le siguen apostando a la paz y a la democracia. Los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado también se verían favorecidos por un escenario de verdadera transición hacia la no repetición. Lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la construcción de una paz transformadora y duradera.

Más allá de los monumentos: la reparación a los pueblos indígenas

Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación   

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca. 

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado  “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar. 

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria,  reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.  

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país. 

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.  

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación  de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.  

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242  líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz. 

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.  

Las cosas por su nombre

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

En sociedades que han experimentado o experimentan graves violaciones a los Derechos Humanos, se libran cada tanto disputas por la verdad y la memoria. En estas disputas, los conceptos tienen un lugar central. A partir de ellos, las personas y colectividades dotan los hechos de sentidos, que les permiten impulsar u obstaculizar procesos para alcanzar la verdad, la justicia y los cambios necesarios para superar las violencias estructurales.   

Estas disputas se libran en Colombia, donde sectores que se oponen a las transformaciones para alcanzar la paz han intentado relativizar y hasta negar hechos y repertorios de violencia ocurridos en el país, pese a la abrumadora evidencia que existe al respecto en investigaciones académicas, periodísticas, penales, de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas y de defensores de Derechos Humanos.  

Esta cruzada contra la verdad ha llegado, incluso, a tratar de suprimir el concepto de “conflicto armado interno” para suplantarlo por el de “amenaza terrorista”. La apuesta por despolitizar el conflicto y responsabilizar exclusivamente a algunos de sus protagonistas se sigue desplegando en la esfera pública, pese que en la última década el propio Estado ha emprendido dos procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Estos sectores también han intentado relativizar las graves violaciones a los Derechos Humanos por cuyo reconocimiento las víctimas han librado valientes batallas. Desde poderosas posiciones, dentro y fuera de Colombia, estos grupos han negado los graves crímenes que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia; han trivializado la desaparición forzada de personas en razón de su militancia política, al punto de decir que las víctimas “se fueron para el monte”; han negado o justificado el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político exitoso casi exterminado por la acción de paramilitares y agentes del Estado. 

Igualmente, han pretendido legitimar crímenes graves sugiriendo la vinculación de las víctimas con grupos o prácticas ilegales. La justificación pública de la venganza o de la justicia privada ha sido profundamente nociva para la democracia, porque ha alentado aparatos criminales de “limpieza social” y otros de carácter contrainsurgente como las Convivir, el Muerte a Secuestradores (MAS) y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

En la situación actual que vive el país, esta relativización continúa. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y centros de pensamiento luchan para que se reconozca la sistematicidad en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como para que se esclarezcan los responsables y las motivaciones de estos hechos. Algo similar ocurre ahora con las masacres, un concepto ampliamente estudiado en el país y en el mundo que hoy se intenta sustituir por el de “homicidios colectivos”.  

Este intento es lesivo para las víctimas, la verdad y el debate público, porque el concepto de “homicidios colectivos” alude solamente a una de las características de las masacres: el de la pluralidad de víctimas. El término de “masacre” engloba, en cambio, otras cuestiones.  

Entre ellas, que estos homicidios de varias personas en estado de indefensión producen terror en la población; deterioran el tejido social; buscan “castigar” a sectores específicos por razones políticas, económicas o de otra índole; tienen efectos simbólicos en las comunidades; y son cometidas a veces con actos de crueldad. El Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregaron al país importantes investigaciones sobre masacres, en los que estas características son ampliamente abordadas.  

También resultan lesivas las declaraciones apresuradas que buscan adjudicar los hechos a responsables abstractos, como “el narcotráfico”, sin que para ello se hayan realizado las investigaciones necesarias y, lo más grave, con claras intenciones políticas. En los últimos días, las propias autoridades han empezado a reconocer que la masacre de zona rural de Arauca capital está relacionada con hechos de justicia privada y que la masacre del barrio Llano Verde (Cali) fue presuntamente cometida por los vigilantes del cañaduzal donde aparecieron muertos los jóvenes, todo porque ellos acudían al lugar con frecuencia a comer caña. No fue, entonces, “el narcotráfico” el responsable de estos hechos.  

