Las cosas por su nombre

Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

En sociedades que han experimentado o experimentan graves violaciones a los Derechos Humanos, se libran cada tanto disputas por la verdad y la memoria. En estas disputas, los conceptos tienen un lugar central. A partir de ellos, las personas y colectividades dotan los hechos de sentidos, que les permiten impulsar u obstaculizar procesos para alcanzar la verdad, la justicia y los cambios necesarios para superar las violencias estructurales.   

Estas disputas se libran en Colombia, donde sectores que se oponen a las transformaciones para alcanzar la paz han intentado relativizar y hasta negar hechos y repertorios de violencia ocurridos en el país, pese a la abrumadora evidencia que existe al respecto en investigaciones académicas, periodísticas, penales, de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas y de defensores de Derechos Humanos.  

Esta cruzada contra la verdad ha llegado, incluso, a tratar de suprimir el concepto de “conflicto armado interno” para suplantarlo por el de “amenaza terrorista”. La apuesta por despolitizar el conflicto y responsabilizar exclusivamente a algunos de sus protagonistas se sigue desplegando en la esfera pública, pese que en la última década el propio Estado ha emprendido dos procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado.  

Estos sectores también han intentado relativizar las graves violaciones a los Derechos Humanos por cuyo reconocimiento las víctimas han librado valientes batallas. Desde poderosas posiciones, dentro y fuera de Colombia, estos grupos han negado los graves crímenes que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia; han trivializado la desaparición forzada de personas en razón de su militancia política, al punto de decir que las víctimas “se fueron para el monte”; han negado o justificado el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político exitoso casi exterminado por la acción de paramilitares y agentes del Estado. 

Igualmente, han pretendido legitimar crímenes graves sugiriendo la vinculación de las víctimas con grupos o prácticas ilegales. La justificación pública de la venganza o de la justicia privada ha sido profundamente nociva para la democracia, porque ha alentado aparatos criminales de “limpieza social” y otros de carácter contrainsurgente como las Convivir, el Muerte a Secuestradores (MAS) y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

En la situación actual que vive el país, esta relativización continúa. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y centros de pensamiento luchan para que se reconozca la sistematicidad en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como para que se esclarezcan los responsables y las motivaciones de estos hechos. Algo similar ocurre ahora con las masacres, un concepto ampliamente estudiado en el país y en el mundo que hoy se intenta sustituir por el de “homicidios colectivos”.  

Este intento es lesivo para las víctimas, la verdad y el debate público, porque el concepto de “homicidios colectivos” alude solamente a una de las características de las masacres: el de la pluralidad de víctimas. El término de “masacre” engloba, en cambio, otras cuestiones.  

Entre ellas, que estos homicidios de varias personas en estado de indefensión producen terror en la población; deterioran el tejido social; buscan “castigar” a sectores específicos por razones políticas, económicas o de otra índole; tienen efectos simbólicos en las comunidades; y son cometidas a veces con actos de crueldad. El Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregaron al país importantes investigaciones sobre masacres, en los que estas características son ampliamente abordadas.  

También resultan lesivas las declaraciones apresuradas que buscan adjudicar los hechos a responsables abstractos, como “el narcotráfico”, sin que para ello se hayan realizado las investigaciones necesarias y, lo más grave, con claras intenciones políticas. En los últimos días, las propias autoridades han empezado a reconocer que la masacre de zona rural de Arauca capital está relacionada con hechos de justicia privada y que la masacre del barrio Llano Verde (Cali) fue presuntamente cometida por los vigilantes del cañaduzal donde aparecieron muertos los jóvenes, todo porque ellos acudían al lugar con frecuencia a comer caña. No fue, entonces, “el narcotráfico” el responsable de estos hechos.  

Para superar las graves violaciones a los Derechos Humanos y sus impactos es necesario, entre muchos otros procesos, que personas y grupos poderosos se abstengan de negar, relativizar o falsear la realidad. La sociedad y las víctimas necesitan saber la verdad.  

Cada día y medio es asesinado un líder social en Colombia

Por Diana López Zuleta, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La crisis por el coronavirus, extendida en casi todo el mundo, no ha disminuido la situación de riesgo de los líderes sociales colombianos, pese al confinamiento nacional ordenado por el gobierno. Los defensores ahora tienen un doble miedo: no solo a ser víctimas mortales de las bandas criminales, sino a contagiarse y morir por la pandemia.

En 2020, los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados a un ritmo de uno cada día y medio: 72 en lo que va corrido del año, y seis de ellos desde que inició la cuarentena. Si se compara con las cifras de los primeros meses de 2019, en 2020 han aumentado las amenazas y los asesinatos.

“Estoy segura de que hay un plan para exterminar a los líderes sociales. El gobierno no le presta seguridad a la comunidad y menos a sus líderes. El gobierno extermina más que cualquier peste”, reflexiona Dolores Mojica, líder feminista y fundadora del Movimiento Soy Mujer.

Dolores, hoy de 57 años, fue secuestrada junto con su hija en 1996 en Valledupar. Ambas fueron víctimas de violencia sexual por los paramilitares y se vieron forzadas a desplazarse. No ha habido justicia ni reparación por ninguno de los dos delitos. En Bogotá, donde ella ejerce la defensa de los derechos humanos, también se ha tenido que desplazar de varias localidades. La última amenaza la recibió hace dos semanas, no obstante la cuarentena.

El asesinato de los líderes sociales tiene varios móviles, explica Leonardo González, investigador de la ONG Indepaz. El primero se da por el conflicto de los cultivos de uso ilícito pues genera presencia de grupos armados y tensiones con los líderes. “Conflictividades como la minería ilegal, la erradicación forzada, las propiedades y, como las comunidades reclaman el uso de las tierras, se ven enfrentadas con los intereses de los terratenientes que las han despojado, entonces hay grupos armados defendiendo el cultivo ilícito en la zona”.

Si bien el acuerdo de paz con las FARC trajo una reducción sustancial de varios tipos de homicidios, se dispararon otros como los de los defensores de estas comunidades. Los excombatientes se fueron de los territorios otrora gobernados por ellos pero el Estado no llegó y nuevos grupos armados aparecieron para ocupar esos espacios.

¿Cómo proteger a los líderes sociales? González, de Indepaz, cree que es imposible poner escolta a los ocho millones de líderes que hay aproximadamente en el país. “Se necesitan políticas que garanticen seguridad territorial, y esa seguridad no es solamente por la vía militar. Se necesita presencia del Estado para garantizar la no vinculación de jóvenes en la guerra: con educación, cultura, salud, y eso está siendo incumplido”.

Solo en 2019, según cifras recogidas por esta ONG, amenazaron a 310 líderes sociales. Sin embargo, el número real es mucho mayor dado que se cuentan por cientos las denuncias que llegan a la Fiscalía.

La Misión de la ONU en Colombia, en su informe presentado el 14 de abril, alertó sobre los actos de violencia contra las comunidades vulnerables, incluidas las indígenas y afrocolombianas. “Una de las prioridades debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU.

Preocupa también que el 86% de los crímenes queden sin investigar y sin la captura de los autores. Es precisamente esa impunidad la que legitima los asesinatos. Que la pandemia no sea pretexto para olvidar las luchas de cada líder en su comunidad. Rescatar sus historias es importante para que no haya más violencia hacia ellos.

Colombia tiene mecanismos de guerra instaurados desde los mismos organismos estatales. La desigualdad, la impunidad y la corrupción, por poner solo algunos ejemplos, son modalidades soterradas de violencia. Por eso, es importante insistir en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, en la protección a los líderes sociales y en el amparo de la memoria como una de las formas de reparación a las víctimas.