Para superar las graves violaciones a los Derechos Humanos y sus impactos es necesario, entre muchos otros procesos, que personas y grupos poderosos se abstengan de negar, relativizar o falsear la realidad. La sociedad y las víctimas necesitan saber la verdad.  

Cada día y medio es asesinado un líder social en Colombia

Por Diana López Zuleta, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La crisis por el coronavirus, extendida en casi todo el mundo, no ha disminuido la situación de riesgo de los líderes sociales colombianos, pese al confinamiento nacional ordenado por el gobierno. Los defensores ahora tienen un doble miedo: no solo a ser víctimas mortales de las bandas criminales, sino a contagiarse y morir por la pandemia.

En 2020, los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados a un ritmo de uno cada día y medio: 72 en lo que va corrido del año, y seis de ellos desde que inició la cuarentena. Si se compara con las cifras de los primeros meses de 2019, en 2020 han aumentado las amenazas y los asesinatos.

“Estoy segura de que hay un plan para exterminar a los líderes sociales. El gobierno no le presta seguridad a la comunidad y menos a sus líderes. El gobierno extermina más que cualquier peste”, reflexiona Dolores Mojica, líder feminista y fundadora del Movimiento Soy Mujer.

Dolores, hoy de 57 años, fue secuestrada junto con su hija en 1996 en Valledupar. Ambas fueron víctimas de violencia sexual por los paramilitares y se vieron forzadas a desplazarse. No ha habido justicia ni reparación por ninguno de los dos delitos. En Bogotá, donde ella ejerce la defensa de los derechos humanos, también se ha tenido que desplazar de varias localidades. La última amenaza la recibió hace dos semanas, no obstante la cuarentena.

El asesinato de los líderes sociales tiene varios móviles, explica Leonardo González, investigador de la ONG Indepaz. El primero se da por el conflicto de los cultivos de uso ilícito pues genera presencia de grupos armados y tensiones con los líderes. “Conflictividades como la minería ilegal, la erradicación forzada, las propiedades y, como las comunidades reclaman el uso de las tierras, se ven enfrentadas con los intereses de los terratenientes que las han despojado, entonces hay grupos armados defendiendo el cultivo ilícito en la zona”.

Si bien el acuerdo de paz con las FARC trajo una reducción sustancial de varios tipos de homicidios, se dispararon otros como los de los defensores de estas comunidades. Los excombatientes se fueron de los territorios otrora gobernados por ellos pero el Estado no llegó y nuevos grupos armados aparecieron para ocupar esos espacios.

¿Cómo proteger a los líderes sociales? González, de Indepaz, cree que es imposible poner escolta a los ocho millones de líderes que hay aproximadamente en el país. “Se necesitan políticas que garanticen seguridad territorial, y esa seguridad no es solamente por la vía militar. Se necesita presencia del Estado para garantizar la no vinculación de jóvenes en la guerra: con educación, cultura, salud, y eso está siendo incumplido”.

Solo en 2019, según cifras recogidas por esta ONG, amenazaron a 310 líderes sociales. Sin embargo, el número real es mucho mayor dado que se cuentan por cientos las denuncias que llegan a la Fiscalía.

La Misión de la ONU en Colombia, en su informe presentado el 14 de abril, alertó sobre los actos de violencia contra las comunidades vulnerables, incluidas las indígenas y afrocolombianas. “Una de las prioridades debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU.

Preocupa también que el 86% de los crímenes queden sin investigar y sin la captura de los autores. Es precisamente esa impunidad la que legitima los asesinatos. Que la pandemia no sea pretexto para olvidar las luchas de cada líder en su comunidad. Rescatar sus historias es importante para que no haya más violencia hacia ellos.

Colombia tiene mecanismos de guerra instaurados desde los mismos organismos estatales. La desigualdad, la impunidad y la corrupción, por poner solo algunos ejemplos, son modalidades soterradas de violencia. Por eso, es importante insistir en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, en la protección a los líderes sociales y en el amparo de la memoria como una de las formas de reparación a las víctimas.